Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano

Avances, retrocesos y pendientes del sistema electoral

2010-10-11T15:29:00.000-05:00

Avances, retrocesos y pendientes del sistema electoral

Por Jorge Javier Romero

El sistema electoral mexicano se ha construido en etapas, ha funcionado en reforma permanente. Se trata un ejemplo clarísimo de un proceso de cambio institucional de carácter gradual, o incremental, si se prefiere el anglicismo. Ininterrumpidamente, el sistema surgido en ciernes con la reforma desencadenante de 1977, ha ido ajustando sus reglas con avances y retrocesos. No se ha logrado un diseño de larga duración, a pesar de lo mucho que se ha arraigado ya la idea de que deben ser los votos ⎯su cómputo fiable y verificable⎯ los que definan quienes deben gobernar y quiénes deben legislar. Las reglas del juego siguen sin satisfacer del todo a los jugadores incluidos y causan malestares sociales que no son otra cosa que sentimiento de exclusión.
El sistema electoral mexicano es el ámbito de la organización estatal que más atención en su diseño ha atraído de parte de los grupos políticos incluidos. Cada ronda del juego donde ha habido resentimientos se ha abierto la correspondiente ronda de cambio institucional, de ajuste en las reglas. También las tensiones no propiamente electorales, como el levantamiento del EZLN y el asesinato de Colosio, han llevado a procesos de redistribución electoral. El punto en el que actualmente se encuentra el arreglo ya tiene diferencias sustanciales respecto al punto de inflexión de 1996, cuando se pactó el mecanismo de arbitraje que tuvo éxito en 2000 y permitió, por primera vez en la historia, la sucesión pacífica entre grupos en la cúpula del poder. Sin embargo, aquel arreglo no resistió la primera sucesión y fue cuestionado y puesto en crisis en su siguiente prueba. De nuevo, ajuste a las reglas. No ha sido el nacimiento de la democracia mexicana poco accidentado y parece aun inconcluso el proceso de cambio institucional. Ahora, otra vez, estamos discutiendo la reforma. Y de inmediato le encontramos pendientes. Incluso algunos retrocesos.
La pregunta central que hay que responder, para el cortísimo plazo, es ¿cuáles son las reformas indispensables para garantizar una elección confiable, que haga que todos los contendientes acepten los resultados, que eviten que el encono y la animadversión de la pasada elección se repitan? Que no dejen resquicio para que las reglas electorales sirvan de pretexto para no aceptar los resultados, por estrecho que sea el margen entre los contendientes. El “pecado original” de la elección de 2006 fue la integración del Consejo General del IFE menos de tres años antes sin el consenso necesario. En esta ocasión la tensión puede venir de las consecuencias distributivas de la reforma de 2007 que modificó las reglas de acceso a los medios de comunicación, probadas en la elección de 2009, dónde quedaron claras muchas de sus virtudes, pero también sus puntos débiles y sus defectos.
La reforma de 2007 ha sido una de las más importantes de toda la historia de la construcción de la equidad en la competencia en el sistema electoral mexicano. Su parte medular fue la reforma al sistema de comunicación política con un diseño mucho más eficiente. Por un lado, le dio autonomía a la política respecto al mercado. Por otro, aumentó la equidad entre los medios de comunicación, pues los recursos estatales que implica la comunicación política ahora se distribuyen equitativamente entre todos los medios, como una suerte de carga fiscal benigna. Los efectos distributivos de la medida marcaron un camino hacia la eficiencia, además, al aumentar la equidad entre los contendientes. En todos sentidos, la reforma significó un avance que debe ser irreversible.
Sin embargo, el nuevo modelo de comunicación política requiere todavía de algunos ajustes en su diseño, a la vez que se deben crear mecanismos que permitan el debate social sin que eso implique posibilidad de compra de espacios comerciales o en tiempos informativos por parte de ningún grupo o particular.
La reforma pendiente en este sentido ya ha sido discutida por los diputados, por los consejeros electorales y distinguidos académicos. Se ha hablado de derecho de réplica y se ha discutido la pertinencia de la distribución del tiempo de comunicación en spots de corte comercial. Se han planteado opciones que pueden mejorar el diseño. Como el tema aún no está legislado, quiero plantear la idea que tengo de cómo se debería distribuir el tiempo y cuál sería un posible diseño para la utilización de los espacios de comunicación política en medios electrónicos, que resuelva muchos de los problemas planteados después de la elección piloto de 2009 y prevenga conflictos por los mensajes como los suscitados en la campaña de 2006.
Sin duda, se debe abandonar el sistema de reparto de tiempos con información equivalente a la que se requiere para vender un jabón. Eso sólo sirve para que la información política se trivialice y todo se reduzca al efecto de simpatía o rechazo general o a la infrecuente ocurrencia memorable, pero carezca de contenido alguno, convertida en mero fenómeno mediático.
Los medios de comunicación masiva deben servir para que los dirigentes y candidatos de los partidos se expongan ante los ciudadanos, planteen lo que piensan y cómo piensan resolver los problemas concretos. El modelo de comunicación al que debemos aspirar como ciudadanos, como comunidad política democrática, es el del debate abierto de ideas y proyectos. Un modelo que no sólo le dé voz a los candidatos durante las campañas, sino que permita la interlocución con diverso grupos de la ciudadanía y propicie la confrontación de propuestas entre los contendientes. La manera de acercar a los ciudadanos a la comunicación política es que encuentren en ella el atractivo del contraste, que perciban la realidad de la competencia.
Es necesario un modelo de comunicación que permita el despliegue de los esfuerzos creativos de los equipos de campaña, con programas de presentación de sus candidaturas y sus plataformas, pero que dedique buena parte del tiempo a debates sobre diversos temas en los que se confronten todos los candidatos de manera cruzada y a espacios abiertos al debate entre intelectuales, organizaciones civiles y ciudadanos. Si los políticos quieren acercarse a la ciudadanía y perder el estigma social que hoy los convierte en uno de los estamentos menos apreciados por la población según las encuestas, deben presentarse como son y defender lo que pretenden en discusión abierta.
Eso se puede lograr desde la ley. Que el tiempo se reparta entre programas de presentación partidista y programas de debate de diverso formato. Por ejemplo, uno de debate cotidiano como el de Discutamos México, donde candidatos variados discutan sobre los temas fundamentales. En cada programa se podrían hacer diferentes combinaciones de candidatos y partidos, sin que en todos deban estar representados todos, pero sin que se divida el debate entre los grandes y los pequeños. El sistema de asignación de participaciones debería ser 40% paritario y 60% proporcional.
Los debates entre candidatos presidenciales deberían formar parte del modelo de comunicación política y regirse por sus reglas de equidad, aunque podría incluir criterios derivados de las preferencias electorales y su evolución durante la campaña. Un modelo posible sería que el IFE organizara cuatro debates presidenciales. Uno de presentación de todas las candidaturas, sobre los temas más relevantes con rondas sucesivas, entre ellas una de réplicas. Otro entre los tres candidatos mejor valorados por los ciudadanos en su desempeño en el primer debate, ya sea en un promedio de las encuestas o en mensajes sms (que incluso podrían incluir donativos, certificados y administrados por el IFE; las posibilidades de la imaginación son muchas, hay que encontrar la adecuada), mientras que el resto se confronta en un tercer debate, del cuál, de acuerdo a las preferencias del público, saldrá el cuarto contendiente para el último debate. Sería una utilización benéfica de las posibilidades de la televisión para hacer espectáculo de la política, sin someter a la ciudadanía a exhibiciones bochornosas de meras descalificaciones y campañas negras ⎯que por fortuna estuvieron prácticamente ausentes en 2009⎯ o de la banalidad de los meros efectos telegénicos .
Otra parte de las reglamentación que es necesario mejorar es la que deja resquicios para que unos y otros compren espacios de información política presentados como notas informativas. No se trata de uno u otro candidato. De lo que se trata es de que la política sea lo más autónoma posible respecto a los intereses de grupos específicos y tienda más a tener efectos súper inclusivos, porque en ello radica no sólo su legitimidad, sino también el buen desempeño de la economía, con oportunidades más amplias para todos.
La política debe representar los más variados intereses. La virtud de la democracia debe radicar en su capacidad de construir coaliciones estables entre intereses diversos, siempre sobre la base de las propuestas, de manera transparente y sin dependencia directa del gran poder económico, las corporaciones, los sindicatos o las iglesias. Por ello, los partidos deben tener, sin duda, formas de existir que les permita cumplir sus funciones constitucionales de organismos de interés público y eviten las distorsiones en la competencia que un sistema de financiamiento totalmente privado induce. El financiamiento de los partidos debe ser fundamentalmente público, como está bien establecido en el sistema electoral mexicano hoy en día. Sin embargo, uno de los malestares en la ciudadanía que se expresaron con vigor en las pasadas elecciones fue el que se refiere al financiamiento excesivo de los partidos políticos.
El tema, desde luego ha sido aprovechado para atacar a los partidos y no fue bien visto por la opinión publicada y grupos relevantes de activistas que el saldo neto de la reforma electoral de 2007 haya sido favorable a los partidos, pues si bien se redujo su financiamiento líquido, se les quitó la onerosa carga de la compra de tiempo de televisión comercial, con lo que en realidad les quedaron más recursos para gastar en lo que coloquialmente se llaman las campañas de tierra y que en muchos casos se convierten en gasto clientelista, a pesar de las restricciones legales que en realidad pocos efectos han tenido sobre las conductas operativas de las campañas. Gasto, por lo demás, cada vez menos eficiente entre un electorado que ha aprendido a valorar el secreto del voto.
Así, una de las demandas que se reflejaron entre aquellos que en 2009 llamaron a ir a votar pero de manera nula, ya fuera en blanco, con protesta o por candidatos no registrados, fue que se debería reducir el financiamiento público a los partidos, de manera que alcance bien para mantener un aparato nacional, para tener actividades proselitistas, para pagar investigaciones sobre políticas públicas, para elaborar programas e ideología, pero sin que sean maquinarias de distribución de rentas públicas entre clientelas o aparatos burocráticos, enormes o pequeños, unidos o peleados por la tajada presupuestal correspondiente. Partidos más de militantes, que se acerquen a la ciudadanía y parezcan lo suficientemente confiables como para contribuir con ellos y completar su gasto. Partidos que sepan recoger fondos porque son percibidos como defensores de causas a las que vale la pena apoyar, con restricciones claras, como las que actualmente existen, para evitar financiamientos de empresas, corporaciones o intereses estrechos.
Se han presentado propuestas interesantes de financiamiento de los partidos que parecen razonables, como la de vincular el financiamiento a la votación válida y no al total del padrón, con lo que la reducción sería considerable, pero generaría incentivos para enfrentar con vigor a la abstención. Unos partidos percibidos como menos onerosos por la ciudadanía ganarían en legitimidad y cercanía con los ciudadanos.
Pero la demanda principal que se manifestó en el millón de ciudadanos, según estudio del IFE, que quisieron votar pero no encontraron a ninguno atractivo en la oferta que se les presentaba y ejercieron su derecho como una protesta explícita, fue la de la restricción a la participación. En positivo se concretó en la demanda de candidaturas independientes, pero es esencialmente un reclamo por la ampliación de la oferta. El derecho a votar por quien uno quiera, vinculado al derecho a participar y pedirle a los ciudadanos el voto.
Una de las grandes virtudes del sistema electoral mexicano es que es un sistema de partidos. Los partidos estructuran a la democracia, reducen los costos de información política, propician la agregación de intereses y permiten procesar la pluralidad. El sistema de partidos debe ser resguardado por la ley, pero debe dejar de ser un sistema proteccionista.
La legislación electoral mexicana ⎯desde 1945, cuando se crearon las primeras reglas restrictivas que suponen que la formación de un partido tiene que pasar forzosamente por la movilización de grandes asambleas⎯ ha sido proteccionista. En sus orígenes se trató de un diseño institucional para dejar en manos del gobierno en turno la decisión sobre quién podría participar, para dificultar el surgimiento de candidaturas de alubión producto de rupturas del partido monopolista, como la de la elección inmediatamente anterior en la que la movilización lograda por la candidatura de Juan Andreu Almazán había puesto en riesgo el monopolio alcanzado después de 20 años de conflictos; hasta la reforma de 1977, sirvió de protección para evitarle al monopolista político competencia no deseada, sobre todo si provenía de la ruptura de su propia estructura y para mantener un sistema de partidos no competitiva.
La reforma de 1977 permitió la entrada controlada de nuevos competidores, pero cuando el registro de partidos quedó en manos de un órgano autónomo, el IFE, de inmediato se volvió al sistema de protecciones, pues la única vía para el registro quedó determinada por la capacidad de movilización clientelista más o menos disfrazada de los pretendientes a ingresar en la competencia. Ese sistema de registro ha creado algunos monstruos, por suerte efímeros, y ha deformado a competidores que pudieron representar auténticas opciones ciudadanas. No es bueno el sistema de incentivos del registro de partidos, porque no permite la entrada a la competencia de actores nuevos, construidos por ciudadanos con intenciones de impulsar causas o proyectos actualmente no incluidos. Es, además, un sistema muy centralista.
El temor, sin duda, es el de la fragmentación y de la apertura de opciones de salida para los disidentes de los actuales partidos. El de la fragmentación es un argumento con defensores entre quienes ven un peligro para la gobernación eficaz en la pluralidad. Gravita en el ambiente la idea de que sobran partidos, pero a la vez está el reclamo de las candidaturas independientes o el claro sentimiento de exclusión de grupos de capas medias como el de la variada coalición que promovió el voto nulo. El reto no sólo de la reforma electoral inminente, sino de una más ambiciosa reforma política debe ser hacer coincidir pluralidad política con gobernabilidad democrática, pues sólo así se podrá construir la necesaria fortaleza del Estado.
No es este el espacio para hablar de las transformaciones pendientes del régimen político más allá del terreno meramente electoral, aunque en otros textos he publicado mi convicción de que sería más eficiente un régimen distinto, un parlamentarismo diseñado a la medida, para procesar los intereses de la diversidad social mexicana. Aún sin cambio de régimen creo que se debe abrir el sistema de partidos, con un diseño que privilegie a las organizaciones de corte programático o defensoras de causas específicas, y un sistema progresivo de inclusión, que empezara con el derecho a aparecer en la boleta y acceso a medios, siguiera con financiamiento para la siguiente campaña y se consolidara al obtener representación parlamentaria.
Desde luego, la intención de la reforma de 2007 fue que durante las elecciones de 2012 no hubiera nuevos partidos que postularan candidatos a la presidencia de la república, pues restringió aún más la participación de nuevas organizaciones al mandar la posibilidad de constituirse como nuevo partido al año posterior de la elección presidencial. La restricción, sin embargo, debería revisarse junto con todo el sistema de registro, para volver a criterios más cercanos a aquellos del llamado registro condicionado de la reforma de 1977. Si no, la única posibilidad de apertura que queda es la de las candidaturas independientes. No es verdad que más partidos dificulten la gobernación. El asunto está en la manera que se alinean los incentivos para la cooperación y la formación de coaliciones estables y a pesar de todo, algún margen para la coalición deja el régimen presidencial.
Las candidaturas independientes pueden existir, pero bien reglamentadas. No se trata de pedir un número desproporcionado de firmas para poder registrarlas, sino de someterlas a los mismos mecanismos de fiscalización y control de los recursos que tienen los partidos políticos, con posibilidad de ser sancionados por las violaciones en las reglas de financiamiento y las normas de comunicación y campaña. De existir, tendrían que diseñarse mecanismos para regular su acceso a medios, pues si quedan fuera de estos su presencia puede ser meramente testimonial, mientras que si quedan fuera de las restricciones de compra, entonces pueden servir para diluir la autonomía de la política respecto del mercado. También se debe considerar el efecto que sobre la disciplina partidista puede tener esa vía de participación, pues puede ser un buen canal para resolver institucionalmente los conflictos partidistas, por paradójico que suene.
Desde mi punto de vista es mejor una apertura a la posibilidad de que múltiples organizaciones aparezcan en las boletas, sujetas al régimen de responsabilidades de los partidos, que dejar la puerta abierta a candidaturas independientes, más difíciles de fiscalizar, sin las obligaciones de vida colectiva democrática que la ley exige a los partidos. Los caudillos y los arrivistas tendrían la puerta abierta, sin proyecto colectivo y sin apoyo legislativo, lo que podría derivar en un desastre de ingobernabilidad. La vinculación de las candidaturas presidenciales a un partido es una garantía contra la posibilidad de un independiente con los recursos y el carisma suficiente ganare la presidencia sin apoyo legislativo alguno, escenario que podría exacerbar el recurrente conflicto entre el legislativo y el ejecutivo intrínseco al régimen presidencial. Pero ¿por qué no dejar que se puedan registrar organizaciones de ciudadanos con un programa, unos estatutos que digan cómo toman decisiones, unos principios explícitos de aceptación del orden democrático y una lista de candidatos? ¿Por qué no dejarlos repetir a la siguiente elección? ¿Por qué no dejarlos que intenten atraer a los votantes? Entre más incluidos mayor legitimidad.
Otra reforma necesaria para aumentar la legitimidad del sistema de partidos como vehículo de la competencia democrática es la de hacerlos sujetos plenos de las obligaciones constitucionales de transparencia. El IFE avanzó primero por la vía reglamentaria hasta donde pudo. Después algo se ha avanzado en la ley, pero es necesario que las obligaciones de transparencia y la publicidad de sus documentos, en tanto que entidades de interés público con financiamiento estatal, sea equiparable a la de cualquier dependencia gubernamental.
En fin, que en materia electoral todavía queda mucho por recorrer en México, pues sólo se alcanzará estabilidad plena cuando se termine de ajustar el conjunto del régimen político, lo que, dada la experiencia reciente, va a tardar todavía años, pues las diferencias son tan grandes en lo que cada posición pretende que sólo se alcanzarán, una vez más, meros ajustes incrementales, y muy probablemente serán revisados para la siguiente sucesión.
En otro orden de temas, aunque vinculado a la reforma electoral de manera nodal, está la cuestión de la cédula de identidad ciudadana versus la credencial para votar con fotografía. En pocas líneas planteo mi posición sobre el tema.
La legitimidad que ha alcanzado la credencial para votar con fotografía hace absurdo crear otra identificación con otra fuente de emisión. Lo prudente y más eficiente desde el punto de vista de su implementación, es la de construir la cédula de identidad a partir del actual padrón electoral y de la credencial para votar. El Registro Federal de Electores tiene la infraestructura básica que le permitiría transformarse en Registro Federal de la Ciudadanía, con una base de datos personales resguardados por el IFE como garante, y con un número de identidad común a todas las bases de datos (de Hacienda, de la seguridad social, etc.). Los datos resguardados por el IFE sólo estarían a disposición de las autoridades en condiciones reglamentadas. En esta eutopía, el IFE podría evolucionar, con su estructura actual, a un Instituto Federal de la Ciudadanía con tan solo fortalecer su tarea constitucional de educación cívica.
Con todos sus problemas y cuestionamientos, el IFE es la mejor pieza de ingeniería institucional que se ha producido en México en las últimas décadas. Es un prototipo del desarrollo institucional de la democracia mexicana, con órganos de Estado integrados forzosamente a partir de coaliciones. Los buenos resultados del IFE, que terminó con una larguísima tradición de elecciones sin equidad en la competencia y con resultados cuestionados recurrentemente, deben ser especialmente valorados. La aceptación social del IFE es un ejemplo de la manera en a que se debe construir la nueva legitimidad de la democracia mexicana, con incentivos para los pactos abiertos y duraderos basados en objetivos de política. La historia del IFE nos dice mucho sobre cómo la legitimidad depende de la aceptación generalizada de las reglas del juego. Cuando éstas han sido cuestionadas, la legitimidad se ha debilitado. La tarea de los legisladores antes del proceso electoral de 2012 será sellar cualquier resquicio de debilitamiento de la legitimidad ante unas elecciones que no tienen por qué ser menos competidas que las de 2006.

Calderón y la historia de México

2010-09-03T17:05:00.001-05:00

El Presidente de la República, émulo de los antiguos presidentes de la época clásica del PRI, concluyó su informe con una arenga historicista. Apeló a los momentos cruciales de unidad como los forjadores de los éxitos, mientras que la división ha sido la causa de todos los males. “Había diferencias, sí, pero cuando los mexicanos nos unimos, ganamos la Guerra de Independencia; cuando estuvimos divididos, perdimos la mitad del territorio. Cuando nos unimos, derrocamos a una larga dictadura y logramos una Revolución cuyos beneficios aún perduran”. En cuatro renglones, el Presidente revivió la historia simplificada de la época clásica del PRI: el uso de mitos sacralizados como mecanismo de legitimidad.
El problema con el esquema de Calderón no es su falsedad histórica, de la que mucho se puede decir, ni su posible intención demagógica, de dudoso impacto, sino que en realidad refleja, tanto una manera de entender el mandato político que se ha reproducido en México desde los tiempos de Juárez, como una idea de nación y pueblo concebidos a partir de esencias de identidad que hacen característicos, diferenciados y excluyentes, a los mexicanos. El bien de la nación, los intereses de la patria, se identifican de acuerdo al proyecto del ganador y se considera traidor, malinchista, trasnochado, o enemigo al renegado o al disidente.
La conclusión histórica del mensaje de Calderón no se corresponde siquiera con el sentido general del discurso, que una y otra vez hace referencias a la pluralidad y a la necesidad de acuerdos a partir de las diferencias. Lo malo es que el remate no contribuye a esbozar una idea adecuada del modelo de convivencia que debemos construir.
La historia de México es la historia de los desacuerdos que han terminado cuando una facción se ha impuesto militarmente sobre otras y ha impuesto su proyecto de país, y sobre todo, sus reglas, al resto. Ni la Independencia, ni la Reforma, ni mucho menos la Revolución, han sido producto de la unidad. Al contrario, han sido movimientos cataclísmicos en los que han aflorado las ingentes diferencias y los intereses encontrados de la enorme diversidad nacional. La unidad ha sido impuesta, siempre con un alto grado de negociación de la desobediencia, con manga ancha para que todos aceptaran el dominio. Mientras los mexicanos no entendamos eso, sobre todo mientras, y las élites políticas no entiendan que esa forma de establecer el dominio es la que ha causado estragos en la capacidad económica del país y ha generado la brutal desigualdad existente, no se va a poder construir el nuevo arreglo, el que sustituya la idea de un bien común encarnado en el Presidente de la República por una sociedad diversa que pone reglas consensuales para sus procesos de cooperación y competencia.
Lo que está en crisis en el país no lo está por falta de la unidad mítica a la que apeló Calderón, sino porque no funcionan ya los mecanismos reguladores de la cooperación y la competencia sociales, en buena medida informales, que operaron durante décadas en México con su cauda de concentración monopolística, privilegios corporativos y exclusión de la mitad de la población de los beneficios. Durante la época clásica del PRI, como herencia directa del porfiriato, fue el arbitraje personal del presidente el que resolvió los conflictos en última instancia. Hoy, con esas reglas del juego social, con esas instituciones, el país no puede seguir adelante.
No puede, en primer lugar, porque la capacidad arbitraria del presidente se terminó. El antiguo presidente, el de los tiempos del informe ritualizado que año con año mostraba el poder del hombre fuerte, del mandón disfrazado de mandatario, no existen más. La unidad en torno a los objetivos que como faro alumbraba el discurso presidencial no puede ser ya más que la historia de un pasado no tan luminoso como el que ilustraba la propaganda de la época.
Hoy, en lugar de convocatorias a la unidad, con tufo al monolito ideológico de otros tiempos, el país requiere no de un gran proyecto nacional a la usanza del autoritarismo, sino acuerdos básicos sobre las reglas del juego que permitan la competencia y promuevan la cooperación. Reglas nuevas para la política, para la justicia, para la economía y para la convivencia social. ¿No sería estupenda conmemoración de las fechas míticas de 1810 y 1910 que en lugar de un cataclismo surgiera ahora la semilla de un nuevo pacto nacional que partiera, no de la unidad, sino de la necesidad de convivir entre diversos?
La unidad que requiere el país no es tanto de objetivos sino de reglas. Se trata de dejar claro qué se vale y qué no y a cambio de qué, de manera apegada a normas explícitas y equitativas a partir de las cuales cada individuo o cada grupo pueda fijarse sus objetivos preferidos sin que estos tengan que ser únicos. Si las reglas son medianamente adecuadas y aceptadas por la mayoría, las condiciones básicas para la prosperidad estarán sentadas, porque el acuerdo sobre las reglas es la condición necesaria, aunque de ninguna manera suficiente, para el desempeño de una economía.
De lo que se trata al principio de este tercer centenario del país —lo que no deja de ser un mito, pues México no nació hasta 1821, lo que se dio por razones que nada tuvieron que ver con la rebelión de Hidalgo— es de ser capaces de reconocer nuestra diversidad y construir el piso común de igualdad, tanto jurídica como material, sobre el que se pueda fincar una convivencia que logre escapar de la violencia, el enfrentamiento e incapacidad estatal para garantizar la seguridad que han caracterizado a buena parte de la historia patria, en estos tiempos tan glorificada.
Analista político

En la hora de la legalización de las drogas

2010-08-04T12:53:00.001-05:00

En la hora de la legalización de las drogas

Por Jorge Javier Romero

El discurso del presidente Calderón el 3 de agosto es de una importancia histórica. Por primera vez un jefe de Estado en funciones en México ha aceptado que la legalización de las drogas es una posibilidad para enfrentar de mejor manera al crimen organizado.
Sin duda es un giro radical a su política inicial, cuando se clamó cruzado de la guerra contra las drogas con el contundente “para que las drogas no lleguen a tus hijos”. A pesar de que adelanta su posición ⎯“Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”⎯ y se coloca del lado del rechazo total a las drogas en paquete, abre la posibilidad de argumentar en contrario de manera democrática.
Y hay que tomarle de inmediato la palabra. Es la hora de que México y Colombia planteen en los foros internacionales un cambio internacional en la política de drogas. Y el gobierno mexicano tiene que llegar a ese momento con la fortaleza de llevar la posición de un país, una posición con amplio consenso, a pesar de no ser unánime. Hay que oír a quiénes se oponen a la legalización y a quienes defendemos la posibilidad de una política de drogas diferente, que no aliente el consumo, que de plano procure eliminar los más peligrosos, pero que no lo haga a partir de la prohibición y se base en una jerarquización de las drogas por su grado de peligrosidad y adicción.
No se trata de legalizar a tontas y a locas, sino de diseñar un modelo de regulación que ponga el control de los mercados de estupefacientes en manos del Estado. Los precios se mantendrían altos a través de impuestos y no se permitiría la publicidad, mientras que se harían campañas de salud para desestimular los consumos peligrosos.
Se han hecho ya modelos de legalización que abordan la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir y desestimular el consumo. El más acabado es el de Transform Drug Policy Foundation (http://www.tdpf.org.uk/) que se puede resumir de la siguiente manera: es necesario desarrollar una reglamentación que diferencia a las drogas hoy ilegales en tres grupos. En uno estarían las drogas de peligrosidad baja, como la marihuana, el peyote, los hongos alucinógenos; en otra las de peligrosidad media, como la cocaína, el MDMA, conocido como éxtasis, los ácidos alucinógenos, etcétera; en la tercera estarían las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables. Para cada categoría las restricciones de mercado serían diferentes.
La mariguana y otras drogas de peligrosidad baja deberían regirse por una reglamentación similar a la del tabaco y el alcohol, con altos impuestos, prohibición de proveerla a menores, lugares determinados para su venta, y demás restricciones. El modelo de cafés exclusivos que existe en Amsterdam es una posibilidad que evita que se le combine con alcohol y separa mercados, de manera que la oferta de mariguana no se junta con la de la cocaína y otras drogas más peligrosas.
Para el segundo grupo, el de las drogas como la cocaína, las llamadas tachas y los ácidos, dice Transform, su venta se haría en farmacias o expendios especializados, con receta médica y con las advertencias del caso, con estándares de pureza y dosis.
El tercer grupo, el de los opiáceos inyectables y otras drogas de alta peligrosidad como el llamado Cristal, poderosa metanfetamina, requiere de un enfoque distinto. Lo primero que hay que decir es que hoy la mayoría de los opiáceos son legales y se usan en la industria médica. La heroína salió de las farmacias y ahí debe regresar de manera controlada. A los adictos a los opiáceos inyectables es necesario proveerles de la droga de manera gratuita en espacios sanitarios y promover entre ellos tratamientos de desintoxicación, al tiempo que se emprende una campaña de prevención seria. En la medida en la que no sean los delincuentes los que controlen las ganancias de la heroína o el cristal no habrá incentivos para que existan enganchadores de niños y adolescentes para esas drogas y se podrá reducir sustancialmente el problema, que aunque reducido en México devasta a las personas a las que afecta.
Todo ello acompañado de una campaña informativa y educativa sobre los efectos del consumo de substancias, incluidos el tabaco y el alcohol. Pero sin argumentación paranoica, con razones y con información científica.
Es la hora de pensar en después de la guerra.

Un nuevo régimen democrático

2009-12-15T18:10:00.000-06:00

Por Jorge Javier Romero

México está atrapado en el laberinto de sus instituciones. Una compleja red de reglas informales y formales, complementada por una ideología política ⎯entendida como el conjunto de percepciones y formas de ver las cosas compartido por la sociedad mexicana sobre la naturaleza y la forma de actuar del poder⎯, ordenaba la manera de hacer las cosas durante el régimen de la Revolución Mexicana. Los actores políticos sabían jugar con ellas y había estabilidad. Sin embargo, las reglas se habían articulado en una época en la que todavía México era predominantemente una sociedad rural y la complejidad incipiente de la sociedad urbana hizo relativamente sencillo su encuadramiento en organizaciones corporativas. El cambio demográfico y la urbanización acelerada hicieron surgir nuevos actores políticos y nuevas demandas sociales que gradualmente fueron dejando de ser procesadas por la compleja maquinaria política y la estabilidad de la época dorada se fue disolviendo en movilizaciones de masas y grupos guerrilleros.
Las reformas emprendidas desde 1977 abrieron el arreglo político y lograron incorporar nuevos actores al juego de las regla formales proto⎯democráticas; las reformas de 1996, finalmente, introdujeron un cambio mayor en el sistema de reglas, lo que abrió un espacio de incertidumbre, con resultados desconocidos hasta entonces por los jugadores: por primera vez el presidente perdía el control del Congreso y se limitaba sustancialmente la arbitrariedad de la que había gozado el hasta entonces prácticamente omnímodo poder del, al tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno.
El régimen de la Revolución había creado de manera gradual, a lo largo de un período de veinte años de ensayo y error, un arreglo que permitía mantener de manera formal el sacralizado régimen constitucional, al tiempo que le daba un poder relativamente eficaz al ejecutivo para mantener el orden, establecer en términos generales las reglas del intercambio social y proveer servicios públicos a cambio de rentas. Se puede discutir ampliamente la calidad de los servicios que brindaba el Estado y de ahí se pueden sacar conclusiones sobre las razones de la reproducción exponencial, de manera proporcional al crecimiento de la población, de la pobreza y de la desigualdad, pero no se puede negar la eficacia de la maquinaria de control político, que brindó estabilidad por setenta años con una utilización muy reducida de la violencia estatal. Se trató de un régimen excepcional en el entorno mundial de su tiempo y con una enorme capacidad de adaptación.
Sin duda, el régimen tuvo logros económicos sustanciales, pero fue incapaz de distribuir con eficacia. Por el contrario, generó una cleptocracia depredadora en connivencia con grupos de empresarios monopolistas u oligopolistas, que concentraron enormemente la riqueza sin generar beneficios para buena parte de la sociedad. El resultado del régimen de la Revolución, y de los veinticinco años que duró su proceso de disolución, fue que al menos la mitad de la población esté inmersa en la pobreza y al margen de muchos de los beneficios de la sociedad contemporánea, como la salud, la educación de calidad, el bienestar social y las posibilidades de desarrollo económico. Pero en términos de operación política para mantener el orden sobre bases consensuales, con aplicación limitada de la violencia y con una aquiescencia bastante extendida, el régimen de la Revolución fue notable.
El Presidente de la República era, a la vez: el que tomaba las decisiones fundamentales en cuanto al manejo de la economía y los derechos de propiedad, el que decidía cuando, cómo y cuanto se usaba la fuerza pública, el que repartía el acceso a las rentas del Estado ⎯tanto a las formales, producto exiguo del débil sistema fiscal y de los ingresos de los monopolios estatales, como a las informales, incluidas todas las producidas por la corrupción y la venta de privilegios, que fueron durante un largos años la principal fuente de ingresos de buena parte de los funcionarios del Estado, al grado de que quienes ocupaban altos puestos burocráticos o de elección se enriquecían sustancialmente⎯ y quien arbitraba en última instancia todos los conflictos políticos.
Si se le ve en el largo plazo, la Presidencia del periodo del régimen del PRI fue el resultado de la estabilización de un conjunto de reglas que se fueron creando incrementalmente desde 1824, cuando se imprimió el régimen presidencial, copiado prácticamente sin cambios del modelo norteamericano, en el papel de la Constitución. A partir de entonces y hasta 1935, con el largo intermedio de la pax porfiriana, el conflicto entre lo que decía la Constitución y la operación del arreglo político derivó en lucha de caudillos o contienda armada. Los civiles no duraban en el cargo pues los espadones los sacaban, apoyados por sus redes de clientelas, a las que brindaban protección a cambio de apoyo político. El primero fue Guerrero, en 1828. Como no le gustó el resultado de la elección, se reveló contra el ganador y se hizo por la fuerza con el poder, apoyado por el motín popular.
Las reglas establecidas por la Constitución de 1824 no sirvieron para satisfacer a todos los jugadores; evidentemente, los perdedores no tenían ninguna confianza en que valiera esperar hasta la siguiente ronda y ante la expectativa de quedarse sin nada en el reparto de rentas durante todo un período, les resultaba mucho más atractivo asaltar el poder. A la Constitución del 24 siguieron la del 36 y la del 43, pero ninguna sirvió para estabilizar la lucha política, en buena medida porque la construcción misma de una auténtica organización con ventaja competitiva en la violencia más o menos eficaz y disciplinada estaba inconclusa. Las reglas formales no satisfacían a quienes estaba en competencia por el control del territorio y la población, pues no existía un buen sistema de reparto de las rentas, de ahí que los caudillos prefirieran utilizar a sus huestes armadas para hacerse con el botín de los dinero públicos y repartirlo arbitrariamente entre sus clientelas de manera asaz abusiva.
Sólo después de un período largo de guerra civil e intervención extranjera, pudo una maquinaria precariamente disciplinada, con proyecto político ordenador, hacerse con el control del país e impulsar su idea de la manera en la que el Estado debía regular los derechos de propiedad. La legitimidad de la coalición triunfadora, con Juárez a la cabeza, se justificaba en una forma legal de competir por el poder y acceder a él claramente democrática. La idea de que el voto universal era la fuente legítima del poder, y de que este se ejercía limitado por una serie de pesos y contrapesos, plasmada en la Constitución de 1857, regía la construcción simbólica del poder de Juárez. Sin embargo, las reglas establecidas para llevar a la práctica el ideal político no servían para procesar la disputa real por el poder. Si el problema de 1824 había sido que el sistema de reparto no funcionaba y que el tiempo de espera para los perdedores era un incentivo para la rebelión, a partir de 1857 el conflicto se daba en el la relación entre el ejecutivo y el legislativo, pues la independencia de los legisladores se convertía en una serie permanente de obstáculos para el ejercicio del poder, a la vez que la competencia electoral no se daba entre partidos que buscaban el voto de sus conciudadanos, sino entre caudillos capaces de movilizar clientelas y hacer fraudes. Sólo cuando el fraude electoral comenzó a estar centralizado y el control de quiénes resultaban elegidos quedó en manos del presidente Juárez, durante la República restaurada, entonces se estableció un pacto de estabilidad. Díaz perfeccionó el sistema y generó un complejo sistema de circulación política con él en la posición de árbitro final, de manera en que cualquier intento de indisciplina política en cualquier tramo de la carrera podía resultar suicida, mientras que la disciplina y la lealtad eran premiadas con prodigalidad. Así, Díaz controlaba a los poderes formales del Estado y a los de los estados sin disolverlos y con un aparente apego irrestricto a la institucionalidad formal.
Díaz mantuvo el poder y brindó paz, estabilidad y seguridad sobre los derechos de propiedad como nunca antes en la historia de México. Por supuesto, el programa de Díaz para transformar los derechos de propiedad heredados de la Corona y extremadamente debilitados durante los años de guerra, fue el de las leyes liberales de Reforma. Su régimen se basó en la iniquidad y la abierta complicidad entre los operadores políticos y los ricos terratenientes. Se trató de un arreglo muy abusivo con los más débiles, pues la protección política se intercambiaba de manera proporcional a los beneficios obtenidos por los operadores, ya fueran estos de apoyo político o estrictamente económicos, donde existía una abierta complicidad y coincidencia entre los empresarios políticos y los empresarios económicos, fundamentalmente oligarcas terratenientes, que se repartían el país. Pero el arreglo político funcionó establemente gracias a que se centralizó el poder y el arbitraje en un solo hombre, capaz de mantener la lealtad y la disciplina de los barones regionales y de mantener la paz entre ellos.
En, desde mi punto de vista, el mejor tratado de derecho político que se ha escrito en México, La Constitución y la Dictadura, Emilio Rabasa argumenta que la dictadura de Porfirio Díaz fue el resultado del fracaso de la Constitución de 1857 a la hora de regular la disputa política. Para él los problemas centrales eran las excesivas facultades del Congreso para limitar al Ejecutivo, tan amplios que se convertían en una camisa de fuerza, y la extensión del voto: “La Constitución de 1857 otorgando como derecho e imponiendo como obligación el voto a todos los varones mayores de 21 años, estableció el sufragio universal en un pueblo analfabeta, ignorante y pobre, con una amplitud que no tiene en los países más cultos de Europa y América”.
Si se ve históricamente la cuestión, puede que Rabasa tuviera razón. La Constitución liberal de 1857 fue producto de una elite de la cultura que pretendía imponerle al país una manera de hacer las cosas que no se correspondía con las formas de articulación de la sociedad mexicana. Había sido elaborada por los intelectuales de uno de los grupos triunfantes en una rebelión y, por supuesto, excluía a los conservadores derrotados. Se trataba de un proyecto de modernidad que pretendía desarticular los constreñimientos tradicionales en los que se basaba la sociedad de múltiples identidades colectivas. Además, se enfrentaba a la organización que le disputaba al Estado la capacidad de darle coherencia a la diversidad nacional: la Iglesia. Si a esto se le suma las debilidades del diseño político, que hacían prácticamente imposible mantener la gobernabilidad de acuerdo a sus preceptos —ya que planteaba régimen presidencial clásico, tomado de la Constitución de 1824, que a su vez había copiado el modelo norteamericano, donde un legislativo fuerte acotaba enormemente las facultades del ejecutivo, aunque con una sola cámara—, y que tampoco se resolvía de manera adecuada el problema de la competencia política pues se basaba en el principio de que el ganador se lleva todo y no había espacio real para los perdedores, por lo que la rebelión resultaba una solución más adecuada que esperar a la siguiente ronda, la cual se sabía de antemano controlada por el poder, se comprenderá por qué nunca pudo ser el marco real de reglas del juego.
El orden liberal sólo se pudo imponer a través de un conjunto de pactos y alianzas, tanto con las comunidades como con los hacendados, una vez derrotadas militarmente las pretensiones de la Iglesia. Los largos años de guerra e inestabilidad que habían sucedido a la independencia demostraron que no se podía hacer política sin contar con unos y con otros. Las características de la red de restricciones informales acabó por imponerse en la accidentada construcción del Estado mexicano:
Por encima de la Constitución que debía unirlos, el gobierno, desconcertado con ella, y el pueblo, que no lograba coordinar, tenían el concierto real... (Emilio Rabasa [1912], 1982: 42).
El régimen de Díaz fue una solución pragmática y autoritaria a los problemas de gobernabilidad que planteaba el idealizado orden constitucional.
El programa de Madero no fue otro que el de la Constitución de 1857: las reglas legítimas ya estaban escritas, sólo había que cumplirlas. La sacralización del ideal constitucional liberal había brindado frutos inesperados: en su nombre se hacía la Revolución. Y Madero llegó a la Presidencia a poner en vigor a la Constitución formal. Su problema no fue electoral, pues llegó a la presidencia con una popularidad y con un apoyo político que lo hizo candidato único. Nadie le disputaba la legitimidad. Nadie excepto el Congreso. El Senado era el mismo elegido para el trunco sexenio de Díaz, para concluir el cual fue electo Madero, mientras que la cámara de diputados fue elegida en 1912 y su composición plural implicaba una mayoría antimaderista que, si bien no estaba articulada para constituir una oposición sólida al presidente, sirvió para debilitar a Madero y para crear las condiciones políticas para la rebelión fallida y el golpe militar exitoso. Esa misma legislatura, electa democráticamente, fue la que legitimó la presidencia de Huerta, aun cuando después el tiranuelo la disolvió.
En nombre de la Constitución ganaron los constitucionalistas, pero el conflicto entre ejecutivo había renacido cuando se le cortaron las ataduras del poder patriarcal y patrimonialista de Díaz. Y reapareció desde entonces cuantas veces se le dejó en libertad. El caso de Obregón enfrentado al Partido Liberal Constitucionalista lo he narrado en estas mismas páginas hace tiempo: la utilización de modestos cañonazos de tres y cinco mil pesos ⎯contra los cincuenta mil que valía la lealtad de un General de la Revolución⎯ para controlar legisladores interesados en sus bases políticas locales. Y desde entonces hasta la fundación del Partido Nacional Revolucionario y la eliminación de la reelección inmediata de legisladores. El arreglo informal que se fue construyendo y que alcanzó su madurez hacia 1946, se basó de nuevo, como el porfiriato, en el arbitraje centralizado del Presidente de la República, la sumisión del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, las elecciones ficticias. Sin embargo, fue un avance sustancial en la construcción de un poder limitado: el período presidencial se limitó a seis años de manera estricta y se creó un mecanismo eficaz para procesar la sucesión sin grandes sobresaltos y disputas.
Pero volvamos al día de hoy. Una vez eliminado el súper presidencialismo y en plena vigencia la Constitución de 1917, igualmente sacralizada como programa, de nuevo está fracasando para procesar con eficacia el conflicto político. En el mejor de los casos, lo está haciendo de forma mediocre. De nuevo se han mostrado sus dos taras históricas, pues desde 1997 se ha reabierto el conflicto entre ejecutivo y legislativo y en la última elección vimos cómo el arreglo era poco eficaz para contentar a un perdedor con fuerza. Si las legislaturas de los últimos 18 años se han comportado de manera parecida a aquella a la que Comonfort quiso disolver, o a la de 1912, que debilitó a Madero, o como aquella a la que Obregón sobornó para disolver las lealtades partidistas, ahora no existen condiciones para que el presidente encuentre una solución paralela a la constitucional, ni para que el orden constitucional sea suspendido por un poder de facto; lo que queda es un ejecutivo que navega en la mediocridad de una actuación limitada enormemente por la negociación política desordenada.
Y por si fuera poco, en la elección de 2006 se hizo evidente que tampoco contenta a los perdedores. La reacción de López Obrador recuerda, toda proporción guardada, a la de Vicente Guerrero; no es casualidad. La perspectiva del hombre que llevó al PRD a convertirse en la segunda fuerza política y estuvo a punto de hacerse con la Presidencia de la República era irse a su casa. Sólo la resistencia se le presentaba como posibilidad de permanencia en la escena una vez derrotado.
Es hora del rediseño. Es hora de pensar en un arreglo político adecuado a las condiciones políticas, sociales, demográficas y económicas del México de hoy y que sustituya a la antigualla del siglo XVIII, diseñada además para otra realidad social muy distinta, que hemos intentado echar a andar una y otra vez desde 1824 sin buenos resultados.
Llegó el momento de que el orden real coincida con el formal: que sean reglas claras y legítimas ⎯legales⎯, las que brinden certidumbre al intercambio social y no la personalización autoritaria con privilegios particulares que ha funcionado establemente a lo largo de la historia mexicana. Sólo así se podrá crear un nuevo clima de certidumbre a largo plazo y de estabilidad social. Se trata de hacer conciliables la gobernación eficaz con la pluralidad democrática a lo largo del tiempo. Es decir, estabilidad y eficacia en el marco de una democracia plural. Y si esto es necesario, es indispensable ver más allá del arreglo presidencialista.
El arreglo presidencial del tipo que tenemos no podrá funcionar eficazmente sin recortar pluralidad y ni siquiera eso garantizaría su operación. El conflicto entre ejecutivo y legislativo está debilitando seriamente la capacidad de acción de los ejecutivos de casi todos los países latinoamericanos, cuando no está afectando seriamente la estabilidad política o ha sido suprimido a través de imponer la supremacía de un ejecutivo que margina o maniata al Congreso.
Las experiencias latinoamericanas son poco halagüeñas cuando se analiza la estabilidad de los presidencialismos democráticos. Y en México tenemos enfrente la enorme posibilidad de una sucesión de gobiernos capaces únicamente de producir resultados mediocres por el jaloneo desordenado entre fracciones legislativas poderosas ⎯con posibilidad de veto⎯, al tiempo que el mayor poder de los gobernadores, amparados por la forma actual del federalismo constitucional, también limita al poder central.
La experiencia histórica nos dice que es hora de intentar otro diseño Constitucional para la relación entre poderes. Y hay dos vías: O se mantiene un arreglo en el que ejecutivo y legislativo están separados y se intenta un mecanismo que facilite la cooperación política entre el ejecutivo y el legislativo a través de la reducción de la representación, o se pasa a un arreglo en el que el gobierno sea el responsable de mantener la disciplina en el parlamento, al tiempo que éste se convierte en lo que debe ser: la arena de expresión de coaliciones políticas.
La versión radical de la primera opción implicaría formalizar lo que durante el régimen del PRI se basó en instituciones informales. Se puede capar al Congreso, disminuir el número de diputados y concentrar el poder de nuevo en el Presidente de la República pero ahora constitucionalmente. Que de nuevo la única elección que cuente sea la del Presidente de la República, con la única diferencia de que, ahora sí, la competencia electoral entre candidatos sea auténtica y no esté predeterminado el triunfo del PRI. Una opción menos arriesgada y menos complicada de negociar políticamente sería la de eliminar la representación proporcional y volver al sistema de mayoría relativa. Esta solución, se dice, facilitaría la creación de mayorías en el Congreso. Sin duda, desde Duverger sabemos que un sistema de mayoría relativa tenderá al bipartidismo, siempre y cuando los partidos nacionales tengan el monopolio del registro de candidaturas, porque un sistema de representación territorial como es el circunscripciones uninominales, sin el mecanismo de la patente partidista se puede fragmentar, en la medida en que el costo de hacer campaña se reduce y las fuerzas políticas locales pueden concentrar sus esfuerzos en un número relativamente pequeño de distritos. Pero en términos reales, el arreglo de mayoría relativa donde el primer lugar se lleva todo, independientemente de lo cercano que esté su competidor, en México podría alcanzar para un sistema de tres partidos, suficiente para que la formación de mayorías estables siga siendo endemoniadamente complicada. Además, nada garantiza que un presidente con mayoría en la primera mitad de su mandato la mantenga en la elección intermedia. Con el sistema bicameral que tenemos, es muy probable que la mayoría opositora no sirva para nada más que para obstaculizar al Presidente con el objetivo de desprestigiar a él y a su partido con miras a la elección siguiente. Los incentivos para la cooperación son muy bajos y con reelección parlamentaria se debilita la disciplina partidista y se propicia la negociación individualizada de lealtades a cambio de prebendas, pues cada voto cuenta en un sistema de negociaciones personalizadas, sin la intermediación de las maquinarias partidistas.
Por lo demás, el recorte de la representación dejaría sin voz y recursos institucionales a un conjunto demasiado amplio de operadores políticos, movilizadores de clientelas que podrían trasladar sus demandas de rentas del Estado a las calles, de manera parecida a lo ocurrido en los últimos meses en Oaxaca. La representación política plural implica por sí misma cierta forma de redistribución que no se puede recortar sin atentar contra la estabilidad política.
No hay que olvidar que la representación proporcional fue un elemento fundamental para acabar con las movilizaciones populares y el radicalismo armado de los setenta. Eliminarla sería como echarle gasolina a los rescoldos de radicalismo que sobreviven por ahí. Si bien en el momento actual de la contienda política la proposición puede parecerle atractiva a los tres partidos mayoritarios y abrirse paso como reforma, los tres partidos perderían si se elimina la representación proporcional.
El PRD ha procesado institucionalmente a muchos de los que todavía piensan en la Revolución y les hace cosquillas el heroísmo, aunque se hayan ya beneficiado de las parcelas de rentas estatales que controlan. Dejar fuera del reparto de posiciones a esos operadores puede tener consecuencias no deseadas. Además, están todas las clientelas adquiridas por traspaso del viejo PRI o creación propia de la izquierda rentista que resultó de los movimientos urbano populares de los setenta y ochenta.
En el PRI, por otra parte, también tienen mucha necesidad de repartir posiciones para mantener en paz a las huestes dormidas del viejo nacionalismo revolucionario, envejecidas y todo, pero que todavía dan fenómenos como el del sindicato minero. Ahí anda también, por su lado y con su fuerza, Elba Esther Gordillo y su panal. ¿Sería mejor tenerlos en las calles con movilizaciones y reclamos airados, como ya vimos que pueden actuar los maestros (otra vez Oaxaca), que con su partido negociando en función de su fuerza electoral? Me parece que es mejor la segunda opción.
Pero con representación proporcional y sin recortarle drásticamente facultades al Congreso no hay manera de tener Presidentes de la República fuertes. Y como eliminar la representación proporcional tendría resultados poco deseables y el Congreso no se va a dejar quitar facultades, entonces es necesario empezar a diseñar un juego donde los pactos políticos se negocien en el Congreso y se reflejen en el gobierno.
Es posible diseñar una nueva Presidencia de la República con carácter de Jefe de Estado, dotada de facultades reales de arbitraje político, con autoridad sobre las fuerzas armadas y la fiscalía, con capacidad para disolver la Cámara y llamar a nuevas elecciones legislativas y con la facultad única para proponer al Jefe de Gobierno, siempre de acuerdo al resultado de las elecciones legislativas y de entre los líderes de los partidos con representación en los diputados.
Una presidencia que si bien perdería la jefatura de gobierno, pues la delegaría en un diputado capaz de construir una mayoría parlamentaria a través de pactos y coaliciones⎯ tendría un enorme poder político, pues podría hacerle observaciones a las leyes que le enviara el gobierno una vez aprobadas por la cámara y remitirlas al Senado para su arbitraje, tendría iniciativa de reforma legal o constitucional prioritaria, propondría al Senado las ternas para ministros de la Suprema Corte, mantendría sus facultades respecto al nombramiento de jefes militares, ampliadas hasta la propuesta al Senado del los jefes de los Estados Mayores de las distintas armas, lo mismo que de cónsules y embajadores. Sería el responsable último de la política exterior y, en consultas con el gobierno, tendría facultad para firmar tratados y acuerdos internacionales, para que éstos fueran ratificados por el Senado y todas las demás facultades con las que cuenta en la Constitución actual.
El Presidente de la República podría adquirir algunas de las características simbólicas que ahora se le exigen, aun cuando no están en la ley. Por ejemplo, la de ser árbitro imparcial en los conflictos políticos o el de garantizar la neutralidad de los procesos electorales. El Presidente de la República asumiría el gobierno desde la disolución de la legislatura y la convocatoria a elecciones hasta la investidura del nuevo Jefe del Gobierno Federal, una vez instalada la nueva legislatura. Y durante las campañas sería oficialmente el garante de la neutralidad de la contienda, con prohibición absoluta para intervenir en las campañas electorales y, por supuesto, no podría ser reelecto. Un presidente de estas características podría durar en su encargo ocho años y ser elegido a dos vueltas, para garantizar suficiente respaldo simbólico a sus facultades, pero siempre en la medida de que la formación del gobierno dependa de la construcción de una coalición mayoritaria entre los diputados y sólo requiera del aval presidencial. Se trata de crear un actor con veto, pero sin la facultad de diseñar y ejecutar las políticas públicas.
Un presidente de estas características puede ser extremadamente poderoso. Si utiliza bien sus facultades, puede ser el actor definitorio de la política nacional. Puede contribuir a la formación de las coaliciones gubernamentales y jugar un papel clave en la estabilidad general del entramado político en momentos de crisis de gobierno. Al ser un cargo sin posibilidad de reelección, en un juego con todos los cargos electivos sujetos a la posibilidad de ser reelegidos, sería una posición de fin de carrera para los políticos, lo que propiciaría que llegaran a él preferentemente personas con una trayectoria pública ya muy conocida y probada.
En contraste, el jefe de gobierno es un puesto para ser el centro de una carrera política, el momento de culminación del ascenso del liderazgo político nacional. Para ponerlo en términos muy gráficos, la última campaña presidencial, sin duda acortada a una décima parte de su duración, hubiera sido una extraordinaria campaña para Jefe del Gobierno y sus resultados de lo más interesantes para poner a prueba la capacidad de construcción de acuerdos políticos estables. Si bien Calderón y su partido hubieran tenido la mano para formar gobierno, todo hubiera dependido de cual de los dos candidatos principales hubiera negociado en mejores términos con el PRI para la formación del gobierno y el establecimiento del programa legislativo. La negociación se habría dado en la Cámara de diputados, sin movilizaciones callejeras y sin desplantes teatrales. Si López Obrador hubiera logrado un pacto con el PRI, en un diseño parlamentario, hubiera sido el jefe del Gobierno; en última instancia, si hubiera quedado como líder de la oposición, su gobierno legítimo dejaría de tener que ser itinerante y pondría su sede el San Lázaro, convertido en un auténtico gabinete de oposición, ahora sí legítimo, con recursos para su operación, con acceso a la información especializada y de gobierno y con el foro de la cámara para los discursos de su líder. Todos habrían salido ganando: el PRI con su participación en la formación del gobierno , Andrés Manuel con su permanencia en la palestra, Felipe Calderón con un gobierno estable con iniciativa garantizada y sus respectivos partidos con una presencia parlamentaria mucho más relevante.
El Jefe de Gobierno Federal podría ser nombrado de entre los diputados líderes de sus fracciones parlamentarias una vez instalada la legislatura. El Presidente de la República propondría a la Cámara al líder del partido más votado. Si éste no obtuviere la mayoría de los votos de los diputados aprobatorios, descontando las abstenciones, entonces propondría al líder del segundo partido y así hasta agotar los grupos parlamentarios. Si ninguno lograre el apoyo de la legislatura para formar gobierno, entonces se disolvería la legislatura y el presidente continuaría ejerciendo como jefe de gobierno en tanto se llevan a cabo nuevas elecciones. Obviamente, el caso extremo se daría en condiciones excepcionales.
El Presidente del Gobierno propondría a los Secretarios del Gobierno Federal a la cámara y estos podrían ser o no diputados. Los Secretarios que fueren diputados tendrían voto en las sesiones del pleno del Gobierno; los que no, sólo contarían con voz. El pleno del Gobierno tendría iniciativas legislativa y de reforma constitucional preferenciales y le propondría al Senado el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores. Le propondría también al Presidente de la República el nombramiento de Jefes de Estado Mayor y de embajadores para que éste, de estar de acuerdo, los presente ante el Senado.
El gobierno propondría las leyes de ingresos y el Presupuesto de Egresos, el cual, a diferencia de lo que ahora ocurre, requeriría de la ratificación del Senado, una vez aprobado por la Cámara (más adelante, al hablar del Senado explicaré las razones de esta idea).
Un gobierno de estas características tendría posibilidades de sacar adelante un proyecto de gobierno coherente y de mantener una coalición estable durante la legislatura. Es posible, sin embargo, que una crisis económica, un escándalo de corrupción o una pérdida de liderzazo dentro de su partido por parte del Jefe del Gobierno pudieran provocar una crisis. Sería una crisis perfectamente resoluble dentro de los cauces institucionales, sin gran riesgo para la estabilidad general del Estado. O bien se forma una nueva coalición dentro de la misma legislatura, o se renueva simplemente el liderazgo del partido mayoritario y, por tanto, cambia el Jefe del Gobierno o se disuelve la legislatura y se convoca a nuevas elecciones. Mientras dura la crisis, el Jefe de Estado se encarga del gobierno.
La fuente de legitimidad del Gobierno Federal sería la Cámara de Diputados. Sería la elección de diputados la que definiera quién fuere el Jefe del Gobierno y cual partido el mayoritario en la integración del Gobierno Federal. Sería en la Cámara de Diputados donde se negociarían los programas políticos y las coaliciones de gobierno cuando ningún partido tuviere la mayoría absoluta de los escaños. Sería la Cámara de Diputados el espacio directo de interlocución entre el gobierno y la oposición. Las políticas públicas, las iniciativas legales y las conductas de los funcionarios del Gobierno estarían bajo el escrutinio constante de los diputados, a cambio de una mayoría preestablecida para sacar adelante un programa de gobierno coherente, basado en la legislación adecuada para su funcionamiento y en el presupuesto necesario para su operación. El Jefe del Gobierno tendría, además de la responsabilidad de ejercer las tareas de conducción de la administración pública, la de mantener la disciplina de la Cámara de Diputados en apoyo a su programa.
La Cámara de Diputados sería legisladora única en legislación ordinaria, salvo en casos de observaciones presidenciales, y mantendría su actual papel dentro del Constituyente permanente. Perdería, en cambio, la facultad exclusiva de discutir y aprobar el presupuesto federal. La legislatura debería tener una duración máxima de cuatro años, con posibilidad de reelección, pero podría ser disuelta por el Presidente de la República ya fuere por iniciativa propia o a petición del Gobierno Federal, en caso de crisis de gobierno, nunca menos de un año antes de la elección presidencial, ni durante los primeros dieciocho meses después de haber sido instalada la legislatura.
Los diputados podrían presentar una moción de censura contra el Jefe del Gobierno Federal siempre y cuando hubieren pasado al menos dieciocho meses de su investidura y con la condición de presentar una candidatura alternativa para sustituirlo. Tampoco se podrían presentar mociones de censura menos de un año antes de la elección presidencial. El Presidente de la República no tendría la facultad de oponerse a la solicitud de disolución de la legislatura planteada por el Gobierno Federal. En caso de ser el Presidente el que plantee la disolución, sólo las dos terceras partes de la Cámara podrían evitar las nuevas elecciones. En última instancia sería el conjunto del cuerpo electoral el que resolvería las situaciones de conflicto entre la mayoría de los diputados y el Presidente de la República.
Los conflictos entre el Presidente de la República y el Jefe del Gobierno Federal tendrían distintas arenas para dirimirse. Es muy probable el entendimiento entre ambas figuras si se trata de personas del mismo partido. En ese caso, es incluso posible que existan vínculos de lealtad e ideologías compartidas lo suficientemente sólidas como para generar una cooperación espontánea. Sin embargo, si el Presidente de la República es de un partido y el Jefe del Gobierno es de otro, es posible que la capacidad de veto del Presidente se convierta en un obstáculo para la ejecución del programa de gobierno del ejecutivo. Entonces el Senado se puede convertir en la arena para dirimir el conflicto entre ambos, cuando se refiera a legislación.
El Senado debería dejar de ser colegisladora en materia ordinaria para pasar a serlo únicamente en materia constitucional, en los términos del actual Constituyente permanente, y en casos de observaciones presidenciales a las leyes aprobadas por la cámara de diputados. El Senado podría aprobar en sus términos la ley vetada o presentar una nueva minuta a la Cámara de Diputados. La cámara de diputados tendría la facultad de ratificar su Ley original con mayoría de dos terceras partes de los diputados o discutir la minuta del Senado, en cuyo caso el Senado funcionaría como Cámara de origen de una nueva iniciativa. En caso de que el proyecto nuevo no prosperare, el gobierno podría someter su ley original al voto de las dos terceras partes de la cámara y si no las lograre, entonces tendría que dejar morir la ley hasta la siguiente legislatura o podría someterla a referéndum, con los costos económicos y políticos que ello supondría.
El Senado podría tener también capacidad de iniciativa preferencial ante la Cámara de Diputados, con minutas aprobadas por la mayoría de su pleno.
El Senado debería recuperar su carácter de cámara de representación de las entidades federativas. Para ello se debería modificar su mecanismo de elección para que fueran cuatro senadores por entidad electos en listas de representación proporcional ⎯tal vez con la introducción del sistema D´ Hont o las listas abiertas⎯ y con elecciones coincidentes con las de Presidente de la República por períodos fijos de ocho años con reelección . El Senado conservaría prácticamente todas las facultades exclusivas que ahora tiene y adquiriría la capacidad de ser el espacio de negociación de las asignaciones presupuestales regionales; de ahí la necesidad de que se discuta en él el presupuesto de egresos.
La equidad regional en la representación, que nació con el Senado norteamericano en 1787, tenía por objeto crear un sistema de veto a cualquier posibilidad de que una mayoría de representantes, electos en un número correspondiente a la población de cada estado, pudiera modificar los derechos de propiedad ⎯sobre todo en lo referente a la esclavitud⎯ en detrimento de los estados del Sur, con menos electores, pues buena parte de la población era esclava sin derechos políticos. Robert Dahl afirma que el Senado no es un cuerpo democrático, en la medida en la que sobre⎯representa a poderes territoriales por encima de los ciudadanos concretos y es una cámara esencialmente conservadora. El sistema mexicano copió ese sistema de veto regional y hoy forma parte de los precarios equilibrios nacionales. No se trata de eliminarlo, como hizo el Constituyente de 1857, sino de modificar el ámbito de su capacidad de veto. Ese federalismo construido por vías muy distintas a las que le dieron origen legal, tiene que expresarse en el nuevo arreglo político, pero de manera distinta a la actualmente existente.
De ahí que el Senado deba perder su carácter de colegislador de la legislación ordinaria. Por un lado, está la necesidad de quitarle obstáculos al gobierno para legislar en apoyo a su programa de gobierno; por el otro, el de fortalecer su carácter de cuerpo con veto en reforma constitucional y en caso de conflicto legislativo entre el Jefe de Estado y el gobierno. El Senado seguiría siendo el cuerpo vigilante de la política exterior, y a él le tendría que rendir cuentas el gobierno en esta materia; el secretario del gobierno de Relaciones Exteriores sería nombrado por el Presidente de la República, a propuesta exclusiva del jefe del gobierno, con la aprobación del Senado.
El Senado mantendría sus actuales funciones en materia de nombramiento de magistrados y ministros del Poder Judicial y de jefes del Ejército y la Armada, con el añadido de aprobar el nombramiento de los Jefes de Estado Mayor de ambos, máximas figuras de carácter militar, para que el secretario de Defensa sea un civil nombrado como los demás secretarios por el Jefe del gobierno.
Otra función importante que adquiriría el Senado sería la de tener capacidad de veto en el nombramiento del Procurador General de la República propuesto por el Presidente de la República y la de ser el espacio para promover su remoción, la cual necesitaría de las dos terceras partes de la votación para llevarse a cabo. También tendría facultades en el nombramiento de los fiscales de distrito y de los fiscales especiales, los cuales serían seleccionados entre la terna presentada por el Procurador General para cada caso.
Un arreglo de este tipo sería pionero en América Latina, donde lo más que se han aventurado a diseñar los constituyentes son una suerte de mini premiers ⎯jefes de gabinete sin capacidad real de convertirse en jefes de gobierno y que han fracasado en la práctica a la hora de construir coaliciones legislativas. Es en ese territorio fallido donde se mueven las propuestas en la actual ronda de reforma del Estado. Sin embargo, la posibilidad de construir un arreglo estable, democrático y eficaz pasa, desde mi perspectiva, por tomar la decisión de hacer un diseño para el siglo XXI y abandonar de plano el del siglo XVIII al que nos hemos aferrado. Claro que es necesario vincular este nuevo arreglo a un diseño electoral que permita la participación de todos, pero evite la fragmentación extrema de la representación. El sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional parece el más adecuado, siempre y cuando se le reforme para acercarlo al modelo alemán del cual se copió originalmente. Sólo si el Estado mexicano rompe con la camisa de fuerzas del viejo presidencialismo podrá desplegar la energía transformadora que requiere la sociedad.

¡Paremos la guerra contra las drogas!

2009-11-19T07:56:00.001-06:00

Jorge Javier Romero

19 de noviembre de 2009

Entre el 12 y el 14 de noviembre se celebró en Albuquerque, Nuevo México, la Conferencia Internacional para la Reforma de la Política de Drogas. Ahí se reunieron diversas organizaciones no gubernamentales, intelectuales, médicos, jueces, policías, fiscales y políticos sobre todo de Estados Unidos, pero también de México, Chile, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y de otros países de Asia y Europa, a debatir la manera en la que las sociedades deben encarar el asunto de las drogas y las adicciones sin guerra, violencia, daños colaterales y muerte.
El consenso generalizado, la consigna unificadora, fue la de parar la guerra contra las drogas, en primer lugar, porque causa muchos más males de los que pretende prevenir. Como política de drogas, la guerra ha sido un fracaso mundial. No ha servido para disminuir las adicciones, ni para reducir la disponibilidad de drogas en el mercado, ni para aumentar los precios de las sustancias. Y como política contra el crimen organizado ha sido claramente contraproducente, pues la existencia de un mercado clandestino de esa magnitud provee de fuertes incentivos a los delincuentes especializados precisamente en el comercio ilegal para mantener y reproducir sus organizaciones, pues la demanda es lo suficientemente sólida como para seguir con el reto al Estado. Por cada organización desmantelada hay varias en potencia dispuestas a continuar con el control violento de los mercados y con los recursos para sostener el combate, sobre todo en países como México con organizaciones estatales endebles y corruptas.

Ahí se escuchó la alarmada voz del concejal de El Paso, Beto O’ Rourke, quien narró la manera en la que la guerra está deteriorando a su comunidad a ambos lados de la frontera. Para este joven político local no hay otra salida que la legalización de todas las drogas. La guerra sólo deja muerte, horror y desolación.

Pero si la guerra no sirve, ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de las drogas? Pues se debe aprender a vivir con ellas, de manera que los riesgos y daños asociados a su consumo se minimicen, como se hace frente a cualquier tema que implique riesgos, como los coches en las carreteras o las carnitas de puerco. Los coches matan y mucho, pero la solución no es prohibir su circulación sino prevenir los riesgos, con controles de velocidad, reglas para obligar el uso del cinturón o controles de alcoholemia. Ese es el tipo de acciones que debe emprender un Estado democrático para enfrentar la existencia de drogas en las sociedades.

Un concepto repetido durante la conferencia de Albuquerque y que debería convertirse en el eje de cualquier política sensata respecto a las drogas es el de reducción de daño. La idea ha sido satanizada por los conservadores de Estados Unidos y otros países, que se han negado a que sea utilizada por los instrumentos de las Naciones Unidas; sin embargo, la reducción de daño es el criterio de política pública con el que mejor se puede enfrentar los problemas sociales y de salud asociados al consumo de drogas. La política seguida en los últimos tiempos en muchos países respecto a una droga legal, el tabaco, es un ejemplo de política de reducción del daño.

La reducción del daño implica que, en lugar de agravar los perjuicios provocados por el consumo clandestino, las sociedades enfrenten el consumo de drogas dañinas como un asunto de salud.

El ejemplo recurrente es el de los consumidores de drogas inyectables altamente adictivas como la heroína. La clandestinidad lleva a los adictos a compartir las jeringuillas, con lo que al daño de la droga se suma el de las enfermedades de transmisión como el VIH o la hepatitis B. Además, el control del mercado por parte de los delincuentes lleva a los adictos a depender de traficantes sin escrúpulos para obtener la droga, de manera que llegan a robar o a prostituirse para poder comprarla. A esto se suma la adulteración de las sustancias en un mercado sin controles sanitarios. Así, más que el daño de la droga en sí misma, los adictos a la heroína se ven sometidos a amenazas enormes derivadas de la prohibición. Reducir el daño implicaría sacar de la clandestinidad a esos consumidores, intercambiar jeringuillas, abrir locales para el consumo controlado de las sustancias, sin adulteración y sin costo para alejarlos del mercado controlado por los delincuentes. Querría decir que la sociedad reconoce el asunto en lugar de voltear la cara hacia otro lado.

Otro tema abordado en la conferencia fue el de los consumidores no adictos de sustancias mucho menos peligrosas y que son tratados como delincuentes en muchos países. La libertad individual para decidir sobre el propio cuerpo, la soberanía personal, frente al Estado que se atribuye la facultad de decidir qué se puede consumir y qué no. En el caso de la mariguana, el consenso en Albuquerque fue la legalización, de manera que sea el Estado, con reglas claras y controles de calidad, el que regule el mercado y no los narcotraficantes.

La conferencia de reforma de la política de drogas estuvo marcada por la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva laica, científica, compasiva y de salud. Si la cuestión de las drogas se abordara desde esta perspectiva, los delincuentes se quedarían sin el control de un mercado ingente y el Estado tendría posibilidades de atacarlos en otros flancos. La vía de la guerra ha demostrado ya su fracaso.

La delegación mexicana que asistió a Albuquerque tuvo un gran nivel. Juristas como José Antonio Caballero, director de derecho del CIDE, Alejandro Madrazo y Samuel González Ruiz —ex titular de la UEDO—, especialistas en reducción de daño, como Juan Machín o Humberto Brocca, una estudiosa de la situación de las mujeres en la cárcel, casi siempre vinculadas al tema de las drogas, Corina Giacomello, y otros académicos, como Jorge Hernández Tinajero. También estuvo por ahí y habló en una plenaria Jorge Castañeda.

El promotor incansable del cambio de la política de drogas en Estados Unidos es el profesor de Harvard y presidente de la Drug Policy Alliance, Ethan Nadelman. En su discurso inaugural se mostró optimista sobre los avances alcanzados y llamó a seguir actuando como movimiento para que el presidente Obama mantenga el rumbo liberalizador que ha emprendido. El cambio de política está en camino, aunque Calderón no se haya percatado de ello.

¿Por estos partidos?

2009-06-24T19:11:00.001-05:00

23 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero

He decidido votar de una manera que va a ser considerada no válida a la hora del cómputo. El sistema electoral anulará mi voto, no yo. He decidido no votar por los partidos actuales con registro. Lo haré por un movimiento al que pertenezco y que no me ha pedido su voto. Que no busca los votos de nadie. Lo mismo pasaría si votara en el espacio dedicado a ello en las boletas por un candidato sin registro. Igual mi voto sería anulado. Sin embargo voy a ir a votar, porque creo el voto sirve. Sirve sin duda para llevar al gobierno o al legislativo a aquellos que nos convencen. También sirve para votar por el menos malo o para evitar que llegue a gobernar alguien que consideramos catastrófico. Sirve para premiar a los políticos eficientes y para castigar a los maletas cuando hay reelección. Pero hay veces que hay que usarlo para pedir la ampliación de la representación, para decir que las opciones existentes no satisfacen, que hace falta abrir el juego.
No creo que todos los partidos sean iguales. Hasta en la época más cerrada del PRI había diferencias entre éste y el PAN, pero muchos de los que ahora dicen que hay que elegir a fuerza en el menú que nos ofrecen ⎯a pesar de que todos platos huelen a medio podrido, sean unos de pollo otros de pescado y otros de carne⎯ no votaban ni por el PRI, ni por el PAN ni por el PPS o el PARM. Claro que la elección era un montaje y eso justificaba la abstención. Mucho más eficaz resultó la promoción de candidaturas independientes que no eran contabilizadas pero que movilizaron a las urnas a un voto de protesta que se hizo sentir y contribuyó a la apertura del sistema de partidos.
Los partidos que hoy existen no me satisface cada uno por diferentes razones. No puedo votar por el PAN por su clericalismo, por su visión moral excluyente que fuerza a las mujeres a morir o a ir a la cárcel o a la maternidad no deseada. Por su obcecación en una estrategia de combate al crimen organizado militar y no de inteligencia. Por su equivocada política de drogas, por pacatos e ineficientes. No quiero votar por el PRI porque son corruptos, no son demócratas, privilegian la lealtad mafiosa frente a la capacidad y el desempeño técnico y son oportunistas capaces de renunciar a su tradición pretendidamente liberal y aliarse con el PAN y con la Iglesia con tal de mantenerse en el poder, aunque eso signifique pasar por encima de los derechos de las mujeres; además, piden un voto de creencias, no de razones. No quiero votar por el PRD porque son fraudulentos; son representantes de la falta de compromiso con las reglas, son tramposos, no tienen ideas; su campaña me parece infantil, ñoña, han logrado perder el apoyo que traían, son incapaces y carecen de ideas. No puedo votar por la demagogia del partido pretendidamente verde, que vende la venganza como justicia y engaña abiertamente a los ciudadanos con ofertas tramposas, típicas de los mercachifles que son. Nueva Alianza lo descarto pues es la expresión más ominosa del control clientelista de un gremio, instrumento político de una mafiosa. El Partido del Trabajo no me atrae ni remotamente; no me parece que beneficie en nada a la izquierda mexicana el pensamiento de Alberto Anaya y no creo que Muñoz Ledo vaya a hacer grandes aportaciones al debate. Convergencia es el feudo de un cleptócrata. Tampoco quiero votar por la banda de López Obrador repartida entre los dos últimos partidos. Los del Partido Socialdemócrata navegan con los saldos de una plataforma plagiada de aquellos a quienes echaron a patadas de una organización convertida en botín.
Creo, además, que el efecto de las elecciones federales intermedias es menor sobre el arreglo político, aunque esa es otra historia. De ahí que considere a ésta como una buena oportunidad para manifestar un malestar que en otras circunstancias sería menos propicio expresar. No dudo que entre quienes están proponiendo el voto nulo haya quienes lo hacen desde una perspectiva cacerolera o con intenciones golpistas. Sin embargo no creo que esa sea la mayoría de los que se están moviendo a esa opción. Por el contrario, lo que predomina es una percepción de no representación. Es una opción que se está abriendo paso entre las capas medias medianamente educadas que tiene acceso a la Internet. Y lo que ahí se expresa es que no son satisfactorios los partidos existentes y los resultados de la política dejan mucho que desear.
Si el voto no válido se multiplica por tres, es decir si ronda en diez por ciento, eso podría decir que votantes suficientes como para darle el registro a tres partidos nuevos no se sienten representados y quieren manifestarlo. Seguramente tiene razones diversas para hacerlo, pero el hecho es que a esa parte de la población ninguno de los partidos lo convoca a votar. ¿Quiénes están mal, los ciudadanos o los partidos?
Mi voto será por una democracia de más calidad, con mejores partidos, más competitiva, con mayores libertades y más laica. Por una nueva ley de partidos, que permita el registro para participar en las elecciones a partir de un programa, unos estatutos democráticos y una lista de candidatos, sin dinero en efectivo, sólo con prerrogativas de acceso a medios. Será, además un acto de libertad.
Por ahí alguien dijo que lo que deberían hacer quienes llaman al voto nulo es hacer un partido. Precisamente eso es lo que no se puede hacer hoy en México. Y no se podrá, con la ley actual, hasta 2013 para participar en el 2015. Ese es el problema: que la entrada a la representación es estrecha y protege a los ineficientes. Por eso hay también quien clama por las candidaturas llamadas independientes. Algo está podrido y es hora de airearlo.

¿Sirve para algo renovar sólo la cámara de diputados?

2009-06-24T19:07:00.002-05:00

12 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero

En estos días de campaña el centro de atención del debate nacional se salió de lo que proponen los partidos políticos. De pronto, el ruido igualador y safio de sus propagandas se convirtió sólo en el escenario de fondo de una polémica creada desde la red, de manera descentralizada, por ciudadanos no organizados y con diferentes intenciones. En las últimas semanas el debate lo provocó un estado de ánimo: anular el voto. Diversas voces intelectuales le entraron y muchos de los más inteligentes han salido en contra de la opción con argumentos de diverso orden. La polémica ha resultado rica y merece abordarla de lleno.
Quiero decir que yo, de manera individual y sin ninguna afiliación a cualquier opción colectiva de promoción de las diversas iniciativas, voy a emitir un voto que en el cómputo del IFE va a ser contabilizado como no válido. Y lo voy a hacer por un listado largo de razones. La primera es de carácter institucional y es la pregunta que le pone título a este artículo.
¿Qué podría cambiar en esta elección? Pongamos que los hados se ponen de lado de Calderón y en un cierre fuerte al final le logra sacar la mayoría al PRI y el PAN obtiene unos cuantos diputados más. Sería un espaldarazo simbólico al presidente, pero no mejoraría su capacidad de iniciativa legislativa, pues el Senado no se modifica. La capacidad gubernativa del presidente sólo mejoraría con una mayoría absoluta que le permitiera aprobar en solitario el presupuesto, pero eso no va a ocurrir.
En el escenario más probable hasta ahora nada se va a modificar en términos de coaliciones políticas efectivas. El PRI sí que saldría beneficiado, pues aumentaría sustancialmente su financiamiento público, y el reparto interno de los partidos también se va a alterar, pero en lo que se refiere a coherencia legislativa y gobernación más eficaz, el diseño político actual no permite más que resultados malos o mediocres. Es una elección cara, de poca utilidad en términos de representación, sobre todo cuando ni siquiera se puede premiar o castigar a políticos concretos a través de la posibilidad de reelección y cuando el voto por diputados individuales en algún distrito está estrictamente asociado al voto por la cúpula del partido que lo postuló.
El diseño del régimen político le ha quitado sentido a la elección intermedia. Tal vez si el Congreso completo se renovara a través de la elección de la mitad del Senado, con posibilidad de reelección, estaríamos viendo el fortalecimiento del legislativo en lo que se refiere a trabajo profesional y coherencia en sus acciones. En las condiciones actuales, el legislativo sólo le dificulta el trabajo al ejecutivo y no tiene posibilidades, por fortuna, de articular un proyecto alternativo, lo que generaría un conflicto de poderes aun mayor del que ahora existe. Una mayoría absoluta de un partido diferente al del presidente podría resultar catastrófica, pues podría dejar arrinconado al ejecutivo durante los siguientes tres años a través del presupuesto. La elección intermedia en los términos actuales tiene más posibilidades de debilitar al ejecutivo que de fortalecerlo. Y no es que quiera fortalecer al PAN en concreto; pero estoy convencido que la debilidad gubernamental del presidencialismo es una de las causas de los malos resultados de la política mexicana.
El modelo de separación entre ejecutivo y legislativo es una antigualla del siglo XVIII que se debería reformar. En los regímenes parlamentarios la elección legislativa tiene sentido porque de ahí surgirá la coalición de gobierno. En Alemania, además, se puede elegir al diputado del distrito de manera personal y votar por la lista del mismo partido o de otro diferente. Ahí la representación directa se conjunta de manera más elaborada con mecanismos para propiciar la existencia de partidos nacionales fuertes. Ahí sí el Congreso tiene fortaleza y carga con la responsabilidad de formar gobierno. Muchos liderazgos emanados de esa forma han resultado sólidos y con auténtica capacidad reformadora para emprender los cambios requeridos por sus sociedades.
Aquí los incentivos para formar coaliciones estables son extremadamente débiles. De ahí que el trabajo sea desordenado y estridente y las alianzas casuísticas, propicias para los arreglos de intercambio de favores mutuos meramente circunstanciales. El trabajo del congreso se convierte en el ámbito de las negociaciones particulares y el cabildeo, cuando no de la corrupción directa. El Congreso actual no es inútil, desde luego, como mecanismo de representación de intereses, pero no es el mejor mecanismo de representación democrática de una sociedad plural.
Por eso creo que mi voto en estas elecciones concretas tiene poca influencia. Oigo las voces y no escucho alguna que me convenza, no veo enfrente grandes catástrofes que se puedan evitar votando por uno u otro, así que prefiero usar mi voto para protestar, para pedir una ampliación de la representación. No me extraña que los ciudadanos vean al Congreso como lejano y corrupto. Es el terreno de lucha de los partidos y estos están muy mal, pero ese es otro cuento.

Sobre la abstención y el voto nulo

2009-06-24T18:58:00.003-05:00

!8 de abril de 2009

Por Jorge Javier Romero

Hacía muchos años que no oía de campañas por la abstención o por el voto nulo. Desde que tengo memoria, el llamado organizado por la abstención más importante, todavía en los años del dominio total del PRI sobre el arreglo político, fue el del Partido Comunista en 1970. Los comunistas ⎯que siempre habían llamado a votar por sus candidatos, aún cuando no eran reconocidos sus votos por no tener registro⎯ en 1970 llamaron a la abstención activa. Se trataba de una protesta por la cerrazón del régimen y por la represión de 1968. Sin embargo en 1976 el voto por el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa, no computado oficialmente pero calculado por la Secretaría de Gobernación, fue un ariete para romper los cerrojos del sistema electoral protegido y provocar la reforma política de 1977.
Para aquella elección, la que nos dejó a López Portillo, el PAN se había quedado sin candidato. Un conflicto interno había enfrentado a dos corrientes partidistas con resultados catastróficos, pues se escindieron y no pudieron postular a nadie para la presidencial, cuando ningún candidato obtuvo la mayoría calificada que pedían los estatutos. Sin embargo, no llamaron a no votar, pues estaban en juego las diputaciones de partido.
Después de eso vino la reforma política y todo comenzó a cambiar. En la primera oportunidad que tuve para votar lo hice con entusiasmo, después de haberme metido de cabeza en la campaña electoral con el PST. Aquella elección movilizó a los nuevos votantes a favor de la izquierda. Sobre todo por Partido Comunista y sus aliados. Sin embargo, hubo muchos jóvenes, estudiantes universitarios, que no se sintieron interesados y repetían las consignas de la izquierda radical que llamaba electorero al PCM por haber obtenido su registro y pedían el “rechazo total al fraude electoral” en sus consignas de marcha, sobre todo aquel 2 de octubre de 1978, décimo aniversario de los hechos de Tlatelolco, que marcó el inició de mi compromiso político. Uno de los más destacados abstencionistas de entonces ⎯el más influyente sin duda⎯ era Heberto Castillo, con su PMT, voluntariamente excluido del proceso de reforma.

Después de aquella elección y del efecto demostración que tuvo sobre los dirigentes radicales el ver la relevancia de los diputados de la coalición de izquierda, todos los grupos de la izquierda buscaron tarde que temprano su participación electoral. En 1982, los trostkistas del PRT y los grupos sin participación previa en la coalición de izquierda que se integraron al PSUM, sobre todo el Movimiento de Acción Popular, que se sumó a la construcción del nuevo partido convocado por el Partido Comunista y sus aliados previos; el PMT se dividió por el renovado abstencionismo de su líder y varios de sus cuadros se sumaron al esfuerzo de unidad de la izquierda. En 1985 el más testarudo abstencionista buscó su registro y fue diputado.
No es necesario decir mucho del cataclismo de 1988. La bola de nieve de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas movilizó a los últimos rescoldos del radicalismo guerrillero y los metió a la búsqueda de los votos. No hubo desde entonces llamados serios a la abstención, con la excepción de “la otra”, puesta en escena soporífera de Marcos.
El voto se había abierto paso como instrumento de poder social. Con el voto se hizo la democracia mexicana, como bien ha dicho Mauricio Merino. Pero no siempre el voto fue para los candidatos con registro. Antes de la apertura generada por la reforma de 1977, desencadenante del proceso democratizador, el voto por opciones no registradas sirvió para resquebrajar al régimen monolítico.
Desde 1988 el consenso político ha sido contra la abstención. La abstención se ha considerado en buena medida como apatía conforme, sobre todo de los marginados. Se sabe que crece en las intermedias, principalmete en los estados sin elecciones concurrentes de gobernador, pero ha quedado en 2000 y en 2006 en niveles equiparables a los de los países con democracias consolidadas, siempre lejos de las unanimidades propias de los regímenes totalitarios, pero por arriba del sesenta por ciento. En 1997, elección intermedia, la votación subió por la novedad de la elección del jefe de gobierno de la ciudad de México.
Sin embargo ahora se oyen voces por la abstención y por el voto nulo. No vienen como en los setenta y ochenta de la radicalidad de izquierda sino de las capas medias urbanas. Se trata de dos acciones distintas con consecuencias diferentes. Una implica la apatía condescendiente. El otro es un acto que requiere de ir a la urna y anular el voto expresamente. La primera rompe el vínculo del ciudadano con la representación. En cambio, lo segundo puede constituir un acto de protesta contra el sistema de registro de partidos que deja a muchos ciudadanos sin opción de voto.
La legislación mexicana no contempla el voto en blanco y aunque las boletas traen un espacio para candidatos no registrados, lo asentado ahí no se computa. La posibilidad de ir a votar para decir que ninguno de los partidos le dice nada al elector no está legitimada por el arreglo electoral mexicano. Sin embargo, el hecho de que estén surgiendo voces que dicen que ninguno de los partidos entusiasma demuestra que el sistema de registro ⎯ideado en su día para proteger al PRI, abierto en la ley de 1977 y vuelto a cerrar en 1996 como nueva protección a los partidos pactantes⎯ ya requiere ser modificado para abrir, en lugar de estrechar reforma tras reforma, los causes de participación.
Sin duda, el berrinche de las televisoras hace que de por ahí surjan muchos de los llamados a la deslegitimación de la elección. Eso lo haría una abstención abismal. Sin embargo, ir a votar como un acto de protesta, con una consigna específica, que cuestione a los partidos actuales, no es en sí mismo un acto antidemocrático. Incluso puede tener características interesantes si se concentra en la elección de diputados federales, aunque se vote por los partidos en las demás; y sí se puede medir. No estoy defendiendo la opción. Sólo creo que una acción concertada en ese sentido tendría que se tomada en cuenta por los políticos como señal de alarma ante su capacidad de representar intereses. Ellos son los responsables de que una idea así se abra paso.
Y es que también está el hecho de que la elección intermedia en el presidencialismo democrático está dejando de tener sentido. Sólo puede complicarle más las cosas al presidente, mientras que poca mejora puede esperar de ellas. Y no me refiero sólo a las que vienen sino a todas. Es una más de las fallas del arreglo presidencial al que estamos aferrados, pero esa es otra historia.

Un cambio probable en la política de drogas de los Estados Unidos

2009-03-12T12:08:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Nombró Obama al nuevo responsable de la política de drogas de los Estados Unidos. Gil Kerlikowske es un policía profesional con experiencia previa en el gobierno federal en los tiempos de Clinton, cuando estuvo en el Departamento de Justicia como encargado del desarrollo de policías comunitarias. Se trata de un hombre ilustrado, que sabe recibir asesoría especializada y que ha dirigido con eficacia a la policía de la ciudad de Seattle, donde ha obtenido resultados más que satisfactorios.
Kerlikowske (vale la pena repetir el apellido para irlo aprendiendo, porque vamos a oír mucho de él aquí) no es ni de lejos un halcón en lo que toca a la política de drogas. De hecho en Seattle aplicó una estrategia de tolerancia a la posesión para el consumo de mariguana, a pesar de que se opuso a que se concretara en una directiva municipal. Ha declarado claramente su posición sobre el tema y considera importante trabajar sobre todo el tejido social y la prevención como formas de enfrentar las adicciones, por encima del uso de la fuerza. No es tampoco un abolicionista de la prohibición, pero sin duda va a abordar el asunto de las drogas de una manera radicalmente distinta a la seguida por Bush el puritano.
En los Estados Unidos, donde ser un policía de alto rango implica un entrenamiento profesional serio, existen grupos de agentes del orden y la justicia que se manifiestan abiertamente por la eliminación de la prohibición de las drogas. El Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), por ejemplo, agrupa a policías, pero también a fiscales y jueces que razonan sobre la conveniencia de abordar la cuestión de las drogas desde la prevención, la tolerancia, y la salud, en lugar de la prohibición que convierte en criminales a los usuarios de sustancias psicoactivas y genera un mercado negro con incentivos enormes para retar al Estado.
Pues el LEAP ha recibido con beneplácito el nombramiento del nuevo zar antidrogas. Uno de sus integrantes más prominentes, Norm Stamper, inmediato predecesor de Kerlikowske como jefe de la policía de Seattle, celebró con esperanza la nominación; alabó su actitud frente a la mariguana y subrayó su visión de ser favorable a la prevención por encima de la represión.
Todo parece indicar, así, que las cosas van a cambiar en lo que toca a la estrategia hacia las drogas del gobierno de Obama. El propio Ethan Nadelmann ⎯a quien diversas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos propusieron como posible encargado de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas⎯ cabeza de la Drug Policy Alliance, el más fuerte grupo de impulso a la legalización de las drogas en los Estados Unidos, se ha mostrado optimista. A pesar de lamentar que de nuevo haya sido nombrado un agente del orden y no un profesional de la salud para el diseño de la estrategia hacia las drogas, Nadelmann celebra la actitud de Kerlikowske en Seattle, ciudad donde la mariguana para usos médicos es legal, existen programas de intercambios de jeringuillas y se han aplicado otras políticas de reducción de daño, como las estrategias para prevenir las sobredosis.
También en el asunto de las drogas Obama parece estar comprometido con el cambio. Lejos queda el fundamentalismo de Reagan sobre el asunto, época en la que se diseñaron las líneas maestras de la política seguida hasta hoy. Es obvio que, a diferencia de los panistas mexicanos, ni el presidente de los Estados Unidos ni el nuevo director de la oficina de política de drogas creen que el problema sea la mariguana ni se escandalizan con las iniciativas liberalizadoras. A ellos no les parece una mariguanada la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la de Zedillo, Cardoso y Gaviria (y Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Paolo Coelho, Antanas Mockus y varios personajes más de la intelectualidad, la comunicación y la política de América Latina, puros mariguanos según el presidente del PAN).
De ahí que parezca que la política de drogas de Calderón está un pelín en problemas. Obama, antes del nombramiento, con un veterano de la época de Clinton encargado del despacho, bajó en la jerarquía a la oficina, que con Bush era parte del gabinete. Además retiró la prohibición de apoyo a los programas de intercambio de jeringuillas. Nada demasiado revolucionario, sin duda, además de que la posición que llevó Edgard Jurith, todavía en funciones, a la reunión de revisión de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas que se está celebrando ahora en Viena es bastante ortodoxa, aunque con alguna apertura a las políticas de reducción del daño a las que se oponen a llamar por ese nombre con el argumento de que no se debe dar la impresión de que las drogas no son del todo destructivas.
México ha ido a Viena con su posición esencialmente basada en la represión y el combate irrestricto a la oferta, representada por el procurador Medina Mora. No le queda más remedio, después de que ha desatado la guerra. Sin duda, el Estado debe enfrentar sin concesiones a sus enemigos, eso no se puede discutir. El problema es cuando no es capaz siquiera de considerar que su estrategia pueda estar fallando seriamente, pues en lugar de enfrentarse directamente con las armas a un negocio que genera suficientes incentivos para su reproducción aun con una fuerte represión enfrente, podrían estar debilitando al enemigo a través de la modificación de la demanda con prevención y reducción de daño, al tiempo que se les quita totalmente el negocio de la mariguana, cuya prohibición parece cada día más un contrasentido.
Es muy probable que pronto veamos proliferar en los Estados Unidos legislaciones de tolerancia respecto a la mariguana y un giro en el enfoque respecto a las drogas más duras. A ver si no el gobierno de Calderón se queda chiflando en la loma con su guerra fallida.

La soledad del metro

2009-02-25T18:48:00.001-06:00

Originally uploaded by elcalamar

Una noche tarde, entre el Zócalo y General Anaya.

El berrinche de las televisoras

2009-02-04T12:21:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

Se les fue un negocito de más dos mil millones de pesos y están muy enojados. Eso es lo que ocurre con los concesionarios de las televisoras privadas y su manera de enfrentar, coludidos, su obligación legal de transmitir los anuncios políticos durante la campaña sin cobrarlos.
Televisa fue más discreta. Un anuncio en negro y en silencio. Televisión Azteca lloriquea en un mensaje donde lamenta mucho tener que interrumpir la programación preferida pero que así lo ordena el IFE. Y recetan paquetes de anuncios mezclados de promoción del voto y de partidos políticos.
La intención es evidente. Quieren provocar animadversión hacia los partidos y hacia la autoridad electoral. ¿Cómo que no van a ser ellos los que le pongan precio a la política? Hace tres años no ponían letreritos ni programaban los anuncios con mala leche a la mitad de los partidos de fútbol. Por el contrario, los transmitían felices y en sus tiempos de mayor auditorio, incluso aquellos ilegales como los de los empresarios en contra de López Obrador. Entonces no los agraviaba la propaganda. Hoy reparan.
Pues es que antes las televisoras se llevaban buena parte del pastel del financiamiento público en tiempos de elecciones. Con los impuestos de los ciudadanos se le inyectaba a las empresas de televisión un subsidio proveniente del 70% del dinero para gastos de campaña. Ellos, que se han quejado tanto de lo que se gasta en los partidos y las elecciones, se llevaban su buen pellizco. Ahora que se han quedado sin él, se aprovechan de la pobre imagen, ganada a pulso, de los políticos mexicanos y chantajean a la hora de cumplir a regañadientes con la ley.
Y es que en México es una vieja tradición la de negociar con la desobediencia. Los diferentes grupos y organizaciones buscan privilegios que les permitan observar las normas sin cumplirlas, cuando no de plano violarlas con la aquiescencia de las autoridades encargadas de su acatamiento. Un estado débil, sin legitimidad suficiente y sin los medios técnicos adecuados para hacer cumplir la ley, ha requerido históricamente de las negociaciones particulares para permanecer. De ahí que las televisoras se muestren tan aguerridas y jueguen en el filo de la navaja del desacato.
Desde luego que los políticos impresentables, tan abundantes en México, son paja seca para la provocación de las televisoras. De por sí las próximas elecciones pueden romper récord de abstencionismo, ante la ineptitud de unos partidos sin imaginación, enzarzados en líos internos, dirigidos por unos muermos cuando no por corruptos conspicuos, sin ideas. Los anuncios confinados en los paquetes del reto son malísimos, lo que sin duda puede contribuir al repudio del público que las televisoras pretenden provocar.
Mal haría el IFE en entrar en negociaciones. Es desde luego tiempo de una buena sacudida, de probar sus dientes, de consuno con las autoridades del ejecutivo, sobre todo la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer cumplir la ley a los concesionarios de radio y televisión. Nadie les ordenó transmitir los paquetes así. Debieron distribuirlos, desde luego que en las franjas horarias correspondientes, pero como siempre, intercalados en sus paquetes publicitarios. Hacerlo como lo hicieron, con la evidente intención de provocar animadversión hacia los partidos debe tener consecuencias legales.
Sin embargo, los políticos mexicanos les tienen pavor a las televisoras y suele concederles en sus berrinches. Fueron incapaces de sacar, en esta legislatura, una ley de medios que regulara con eficacia la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico, una vez que la Corte echó para atrás el engendro obsecuente que las propias empresas le soplaron al oído a la anterior legislatura.
El pulso no es un asunto menor. Con la anterior ley, las televisoras y los particulares tenían una gran posibilidad de comprar voluntades políticas a cambio de tiempos al aire en anuncios propagandísticos con impacto en las intenciones de voto. La influencia política de las empresas de televisión se hizo evidente precisamente en el caso de la ley de medios. Ahora se les prohíbe lucrar con sus preferencias políticas; si toman partido lo deberán hacer gratis, aunque desde luego se ven ya los huecos por los que se cuelan las notas pagadas a favor de Peña Nieto o de Marcel Ebrard.
Pero la nueva legislación electoral está a prueba. Sus virtudes se centran en reducir los requerimientos de dinero de los políticos en campaña para evitar en lo posible que sean los intereses económicos ⎯legales e ilegales⎯ los representados. Empero, puede enfrentarse a la rebeldía de los medios y a la venta ilegal de espacios como concesión ante la pérdida de la antigua rebanada de recursos con los que los aceitaba de manera indirecta el Estado y de forma específica cada partido, en negociaciones opacas donde el precio de los espacios y los beneficios colaterales de la compra se fijaban de acuerdo a los intereses de las empresas.
La arrogancia de las televisoras es una expresión más de la debilidad del Estado mexicano y de la falta de autonomía de los políticos. Es parte de la misma historia del Estado fallido, sólo capaz de estructurar su dominio de manera simulada.

La marcha de los cangrejos

2009-01-28T19:09:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

No bastó con el ya ridiculizado discurso de Calderón, flanqueados él y su mujer por dos purpurados en el encuentro de las familias, donde nos recetó su nostalgia por los valores de su infancia moreliana, tan católica y dócil, y su escándalo porque haya familias encabezadas por mujeres. Tenía que venir el jefe de gobierno de la capital de la República a inaugurar como obra pública una estatua del difunto Papa tan amado. Eso claro, entre los gritos de los herederos del obispo Barajas y el obispo Munguía de que en México hay quienes proclaman un laicismo arcaico que pretende impedir la libertad religiosa.
Desde luego, el renovado clamor por la sacrosanta libertad de educación, bandera en la que se envuelven los escandalizados por una enseñanza que incluya contenidos sobre sexualidad, evolución, diversidad de la sociedad o drogas de manera fundada en la ciencia, en el conocimiento contrastable. La atribución de los males de la sociedad a su falta de predominio sobre las mentalidades, su nostalgia por el control de los cuerpos, su empecinamiento en que todos aceptemos su idea de la insuflación del alma al cigoto incipiente. Todo ello presentado desde el papel de la víctima amenazada por los impíos que atentan contra su libertad. Esa es la actitud de la Iglesia Católica mexicana.
Se puede conceder que está en su papel. Desde el concilio de Trento, el de la Contrarreforma de mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica se cerró a la adecuación de sus dogmas al conocimiento de cada época; ató sus creencias a la percepción del mundo del final de la edad media; dejó de evolucionar. Otras confesiones cristianas asimilaron de mejor manera los cambios de forma de entender la vida y se han adaptado a las condiciones cambiantes de la sociedad secular. La Iglesia Católica se mantiene aferrada a su pretensión de hegemonía y ha sido incapaz de comprender que desde el siglo XVI perdió el monopolio ideológico en ese espacio del mundo que genéricamente conocemos como Occidente.
Atrapada en el Trento de 1563, la Iglesia Católica pareció tener dentro energías transformadoras cuando el papa Roncalli convocó al Concilio Vaticano II que, visto a casi medio siglo, resultó fallido. Wojtyla, el santo de la devoción de Ebrard, convertido en estrella del canal dominante de las conciencias nacionales, aplicado en la recuperación de México como bastión del poder eclesiástico, fue taponando los resquicios de apertura. Ahora Ratzinger de plano clama por la vuelta a la misa tridentina y le abre los brazos de la santa madre a los fundamentalistas excomulgados. Es perfectamente comprensible que una organización así de añeja expela gases acedos por todos sus poros. Lo que resulta intolerable es que los políticos de un Estado laico, que han jurado respetar la Constitución, no presenten frente a las pretensiones de hegemonía ideológica y se plieguen a los avances de quienes quieren controlar la educación e imponer su visión moral particular por medio de la ley.
Desde luego que los políticos mexicanos, tan influenciables por lo que ocurre al otro lado, creen que lo de hoy es hacer muestras públicas de profesión de fe, porque así lo han visto en la tele. Exhiben su ignorancia de las condiciones específicas de la relación de la política norteamericana con las religiones en un país sin confesión dominante y pretenden reproducirla aquí donde el peso de la fe católica ocupa todavía el lugar mayoritario en la cohesión social donde la educación pública fracasó, limitada por la baja calidad de sus profesores, abandonada a las garras de una maquinaria corporativa corrompida.
No sorprende del PAN, calificado en los 60 del siglo pasado por un historiador estadounidense ⎯Donald J. Mabry⎯ como la alternativa católica a la Revolución. Acción Nacional es heredero de los memes de los cangrejos del Siglo XIX, esos políticos tan preocupados por defender los intereses del clero. Felipe el católico viene de esa tradición, tocada de cerca por la también reivindicada Cristiada, empeñada en usar la política para proteger su fe, incapaz de asimilar lo que implica un Estado laico activo, auténticamente constitucional.
Mientras aquí el presidente defiende la visión católica de lo correcto para la convivencia y Marcelo devela el broncíneo adefesio, Obama proclama su llamado al reconocimiento de la diversidad que incluye a los no creyentes. Deroga además la prohibición para financiar con fondos públicos los trabajos de las organizaciones partidarias de la libertad de elección de las mujeres en cuanto a maternidad se refiere, es decir aquellas que promueven la legalización del aborto. Mientras en los Estados Unidos parecen haberse abierto las ventanas y sopla un aire de renovación, aquí los políticos expelen el tufillo de cerrado y sacristía.
Un paso pa delante, doscientos para tras. Así marchan al compás los políticos de nuestro tiempo, mientras que Pancho Membrillo se ha disuelto en la bruma de la memoria y no hay quien los azote, ni con el pétalo de un discurso.

El ateísmo sale del clóset

2009-01-14T10:37:00.003-06:00

Por Jorge Javier Romero

Mientras en México se está dando una ofensiva clerical para influir en la política, de manera que se vean reflejados los particulares valores de inspiración religiosa en la legislación y para asaltar al sistema educativo sumido en una crisis abismal, en otros lugares del mundo el pensamiento científico, basado en la comprensión racional del universo, parece estar despertando de un largo letargo en lo que se refiere al activismo para hacerlo avanzar en el imaginario colectivo de las sociedades occidentales.

Aquí, la Iglesia católica ha iniciado una andanada de ataques al Estado laico con cantaletas de siempre y se dispone a apoyar abiertamente la intromisión de grupos confesionales en la política, incluso con llamados a constituir un partido abiertamente católico con tintes recalcitrantes que enfrente el avance de la legislación sobre derechos laicos, mientras en Europa los ateos militantes se han aventurado a emprender campañas de divulgación del pensamiento no religioso.

Después de una época de beligerancia polémica, desde la mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, los ateos entraron en una etapa de letargo en cuanto a la divulgación explícita de su pensamiento. Es posible que se deba sobre todo a la mala consciencia de ver vinculada la proclamación de la no existencia de dioses al comunismo y sus desastres. Además, en la medida que el ateísmo no es una creencia en el sentido tradicional de la palabra, no busca crear iglesias ni conjuntos dogmáticos que identifiquen a sus seguidores. Por otra parte, el proceso de secularización social ha debilitado, sobre todo en los países europeos pero también en el resto de las sociedades urbanas de Occidente, la fuerza de control de mentalidades de las religiones y ha hecho avanzar una concepción de la convivencia que admite las diversas formas de moral, de familia, de actitud hacia la vida, en la medida que respeten un orden jurídico establecido.

Sin embargo, durante las últimas tres décadas las visiones religiosas como fundamento del orden social han recobrado fuerza en diversos ámbitos del planeta. Los fundamentalismos han florecido como crítica a los malestares del desarrollo capitalista y se han convertido en maquinarias políticas con ambiciones de dominio, materializado en diversos países a partir de la revolución en Irán. Afganistán, Paquistán, Sudán, Nigeria, Indonesia, Egipto y por supuesto Gaza han sido escenarios del avance político del islamismo político en grados que van desde el control estatal hasta la creación de inestabilidad recurrente. En Los Estados Unidos el creacionismo ha avanzado sus posiciones y los judíos más ortodoxos son impulsores de la política bélica de la derecha de Israel. La Iglesia Católica en América Latina no se ha resignado a perder el control de la moral social a través del aparato estatal, en la medida que su prédica se muestra incapaz de generalizar sus preceptos de comportamiento a partir de la convicción.

La clerecía mexicana acusa de nuevo al Estado mexicano, hoy dirigido por sus discípulos panistas, de ser un educador absolutista y reclama legislación para imponer sus particular visión en materia de derecho a la vida, de familia o de sexualidad. Clama por recuperar espacios de pretendida libertad, cuando lo que realmente busca es utilizar al brazo secular para imponer su visión del mundo a la convivencia de una sociedad diversa que no comparte de manera universal la visión católica de la vida, del amor, de la sexualidad, de la felicidad o de la muerte.

Y frente a eso, el pensamiento laico mexicano no es capaz de presentar un frente articulado. No se escuchan más que reacciones defensivas, sin propuestas sólidas de construcción institucional que dejen a las creencias particulares en el lugar que les corresponde. Y los intelectuales ateos mantienen una actitud vergonzante, tal vez por los excesos del jacobinismo revolucionario de los años veinte del siglo pasado, no siempre injustificado.

Pero frente a este entorno lamentable, en Europa y los Estados Unidos el pensamiento explícitamente ateo ha perdido el miedo a tomar la calle. Hace unos tres años se produjo una oleada de libros de divulgación expresamente dedicadas a objetar la creencia en dioses. Richard Dawkins, biólogo evolucionista y etólogo, profesor de Oxford, es el campeón de la causa, con diversas publicaciones y participaciones en debates; su libro El espejismo de Dios ha tenido una amplia difusión y un impacto notable. Christopher Hitchens, destacado periodista, por su parte publicó God is not great, con un tono abiertamente propagandístico. En español, Fernando Savater con La vida eterna también entró a la discusión pública. Desde luego, en México el libro de Dawkins ha tenido una presencia clandestina; el de Hitchens no ha sido traducido y el de Savater anda por ahí escondido en los rincones de las librerías.

Y este renacimiento intelectual de la divulgación del ateismo y la reivindicación del pensamiento científico como un sistema de comprensión del mundo y de la vida que se basa precisamente en la incredulidad, a diferencia de los dogmas religiosos, pues somete todos sus postulados a la posibilidad de falsación, ahora se ha visto acompañado por una campaña masiva por las calles de algunas ciudades europeas.

La idea original surgió en el entorno de Dawkins y su sociedad para el avance de la ciencia. Por Londres circulan ya autobuses con anuncios en sus costados con la leyenda “There’s probably no God. Now, stop worring and enjoy your life”. En Barcelona también han salido los que traducen el mensaje y dicen “Probablemente Dios no existe. Disfruta de la vida” y en unos días más saldrán los émulos madrileños.

De inmediato la respuesta cristiana ha surgido, clamando sin probabilidad alguna de error la existencia divina y el llamado a disfrutar la vida en Cristo, pero por lo menos han aparecido grupos dispuestos a difundir abiertamente una visión liberadora de los grilletes mentales que imponen las religiones. Sería hora de que en México surgieran voces que dejaran de tenerle miedo a las andanadas de los clericales y denunciaran las supercherías; no sólo las religiosas, por cierto, sino de todo tipo, tan abundantes en la televisión comercial en forma de videntes, astrólogos o vendedores de milagros.

La cuestión palestina

2009-01-07T13:03:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

Sobre la guerra del fin de año he leído casi de todo. Desde luego, los viejos prejuicios anti judíos que subsisten, la versión maniquea que hace al Estado de Israel un mero usurpador, sin entender las circunstancias históricas de su nacimiento, con mucho de acción defensiva frente a las ancestrales persecuciones de las cuáles fueron víctimas los diversos seguidores de los ritos y creencias mosaicas, que se mantuvieron como comunidades diferenciadas pero integradas a lo largo de toda Europa, herencia de los imperios romanos de oriente y occidente.
La de Hitler no fue sino la más reciente, sin duda la más terrible, de las oleadas criminales contra los hebreos. Constantemente reyes, emperadores y zares los condenaron a expulsiones cuando no los masacraron, aunque nunca con la obsesión asesina del demente que cautivó a Alemania durante unos años y llevó al mundo a la mayor catástrofe provocada intencionalmente de la existencia humana.
Sin duda el genocidio nazi, prueba evidente de que la sicopatía puede ser compartida por grupos extensos de la población y de que los paranoicos son especialmente exitosos en la política, fue el catalizador del surgimiento del Estado de Israel, aun cuando la idea sionista es anterior, hermana menor de todos los nacionalismos del final del siglo XIX.
La demencia hitleriana se basaba en una creencia totalmente infundada y su crueldad resulta aterradora. Sin embargo, también son conjuntos de creencias infundadas las que están detrás de la identidad judía o de la identidad palestina y de la diferenciación entre una y otra. La incapacidad de entendimiento nacida desde la llegada de los colonos judíos a Palestina, que se asentaron con la protección británica a partir la tercera década del siglo pasado y se ha traducido en guerra permanente, tiene detrás como principal comburente las creencias religiosas y la influencia demencial de los sacerdotes de ambos cultos en las percepciones sociales y en la cultura.
No es posible entender la incapacidad de construir un arreglo estatal estable de convivencia de los israelíes y los palestinos si no se toma en cuenta, seriamente, que en el origen las diferencias es religioso. Es la creencia en los mandamientos de profetas determinados, que se han pretendido voceros de dios, la que lleva a considerar enemigos a los de enfrente. Cada vez que el conflicto entre Israel y los palestinos se exacerba es porque los religiosos de uno u otro lado lo atizan.
La religión como fundamento de la exclusión. El Estado de Israel, a pesar de ser formalmente secular, no se escapa a la definición religiosa. Y en el caso de los palestinos, los intentos de construcción de un liderazgo laico han fracasado, en medio de la corrupción atroz; entonces, la identidad comunitaria entre los más pobres la han construido los líderes religiosos más oscuros y brutales.
Los que le atribuyen todos los males de la región al Estado de Israel no toman en cuenta la responsabilidad de las propias elites palestinas, depredadoras y poco refinadas intelectualmente, incapaces de construir un orden eficaz que se haga cargo de la existencia del Estado de Israel. La dirigencia laica de los palestinos fue, durante décadas, enemiga a muerte de la existencia de Israel como un producto histórico difícilmente equiparable a una simple usurpación militar de un territorio. Finalmente, cuando estuvo dispuesta al pacto, se mostró incompetente y corrupta, poco proclive a construir un Estado basado en una dominación legal racional. Frente a este fracaso quedó la cohesión social de las creencias. No fue Israel el que impidió el surgimiento de un nuevo Estado en los territorios ocupados. Fueron las limitaciones de la clase política palestina las que hicieron fracasar los acuerdos de paz de la década de los noventa.
Hoy son los recalcitrantes religiosos los que han tomado el control político en Gaza y tienen sitiados a los dirigentes de Cisjordania. Más allá de los agravios, que pueden ser múltiples, el hecho es que han mantenido el odio a Israel y a los judíos como elemento de cohesión y fundamento de su poder, al final de cuentas precario. En lugar de consolidar el acuerdo y avanzar en concesiones, han usado el terrorismo y los ataques contra la población vecina como método. Los que hablan sólo de la desproporción de la respuesta no toman en cuenta que el número inferior de víctimas provocadas por los fundamentalistas al mando en Gaza sólo es producto de sus inferiores recursos militares, no de la morigeración de sus instigadores.
Es evidente que los políticos de la derecha israelí también han sido infames en su decisión de expansión y dominio; hoy mismo no han parado mientes en cuestiones humanitarias y aunque dice tener como objetivo a Hamas, ha pasado por encima de la población civil. Desde luego que la comunidad internacional tiene que hacer todo por detener la brutalidad de la respuesta, pero de ahí a que los palestinos sean simples víctimas de una pretensión hegemónica hay un abismo.
El horror de la incursión Israelí en Gaza hace necesario reflexionar de nuevo en el destructivo papel que juegan todavía en nuestro tiempo las religiones. En 1843 el entonces joven Carlos Marx escribió un ensayo del que hoy se suele citar sólo una frase: “la religión es el opio del pueblo”; su título, La cuestión judía, es preciso: mientras no se emancipen de la religión los judíos no podrán resolver su cuestión, su problema. Lo mismo sigue siendo válido hoy tanto para los hebreos como para el resto de la humanidad. Los palestinos mismos no acabaran de encontrar su lugar en el mundo mientras sigan atados a una identidad esencialmente religiosa.
La comunidad internacional haría mucho más por la paz si contribuyera al desarrollo de un Estado palestino basado en principios laicos, a partir del apoyo abierto a las elites no religiosas de la comunidad. Sin embargo, buena parte de los países vecinos están también dominados por oligarquías que fundamentan su poder en las creencias. El fundamentalismo religioso no es un asunto menor como amenaza para la convivencia de nuestro tiempo. Cristianos de toda laya, musulmanes o judíos, tamiles o sijs, las creencias sin fundamento, basadas en leyendas ancestrales pero asumidas como revelación de la verdad, dividen a la humanidad en bandos irreconciliables y los poderosos las siguen aprovechando para someter y humillar.

La balada del noroeste 2

2009-01-01T13:45:00.006-06:00

Por Jorge Javier Romero

Al otro lado del Mar de Cortés está, pacífica, La Paz. Llegar ahí implica, de nuevo, encontrar las taras del país. La Terminal del trasbordador en Topolobampo es un martirio para los viajeros. El sistema de documentación del equipaje se basa en la información de oídas y los pasajeros tiene que especular sobre en qué momento se podrán deshacer de sus maletas. Muchos optan por hacer cola frente al furgón de recogida sin que nadie les diga nada más que “ahí esperen”, a la intemperie, con frío.
El barco, en cambio, está limpio y confortable, y sus sistemas de embarque y desembarque son razonablemente eficientes, aunque tampoco brinden toda la información necesaria de manera clara. A la llegada, en cambio, el país se muestra en su cara estatal: arbitraria, mal organizada, en cierto sentido ridícula.
En el puerto de Pichilingue está el ejército. Su función es evidentemente disuasoria. Una auténtica frontera interna que suena a inconstitucional. Es el eco de la guerra en una ciudad donde no se habla de narcos ni se vive el clima de inmersión cotidiana en el tema de Sinaloa. A un lado se construye un puesto de revisión de documentación al estilo migración gringa, con sistema de identificación de huellas y demás parafernalia policíaca y de inteligencia. La copia de fachada del vecino que ha impuesto una guerra a partir de un error de diseño de su política contra las drogas.
Y por la ciudad, de pronto se encuentra a los soldados, que hacen vida cotidiana de ocupación silenciosa, marginal. El pelotón que rodea al puesto de gorditas o al de tacos de mariscos.
La entrada a La Paz por carretera desde el desembarco muestra cambios enormes en los últimos cinco años, desde la última vez que estuve aquí. La inversión turística se ha desatado y el cambio de fisonomía se acelera. El paisaje de grandes cactáceas está desapareciendo. En su lugar, los edificios de hoteles y fraccionamientos, de parques acuáticos y playas con servicios se ha multiplicado. Depredación en nombre del desarrollo. Y por ahí, la tendencia de la política turística mexicana de permitir la privatización del paisaje, de apropiarse de las playas, de construir sobre ellas. No se ha aprendido la lección de Cancún, que se ha quedado sin playas por las construcciones que rompieron los ciclos de los sistemas de dunas. De nuevo, a construir en la ribera misma, a deforestar.
Enfrente, El Mogote; una lengua de arena que cierra la bahía, en la que se ven las sombras de los edificios en construcción, siniestros esqueletos grises que se yerguen tras la bruma. Desarrollo vertical, de gran impacto, en una zona de gran diversidad biológica: el anuncio del desastre seguro. La idea de un turismo menos industrial no llama la atención. Todo camina al modelo pomposamente llamado “La Ribera Maya”, de derrama. Nada de una concepción más moderna, de menor impacto ambiental, al estilo Costa Rica. La apuesta es al gasto conspicuo de los dueños californianos de yates que compren condominios.
El malecón de la ciudad ha embellecido notablemente a La Paz. Sin embargo, se echa de menos una pista para bicicletas como la del malecón de Campeche, o un carril para trotadores. En el paseo, incluso, está prohibida la circulación de ciclistas. Sólo caminantes en el diseño, aunque desde luego se ha convertido en una estupenda ruta para ejercitarse por las mañanas o al atardecer.
La Paz parece un estupendo lugar para vivir. Podría tener una gran calidad de vida. Una familia de universitarios puede vivir es una estupenda casa, con alberca y vista al mar, aunque sea en lontananza. Los servicios no son malos; el comercio tradicional está siendo suplantado por las grandes superficies, aunque todavía no pueden presumir de un mall como el de Los Mochis, tan atentos en Sinaloa al american way o life. Los sudcalifornianos no parecen, a primera vista, tan preocupados por la modernidad. Hay en esta ciudad algo más de pausa provinciana. Sin duda, menos necesidad de ostentación. Mucho menos camionetas gigantes con la caja de carga vacía.
Y una diferencia abismal. Nada del ruido permanente ⎯de la música en competencia⎯ ubicuo en Los Mochis. La Paz es una ciudad de murmullos de pescadores, de cara al mar, con tradición de puerto. Su vecina de enfrente, en cambio, mira a la tierra, a la agricultura y a la ganadería. Mira también a la sierra que ahí desemboca. Su música es alemana, de banda de vientos y acordeones, estridente.
La Paz es ciudad de inmigración, aunque existan familias de larga data en estas tierras. Cosmopolita como puerto, tiene restaurantes chinos, italianos, japoneses, franceses. Con el desarrollo turístico han llegado los bares de vino y proliferan los cafés. Los tacos de raya de siempre conviven con la llegada de las gorditas de chicharrón del centro del país adoptadas con entusiasmo por los locales.
Pero como en el resto del país, la calidad de vida se empantana. El desarrollo urbano que se sale de control en los márgenes por la presión de la pobreza. La escasez de agua en el clima desértico de la península, la falta de infraestructura para enfrentar los ciclones. Y, sobre todo, la mala calidad de la enseñanza, el omnipresente fraude educativo que realizan en México tanto las escuelas públicas como las privadas. La simulación que hace que las escuelas supuestamente laicas utilicen textos católicos, los profesores sin calificación alguna para enseñar. De nuevo, el país de mentiras del que hablaba Paz en 1943, también aquí, en esta pacífica bahía del golfo de Cortés.

La balada del noroeste

2008-12-24T12:11:00.004-06:00

Por Jorge Javier Romero

Los Mochis es una ciudad del Norte de Sinaloa con unos cuatrocientos mil habitantes. En su origen fue un proyecto del socialismo utópico de Albert Kimsey Owen, empeñado en la construcción de un ferrocarril que uniera el Pacífico con el centro de los Estados Unidos a través de la sierra de Chihuahua y de ahí a Nueva York por la ruta más corta posible. De esa época queda poco más que una casa. Después vino el ingenio azucarero, a principios del siglo XX, y su auge como punto de producción de alcohol durante los años de la prohibición en los Estados Unidos. Hoy es un centro de comercio agrícola con un puerto respetable especializado en el transporte de granos.
En Los Mochis sólo se escuchan los ecos de la violencia que atenaza a otras ciudades del estado de Sinaloa. Las historias de los muertos en Culiacán, del los horrores de la guerra, son tema de conversación, pero aquí no se vive el sobresalto que, en cambio, he notado en sitios como Reynosa, donde el año pasado las navidades fueron realmente rojas. Esta es una ciudad pacífica, donde aún no se notan los estragos de la crisis y se siente un clima de prosperidad. Pero la percepción repetida es que algo se está haciendo muy mal en la política que ha dejado tantas muertes.
Don Carlos, viejo agricultor curtido, que ha visto de todo en la sierra de Sinaloa, lo dice con claridad: Calderón se equivocó. No abunda más, pero entiende, desde su experiencia, que esta política de drogas basada en la guerra sin cuartel no va a dar buenos resultados. Lo entiende perfectamente: es un asunto de mercado, de oferta y demanda y las soluciones policíacas generan muchos más males de los que intentan eliminar.
Llega la noticia de los soldados decapitados en Guerrero y es recibida con horror. Los soldados francos secuestrados torturados y asesinados en un atentado terrorista tan impactante como las bombas en Morelia para las fiestas de septiembre. Ahora, el regalo de Navidad para el ejército y el presidente. Y todo en nombre de una política equivocada, de una estrategia ineficaz para cumplir con los objetivos que se pretenden. Eso sí, muy provechosa para los productores de armas y para los delincuentes que si bien invierten vidas, tienen como recompensa ganancias ingentes.
Luego, la noticia con elementos chuscos de la señorita Sinaloa que dijo en su casa que iba a una posada pero no dijo con quienes. Sus malas compañías la llevaron a la cárcel, pues el seductor y sus amigos traían dieciocho mil dólares y un pequeño arsenal. ¿A qué se dedicarían los muchachos? Eso habla de cómo la política gubernamental no es disuasoria; al contrario, se ha generado cierto halo de aventura en una sociedad que se descompone ante un Estado que demuestra por todos lados su ineficacia.
Mientras, la vida cotidiana transcurre en Los Mochis en estos días de fiestas. Ciudad de amplias calles pavimentadas con concreto hidráulico, de plazas comerciales nuevas, de camionetas de carga usadas como símbolo de estatus, tiene muchos de los defectos del desarrollo mexicano. El patrimonio cultural arrasado, empezando por las viejas casas de la colonia utópica, conocida como la americana, hoy suplantadas por desarrollos inmobiliarios absurdos, como una torre de 17 pisos que presume su vista del hermoso farallón del Mar de Cortés, a punto de convertirse en un elefante blanco pues ofrece departamentos a precios millonarios en una ciudad con espacio para construir en una planta grandes casas mucho más adecuadas al clima del lugar, donde el 23 de diciembre la temperatura puede llegar casi a los treinta grados, aunque por la noche refresque.
Tampoco es una ciudad amigable con los peatones. Ni un solo paso marcado en las avenidas sin semáforos donde el primero que llega pasa. Nada de promoción de otras formas de transporte, como la bicicleta. Sólo grandes avenidas para que circulen las trocas, símbolos de poder imaginario. Y, por supuesto, también aquí el espacio público es espacio de conquista, no de convivencia, a pesar de la gente tranquila, alegre, trabajadora que desmiente el tópico del sinaloense violento, de mecha corta y dado a la violación de la ley a la menor provocación.
En Los Mochis la comida es siempre celebración. Mariscos de primera, carne insuperable, ofrecidos por las calles con aromas de asado en cada cuadra. El Golfo de California a un paso, con sus aguas frías con una riqueza biológica extraordinaria pero amenazada por la depredación y la contaminación.
Rodeada por la guerra, la ciudad se mantiene como un oasis de tranquilidad que, sin embargo, recuerda a cada paso que estamos en México: un país donde el Estado es tan débil que la gente vive con altas dosis de incertidumbre, donde salir de vacaciones implica arriesgar el patrimonio, porque la impunidad protege a los delincuentes; donde la ineficacia hace tanto daño como la corrupción y el crimen.

Legislar a tontas y a locas

2008-12-10T13:52:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Desbaratadamente, sin orden ni concierto. Así parecen legislar los diputados mexicanos. No importa si se trata de los altos representantes al Congreso de la Unión o de los diputados locales del Congreso de Coahuila, o de los de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La percepción es que en México se legisla por ocurrencias, sin un proyecto político coherente, sólo para salirle al paso a los temas, de acuerdo a los humores del gobernador, cuando se trata de un poder local sin independencia real del legislativo, o con base en una iniciativa desesperada del ejecutivo federal o a bote pronto, cuando se percibe que una idea brillante puede resultar en vísperas de elecciones.
Tres ejemplos de la casuística legislativa mexicana: las reformas a la legislación federal para limitar las garantías individuales en nombre del combate a la delincuencia organizada, la legalización de la pena de muerte en Coahuila, subordinada a la reforma constitucional propuesta por el congreso local y la restricción de horarios para la venta legal de bebidas alcohólicas en la ciudad de México y de horarios de apertura de los locales de esparcimiento.
La primera cuestión es debatible, sobre todo, desde un enfoque jurídico liberal. El ámbito de la privacidad debe ser respetado por el Estado. Las garantías individuales claramente establecidas son el elemento sustancial de la limitación del poder legítimo, base sin la cual no se sostiene un Estado liberal. Cuando en aras de la seguridad se establecen facultades estatales excesivas para fisgar en la vida privada, se comienza a traspasar la frontera del respeto a la libertad de los modernos, la que Constant considera consubstancial al desarrollo de las sociedades de individuos, las de mercados complejos.
Cuando la comprensible preocupación por la seguridad conduce a la limitación sancionada estatalmente de la libertad, entonces algo está muy mal en la convivencia. Sin duda, ese es el caso de la sociedad mexicana, pero sería preferible empezar por corregir la eficacia científica de las policías y del ministerio público que por la laxitud de las exigencias legales de respeto a las garantías individuales.
Después está la demagogia intolerable del gobernador de Coahuila y de su incondicional congreso. Promover la pena de muerte, vaya demagogia. Este es uno de los dilemas fundamentales de la democracia: ¿Hasta qué punto representar significa renunciar a la condición de elite? Cuando un gobernante se plantea sólo como vocero de la emoción, entonces deja de tener sentido la política como construcción inteligente. Frente al desastre en la seguridad y a la incapacidad para frenar a la delincuencia, la percepción generalizada es la de promover la venganza. Pero una visión más informada, documentada, y sustanciada en una ética ilustrada, no puede aceptar que el Estado se convierta en vengador. La revancha, sin duda, es consubstancial a la moral del cristianismo, pero no es sustentable desde una perspectiva constitucional liberal y democrática. La pena de muerte es indefendible desde cualquier punto de vista racional. Si un gobernador del PRI la impulsa, un partido que se ostenta como integrante de la Internacional Socialista debería salirle al paso y denunciarlo. Sin embargo, la dirigencia del autoproclamado socialdemócrata Partido Revolucionario Institucional ha sido condescendiente con el audaz gobernador y ha echado mano de la argucia del respaldo popular para evitar la condena del despropósito.
Y por si fuera poco, la legislatura de la ciudad de México, que ha sido pionera en la legalización del aborto y en el reconocimiento de derechos a las uniones no convencionales, ahora sale con su domingo siete y se pone a restringir los horarios del esparcimiento metropolitano. Ese es el problema de la ausencia de memoria. Cuando el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, limitó los horarios del esparcimiento nocturno en la capital, proliferaron los clandestinos, por supuesto al amparo de la corrupción de la policía local, o se trasladó al estado de México la disipación a deshoras. Los legisladores del Distrito Federal parecen convencidos de que la ciudad de México debe parecerse más a Guanajuato que a Nueva Cork.
Visto en conjunto, lo que parece es que en México se legisla por ocurrencias. Nada de proyectos articulados en torno a un programa político coherente. Nada de correspondencia con los programas electorales presentados a los electores durante las campañas. Ocurrencias, respuestas a las percepciones reflejadas en las encuestas, oportunismo y demagogia, parecen ser el tono de la estrategia legislativa nacional. Un argumento más a favor de un cambio de régimen que modifique el sistema de incentivos políticos, pues lo que hay hoy parece fomentar la irresponsabilidad y la demagogia, en lugar de promover la racionalidad política que, en teoría, debe ser consecuencia de la democracia.

Partidos, democracia y partidocracia

2008-11-30T15:47:00.004-06:00

Por Jorge Javier Romero

En su artículo del lunes pasado, Jesús Silva⎯Herzog sale en defensa de las reglas que en México dificultan enormemente las rupturas partidistas pues ponen obstáculos ingentes a la entrada de nuevos competidores a la contienda electoral. No sin razones, plantea que peor nos iría con un sistema político extremadamente fragmentado, con partidos débiles, y critica por ingenuos los clamores contra la llamada partidocracia, término que se pretende oponer al de una auténtica democracia ciudadana. El tema da para una buena discusión.
Desde luego es una tontería pretender que por un lado están los ciudadanos portadores de todas las bondades democráticas y por el otro los políticos malévolos que han usurpado el espacio de toma de decisiones. También lo es creer que se puede tener una democracia sin partidos. En más de una ocasión he argumentado contra los que pretenden que pueden existir candidatos ciudadanas impolutos que se puedan convertir en campeones de la sociedad por encima de los maléficos y corrompidos partidos; por lo general, esos pretendidos independientes traen tras de sí poderosas maquinarias aceitadas con el dinero propio o de patrocinadores inconfesables y se erigen en caudillos personalistas que no responden a organizaciones institucionalizadas, con reglas claras y mecanismos de deliberación y toma de decisiones colectivas. Las democracias modernas, representativas como son, requieren de partidos y, coincido con Silva, entre más fuertes sean, mejor para la calidad de la competencia política.
Empero, cuando lo que existen son reglas restrictivas para la participación electoral, producto de un pacto excluyente, y que obligan a construir simulacros de amplia militancia para poder competir en condiciones de franca inequidad, como sucede hoy en México, entonces sí es necesario denunciar la existencia de una colusión oligopólica que deforma la representación y limita la existencia de nuevas expresiones políticas, sobre todo en una democracia tan joven como la mexicana.
Justificar esas reglas en nombre de la fortaleza y la estabilidad partidista me parece un exceso. Existen muchos ejemplos, fuera del recurrente caso de los Estados Unidos, tan caro a los analistas de nuestro entorno, de sistemas políticos con reglas de entrada poco restrictivas que, sin embargo, cuentan con sistemas de partidos más que estables. La facilidad para participar en la contienda no ha llevado a un transfuguismo exacerbado ni en España ni en otros países con normas igual de laxas para presentar candidaturas. Los incentivos para la unidad y la disciplina partidista están en otra parte, no en restricciones absurdas para la participación electoral.
Es verdad que en México han surgido partidos chatarra y que algunos de ellos han sobrevivido. Pero lo han hecho al amparo y bajo la protección de los tres grandes, que los han cobijado como sus satélites. En cambio, los jugosos beneficios de tener una patente partidista han llevado a asaltos filibusteros, como el vivido por Alternativa Socialdemócrata, hoy ⎯convertido en un descolorido Partido Socialdemócrata⎯ a la búsqueda de la protección salvadora de la santa alianza con el PRD.
No me parece que sea tan buena noticia para la democracia mexicana que los divorcios sean tan incosteables para el que abandona la casa política. Insisto: no creo que la extremada fragmentación partidista sea benéfica pero ¿quién dijo que el electorado mexicano tiende a la fragmentación? Por lo visto en los años que llevamos de competencia electoral real, la tendencia de los votantes es a identificarse con fuerzas claramente definidas y sólo en unos cuantos casos han logrado su permanencia opciones capaces de representar intereses y opiniones excluidos de los tres grandes bloques políticos. No estamos ante unos electores que hayan optado por partidos construidos al vapor. ¿Por qué entonces mantener el proteccionismo en beneficio de tres maquinarias que dejan mucho que desear en sus prácticas democráticas internas y en sus mecanismos de inclusión de diversas voces?
Es necesario analizar en concreto las reglas vigentes antes de defenderlas como un mal necesario. Con el sistema actual de registro, los beneficiarios son quienes traen tras de sí clientelas acríticas y pueden con ellas mayoritear a los contrincantes. No son reglas que generen incentivos positivos a la existencia de organizaciones programáticas, constituidas en torno a ideas y donde la deliberación sea el camino para llegar a acuerdos. Nadie puede defender sensatamente los mecanismos con los cuales el PRD, por ejemplo, ha resuelto su controversia interna, incluso después de que el Tribunal Electoral ha dicho la última palabra y le ha dado legalidad a un resultado.
Es verdad que la democracia mexicana necesita de partidos sólidos. También es cierto que es mejor tener partidos disciplinados que grupos de díscolos en constante trifulca. Pero no creo que sean las reglas actuales las que propicien el sistema partidista que llevaría a superar la bajísima calidad de la representación que hoy vivimos. Me parece lógico que los coludidos defiendan lo que ellos han pactado, pero es necesario que desde los excluidos se construya una crítica capaz de proponer una nueva ley de partidos que rompa con el proteccionismo hoy existente, que no ha hecho otra cosa que copiar y adaptar las viejas normas de los tiempos del monopolio del PRI a las condiciones del nuevo oligopolio.

La hora de un nuevo régimen

2008-11-19T13:10:00.006-06:00

Por Jorge Javier Romero

Noventa y ocho años después del principio de la Revolución Mexicana es buen momento para repasar los saldos de aquella turbulencia política de la que surgió el régimen más largo de la accidentada historia mexicana. La erupción de los múltiples malestares sociales con la que terminó la pax porfiriana, primera forma estable de organización estatal y que entró en crisis precisamente cuando no se pudo resolver adecuadamente la sucesión del hombre necesario, dio como resultado, varias décadas después del estallido, un arreglo político peculiar, mezcla de instituciones formales y reglas informales, que logró pacificar a los diversos caudillos que se habían hecho con el poder durante la guerra y la etapa inmediatamente posterior.
Sin duda, el régimen tuvo enormes virtudes, como la de disciplinar al ejército y ponerlo bajo el mando del poder civil o la de establecer mecanismos de circulación política que evitaron el anquilosamiento tan frecuente en los regímenes no democráticos. También estableció condiciones de certidumbre para el crecimiento económico, en las ventajosa condiciones de la segunda posguerra mundial, cuando todo el mundo creció. Y garantizó décadas de paz con niveles bajos de represión estatal. Sin embargo, también institucionalizo, tanto de manera formal como informal, muchas prácticas que hoy constituyen un lastre para el desarrollo pleno de la democracia en nuestro tiempo.
Desde luego, ya no existe el férreo control político centralizado que garantizó el monopolio del PRI durante siete décadas (contados los tiempos de sus antecedentes el PNR y el PRM). Ya no existe el fraude electoral institucionalizado y la competencia política es algo normal, como no lo fue el los tiempos clásicos del régimen. Hay mucho más libertades y posibilidades de debate. Y sin embargo , la democracia no termina de desplegarse. La baja intensidad de la ciudadanía refleja la catástrofe educativa heredada; muchos ámbitos de la vida social siguen marcados por las viejas prácticas; los trabajadores no tienen auténtica libertad sindical, atados como están a los sindicatos corporativos protegidos por las viejas reglas todavía vigentes en el mundo del trabajo. Tanto en el campo como en las zonas marginadas de las ciudades el clientelismo es una forma viva de opresión política, que se aprovecha de la debilidad de los pobres, de su necesidad de protecciones particulares frente a un Estado que no les brinda cobijo ni protección de la misma manera que a los más favorecidos. Ahí están los resabios de un Estado protector de privilegios, de monopolios económicos, de comunicación y sindicales que repartió parcelas de poder a cambio de la estabilidad de su dominio.
La historia de la democracia mexicana también tiene la impronta de las practicas del viejo régimen. El hecho de que el proceso democratizador se haya dado de manera gradual, paso a paso, en un camino trazado desde el poder, llevó a que al final, cuando el PRI perdió la presidencia, quedaran intactas buena parte de las estructuras del antiguo reparto del poder. Ocho años van ya de gobiernos panistas y ahí están intocadas las reglas laborales opresivas, los privilegios de las empresas de comunicación, la burocracia basada en un sistema de botín, sin profesionalismo alguno, con criterios de disciplina y lealtad por encima de los de eficiencia y buen desempeño. Y ahí está, lacerante, la desigualdad heredada, inamovible, asfixiante.
La democracia mexicana tal como surgió de los cambios graduales comenzados en 1977 y que tuvieron su puerto de llegada en los acuerdos de 1996, no ha sido capaz de desmontar los principales elementos del viejo régimen. Ahí están ruinosos pero en pie, como el granítico monumento que los celebra. El pacto de 1996, además, comenzó un proceso de restricción de la competencia para limitarla sólo a los partidos pactantes y a sus satélites, también a imagen y semejanza de lo que había hecho el régimen del PRI 50 años antes, con su primera ley protectora de su monopolio. Ahora, el espectro está abierto a tres bandas, aunque se permite la supervivencia de los dóciles, los que se han aliado con ellos. Y tal vez los efectos de las últimas reformas lleve a que sólo sobrevivan los grandes, con lo que la transición democrática entraría en el canal seco de la competencia restringida.
Por eso es necesario impulsar un cambio de régimen. El viejo, el del PRI, sigue vigente a pesar de los cambios sufridos. Ahí está la falta de autonomía municipal y el control férreo de muchas legislaturas locales, ahí siguen las burocracias sindicales corruptas, vivitos y coleando están los intermediarios políticos que se nutren con la miseria. Las múltiples discriminaciones, la falta de oportunidades, la incapacidad burocrática, la inseguridad, la venalidad judicial, la ineficacia fiscal.
De ahí que sea necesario ponerse en movimiento para hacer política desde fuera de la competencia electoral, copada por las oligarquías partidistas. La iniciativa que ayer puso en marcha un grupo de mujeres y hombres entre los que destacan Patricia Mercado, Gustavo Gordillo o Maite Azuela, con muchas caras y voces jóvenes a su alrededor merece ser seguida con atención. Se trata de agrupar las múltiples expresiones del descontento, los diversos malestares sociales en un gran movimiento nacional que tenga forma innovadoras de actuar.
El llamado es, como el de Madero hace cien años, a forma clubes por todo el país. Ahora se trata de que sean agrupaciones con causas específicas que quieran articularse en torno a un programa nacional de transformación. Clubes ambientalistas, feministas, de jóvenes, de derechos humanos, de defensa de la diversidad sexual, capaces de actuar en distintos terrenos, de elaborar programas y propuestas, de impulsar iniciativas populares, de provocar debates. Clubes que utilicen las herramientas de la ley para sacar adelante sus causas, que litiguen temas de interés social en los tribunales, que presionen a los políticos para que cumplan con su trabajo y garanticen los derechos de todos.
Un movimiento político que no se plantea la participación electoral por lo pronto. Suena raro en un país acostumbrado desde hace tiempo a que el único móvil de la política sea el dinero, la cantidad ingente de recursos que reciben los partidos como prerrogativa estatal. Un movimiento que se plantea su autofinanciamiento y que no aspira a conquistar parcelas de prebendas. No es lo común y debería llamar la atención. Sin embargo, apenas aparece confinado en las últimas páginas de los periódicos. Es deseable que, como una bola de nieve, este llamado que arrancó cubriendo simbólicamente el monumento al viejo autoritarismo todavía en pie, el de la Revolución Mexicana, crezca por todo el país y logre desmontar desde los cimientos las viejas estructuras de dominación que limitan el despliegue de las energías de este país.

Preguntas pertinentes sobre el nuevo secretario

2008-11-13T11:30:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Pasado el llanto por Patroclo, la guerra continúa; se declara combatir en nombre del héroe caído, pero hay que nombrar nuevo campeón para la batalla. Y se recurre al antiguo íntimo para sustituir al de los últimos tiempos. La verdad, a mi me parece que es lo más lógico y normal en una democracia que el presidente recurra para gobernar a sus validos para ejercer el poder y echar a andar su estrategia. ¿Cómo va a dejar la política interior a alguien en quien no confíe, con quien no tenga lazos de comunicación de confianza completa? Me parece una petición absurda buscar para ese cargo a alguien con demasiada autonomía política. Pedirle al presidente que busque a los más capaces por encima de sus más cercanos es simplemente una ingenuidad que si hubiera sido oída por el presidente se hubiera convertid en su pase temprano al retiro.
En cambio apostó por su antiguo camarada político. Se conocen desde hace años y han compartido militancia. Nadie puede decir que Fernando Gómez Mont no es panista. Lo es desde el útero materno, a pesar de haberse alejado desde hace años de la actividad partidista. Pero experiencia tiene y por lo visto simpatía, por la recepción que ha tenido su nombramiento. Pertenece, además, a una familia ilustrada de prosapia, católica y prolífica. El padre fue un hombre muy relevante en el PAN de los tiempos heroicos. Por eso también me suena candoroso que salga el líder de los senadores del PRD a pedirle que no se comporte como panista al nuevo secretario de gobernación.
Más que hacer peticiones, hay que hacer preguntas. Y son muchas las que provoca la trayectoria del nuevo lugarteniente. La primera es si va a actuar con energía como responsable del interior de un gobierno laico. Viene de una familia incorporada a la política con Gómez Morín. La alianza con la que el fundador armó al PAN la hizo precisamente con los jóvenes católicos que lo apoyaron como rector de la UNAM en 1933. Su oposición al régimen tenía en el tuétano el rechazo al anticlericalismo del régimen. ¿Cómo evalúa el heredero de esa tradición al Estado laico mexicano de hoy? ¿Está comprometido con él o le parece excesivo?
También es pertinente preguntarse, viendo el abultado currículo del abogado postulante, si va a actuar como servidor público en la defensa del interés general o va a hacerlo a favor de particulares señalados. ¿Es un hombre de convicciones políticas o de intereses? Ha declarado que entiende exactamente de qué se trata el conflicto de intereses y que sabe como evitarlo. Sin embargo, el PAN no ha dado buenos ejemplos de abogados metidos a la política. Y las dudas surgen porque algo pudo haber aprendido el discípulo del viejo profesor Diego. Se ha dicho de él que es un buen negociador. Frecuentemente la derecha ha confundido negociador con negociante.
Si el presidente confía en el nuevo secretario no será sólo para que haga lo que le manden. Seguramente también espera consejo estratégico y proposiciones políticas. ¿Qué trae de novedoso Gómez Mont? ¿Cómo ve la guerra contra el crimen organizado concentrada en el combate a las drogas? ¿Está de acuerdo completamente con la estrategia o propondrá algo innovador? En este terreno, además, el gobierno de Calderón se puede llevar una sorpresa con la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Es probable que se comiencen a ver cambios en la política de drogas puritana y orientada al combate de la oferta por medio de la violencia. ¿Cómo lo va a llevar el nuevo jefe del gabinete de seguridad?
Y están todas las preguntas sobre las cuestiones meramente políticas. ¿Qué leyes va a negociar Gómez Mont? ¿Cuál es la coalición legislativa que va a construir o va a seguir la casuística zigzagueante de hasta ahora? Claro, eso depende, en buena medida, de cómo queden las cosas después de la elección legislativa del próximo año. A lo mejor, el PAN sufre una caída que deje prácticamente inhabilitado al presidente para sacar adelante una agenda de reformas. Es probable que el PRI sea el que se quede con la voz cantante en materia legislativa, con un PAN apenas con capacidad de veto y convertido en simple acompañante de la restauración, mientras el PRD se hunde y sus fragmentos quedan precariamente a flote.
De ahí que una tarea de lo más relevante para el nuevo secretario de gobernación va a ser hacia su propio partido. Otra petición absurda es la que pretende que el secretario de gobernación no juegue a favor de su equipo en la contienda electoral. Es ridícula la idea de que un gobierno no sea partidista. Es pedirle a los políticos que no hagan política. Es la hipocresía de una pretendida neutralidad institucional que no existe más que en las fantasías. Una cosa es que los políticos en democracia tengan que cumplir la ley y no ser arbitrarios en su comportamiento y otra que no hagan política.
Y la principal tarea política hoy del nuevo secretario de gobernación es, sin duda, tratar de evitar que el barco del gobierno de Calderón se escore y quede varado durante los últimos tres años de su gobierno, paralizado por un legislativo dedicado al derribo porque lo que está en juego es la siguiente elección presidencial. De ahí que tenga que construir las condiciones políticas para que no venga una debacle panista en el 2009.
En lugar de pedir absurdos, lo que hay que reclamar es una exposición clara de intenciones y de compromisos. Eso es lo democrático: programas políticos expuestos con claridad a la sociedad que los avala con su voto, no la llegada de los justos.

La nueva democracia en América

2008-11-05T21:09:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Mientras escribo van fluyendo los datos de la elección en los Estados Unidos. La información recibida es de las encuestas de salida que dan resultados de los estados donde la votación ha cerrado. La incertidumbre institucionalizada de la democracia está en plena operación. Los comentaristas no hacen sino repetir el tópico de que se trata de una elección histórica, como si alguna no lo fuera. Pero más allá del lugar común, los resultados preliminares indican un paso muy relevante en el proceso de democratización que comenzó con la constitución de 1788.
El constituyente norteamericano diseñó un régimen para garantizar el poder autónomo de cada estado incorporado al pacto federal. El poder presidencial entonces creado estaba claramente acotado por un legislativo bicameral donde el Senado, integrado por dos senadores de cada estado, servía como mecanismo conservador de los términos del pacto originario. El sistema de elección indirecto, que en la mayoría de los casos hace que el ganador de la votación en cada estado se lleve todos los delegados al colegio electoral, también se diseñó para garantizar la preponderancia del poder local sobre el central.
Aquel régimen primigenio, en cuya concepción original sin duda influyó el pensamiento político de la ilustración, sobre todo el de John Locke y el del barón de Montesquieu, estaba pensado para resolver los retos concretos que planteaba la creación de un gobierno central por encima del tradicional autogobierno de los estados que hasta 1776 habían sido colonias autónomas entre sí y que al final de la guerra de independencia apenas habían logrado crear una débil confederación.
Pero lo que más preocupaba a los delegados a la convención constituyente de 1787⎯88 era la cuestión de los derechos de propiedad. Se trataba de representantes de los patricios propietarios tanto de los estados de plantadores del Sur como de los comerciales del Norte. Y cuando hablaban de derechos de propiedad incluían el brutal de poseer seres humanos como esclavos. Aquellos próceres de la libertad diseñaron un régimen representativo que sólo consideraba parte de la comunidad política a los varones blancos, con cierto nivel de renta. En su igualdad ideal de matriz puritana no entraban ni las mujeres, ni los indios, ni los blancos pobres ni, por supuesto, los negros esclavos.
Durante el siglo XIX el cuerpo electoral se fue ampliando de manera gradual. A principios del siglo pasado finalmente obtuvieron el derecho al voto las mujeres, pero en muchos estados del Sur la segregación racial se mantuvo un siglo después de la abolición de la esclavitud, que había costado una guerra civil tremenda, y los negros tenían impedido en la practica su derecho al voto.
Hace apenas cincuenta años, la comunidad negra del Sur era víctima de violenta discriminación. Fue la movilización y la resistencia de los llamados luchadores por los derechos civiles la que consiguió que se legislara para garantizar la plena igualdad de una parte sustancial de la población de los Estados Unidos que hasta entonces eran tratados como inferiores. Con todo, la representación electoral de la comunidad negra de los Estados Unidos ha sido tradicionalmente pequeña, al grado de que en el Senado apenas ha habido unos cuantos negros; en la cámara actual Barak Obama era el único.
Simplemente por ese hecho, la elección de ayer significa un tirón muy importante en el proceso democrático de los Estados Unidos. Lo que nació como una oligarquía electiva de patricios blancos paso a paso ha ampliado el ámbito de la representación política. La constitución de 1788, todavía vigente, impide que un simple cambio en la presidencia implique grandes transformaciones en la política norteamericana, pues los mecanismos de control y balance entre los poderes están diseñados para ser conservadores. No hay que olvidar que Clinton no pudo hacer avanzar sus reformas del sistema de salud precisamente por el obstáculo del legislativo de dos cámaras. Sin embargo, a pesar de las limitaciones del poder presidencial, la elección de Obama tiene connotaciones culturales de gran trascendencia.
El próximo presidente ha logrado el triunfo con una enorme capacidad de comunicación de su oferta de cambio. Ha logrado generar energías utópicas en buena parte del electorado y ha movilizado a su favor a los jóvenes que ejercen su derecho al voto por primera vez. Las expectativas generadas, hoy su ventaja, se pueden volver en su contra cuando comience a gobernar en medio de la tremenda crisis económica que vive el mundo.
Las dificultades ingentes que tendrá que enfrentar el presidente Obama durante los próximos meses pondrán a prueba la energía y la creatividad que han mostrado él y su equipo durante la campaña. Su vigorosa y clara oratoria se tiene que convertir ahora en acción gubernamental y como bien sabemos en México, no es lo mismo ser un buen candidato que ser un buen presidente.
Obama ha mostrado gran capacidad y coherencia durante los últimos meses. Sin embargo, la gran incógnita que se abre el día de hoy es si logrará construir el nuevo pacto social, de repercusiones internacionales, que se requiere para construir un nuevo orden económico y social en un mundo que Bush deja en crisis y en guerra. Las expectativas son muy altas. Habrá que esperar para ver como las satisface la nueva democracia en América.

Dos siglos

2008-10-29T11:35:00.005-06:00

Por Jorge Javier Romero

Richard Dawkins ⎯el biólogo evolucionista británico destacado por su defensa del pensamiento científico frente a las supercherías religiosas⎯ ha acuñado el término meme para referirse a los paquetes de información cultural que se transmiten por mimesis, por aprendizaje, por repetición de generación en generación y que complementan la personalidad humana, la que tiene que ver con la conciencia, mientras que los genes son los paquetes biológicos de información que definen la otra parte de nuestra identidad. Somos genes evolucionados a lo largo de millones de años y memes, que tienen la historia del homo sapiens ⎯unos cien mil años⎯ y que evolucionan mucho más rápido que los paquetes biológicos pero que tienen persistencia de generaciones y conservan siempre trazas de percepciones ancestrales codificadas en el lenguaje.
Los memes se estructuran en maneras de hacer las cosas que van cambiando gradual, marginalmente, a lo largo de los siglos, aunque durante los últimos doscientos años ese cambio se haya acelerado a grados insospechados en cualquier otra época de la percepción humana. Durante noventa mil años, humanos con iguales capacidades mentales que las nuestras, con la misma habilidad de abstracción y las mismas posibilidades emocionales, vivieron como cazadores recolectores. Los siguientes diez mil vivieron de las crecientes posibilidades de la producción local de alimentos y en los últimos doscientos sus formas de vida ancestrales se han transformado con la eclosión tecnológica; la información, materia nutriente de los memes, ha aumentado exponencialmente y ha acelerado el cambio cultural.
Pero a pesar del cambio de época, que el premio Nobel de economía de 1993, Douglass C. North considera la segunda revolución económica de la historia de la humanidad, sólo comparable a la aparición de la producción de alimentos en sus efectos en la vida de las personas, la persistencia de las rutinas sociales, de los comportamientos heredados, de las formas de intercambio, marca la diferencia entre el desempeño de las sociedades.
Los memes: eso que llamamos cultura; espíritu nacional, identidad de un pueblo. Lo de menos es si se come pan o tortilla o si se tiene mayor o menor registro mental del picante. Lo relevante es la forma en la que las diversas partes que componen esa abstracción que llamamos nación coexisten; sus prácticas y sus reglas. Sus instituciones.
La historia de México como nación coincide con los doscientos años de cambio vertiginoso en las formas de vida de toda la humanidad. Y sin duda no hemos estado en la cola de la transformación. Pero hemos enfrentado el cambio con un repertorio cultural ⎯memético⎯ deficiente para aprovechar las oportunidades del desarrollo tecnológico y la mejora en la calidad de vida.
Cuando se lee la historia de la fundación nacional, no de la mítica gesta de Hidalgo o el fallido intento de Morelos, sino la que tuvo efectos constitutivos, la de Iturbide y su plan de Iguala, lo que se encuentra es una crónica incapacidad para debatir, una desconfianza mutua, una ambición desmedida y nulo sentimiento de comunidad social con espíritu de cooperación. Son los intereses privados, individuales o colectivos, en competencia descarnada por la conservación de derechos privativos, de privilegios, y por la conquista del vacío de control de la propiedad dejado por la corona y los españoles tempranamente expulsados. La rapiña.
Y la política en el filo de la navaja de la lealtad institucional. La rebelión popular, de los excluidos, siempre como posibilidad. Una integración estamental heredada que se ha reproducido y divide hoy al país en mitades, pero con una concentración brutal de la riqueza en un pequeño vértice de la pirámide de ingreso.
Ahí están las repeticiones en las maneras de hacer las cosas. Iturbide enfrentado a un congreso mal diseñado que no se ponía de acuerdo en nada. Guerrero rebelado contra el triunfador de las elecciones, al que considera espurio; los generales rebelados contra la reforma de 1833. Los bandidos errantes e guerra contra el naciente Estado.Todo suena demasiado familiar, demasiado actual.
La negociación permanente de la desobediencia, la utilización recurrente de la condición de víctima, la costumbre de la derrota.
Somos nuestros memes y nuestros genes. Pero si los genes sólo los podemos modificar con un complejo proceso de laboratorio, todavía en ciernes, los memes se transforman con información y con educación; con nuevos conocimientos. Son producto de la conciencia humana y la conciencia los puede transformar.
Pero cuando se enfrenta uno a líderes que repiten viejos errores, que reproducen los mismos comportamientos probadamente fallidos, que tiran por la borda su capital político por hacer las cosas con las percepciones de siempre en escenarios novedosos, frente a los que se requiere de tecnologías sociales innovadoras, no queda más que la grima; el enojo por el misoneísmo que impide aprovechar el nuevo conocimiento como guía para la acción. La ignorancia que ata a la tradición, a la mera intuición. Y la sensación que queda es la de la repetición cansina del camino equivocado. La pesada carga de la herencia memética.

Triunfo de la política

2008-10-22T15:33:00.002-05:00

Por Jorge Javier Romero

Dicen los críticos de los acuerdos alcanzados que se trata de una reforma chiquita, que no satisface las ansias de Reforma. Y salen los expertos, creyentes absolutos en las virtudes de la propiedad privada como la única posibilidad de eficiencia del mercado, a decir que en el pacto se privilegió lo político sobre lo sustancial. Como si la existencia de consenso político no fuera básica para las certidumbres de largo plazo de una sociedad.
Lo logrado en el Senado puede tener, si se consolida, proporciones de un nuevo pacto a tres bandas para navegar con responsabilidad a través de las turbulentas aguas de la crisis económica. No es, ni lejanamente, una reforma que vaya a resolver a fondo el problema de la modernización de PEMEX, pero es una señal de solidez política que fortalece al país en el momento que estalla la crisis. Es la garantía del éxito de una política deficitaria como la propuesta para el año próximo.
El gobierno ha anunciado que el próximo año va a gastar para reactivar la economía. Ha decidido invertir en crecimiento, pero sólo cuando la economía se ha caído junto con todas las demás. Va a ejercer un déficit de 1.8%. El consenso político va a jugar a favor del buen financiamiento de ese endeudamiento en momentos de turbulencia.
Pero falta mucho para saber si va a tener éxito o no lo que hasta ahora se ha dado en el Senado. ¿Cómo lo van a recibir los que están en alerta? ¿Qué tan unido va el PRD en la intención de un acuerdo? ¿Va a aceptarlo el oráculo tronante? Sin duda, la izquierda ha sido la gran triunfadora en el proceso de negociación de la reforma, pues demostró la fuerza de su veto a cambios en lo fundamental. Los elementos básicos de su propuesta quedaron en el proyecto final.
Pero al PRI no le fue nada mal. Conserva su porción de propiedad de PEMEX a través del sindicato, que no fue tocado ni con el pétalo de una rosa, y sale convertido en el fiel de la balanza precisamente antes de las elecciones legislativas del próximo año. El PRI termina la legislatura convertido en el constructor de acuerdos, en el eje de la coalición gobernante.
El PAN demostró flexibilidad y comprensión de las circunstancias políticas. Fue hasta donde sus fuerzas le dieron a un gobierno débil, sometido al legislativo en sus proyectos fundamentales. El Presidente de la República contribuyó sin duda al acuerdo con el anuncio de la construcción de la refinería, lo que implica que está dispuesto a invertir en PEMEX y a darle cierta viabilidad a la reforma.
Es para lo que da la capacidad de reforma de este gobierno. Es el efecto de gobernar en minoría. Independientemente de la justeza o maldad de su proyecto original, el hecho es que no tenía construida la coalición política necesaria para echarla a andar. En un régimen presidencial de mayoría relativa el ejecutivo siempre se enfrenta a su debilidad para hacer reformas sustanciales a su modo. Lo posible es lo logrado.
Si el acuerdo supera el risco de la ansiedad política rumbo a la competencia de 2009 y se aprueba en ambas cámaras sin tomas de tribuna ni grandes demostraciones de inconformidad, la estabilidad del arreglo político habrá ganado mucho.
La parte que más chirría de lo obtenido en la negociación es la parte del SNTPRM. La burocracia, que no los trabajadores, es accionista mayoritaria de la empresa y la exprime en su beneficio. Los grandes negocios de los líderes sindicales tendrán que constreñirse muy poco con las nuevas reglas. Ahí quedan huecos para las adjudicaciones directas de contratos de los que el sindicato ha abrevado largamente. Y sus sitios en el consejo de administración han resultado inamovibles. Un sindicato monopolístico, corrupto, que ha transferido recursos de la empresa directamente al PRI, ha quedado intocado en el nuevo PEMEX.
El asunto de los sindicatos monopolísticos y su control de parcelas de derechos de propiedad correspondientes al Estado, de acuerdo al pacto corporativista de la cuarta década del siglo pasado, es un asunto intocado, un lastre del antiguo régimen en la democracia mexicana. El viejo dinosaurio de cola escamada, que se suponía decapitado por el hacha de la elección de 2000 está vivo y sigue sorbiendo de manera privada rentas públicas, sin control, ni transparencia, ni democracia, ni competencia.
En la reforma de PEMEX el sindicato ha sido un actor con veto de primer nivel. Sin su aquiescencia cualquier cambio sería imposible. Así, los privilegios de los caciques sindicales no podían ser tocados a fondo.
Esto ha sido lo alcanzable. Un cambio en el margen, apenas incremental. Sin embargo sus efectos en el clima político pueden ser muy benéficos. La paz partidista es una buena noticia cuando hay demasiada violencia en el resto de la convivencia y demasiada tensión derivada del trancazo económico.

Para Francisco Bulnes, según David Brading

2008-10-16T18:54:00.003-05:00

La historia es la política que enseña a través de ejemplos.

La política de drogas, discusión abierta

2008-10-15T12:22:00.000-05:00

Por Jorge Javier Romero

En medio de la guerra ⎯con más muertos en lo que va del año que en Afganistán, donde los Estados Unidos combaten a su archienemigo Al quada y sus socios Talibán⎯, por fin se ha abierto la discusión sobre el tema de los fundamentos de la política de drogas. Hasta ahora, el gobierno había planteado genéricamente la justeza de su enfrentamiento a muerte con el narcotráfico porque había que evitar que las drogas llegaran a los hijos de los ciudadanos. No había ninguna otra reflexión detrás, pues el principio de fundamental es que el Estado prohíbe las drogas porque son malas. Esta explicación puede estar bien para hacerse propaganda, pero es absolutamente ineficaz tanto desde la perspectiva de la argumentación jurídica como desde la más relevante de los efectos en los términos de política pública orientada a un objetivo específico de proteger la salud de la población.
La iniciativa presidencial sobre narco menudeo tiene la gran virtud de plantear una diferenciación elemental: la que separa a los consumidores y adictos de los narcotraficantes. Ese es un paso substancial para la construcción de un nuevo modelo de política de drogas que regule los mercados y no convierta en criminales a quienes no lo son. El Estado debe sin duda perseguir a quienes violan la ley, por el simple hecho de que lo hagan. Y si estos se resisten con las armas y se organizan para desafiar una prohibición estatal, sea ésta cual sea, el Estado debe perseguirlos sin cuartel, pero por el simple motivo de retar a la organización que debe tener el monopolio de la violencia. Eso no está en duda. La discusión está en si se trata de una prohibición que cumple su objetivo último o, en cambio acaba tratando de constreñir artificialmente la oferta, en lugar de atender la demanda formada por una parte significativa de la población que o bien decide libremente su consumo o está enganchada a alguna droga.
La iniciativa presidencial tiene ese buen principio, pero se vuelve irreal cuando fija cantidades que no corresponden a los consumos realmente existentes, bien conocidos. De ahí a que se pueda convertir en un nuevo elemento para la extorsión policíaca hay un pequeño paso. Además pone énfasis no en la información ⎯la advertencia si se quiere⎯ sobre las consecuencias de determinado consumo, sino el la obligatoriedad de la rehabilitación, estrategia conocida por su ineficacia entre los médicos y simplemente no considerada por los grupos de autoayuda, que basan su eficacia en la voluntad del participante.
El enfoque central es adecuado, pero requiere de mejoras sustantivas para ser considerada como un avance en la dirección correcta. Mejor, a pesar de centrarse sólo en la cannabis, es la iniciativa anunciada por el líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En primer lugar, se plantea a partir del derecho de iniciativa legislativa federal que constitucionalmente tienen los congresos locales; eso ya la hace de suyo interesante desde el análisis jurídico. Pero se trata además de una iniciativa que a primera vista parece bien construida.
Antes, la diputada Elsa Conde había presentado una muy buena propuesta sobre el cambio de penas a los consumidores de mariguana. Con gran cuidado para no contradecir los tratados internacionales, lo que hubiera hecho inviable siquiera la discusión de lo propuesto, aquella iniciativa echaba mano del sentido educativo y de rehabilitación que por mandato constitucional debe tener el sistema penal mexicano y creaba sanciones educativas para los consumidores de cannabis.
La iniciativa que impulsaría la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría la fuerza política de un órgano del Estado que por mandato mayoritario estaría solicitando al Congreso Federal la discusión del tema con argumentos jurídicos sólidos.
Es evidente que la política actual es fallida. La encuesta nacional de adicciones, a pesar de los defectos de su elaboración, muestra la existencia de un fenómeno social y de salud que no es manejable desde el prohibicionismo simple, pues la demanda es tal que existe suficiente dinero como para que sea tomada como opción de negocio por organizaciones especializadas en desafiar al Estado.
El enfoque de la política de drogas tendrá que ir girando, como ya empezó a hacerlo, hacia la regulación estatal del mercado, la educación, la prevención, la reducción del daño y, en última instancia, a la rehabilitación.
Pero por ahora lo sustancial es que quede claro que el consumidor no es un delincuente. Puede ser que cometa actos delictivos asociados a su consumo, como manejar y poner en riesgo a los demás. Ahí su consumo podría ser un agravante de su conducta, pero no un delito en sí mismo. Se trata de regular con eficacia todas las drogas, tanto las que ahora son legales como las ilegales, para evitar los daños a la salud pública, pero con respeto a las decisiones personales de consumo, como ocurre hoy con el tabaco.
Es evidente que la discusión en torno a las drogas debe salirse de los límites impuestos por una visión policial, para convertirse en un debate de salud, de derechos y libertades, de eficacia de las políticas. Todo ello sólo es posible si se abordan los temas desde una perspectiva laica, despojada de toda consideración religiosa o de moral particular.

El rapapolvo al PRD

2008-10-09T22:13:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

Ya se volvió un tópico en los últimos días hablar de la gran derrota del PRD en Guerrero. En la televisión y la radio muchos comentaristas festinan el hecho sin advertir que la descomposición de la mayor fuerza de la izquierda mexicana no es una buena noticia para la democracia mexicana y su futuro de pluralidad y representación amplia de la diversidad del país.
Las causas de la derrota sí han sido ampliamente comentadas: el conflicto interno, la opción de salida de los grupos cercanos a López Obrador, que optaron por encauzar a sus candidatos por Convergencia o el PT; la desastrosa alcaldía de Félix Salgado Macedonio, de quien lo último que se recuerda es su cara de pánico cuando vio que la violencia era de verdad y que lo rozaba ⎯entonces hizo una declaración memorable, donde confesaba que el asunto de gobernar era más difícil de lo que se había imaginado⎯; desde entonces nunca se volvió a oír de alguna de las bravuconadas y borracheras acostumbradas en sus tiempos de senador.
Pero las consecuencias han sido mucho menos analizadas. La quiebra del PRD, que puede ser contundente en la elección federal próxima, puede que facilite los acuerdos políticos, en la medida en la que la capacidad de veto de ese partido se disuelva, pero no va a contribuir a una mejora en la calidad de la democracia mexicana y en sus efectos distributivos. Por el contrario, va a representar un nuevo estrechamiento de la poliarquía limitada a la que accedió el país en 1996 precisamente gracias a la inclusión del PRD en el pacto institucional.
No faltará quien diga que la profunda crisis en la que quedó inmersa la izquierda mexicana se debe a las bajas maniobras de sus adversarios protectores de intereses que les hicieron fraude electoral de 2006 y los siguen sometiendo a complots maléficos; lo cierto es, sin embargo, que ha sido la propia falta de construcción de un proyecto político coherente, de un programa claro y, sobre todo, de una estrategia adecuada, la que ha deteriorado el papel del PRD en la política nacional.
Además, el problema originario del PRD radica en su propia construcción institucional, en el sistema interno de reglas del juego para procesar la diversidad de los integrantes de la organización. En sus primeros tiempos su punto de cohesión fue el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, que no evitó nunca la recurrencia del conflicto por el control del partido, del cual la última elección de dirigencia no ha sido más que un nuevo capítulo. Después de una breve transición, el nuevo liderazgo personalizado lo tejió López Obrador. En ambos casos, la fuerza del caudillo y su habilidad personal para mantener los equilibrios sustituyó a las reglas formales para dirimir los conflictos. Caudillos en lugar de instituciones, como ha sido frecuente en la Historia de México.
Y, por supuesto, la trampa como mecanismo de control. El más hábil para fabricar elecciones a modo es el que se queda con la dirección, aunque ya van al menos dos veces que han empatado en mañas y la elección interna ha fracasado. El PRD es frágil porque su forma de hacer política, de carácter tradicional, basada en el clientelismo y el acarreo, no sólo es una forma de manipulación poco ética de la gente, con mucho de dominación, sino que es cara, requiere de resultados distributivos permanentes y es volátil. Es, para decirlo en otros términos, poco eficiente para las condiciones de competencia de una democracia.
El debilitamiento del PRD no es un buen dato tampoco para la estabilidad del arreglo político mexicano. En la media que el partido de la izquierda pierda capacidad de representación y sea menos efectivo para llevar a cargos a su personal político, vamos a ver un recrudecimiento de la movilización y la protesta política de carácter no electoral.
Se trata, sobre todo, de un gran fracaso de la llamada transición mexicana a la democracia, que arrancó precisamente con un primer intento de inclusión de la izquierda más definida ⎯entonces el Partido Comunista Mexicano⎯ a la competencia en 1977 y tuvo su puerto de llegada con la reforma de 1996 a la institucionalidad electoral para darle garantías precisamente al PRD. De hecho, aquel arreglo llegó a sus límites con la elección de 2006 y ahora estamos ante su proceso de descomposición.
Un posible resultado poco deseable de la debacle perredista sería un período relativamente prolongado de bipartidismo entre el PRI y el PAN. Un arreglo oligárquico de turno en el que se construyera una nueva ficción política de apariencia democrática sin auténtica pluralidad. El PRI se está preparando para ello con sus nuevos ropajes socialdemócratas, con los que quiere cubrir sus andrajos de vieja maquinaria de articulación corporativa y clientelista, con mucho de pacto mafioso. El PAN se sentiría menos inseguro sin tener que enfrentar a los revoltosos que movilizan muchedumbres descontentas. Ambos partidos han soñado con una solución de este tipo desde hace años. La ineptitud de los perredistas está a punto de cumplirles el deseo.
Mientras, la sociedad mexicana seguirá insatisfecha con los resultados de un Estado mal organizado y poco eficaz, que no cumple ni con sus funciones básicas, mucho menos con las de brindar bienestar y desarrollo humano a su población.

El fracaso socialdemócrata

2008-09-25T13:53:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

Cuando en 1996 un grupo de entonces jóvenes intelectuales comenzamos a reflexionar sobre la necesidad de impulsar un proyecto socialdemócrata, estábamos pensando en una izquierda que se hiciera cargo de las difíciles concreciones de la realidad por transformar, que actuara en la política nacional con una agenda radical pero con estrategias pragmáticas, que buscara acuerdos, pero tuviera un programa en torno ala cual negociar y que, sobre todo, hiciera política sobre la base de la deliberación democrática de personas autónomas, ciudadanos libres que coincidieran en torno a un proyecto común por voluntad propia. Pensábamos en la necesidad de hacer una crítica material a una izquierda reactiva, poco preocupada por la elaboración ideológica y programática, que había dilapidado capital político muy importante por su incapacidad para pactar reformas y que era muy dada al maximalismo del todo o nada.
Nos considerábamos socialdemócratas porque veíamos los éxitos de esa corriente en los estados de bienestar y libertades construidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No era la primera vez que en México se hablaba de socialdemocracia. En los tiempos de Muñoz Ledo a la cabeza del PRI, la Internacional Socialista de Willy Brandt había tratado de incorporar a su corriente a diversos partidos latinoamericanos de toda laya, que supuestamente podrían ser ganados a una concepción moderna de la política. El PRI no llegó a entrar a la IS más que como observador en esos tiempos, pero otros, como Acción Democrática de Venezuela o Liberación Nacional de Costa Rica se encargaron de desprestigiar la etiqueta socialdemócrata en el continente. Después hubo un grupo, el de los hermanos Sánchez Aguilar, que también usó el nombre.
Nosotros, entonces, queríamos identificarnos con una izquierda moderna y democrática, en contraste con los grupos que seguían sin comprender los cambios que en el mundo se habían dado a partir de la desaparición de la URSS y su bloque y de la crisis de la idea de que la sociedad podía ser reordenada desde el Estado. También queríamos hacer una crítica a las políticas mexicanas de los años setenta que habían conducido a la crisis de los ochenta, tan añoradas por muchos políticos del régimen del PRI desplazados y que se habían reciclado en el PRD.
Cuando aquel esbozo de 1996 se fue concretando en Democracia Social, el eje de nuestro programa lo pusimos en una agenda de derechos y libertades ciudadanas. Los temas del combate a las múltiples discriminaciones o los relativos a la política de género, el aborto, o los relativos a un desarrollo sustentable regulado por el Estado, no eran ocurrencias desarticuladas, sino que eran parte de un proyecto que tenía como principal objetivo el combate a la desigualdad. No era una agenda de temas peculiares. Era la manera de concretar un programa político de izquierda democrática, donde un Estado fuerte pero apegado al orden jurídico cumpliera con su responsabilidad de regular al mercado para evitar sus consecuencias depredadoras y garantizara la igualdad jurídica por medio de derechos de ciudadanía realmente efectivos, no sólo enunciados en el papel; un Estado laico que reconociera la diversidad de una sociedad que ya no cabía ni en un solo partido, ni en una sola confesión religiosa, ni en una sola forma de familia.
El debate en Democracia Social fue intenso. Si bien la candidatura de Patricia Mercado no prosperó dentro del partido para la campaña de 2000, el programa se abrió paso. Rincón Gallardo alcanzó su mejor momento cuando en el debate presidencial de aquel año lo expuso ante la sociedad. Faltaron unos cuantos votos para permanecer. Vinieron entonces el malogrado Partido de la Rosa y, al mismo tiempo, México Posible. La agenda del segundo pretendió ser más provocadora de discusiones; las condiciones de la competencia fueron muy adversas y el proyecto fracasó. Ah, por cierto en aquella campaña, la de 2003, apareció un grupo sin pena ni gloria incapaz de proponer una sola idea que pareciera novedosa. Creo que se llamaba Fuerza Ciudadana.
Vino Alternativa Socialdemócrata, nacida con el lastre campesino, que deformaba la idea de un partido de ciudadanos. Las exigencias del registro, traba antidemocrática de nuestro arreglo político, llevó a los promotores a un acuerdo que deformaba cualquier posibilidad de una organización política de auténticos ciudadanos autónomos. Los pretendidos campesinos acarrearon a sus clientelas y llevaron sus métodos de control al naciente partido. El conflicto estalló cuando hubo registro y se debió definir la candidatura presidencial y, con ella, la oferta electoral.
Entonces sí pudo salir adelante la candidatura de Patricia Mercado y el partido llevó a la campaña la agenda de una izquierda de nuevo tipo. Habló de derechos y de autonomía; de libertades, de ingreso universal ciudadano y de seguridad humana. El resultado fue más de un millón de votos y la consolidación del registro. El botín era demasiado grande como para que quedara en manos de quienes lo podían usar para consolidar la oferta política. Los gerentes se revelaron y decidieron quedarse con los recursos y la patente. Echaron a golpes a quienes los podían atar las manos para su negocio.
Pero esa no es la más grave derrota de la idea socialdemócrata en México. Lo es más la vulgarización del término, su utilización para enmascarar las más viejas prácticas con un nuevo nombre. Que el PRI se presente hoy como socialdemócrata, cuando es de todo mundo conocido cómo ejercen el poder sus gobernadores, como siguen comerciando con la pobreza de la gente, cómo corrompen a las sociedades ahí donde siguen gobernando; o que una parte del PRD use la etiqueta para cubrir las vergüenzas de su construcción de componendas son hechos suficientes para que el término no tenga ya ningún contenido renovador.
Pero que un charlatán se presente como presidente del Partido Socialdemócrata simplemente causa grima. El tonto de marras, desde la frivolidad absoluta, se ha dedicado a convertir una agenda que no entiende y que sólo ha hecho suya cuando ha visto que le reditúa en una caricatura. La última es de vergüenza ajena. Anteayer el señor Díaz Cuervo salió a decir que era partidario de la legalización de la mariguana y después de la cocaína para que con eso la gente tuviera para entretenerse. No cabe mayor estupidez. Es evidente que no entiende en absoluto lo que significa un planteamiento serio de reforma a la política de drogas.
Frente a la vulgarización, la frivolidad y la simulación, he dejado de considerarme socialdemócrata. Creo que es tiempo de volver a empezar y sumar esfuerzos para recuperar la política secuestrada por los negociantes. La transición mexicana a la democracia ha fracasado y es tiempo de un nuevo impulso democratizador que venga desde la ciudadanía que no se siente representada por estos farsantes.

Ahora, terrorismo

2008-09-25T13:49:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

¿De qué va ésta guerra? Ya no estamos hablando de combates cruentos contra diversas bandas y de ajustes de cuentas entre ellas. Cuando comienza el terrorismo y el asesinato de ciudadanos no involucrados, la guerra ya pasó a mayores. Estamos ante fuerzas dispuestas a todo para mantener sus posiciones. Se ha hablado de medio millón de personas en el país vinculadas al narcotráfico. Eso habla de la existencia de intereses suficientemente fuertes como para retar en serio al Estado sin límites, lo cual se convierte en algo extremadamente peligros para la mayoría de la sociedad, que no tiene que ver con el asunto.
Esto, se diga lo que se diga, se está saliendo de las manos y está teniendo costes en vidas que llevan a plantearse en serio, ya como una cuestión de supervivencia, si esta guerra tiene sentido y si no se podría resolver el asunto desde otra perspectiva.
Desde luego que contra a los que hicieron el atentado de Morelia, el Estado tiene que ir con toda su fuerza y someterlos. No hay otra salida. Pero ¿nos vamos a pasar así la vida, en una guerra interminable, extremadamente costosa, que implica militarizar al país y recortar la libertad de las personas para enfrentar el terror impuesto por unos descontrolados bien armados, que tienen recursos para mantener la guerra y que tienen posibles reclutas para sus ejércitos a montones, en un país de pobreza y desigualdad, donde el Estado no tiene mucho prestigio que digamos?
Los narcotraficantes existen porque existe demanda amplia para sus mercancías. Hay que reconocer la existencia del mercado de las drogas y enfrentar el tema desde el lado de la demanda. Si se quiere acabar con la delincuencia organizada, desde luego que hay que perseguirla, pero lo mejor para lograrlo es quitarles el negocio. En el momento que el Estado se haga cargo de crear mercados legales, estrictamente controlados y diferenciados para las diferentes drogas, con un sistema de salud especializado en adicciones y drogas, que ponga reglas para el consumo y prevenga contra las adicciones, los delincuentes van a quebrar y el Estado los podrá derrotar.
La delincuencia organizada se especializa en mercados negros. El Estado debe ser especialista en ponerle reglas a los mercados, en regular su existencia. Es un absurdo pretender suprimir un mercado cuando la demanda es sólida, porque los costes de la utilización de la violencia para su contención se suelen disparar, como en este caso. Si el objetivo de la prohibición es proteger la salud de la sociedad prohibiendo sustancias que pueden ser dañinas, es muy probable que existan otras formas de atacar el problema.
El gasto ingente de dinero ⎯dejemos por lo pronto de lado la pérdida de vidas humanas⎯
que trae consigo esta guerra sería mucho mejor empleado en prevención y regulación. Seguramente el costo administrativo y de coerción de establecer mecanismos estrictos de regulación de la venta de estupefacientes y narcóticos sería mucho más bajo que el de andar en campaña por todo el país. Seguro, eso sí, habría menos muertes.
E insisto en algo que ya he dicho en estas páginas: si el objetivo es que las drogas no lleguen a los hijos de los ciudadanos, entonces es evidente que, en primer lugar, hay que informar con claridad a los niños, como parte fundamental del programa escolar, sobre las drogas, de manera diferenciada y con argumentos científicos. Y en segundo, pero más importante, es responsabilidad del Estado quitarle los incentivos a los delincuentes para que vayan a buscar nuevos adictos. Un mercado legal, regulado, y un sistema de educación y de salud preventivos y especializados en enfrentar adicciones garantizaría que los enganchadores se quedaran sin mercado.
Desde el sentido común, parece mucho más edificante gastar en educación y en salud que en armas. Desde ese mismo punto de vista, queda claro que es tiempo de comenzar a diseñar un cambio en la política pública de drogas. Los daños de la guerra son evidentemente mayores que los del mal que pretende evitar. Porque además, mientras el Estado está concentrado en combatir a los narcotraficantes, los secuestradores y los ladrones se sienten aliviados, pues la atención de las fuerzas del Estado está puesta en otra parte.
El cambio de política de drogas tiene que ser parte de una estrategia completa de reorganización del sistema mexicano de seguridad y justicia. Los recursos hay que usarlos en capacitación y adiestramiento de las policías, en la transformación de los ministerios públicos, en la reforma completa de los poderes judiciales, no en una guerra absurda cuando el bien tutelado se puede proteger mejor de otra manera.
La seguridad no se construye sólo desde la persecución policial y la contención. Si bien una pata de la restricción de la delincuencia depende de que no haya impunidad, la otra depende de la amplitud de la aceptación consensual de las reglas de convivencia. Eso es lo que implica prevenir: gastar en bienestar social, en satisfactores que vayan más allá de la televisión por cable. Lo primero que debe preguntarse un Estado responsable es por qué hay tantos jóvenes dispuestos a enrolarse en las filas del narcotráfico. Algo debe andar muy mal en el sistema de incentivos de la sociedad mexicana que hace más atractivo arriesgar la vida a cambio de una aventura con recompensas inciertas que arriesgarse en una aventura legal.
Si el Estado mexicano quiere sobrevivir y consolidarse es tiempo que evalúe seriamente si su estrategia para acabar con el narcotráfico es la correcta. Desde luego que está la presión de los Estados Unidos, muy interesados en mandarnos armas y prestarnos para que compremos más y les hagamos aquí su guerra a ellos. Pero un cambio de actitud de México podría ser clave para presionar al cambio de política en los Estados Unidos mismos. En alianza con Canadá y Colombia, México podría abrir un debate muy interesante en las Naciones Unidas sobre el tema de política de drogas.
Pero aquí parece que nada más se siguen instrucciones. Esa parece la estrategia de gobierno.

El malestar en la democracia

2008-09-11T17:05:00.003-05:00

El malestar en la democracia

Por Jorge Javier Romero

En recuerdo de Pepe Zamarripa, amigo entrañable

Hace ya cuatro años que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su informe sobre la democracia en América Latina, donde se mostraba la insatisfacción en los diversos países de la región respecto a los regímenes producto de las transiciones de las décadas de los ochenta y los noventa. Ahí, la ciudadanía de baja intensidad, según la calificó Guillermo O’Donell, expresaba las múltiples insatisfacciones con unos arreglos políticos incapaces de generar bienestar y seguridad a sus sociedades.
México no era, en aquel estudio, la excepción. Y no lo es hoy, casi un lustro después, cuando ya son muy pocos los que piensan que la democracia mexicana está todavía en proceso de transición.
Lo que hoy tenemos en este país es el resultado del pacto de elites que se dio en 1996. Entonces, los tres principales partidos, con la anuencia de sus satélites, acordaron las reglas básicas de su convivencia y de la competencia entre sí por el consenso. No fueron mucho más allá de las reglas electorales a la hora de diseñar lo que sería el nuevo régimen, superador del antiguo monopolio priista. No dieron para más aquellos dirigentes partidistas ni aquel gobierno. Ese fue el desenlace de la transición votada, como la llamó entonces Mauricio Merino.
No son despreciables las normas que acabaron con la arbitrariedad y el control ex post en los procesos electorales, pero el régimen político que surgió de entonces no es para echar, ni mucho menos, las campanas al vuelo.
Lo primero que acordaron entonces los dirigentes de los tres partidos predominantes fue protegerse de la competencia. Con el pretexto de evitar la dispersión del voto y la fragmentación de la representación, los negociadores de PRI PAN y PRD decidieron acabar con el entonces llamado registro condicionado, que permitía la entrada a la competencia de cualquier partido que demostrara un trabajo político previo de algunos años y le garantizaba su permanencia siempre y cuando alcanzara la votación requerida. Echaron mano, no faltaba más, de la fórmula utilizada desde 1945 para proteger al monopolio del PRI: el registro basado en asambleas y listados de militantes. El viejo sistema electoral protegido, excluyente de cualquier oposición no aceptada por el régimen, serviría a partir de 1996 para proteger a un oligopolio de tres partidos, ahora reiteradamente llamado partidocracia. El mecanismo se basa en la realización de asambleas que demuestren ⎯o simulen⎯ una militancia considerable, aunque ésta se limite sólo a la movilización de clientelas y el acarreo al mejor estilo del viejo PRI. Desde entonces, por si fuera poco, cada nuevo ajuste en el arreglo de entonces se ha centrado en crear nuevos obstáculos para la entrada de posibles competidores. Sólo los tres grandes y sus dóciles aliados tienen derecho a postular candidatos y cuando una opción real se ha abierto paso, de inmediato se han visto las garras de los grandes dando zarpazos para neutralizar cualquier auténtica competencia, como ocurrió con la despedazada Alternativa, hoy convertida en comparsa socialdemócrata.
Pero el pacto de 1996 ha demostrado que produce múltiples malestares, incluso entre quienes no fueron capaz de ir más allá en el diseño de una democracia eficaz y gobernable. La inconformidad de los perdedores de la elección de 2006, por ejemplo, es muestra de que el sistema del ganador que se lleva todo en el ejecutivo sigue siendo tan deficiente como cuando en 1828 Vicente Guerrero consideró que le habían hecho fraude y se hizo con el poder con las masas en la calle. Desde entonces, el arreglo presidencial sigue mostrando con demasiada frecuencia sus dificultades para generar un consenso sólido en torno a quien ejerce el poder.
Por otro lado, el Presidente de la República con apoyo electoral precario, se ha convertido en el rehén de los acuerdos contingentes entre los líderes políticos en el congreso. Sin incentivos para la formación de coaliciones estables, el régimen democrático mexicano genera un poder débil y constantemente contestado, incapaz de hacer avanzar sus iniciativas entre la maraña de intereses e intercambios que se tejen en el Congreso.
Al empezar la actual legislatura, el más hábil propagandista de entre sus integrantes lanzó la iniciativa de hacer una ley para reformar al Estado. Una vez más todo quedó en una nueva reforma electoral con avances evidentes en lo que toca a la limitación para que el dinero defina la competencia, pero que, eso sí, estrecha aún más la entrada de competidores. Y poco más. La imaginación y la audacia de estos legisladores no alcanzó para entrarle a la cuestión del régimen político.
Y mientras tanto, la sociedad padece los efectos de un arreglo político incapaz de resolver el mal ancestral del país: la debilidad del Estado. Si durante el siglo XIX el Estado fue el terreno de disputas entre caudillos y durante el XX el botín de una mafia dispuesta a tolerar la apropiación privada de los bienes y recursos públicos a cambio de aquiescencia política, hoy el Estado mexicano se muestra como una organización incapaz de cumplir con sus funciones básicas, las que lo obligan a brindar seguridad y protección a su población y que tampoco puede generar los bienes públicos necesarios para aumentar el bienestar y la riqueza del conjunto de la sociedad porque es un espacio de disputa entre grupos díscolos que sólo ven la manera de evitar que les arrebaten sus parcelas de control de rentas.
No estamos ante una crisis política, ante una situación temporal que se va a solucionar con el simple paso del tiempo. Estamos ante los resultados evidentes de una construcción limitada de la pluralidad política, de un régimen aferrado a un modelo ideado en el siglo XVIII, incapaz de procesar la competencia y generar, a partir de ella, una gobernación eficaz, legítima, aceptada realmente por la sociedad y que por lo tanto pueda imponer con vigor las reglas en todo el territorio y en todos los ámbitos de la convivencia.
Mientras el Estado siga siendo percibido como un espacio en disputa permanente, sin coherencia, la sociedad seguirá sin aceptar plenamente su legalidad y la capacidad de usar la violencia contra los delincuentes seguirá diluyéndose en un mar de ineficacia. Pero como los políticos de hoy han demostrado su ineptitud y su falta de imaginación para crear nuevas reglas, tendrá que abrirse paso la ciudadanía para desplazarlos y hacer que surja una nueva política, con nuevas reglas. El régimen del 96 está mostrando sus límites, pero sólo podrá ser sustituido a partir de la acción organizada y con programa, no sólo desde las marchas emotivas de blanco y con veladoras, pero sin proyecto.

Zurdo

2008-09-09T15:38:00.005-05:00

Murió Pepe Zamarripa. Amigo de años, cálido, ingenioso, buena persona. En otros tiempos fuimos, además, camaradas políticos, pues siempre fue un zurdo no sólo físico sino ideológico. Al final nunca entendí cómo alguien tan crítico como él acabó por convertirse en creyente de un culto a un caudillo. Es más, terminó siendo acólito relevante de esa iglesia. Dejamos de hablar de política, pero siempre pudimos seguir jugando dominó y escuchando sus chanzas. En esta foto se le ve alegre, con el grupo de siempre --Diego, Carlos, Joaquín, yo-- aunque no sale Rodolfo, fotógrafo de la ocasión. Quede el recuerdo.

Esquina digna

2008-09-09T15:32:00.002-05:00

Por Jorge Javier Romero

La muerte de Gilberto Rincón Gallardo ha provocado una cantidad ingente de elogios a su persona y a su trayectoria. Sin embargo, muchos de ellos se han enfocado erróneamente en una supuesta defensa de los derechos de las minorías como la causa de su vida.
En obituarios y artículos hemos leído y escuchado que Rincón era un luchador de la causa de los discapacitados, como si ese fuera el rasgo distintivo de una biografía política que empezó en 1958.
Formado por los jesuitas en el Instituto Patria, resultaba natural que Gilberto se iniciara en la política opositora en la campaña de un hombre de la derecha, Luís H. Álvarez, candidato presidencial del PAN en aquel año después de haber sido un importante contendiente por el gobierno de Chihuahua dos años antes. Sin embargo, la militancia panista no convenció al joven Rincón, pues unos años después ingresó al Partido Comunista, sin duda influido por el ambiente generado por la revolución cubana. Desde entonces, el eje de su acción política sería el de la búsqueda de la igualdad, aunque desde muy pronto encausaría sus objetivos por la vía de la democracia y el reformismo, no por el de la revolución.
Rincón fue un hombre de la izquierda mexicana, de la que contribuyó sustancialmente a la transformación democrática del país sin renunciar a objetivos solidaridad y a la reducción de la abismal diferencia entre ricos y pobres que había dejado como resultado el régimen del PRI. Muchas de las hagiografías publicadas en estos días lo quieren presentar como un personaje dócil, de la izquierda buena, antecedente de los chicos que presumen de no poner barricadas. Se les olvida que el antiguo régimen no lo consideraba tan suave y apacible cuando lo detuvo en cerca de cuarenta ocasiones y que estuvo preso por cargos absurdos durante dos años a partir de los días del movimiento estudiantil de hace cuatro décadas.
Me tocó hacer política con Gilberto en tiempos interesantes. Juntos, en momentos de gran soledad, cuando muy pocos confiaban en nuestro proyecto, Ricardo Raphael, él y yo, impulsamos la construcción de Democracia Social y nos mantuvimos en la idea incluso cuando otro de los impulsores, días antes el más entusiasta, simplemente decidió aceptar un alto puesto en el gobierno de Ernesto Zedillo.
En esos tiempos discutí mucho con él, coincidimos y disentimos. Por momentos estuvimos muy lejos en nuestras respectivas posiciones, sobre todo cuando decidió ser candidato del partido a la presidencia de la República, mientras otros considerábamos que su papel sería más relevante como legislador, y que la campaña la deberíamos enfrentar con una candidatura capaz de representar con mayor claridad la novedad y frescura de nuestra agenda, que no era, insisto, la de las minorías; se trataba de un proyecto de transformación democrática del país a partir de los derechos de todos, lo cual implicaba el reconocimiento de la diversidad de la sociedad mexicana, de sus múltiples causas y de sus muchas discriminaciones. La igualdad construida desde los derechos.
La discusión en aquellos tiempos fue ríspida. Sin embargo nunca pretendió Gilberto la eliminación de sus adversarios, la imposición autoritaria de una mayoría excluyente. El partido tomo decisiones democráticamente y los que defendíamos entonces la candidatura de Patricia Mercado perdimos por muy poco. Rincón Gallardo de inmediato reanudó el diálogo y se dispuso a hacer una campaña adecuada a la agenda programática que hasta entonces había desarrollado Democracia Social.
No le fue fácil al principio entender que lo nuestro no era ir a habla de los mismos temas que los demás candidatos, que teníamos que llamar la atención con temas excéntricos. Le costó trabajo hablar de aborto, de derechos de los homosexuales, de legalización de las drogas, de esa agenda pinky tan despreciada por los pretendidos socialdemócratas de hoy. Él quería enfrentar al tripartidismo empantanado en sus propios términos; nosotros queríamos derrotarlo desde los nuevos temas de la sociedad mexicana.
La preparación del debate entre todos los candidatos, en abril de 2000, fue el momento de las definiciones. Y Rincón le entró a la estrategia. Colectivamente construimos sus participaciones y con él decidimos el tono y la imagen para el único momento de equidad que hubo en aquella campaña polarizada y dominada por el dinero en la televisión. Ahí demostró Gilberto que era diferente a los demás candidato, no por su apariencia física sino por su congruencia y su dignidad.
En aquel debate, por cierto, jamás hablo de discapacidades. Habló de derechos, de justicia, de distribución de la riqueza, de transformación del Estado. Y habló de diversidad y de convivencia. Algo ocurrió con su presencia ante la mirada de millones de mexicanos que, sin embargo, se le identificó como un representante de las minorías. Sin embargo, Rincón nunca se consideró minoría. Se sentía, por el contrario, parte de la mayoría de los mexicanos insatisfechos con una política incapaz de satisfacer sus necesidades y sus anhelos.
Después de la campaña vinieron nuevas diferencias entre nosotros. No compartí su idea de colaborar con el gobierno de Fox, aunque la causa de la lucha contra toda forma de discriminación había surgido de nuestra campaña. Nos fuimos alejando, además, por otras discrepancias en torno a la construcción del siguiente esfuerzo partidario. Pero nunca Rincón anatematizó a quienes no coincidían con él ni pensó en purgas de sus adversarios, como hace algunos pequeños tiranuelos de opereta que hoy se pretenden socialdemócratas.
En los días de la campaña de 2000 el poeta Aurelio Asiain, hábil malabarista del lenguaje, convirtió los apellidos de Gilberto en Esquina Digna. Al final de cuentas, ese retruécano lo define: una arista de dignidad en medio de una política degradada y llena de especuladores y aventureros.

Entre la metafísica y el galimatías

2008-08-28T09:15:00.003-05:00

Por Jorge Javier Romero

Se sumaron voces autorizadas al coro. Al tono de contratenor del ministro Aguirre le siguieron las chirriantes voces del episcopado, encabezadas por la de ese dechado de inteligencia y sabiduría que es Norberto Rivera Carrera y rematadas por el bajo profundo, admonitorio, del ombudsman (creo que en realidad se trata del opusman) Soberanes. Todos a una a defender la vida desde la concepción, desde el momento mismo en que el alma es insuflada por la divinidad en la célula que un instante antes no era más que un espermatozoide y un óvulo separados.
El ministro Aguirre ya nos había recetado su fárrago donde demuestra que en efecto, como él mismo reconoce, su conocimiento de la concepción y el nacimiento es elemental. Y, como buen metafísico, afirma que es de sentido común e irrefutable el derecho a la vida desde la concepción sin limitaciones ni restricciones. Como buen dogmático, apoya su opinión en el juicio autorizado del Constituyente originario (quiero creer que se refiere al de 1917 y no a un autor de mayor jerarquía al cual le atribuya el diseño inteligente del sentido común).
Habría que recordarle al juez que el sentido común le hizo pensar a los seres humanos que era el Sol el que giraba en torno a la Tierra y que ésta era plana, para poner el ejemplo más vulgar a la mano. Y también sería bueno que recordara que la idea de la vida humana desde la concepción no es tan irrefutable, al grado de que ya en el siglo XIII, desde la misma especulación metafísica, Tomás de Aquino firmaba que el alma entraba al embrión masculino a los tres meses de gestación, mientras que tardaba un mes más en llegar a uno femenino.
En su indigesta ⎯por mal escrita, no por jurídica⎯ disquisición, el ministro considera que “debe concluirse que la protección constitucional del derecho a la vida del ser humano necesariamente tiene que comprender a ésta en su integridad, desde que se inicia el proceso continuo de su desarrollo y hasta su conclusión, esto es, desde la concepción y hasta la muerte y con independencia de las características individuales a que el proceso de desarrollo de la vida pueda dar lugar, dado que el Constituyente no establece restricciones o limitaciones a este derecho.”
¿De dónde saca el ministro que debe concluirse algo que la Constitución no establece. Ya vimos: no del conocimiento científico de nuestro tiempo ⎯mucho más amplio, por lo demás que el de hace casi un siglo, cuando se elaboró la Constitución⎯, no de las opiniones de biólogos o neurólogos; del sentido común. Vaya juez moderno que llegó a la Suprema Corte.
Claro, el arzobispo se echó su sermón y clamó por los más inocentes. El chocarrero ha dicho que la clerecía católica está en contra del aborto para no quedarse sin ninguna posible víctima de abuso por parte de los reprimidos sacerdotes. La opinión del clero no tendría ninguna relevancia, dado que es de sobra conocida la cantidad de cosas absurdas en las que cree y que quiere obligar a los demás a que las crean, si no fuera porque está echando mano de sus riquezas para mover sus redes de influencia basadas en la credulidad irracional de la gente, bastamente indoctrinada en la superchería pregonada por los curas.
Y la voz atronadora del defensor de los derechos humanos llegó para pregonar también la creencia. Para todos estos mamíferos machos de nuestra especie, las mujeres deben aceptar irremediablemente su destino de ser madres. El sentido común indica que su función es la de parir y parir. La única utilidad de su sexualidad es satisfacer a los varones y traer hijos al mundo. O si no, a ser dulces hermanitas de la caridad alejadas de lo terreno, porque a estos señores tampoco les gusta que se hable de anticonceptivos o de condones.
Encerrados en sus concepciones metafísicas, atrapados por sus creencias, quieren imponernos a todos los demás condenas basadas en prejuicios y en su ancestral ignorancia. Quieren que el estado defienda sus puntos de vista, no el bienestar colectivo desde una posición basada en el conocimiento, laica.
Que el señor Soberanes usa su puesto para promover sus creencias personales es tan evidente como la utilización del presupuesto de la CNDH para publicar libros de su cofradía de abogados por la libertad religiosa, disfraz de la nueva cruzada contra el laicismo. Si este señor está convencido del diseño inteligente y de la inmortalidad del alma, ¿por qué no le basta con vivir su vida de acuerdo a sus particulares preceptos morales? ¿Por qué insiste en hacernos pensar como él?
Ya es tiempo de que el pensamiento laico recupere fuste y desenmascare las engañifas de los creyentes ⎯reales o supuestos⎯ que insisten en imponer su cortedad de miras a una sociedad amplia y secular. Bien les haría a todos éstos señores seguir la recomendación que hacía aquí mismo el lunes Ricardo Becerra y ponerse a leer a Darwin, a ver si entienden algo.

Seguridad humana

2008-08-20T16:10:00.000-05:00

Por Jorge Javier Romero

¿Qué hace a algunas sociedades más seguras que otras? No me refiero, desde luego, a las sociedades sin Estado, expuestas a la depredación interna y externa, como las africanas posteriores a la independencia, o las hipotéticas sociedades primitivas de Mancar Olson, que debieron optar entre los ataques permanentes de los bandidos errantes y la imposición de un bandido estacionario extractor permanente de rentas sociales a cambio de protección frente a los ataques sistemáticos de las bandas de depredadores humanos del entorno. Me lo pregunto respecto a las sociedades estatales avanzadas, incluso aquellas que tienen cuerpos altamente especializados en prevenir la delincuencia.
Que la especie humana es extremadamente violenta entre sí es una verdad de Perogrullo. La historia de la humanidad es la del abuso entre los distintos grupos de hombres ⎯y uso con toda intención el término hombres sin ninguna connotación sexista, pues es una forma genérica de referirse a la especie, incluidas las mujeres, y no estoy de acuerdo en reducir el lenguaje o de llenarlo de retruécanos con el pretexto de la construcción de género, pues para mí la no discriminación va mucho más allá de una gramática de origen ancestral: se refiere a hechos concretos que cambian la relación entre los sexos, no a la utilización de fórmulas políticamente correctas; incluso creo que eso de usar todos y todas o la arroba ilegible suele ser un subterfugio en lugar de una auténtica política de igualdad.
De vuelta al tema, en las sociedades modernas los fenómenos de delincuencia son diferentes entre sociedades con instituciones formales equivalentes. Con penas similares y con eficacia parecida de sus cuerpos de seguridad y justicia, las sociedades tienen diferentes incidencias criminales. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos se multiplican los asesinatos y los hechos de violencia, en Japón prácticamente no hay homicidios intencionales. Sin duda, la seguridad no sólo se construye a partir de las instituciones formales y sus mecanismos de coacción ⎯las leyes y los encargados de hacerlas cumplir: las policías y los jueces⎯, sino que tiene mucho de construcción social.
Sin duda la mayoría de las personas quiere vivir en paz; la guerra hobbsiana de todos contra todos no es más que una fórmula explicativa. Pero las conductas antisociales existen y sólo con una combinación compleja entre coacción física y construcción ideológica se les restringe hasta hacerlas tolerables para el cuerpo social. Los códigos morales, las reglas religiosas ⎯con sus sistemas de castigo ultraterreno⎯ y las relaciones reiteradas en comunidades cerradas, reducen autónomamente las tentaciones para la utilización de la violencia como mecanismo para obtener ventaja de los otros. Claro que siempre quedan por ahí los sicópatas y los sociópatas que hacen daño o los individuos de andar por casa que en un estallido degüellan al vecino o al propio cónyuge. Pero las diferencias entre sociedades diversas y países reclaman una explicación compleja sobre la criminalidad como conducta humana.
En una película famosa, Bowling for Columbine, el provocador Michele Moore especula sobre la diferencia entre el pacífico Canadá y los demenciales Estados Unidos. Con la misma disponibilidad de armas y con sistemas coactivos de similar eficacia, en el segundo los asesinatos son una cuestión cotidiana, mientras que en el primero son un asunto de excepción. Y no es una cuestión religiosa, pues la composición de crédulos es más o menos la misma. Moore le atribuye la diferencia a una suerte de reproducción social del miedo, una suerte de paranoia colectiva que se reproduce a sí misma.
Cuando volteamos a ver a México, atenazado por la violencia criminal, sin duda la primera explicación que se nos viene a la cabeza es que es la ineficacia del sistema de coacción, la impunidad, la que genera incentivos para el comportamiento brutal y para la utilización de la violencia para abusar de los semejantes. Desde esta perspectiva, la violencia es sólo un recurso más del que echan mano individuos racionales que buscan sacar ventajas del intercambio. Se secuestra porque es una forma rentable de obtener ganancias con poca inversión y sin grandes consecuencias, pues la probabilidad de ser capturado es estadísticamente muy baja y la de ser condenado todavía más baja. Se usa la violencia porque está a mano a bajo costo.
No dudo de que sea una explicación sólida. El Estado mexicano es ostensiblemente inepto para investigar los delitos, para detener a los perpetradores y hacerles pagar el costo de sus actos, lo que hace que secuestrar y asesinar sean conductas redituables. Pero sin duda hay otra parte que tiene que ver con los valores compartidos socialmente, con la idea de comunidad, de solidaridad entre la propia gente; con las formas de vida y con el entorno en donde ésta transcurre.
No se trata, faltaba más, de una reflexión nostálgica sobre los valores de antes. Nada que ver, desde luego, con una añoranza religiosa. Me refiero a la construcción del imaginario social de convivencia, eso que suele llamarse cultura, de la sociedad secular mexicana.
Es evidente que lo que la sociedad mexicana requiere para no ser tan brutal y mutuamente abusiva no es pena de muerte, ni cadena perpetua, ni potro o picota. Sí, es verdad, se necesita una policía de verdad, con capacidad de investigación y de búsqueda, con recursos técnicos y conocimientos. También es cierto que se necesitan un ministerio público serio y unos jueces realmente profesionales y honrados. Pero, sobre todo, se necesita transformar la convivencia y sus espacios: los barrios, las ciudades. Una sociedad de desiguales, desconfiada y resentida, seguirá produciendo crímenes brutales, aunque tengamos aquí todos los CSI que se imagine. Ya es hora de pensar en la seguridad como un asunto de construcción de convivencia con igualdad y sin abusos, una seguridad humana, como le dicen ahora en los organismos internacionales.

Hoy en La Crónica

2008-08-20T16:01:00.003-05:00

Ni juez constitucional ni laico

Por Jorge Javier Romero

Presentó el ministro Aguirre su proyecto sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la legalización del aborto en el Distrito Federal. En alrededor de 600 folios expone su desprecio por las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso en las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, sobre todo, su desdén por las mujeres y sus derechos.
La ponencia del ministro Aguirre alardea de ajustarse únicamente a criterios jurídicos. Sin embargo, sus argucias expositivas eluden de plano la discusión central: ¿es el embrión de 12 semanas de gestación una persona? Y si lo es ¿dónde están sus atributos jurídicos, como nombre, edad, etcétera, o cuáles son los criterios científicos en los que basa su apreciación? Para el ministro Aguirre el derecho a la vida es absoluto. Desprecia todo el conocimiento médico de nuestro tiempo, que por supuesto descarta la convicción religiosa de que el momento de la concepción es el principio de la vida humana. En términos biológicos, claro, incluso el espermatozoide aislado y el óvulo están vivos, pero desde luego no se trata de vida humana, que es la que está protegida por la legislación. Por tanto, la simple unión de un óvulo y un espermatozoide no implica el principio de la existencia de una persona, caracterizada en términos científicos por la existencia de un sistema nervioso desarrollado y un cerebro.
La concepción de la vida que maneja el ministro Aguirre es completamente metafísica. Parte, a pesar de su disfraz retórico, de su personal convicción religiosa. Desde luego que tiene derecho a creer en lo que le de la gana. Por mi, como si cree en las hadas del bosque. Pero como juez constitucional del Estado mexicano su obligación es construir juicios laicos, lo que implica basar sus decisiones en conocimientos científicos, apegados a los criterios de falsabilidad que diferencian a las creencias del conocimiento. Que el alma entra en el momento de la concepción no se puede ni probar ni desaprobar de acuerdo a un método, como no se puede probar que los huesos de los dinosaurios los plantó dios en la tierra para probar nuestra fe, como afirmaban algunos predicadores religiosos en el siglo XIX, por lo tanto se trata de argumentos que no pueden ser tomados en cuenta en un alegato basado en el conocimiento. La idea de vida que plantea el ministro ponente entra en este terreno. Lo que se puede demostrar científicamente, contrastar y someter a falsasión es que el proceso de diferenciación y especialización celular se va produciendo a lo largo de toda la gestación, por lo que el embrión de doce semanas no es más que un conjunto de células sin el suficiente desarrollo para ser considerado una persona.
Pero Aguirre omite esta discusión. No polemiza en este terreno. Sólo argumenta retóricamente hasta el fárrago. No escuchó ningún alegato médico ni científico ni entró al fondo jurídico de la preeminencia de los derechos de las mujeres como personas frente a la existencia de un embrión incipiente.
Por lo demás, la ponencia carece del empaque que requiere un auténtico juicio constitucional, que sitúa la legislación en el contexto social donde se desarrolla. Durante las audiencias se presentaron diferentes alegatos sobre los efectos sociales de la penalización del aborto en todo el país. Experiencias de mujeres y médicos que han enfrentado la clandestinidad de una práctica que forma parte de la realidad mexicana y que involucra a personas que no son delincuentes, que sólo enfrentan los dilemas de la vida humana de nuestro tiempo.
Ignora también Aguirre en su argumentación el derecho comparado. La manera en la que se ha resuelto el tema en los países democráticos del mundo. Si el derecho a la vida es tan absoluto como lo pretende el ministro, entonces España, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia o la Gran Bretaña, además de muchos estados de los Estados Unidos deben ser considerados por su señoría como naciones genocidas.
En el fondo, la discusión que se está dando es sobre el carácter laico del Estado mexicano. Si el máximo tribunal de la República fija el derecho a la vida con base en una concepción metafísica, religiosa, estará imponiendo una moral particular a una sociedad plural y diversa cuya convivencia requiere de garantías y derechos construidos sobre principios no religiosos. A pesar de los deseos de control inquisitorial de la Iglesia Católica y de otras confesiones, la sociedad mexicana es cada vez más secular y, desde luego, enfrenta problemas concretos que no pueden ser resueltos con las soluciones por definición simplonas de las creencias religiosas, desarrolladas como respuestas, de suyo autoritarias y excluyentes, a la convivencia social de tiempos medievales.
El pleno de la Corte tiene ahora la responsabilidad de enfrentar el asunto sin atavismos y sin anteponer creencias al conocimiento. Las mujeres que enfrentan las difíciles concreciones de una vida donde privan todavía discriminaciones y opresión deben estar en el centro de la reflexión colectiva de los ministros, no las admoniciones teológicas disfrazadas de argumento jurídico.

Homofobia e ignorancia

2008-08-19T17:19:00.002-05:00

De verdad que hay gente estúpida. Usan como insulto llamar bisexual o "bicicleto" a alguien y afirman que eso es desagradable. Creen que eso ofende. Ignoran todo sobre las drogas y las satanizan desde su estulticia. Y, además, sueltan sus opiniones desde el anonimato, en lugar de polemizar abiertamente y hacer sus acusaciones sin esconderse. Eso sí es asaz desagradable. Desde el anonimato cuentan historias parciales y defienden a tipejos agresivos y machines. Vaya idiota.

No contesto anónimos

2008-08-18T12:31:00.002-05:00

Aclaro una vez más que en este espacio no se contestan anónimos, menos esos que hablan como si de Fuenteovejuna se tratara.

A propósito de la conferencia mundial sobre VIH

2008-08-11T16:52:00.002-05:00

El VIH y las drogas

Por Jorge Javier Romero

La Conferencia Mundial sobre el VIH y el SIDA que se está celebrando en México bajo los auspicios de la ONU es una nueva oportunidad para reflexionar sobre la errada política respecto a las drogas seguida en la mayor parte de los países del mundo por influencia y presión de los Estados Unidos.
En muchos casos, la transmisión del VIH está vinculada a la utilización de drogas, tanto legales como ilegales. El alcohol, por ejemplo, droga permitida y promovida en Occidente, tiene un efecto desinhibidor de las conductas sexuales que puede contribuir a las prácticas sexuales de riesgo, incluso en mayor medida, por la amplitud de su consumo, que otras drogas ilegales como el MDMA o la mariguana. Las personas alcoholizadas pueden bajar la guardia y omitir el uso del condón. Sin embargo, la tolerancia social respecto al consumo del alcohol hace que frecuentemente se le omita cuando se habla de drogas riesgosas vinculadas a la transmisión del VIH. Y a nadie se le ocurriría utilizar este argumento para impulsar su prohibición. La respuesta sensata, sin duda, es insistir en la información preventiva y en la creación de conciencia sobre las prácticas sexuales de riesgo bajo los efectos etílicos. Sin embargo, respecto a otras drogas la reacción social suele ser la estigmatización de los consumidores, lo que no contribuye en nada a reducir el riesgo asociado a su consumo.
El caso de las drogas inyectables es el más notorio. Es ampliamente conocido que los usuarios de estas drogas están muy expuestos al contagio del VIH por la utilización de jeringuillas contaminadas con la sangre de portadores del virus. Sin embargo, en México y en muchos otros países la reacción estatal y social frente a ello es voltear a mirar hacia otro lado. Ya que se trata de drogas prohibidas, todo lo relacionado con ellas es clandestino; los usuarios y adictos se vuelven invisibles ante el resto de la población, que los desaparece por decreto. Campañas y campañas sobre el uso del condón se repiten por todos lados, lo cual es muy bueno, pero el problema de las drogas inyectables simplemente se omite; no vaya a ser que se crea que se está haciendo apología de su consumo.
Esta es una muestra de la estulticia imperante en la estrategia adoptada mayoritariamente frente a las drogas: hay que meterlas a todas en el saco de la clandestinidad y pretender que con la prohibición se elimina su consumo. En los Estados Unidos, por ejemplo, está prohibida la compra de jeringuillas sin receta médica, lo que condena a los usuarios de drogas inyectables no sólo a las consecuencias terribles de su adicción sino también a la utilización de jeringas muy probablemente contaminadas. Tal vez los diseñadores de esta política pública pretenden acabar con la adicción a la heroína u otras drogas inyectables por medio del exterminio de sus usuarios.
En México no se ha llegado a ese extremo, más que nada porque el Estado no tiene ninguna convicción sobre la eficacia de una prohibición de ese tipo en un país donde las leyes frecuentemente tienen el mismo valor que el papel donde están escritas, pero ninguna campaña de prevención masiva se lleva a cabo al respecto. Tal vez algún folleto focalizado por aquí y por allá.
Cuando se trata de drogas, las campañas estatales suelen basarse más en el ocultamiento que en la información veraz y despojada de prejuicios. A los niños y jóvenes se les habla genéricamente sobre las maldades universales de cualquier consumo clandestino. Ninguna diferenciación ni explicación clara sobre los riesgos específicos. Y a los padres sólo se les recalca que el gobierno está comprometido en que la droga no llegue a sus hijos, lo cual sólo servirá, en el mediano y el largo plazos, para mostrar una vez más a la sociedad la enorme distancia que existe entre los dichos y los hechos de la acción gubernamental, pues por más esfuerzos aguerridos de los cuerpos de seguridad, mientras exista demanda habrá oferta de drogas. Hoy mismo, los anuncios reiterados son un mero engaño, pues las drogas son accesibles igual que siempre, acaso algo más caras, pero nada por encima de una inflación que repunta en todos los ámbitos, incluido el de los alimentos.
Cuando se habla de drogas extremadamente peligrosas, como la heroína, la política sensata debería ser la de reducción de riesgo. En algunos países europeos, por ejemplo, se ha logrado contener el aumento de contagios de VIH entre consumidores de drogas inyectables por medio de programas de intercambio de jeringuillas usadas por nuevas. Los consumidores pueden ir a centros auspiciados por los ayuntamientos o por los ministerios de salud sin temor a ser detenidos como delincuentes. Ahí también reciben información sobre tratamientos y programas de desintoxicación. En México, en cambio, los picaderos son lugares infectos donde sólo se puede descender cada vez más en el infierno de la marginación asociado a la adicción.
Durante la conferencia mundial sobre el VIH y el SIDA un grupo mexicano está tratando de llamar la atención sobre la necesidad de cambiar el enfoque mundial sobre las drogas. Se trata del Colectivo por una política integral hacia las drogas (CUPIHD). Con presentaciones de especialistas médicos y jurídicos y con un stand informativo en la llamada aldea global del encuentro, esta nueva organización no gubernamental pretende abrir una discusión necesaria para enfrentar la cuestión de las drogas como un asunto de salud pública y de educación y no como un tema delictivo. La política mundial respecto a las drogas está equivocada. Los efectos de este error dejan mucho más muertos en los países que el consumo mismo. Es hora de llamar al cambio.

La Crónica de hoy: Entre la democracia directa y la pura propaganda

2008-07-30T18:52:00.002-05:00

Por Jorge Javier Romero

No estoy a favor de la iniciativa presidencial sobre petróleo, falsamente llamada reforma energética. Creo que elude el problema real: la enorme dependencia que tiene la economía nacional respecto a PEMEX; además de anticonstitucional, me parece que da una salida falsa al pretender la asociación de riesgo, lo que distribuiría la renta petrolera nacional entre los socios de la empresa, en lugar de que sea la población mexicana la beneficiaria universal. Sin embargo, la famosa consulta del domingo no me convocó a votar.
En primer lugar, desde su organización tuvo un sesgo partidista, a pesar de que en la ciudad de México y en otros estados con gobierno perredista las autoridades destinaran recursos públicos a su organización sin que tuviera ningún asidero legal su intervención, pues la figura no existe en la Constitución y lo que aparece en las legislaciones locales es el referéndum, castellanizado referendo, es decir, ratificación. El referéndum se usa para poner a consideración de la ciudadanía soberana una ley ya votada por los representantes y es un recurso extraordinario en una democracia. Sin duda, un asunto como la reforma de PEMEX, una vez discutida y aprobada por los diputados y senadores, merecería ser sometido a referendo, pero el asunto requeriría de reformas constitucionales y leyes reglamentarias previas difíciles de imaginar en las condiciones actuales.
Un referendo implica una campaña política formal, con espacios en medos para los partidos y para las opiniones especializadas. Debe haber, como en cualquier elección, equidad para los distintos puntos de vista y disyuntivas bien formuladas. Debe estar también perfectamente claro quien tiene facultad para convocarlos ¿el presidente de la república? ¿El propio Congreso? ¿Una petición popular avalada con determinado número de firmas? La reglamentación también debe incluir con precisión las materias propias de la consulta. Sin estos elementos el referendo en lugar de resolver problemas de gobernación los agravaría.
Es verdad que el referendo es un mecanismo práctico de democracia directa, utilizable, insisto, en casos contados. En cambio, las consultas como las convocadas antes por Andrés Manuel López Obrador o en esta ocasión por Marcelo Ebrard son meras simulaciones demagógicas, pura propaganda partidista. Carecen de rigor en su convocatoria, de certeza en su celebración y suelen atraer sólo a los convencidos, a los militantes y a las redes de reciprocidad clientelista. Y sus efectos son igualmente parciales: legitiman determinada posición entre los ya convencidos, pero no influyen en los escépticos. En este caso, además implicó un gasto ingente de recursos públicos para un objetivo claramente parcial.
Lo que se vio el domingo fue la movilización perredista con alguna repercusión entre los votantes más leales del PRD. De alguna manera fue el voto duro de ese partido, con pocas excepciones, la que acudió a las urnas. Y no sorprendió por su volumen. Si las redes perredistas de tierra y la propaganda partidista y oficial para llamar a votar sólo llevaron a las urnas a algo más de ochocientos mil votantes en la ciudad de México y otro tanto en el resto del país, algo anda muy mal en ese partido y su convocatoria electoral cuando su gran causa logró un apoyo tan magro en las urnas.
¿Qué queda del apoyo electoral que concitó Andrés Manuel López Obrador hace apenas dos años? El reto planteado al gobierno de Calderón y de sus iniciativas se disolvió en un fracaso político. La mayor parte de los votantes del 2006 se mostraron indiferentes y no siguieron el llamado del caudillo que los instó a participar.
Hace unos meses los perredistas se aventuraron a una toma de tribunas porque creían traer detrás a la mayoría nacional. Eran los líderes de la oposición a cualquier forma de privatización de PEMEX. Hoy han perdido la iniciativa, pues no sólo fracasaron en provocar una movilización de masas por la causa petrolera sino que incluso fueron rebasados por el PRI, que se ha adelantado a presentar una iniciativa opuesta a la del ejecutivo y que recoge las objeciones del PRD.
Es increíble la manera en la que la izquierda mexicana dilapida su capital político. Sin duda la estrategia de López Obrador de radicalizar su postura contra el gobierno de Calderón echó a los panistas en brazos del PRI en el Congreso. En lugar de consolidar su posición como segunda fuerza y avanzar en una agenda concreta de reformas, apostó todo a su arrastre personal y dejó que fuera el PRI quien definiera la agenda pública. Contribuyó a la restauración en buena medida por carecer de objetivos que fueran más allá de su propia llegada a la presidencia de la República.
Las elecciones del próximo año están a la vuelta de la esquina y al fracaso de López Obrador en la convocatoria a la consulta se suma la brutal crisis interna del PRD, que lo ha dejado maltrecho, convertido en una patente electoral sin rumbo, una bolsa en litigio, una estructura que no se acaba de romper porque no hay muchas perspectivas para ninguna de las partes fuera del manto de esa sigla. El panorama no es nada halagüeño para una izquierda que, además, se ha quedado sin alternativa.

El IFE sin mujeres

2008-07-04T16:12:00.000-05:00

Por Jorge Javier Romero

Un nuevo retroceso en el organismo encargado de organizar las elecciones en México. Ya en la reforma electoral del año pasado le habían recortado autonomía con el contralor nombrado por la cámara de los diputados y por el hecho de remover al consejero presidente y, escalonadamente, a la mayoría de los designados originalmente para que terminaran su encargo en el 2010. Ahora el consejo general del IFE, además, ha quedado compuesto casi exclusivamente por varones, con la única excepción de la consejera María Macarita Elizondo.
Seguramente a muchos les parecerá el asunto de la participación de mujeres en el máximo órgano del instituto electoral un asunto menor. Así les pareció, obviamente, a los diputados de prácticamente todos los partidos que pasaron por alto el compromiso adquirido de que el reciente renuevo de consejeros se haría con mujeres para garantizar una presencia femenina relevante en un espacio público de primera importancia. Al final, Marina Arvizu y Elsa Conde se quedaron solas en la intención de evitar la masculinización apabullante de ese cuerpo colegiado.
A mi me parece que la manera en la que se resolvió el asunto es reflejo de que los políticos mexicanos sólo hablan de política de género de dientes para fuera. Les encanta sentirse modernos mientras aporrean al lenguaje con sus “todos y todas” o con cursilerías similares de corte foxista, pero a la hora de hacer efectivas las acciones afirmativas que equilibren en la vida pública la pertinaz supremacía masculina, entonces sí se les olvida su demagogia y optan por reproducir la exclusión de las mujeres.
Las acciones afirmativas para aumentar la presencia pública de las mujeres tienen numerosos detractores. No sólo desde posiciones machistas tradicionales se evade la inclusión de femenina los cargos públicos. También hay liberales que cuestionan ese tipo de medidas por considerar que propicia una deformación de la competencia entre individuos sin considerar su sexo. La discusión se repite no sólo cuando se trata de las mujeres sino cuando se aplica la llamada también discriminación positiva a otros grupos tradicionalmente excluidos.
Sin embargo, la vida pública de un país no puede ser realmente democrática mientras la mitad de la población enfrente obstáculos ingentes para alcanzar representación e igualdad en los espacios de poder y decisión. Y es evidente que se requiere de acciones diseñadas ex profeso para superar siglos de discriminación y marginación de las mujeres, confinadas históricamente a la vida privada.
La idea liberal de que la igualdad de poder entre sexos se puede alcanzar espontáneamente deja de lado la existencia de barreras culturales que impiden una competencia auténtica entre hombres y mujeres. De hecho, cuando no ha habido acción afirmativa específica el avance de las mujeres resulta mucho más lento, incluso en democracias añejas, como la de los Estados Unidos; en cambio, los países europeos, principalmente los nórdicos, han hecho avances notables en su incorporación a la toma de decisiones en la política gracias a políticas específicamente diseñadas específicamente para ello.
El argumento de que en el nombramiento de los consejeros del IFE había que poner por delante la capacidad personal al criterio de género se cae por donde se le mire. Entre los candidatos había mujeres altamente capacitadas: otras magistradas electorales, ex funcionarias del IFE, académicas de prestigio. Los partidos, sin embargo, prefirieron poner por delante su interés por tener consejeros afines. En el proceso en su conjunto, desde el nombramiento de la camada anterior de consejeros, se ha descartado a los más capaces e imparciales a cambio de personajes que no le hagan ruido a los políticos que los nombran. En esta ronda el PRI y el PRD mostraron, además, su desprecio por las calificaciones de mujeres de primer nivel en lo que toca al conocimiento de la materia. Es especialmente lamentable que el PRD siga viendo la cuestión de la inclusión femenina como un asunto de segunda clase de una agenda de izquierda.
El desarrollo de una sociedad, decía el viejo Marx, se mide por el grado de participación de sus mujeres. Si el objetivo es la construcción de una sociedad realmente democrática e incluyente, donde estén representados los intereses de la mayoría de la población, entonces se deben diseñar estrategias claras para promover la participación femenina y su acceso al poder. Se trata de un elemento central para cualquier programa serio de democratización. Sin embargo, una y otra vez los políticos mexicanos de siempre dan muestras de que sólo pretenden seguir repartiéndose el poder entre ellos y que no tienen intensión alguna de incluir a nuevos actores.
Y que no nos vengan a decir que excluyeron a las posibles consejeras porque tenían enfrente a las grandes eminencias de la materia electoral. Los consejeros elegidos no tienen trayectorias impresionantes que los acrediten como las grandes autoridades en el tema. Son, más bien, medianitos. Así que lo que hemos visto es un nuevo paso atrás en el proceso de democratización de México.

Alternativas de las izquierdas

2008-07-02T14:03:00.001-05:00

La secta

2008-06-29T19:20:00.001-05:00

Leo en El País un reportaje sobre este personaje, Kiko Argüello, líder de una partida de fanáticos catecúmenos a los que manipula y esquilma con la paparrucha de que los está guiando directo al cielo. Hace mancuerna con una monjita, Carmen Hernández, a la que tiene seducida desde hace 44 años y con la que ha generado una simbiosis de pareja pero sin haber follado nunca entre sí.

Según leo, su camino es la típica ruta sectaria basada en una sexualidad reprimida a fondo, donde follar implica exclusivamente procrear: Los adeptos, además, deben tener tantos hijos como dios mande, sin limitación alguna, así que la castidad es el único anticonceptivo aceptado.
Por lo visto, el predicador de supercherías es bastante exitoso y su grey es numerosa. Pero lo más grave no es que grupos de adultos oligofrénicos sigan a un charlatán de feria con aspiraciones beatíficas. Lo siniestro radica, sobre todo, en el adoctrinamiento sectario que reduce al aislamiento intelectual y vital de los hijos de los iniciados. Se trata de una forma atroz de abuso infantil. Tal vez estos niños no sean profanados en su cuerpo por tocamientos impuros, pero sus mentes acaban deformadas por la estupidez que implica normar la propia conducta por la oferta de la subsistencia del alma después de la muerte. Vaya crueldad malévola y vaya estupidez.
Seguramente el que hurgue a fondo en los manejos financieros del santito se encontrará con un gran fraude, un timo descomunal basado en la credulidad imbécil.

Incompetencia y complicidad

2008-06-25T12:08:00.000-05:00

Por Jorge Javier Romero

Dos auténticos eventos ⎯en el sentido original de la palabra y no en el manido que vuelve eventual, contingente, cualquier acto, por más planeado que este sea⎯ me han dejado boquiabierto en los últimos días. Y mi pasmo no es de agrado, sino de terror ante un Estado tan ineficiente como el mexicano.
Los dos tienen que ver con las fuerzas del orden en acción en terrenos distintos al que las absorbe hasta el tuétano, al grado de dejar en el abandono toda otra tarea policíaca y de fiscalía en el país. En México se puede asesinar, robar, asaltar, violar con impunidad. No se previenen y sobre todo no se investigan los delitos. México tiene concentrados a sus servicios de inteligencia policial en la guerra interminable contra el narcotráfico, mientras el resto de la seguridad pública languidece y la impunidad campea sin control. Y cuando tienen que actuar las policías lo hacen con torpeza, sin ton no son.
El primer caso es de los cubanos secuestrados cuando eran trasladados por agentes federales de migración. La existencia de grupos como los Zetas, ubicuos en la explicación de las autoridades cuando ocurre un hecho de violencia que se equipara o supera a la fuerza estatal, no sólo nos mostró la debilidad del Estado frente a la acción de grupos mejor armados y entrenados que los policías mexicanos, sino destapó la cloaca del tráfico de cubanos a través del territorio mexicano que, o bien tiene la complicidad de autoridades estatales de diverso orden y nivel, o exhibe a una inteligencia estatal inepta y desbordada, que no se entera de nada de lo que ocurre en el país.
Resulta que después de ocurrido el hecho, tuvo que ser el gobierno cubano, sus servicios de inteligencia, los que nos informaron a todos ⎯a la gente y al parecer al gobierno⎯ que operaba desde hace tiempo una red importante de tráfico de cubanos a través del territorio nacional. Y después nos enteramos de que la acción armada concluyó su operación sana y salva poniendo heroicamente a una parte de los cubanos secuestrados en territorio de los Estados Unidos. La trama da para novela y para película. Pero en la realidad espeluzna el saber que el Estado es impotente frente a un caso como este, donde se demuestra la existencia de redes impunes de tráfico de personas. ¿O será que ya se tomó partido en México por los luchadores por la libertad cubanos y que se les dio paso franco en este caso como resultado de una toma de posición política? En todo caso, hay mucho qué saber en torno a este asunto.
El otro asunto es mucho más doloroso porque implicó la muerte de 9 adolescentes y de tres policías. Y porque la explicación es mucho más simple: pura estupidez, ineptitud, falta de formación y capacitación técnica de los policías. Un grupo operativo que actúa al mando de un señor que carece de cualquier formación en acción policíaca y en protección civil. No usaron armas, pero cerraron el paso a la única salida causando la tragedia que mató incluso a los policías que mantenían el cierre. Los policías crearon su propia trampa mortal.
Por supuesto que antes están quienes autorizaban la existencia de un local sin salidas de emergencia, cosa que se repite en todas las tragedias de este tipo: o no hay salidas o están atrancadas. Pero eso lo debieron de saber los policías que planearon la toma, aunque me suena a que ni plano del local tenían y por supuesto no habían hecho inspecciones previas para saber cómo actuar. Carecen de detectives que colecten información para diseñar con eficiencia los operativos, por lo que tienen que hacer las cosas de improviso, tanto para los sospechosos como para ellos mismos.
Pero la ineptitud de la terrible jornada no para en los policías que metieron las patas, sino que abarca a los servicios de emergencia, a los juzgados cívicos, a los agentes del ministerio público y a los centros de detención. Fue una noche de los horrores para los muchachos detenidos y sus familias. Hubo vejaciones a las chicas, golpes a menores, maltratos injustificados. Una reacción histérica de una autoridad sobrepasada y que mostró su incomprensión e intolerancia con la juventud. Una actitud ideológica y política compartida colectivamente por quienes deben de brindar protección y garantías, no humillar y lastimar.
Y sobre la tragedia la sombra de la falta de capacitación técnica, la improvisación de unos agentes de un Estado ineficaz a la hora de usar su ventaja competitiva en la violencia al servicio de una comunidad. Unas policías y unas procuradurías que no corresponden con los de una sociedad de derechos y garantías sino con los de un Estado arbitrario. Ahí está la herencia del régimen del PRI que la democracia no ha sido capaz de superar.
Y frente a este problema, los legisladores fueron incapaces de hacer una reforma seria. A ver qué tal funcionan su juicios orales, que en principio son correctos. Pero no emprendieron una reforma democrática del ministerio público ni fueron más allá en una reforma judicial profunda. Eso sí, hicieron lo que quieren los Estados Unidos que hagan todos los demás estados: limitar la garantías individuales con las detenciones injustificadas por un plazo cómodo para la insuficiencia investigativa de las policías nacionales en la lucha contra sus molinos de viento: el narcotráfico y el terrorismo, temas que se podrían enfrentar de mucho mejor manera con una actitud estatal democrática que con acciones de fuerza que sólo complican mucho más las cosas.

Alternativa, el tribunal y las nuevas asambleas

2008-06-19T19:23:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

El pasado once de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo definitivo sobre la asamblea del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata. Antes, en una absurda sentencia, el Tribunal Electoral del Distrito Federal había decidido sostener la validez de aquella reunión decisiva para el proceso de renovación de dirección de ese partido con el argumento de que, si bien quedaba probado que hubo violencia ésta no fue permanente y los agredidos pudieron haber vuelto. Afortunadamente el tribunal federal no mantuvo la estulta decisión y anuló, en una resolución que ha sido calificada de histórica por varios comentaristas en los últimos días, no sólo la cuestionada asamblea del Distrito Federal sino también la Asamblea Nacional del partido, cuya integración había dependido, en buena media, de los resultados de la primera.
Es verdad que la sentencia del TEPJF declara inválidas las asambleas y ordena su reposición, pero quienes han echado campanas al vuelo omiten el detalle de que el tribunal dejó en manos de los mismos dirigentes elegidos de manera espuria la organización de las nuevas asambleas. Así, los mismos que resultaron beneficiados por la violencia y la intimidación que dejó fuera del partido a buena parte de sus fundadores serán los encargados de enmendar su propio proceso de elección. Poco se puede esperar, entonces, de un acto que pone la justicia en manos de los agresores.
La sentencia del TEPJF y las intervenciones de los magistrados en el pleno de la Sala Superior donde se tomó el acuerdo dejaron en claro quiénes fueron las víctimas y quiénes contrataron esbirros. La prueba más contundente fue vista en horario de máxima audiencia en la televisión nacional: el vídeo donde los golpeadores a sueldo persiguen y echan del salón de sesiones a Patricia Mercado y sus partidarios. No queda duda, entonces, de quién utilizó la violencia pagada para hacerse ilegítimamente con el partido. Empero, con el peregrino argumento de que la organización no puede quedar acéfala, los mismos que deformaron en su beneficio la legalidad partidista van a organizar los nuevos actos. Algo no suena precisamente justo.
Poco se puede esperar de una reposición de procedimiento hecha bajo estas reglas. Sólo si, como producto del rapapolvo que le propino el tribunal, el grupo encabezado por Alberto Begné asume que su destino político estará marcado por su conducta en este proceso y que el costo de la exclusión de sus adversarios puede ser el desprestigio, la reputación aniquilada y el ostracismo político y, por lo tanto, decide recomponer en su totalidad, a través del diálogo y la negociación, su actuación atrabiliaria, tendrá alguna posibilidad de supervivencia un proyecto político por el que votó más de un millón de ciudadanos en 2006.
Sin embargo hay demasiados elementos para el escepticismo. No parece que después de haberse apoderado del botín con tanta saña y encono, vayan los asaltantes a reconocer que a pesar de tanto esfuerzo tienen que compartir el espacio político con quienes desprecian al grado de llamar feminazis, pinkys y otra sarta de insultos que demuestran su falta de comprensión y acuerdo con el programa que logró el registro del partido. Tampoco hay señales de que su pretendido compromiso democrático y legal vaya más allá de la simulación de procedimientos formales y que ahora sí vayan a entender la lógica del reconocimiento del otro, de la necesidad de deliberación democrática y de la construcción de acuerdos sobre la base del diálogo.
El fallo del tribunal federal abrió una pequeña oportunidad para que Alternativa reencuentre el camino de la política democrática en su vida interna, pero sin auténtica convicción de que el camino hasta ahora recorrido lleva únicamente a la aniquilación de un proyecto que le dio esperanza de recuperar la política como instrumento a más de un millón de personas, poco se puede esperar de la reposición formal de un proceso, sobre todo cuando una de las partes se ha quedado sin recursos y vínculos formales para competir durante varios meses. Claro que quienes controlan el aparato partidista y, además, van a organizar las asambleas por mandato judicial llevan una ventaja injusta, muy lejana a un auténtico acto de reparación.
Me gustaría equivocarme y encontrar un talante diferente al demostrado durante meses de confrontación cainita en Alternativa. Me encantaría que de las conversaciones en curso saliera un acuerdo con la legalidad y la restauración del orden democrático dentro del partido. Sería estupendo que se entendiera que durante la pasada campaña electoral se estableció un contrato con los votantes que debe ser cumplido y que, más allá de los agravios mutuos, se pudiera construir un espacio de convivencia y discusión política y no sólo un campo de batalla. Sin embargo me mantengo escéptico. A ver si la disposición al diálogo manifestada lleva a que la sentencia del TEPJF no sea el camino para un nuevo montaje excluyente.

"Yestarday's gone"

2008-06-03T22:05:00.000-05:00

El niño Barak con su madre en Hawai.

En 1992 la candidatura de Bill Clinton se presentó como un soplo de aire fresco después de los doce años acedos de presidencia republicana en los Estados Unidos, primero los del conservadurismo oscurantista de Reagan y después los cuatro de marcha triunfal del pensamiento único sobre las ruinas de la Unión Soviética y su imperio de Bush padre. Clinton apareció de la nada, cuando los demás candidatos demócratas eran reacios a participar en lo que consideraban una derrota anunciada para cualquiera que fuera por su partido. El viejo Bush aparecía como el presidente fuerte, conservador sensato, que le había parado en seco los tacos a Sadam Hussein y que reperesntaba mejor que nadie el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Los demócratas más prudentes estaban dispuestos a dejarlo que siguiera gobernando. Pero apareció el joven y simpático gobernador de Arkansas , con su cara de niño bueno y su brillante mujer a lado. No en balde durante las primarias muchas partidarias lucieron botones que decían que iban a votar por el marido de Hillary.
La campaña de Clinton se llevó los malos humores de los pantanos del conservadurismo más puritano y militarista con una cancioncita de Fleetwood Mac con un estribillo que decía:
“Don’t stop, thinking about tomorrow,
Don’t stop, itll soon be here,
Itll be, better than before,
Yesterday’s gone, yesterday’s gone.”
Una cancioncilla fresa pero muy optimista, excelente para una campaña. La pareja iba de reformista moderada y se mostró moderna cuando comenzó la guerra sucia de ventilar los pecadillos sexuales de Bill y salieron juntos a enfrentar el asunto sin falsas hipocresías moralistas.
Ganó con una buena ayuda de la economía, que en aquel 1992 decidió echarse como las mulas. Y Clinton fue un buen presidente, poco aventurero en lo internacional y concentrado en la administración de la economía, una vez que fracasó en sus intentos de reformas más relevantes, sobre todo la del seguro médico universal.
La tragedia de Gore, triunfador en votos populares pero incapaz de detener en Florida la revancha de Bush, apartado de la presidencia después de un único período, nos condujo a estos ocho años de despropósitos, de tragedia de errores. Guerrero, fanático y loco, la mejor herencia de baby Bush puede ser haber abierto la puerta a un proyecto de reforma más profundo, a una ampliación de la representación en los Estados Unidos, pues aunque sólo sea en al ámbito de las elites, la llegada de un negro a la presidencia significaría un tirón hacia una mayor democratización de la política norteamericana.
Y ahí está Barak Obama, con su sorprendente campaña de apuesta por el cambio. No queda muy claro de qué se trata, pero en términos generales suena bien. Suena juvenil y aventurado y puede generar un clima de renovación como el de los primeros años sesenta, a partir del triunfo de John F. Kennedy, que desembocó en la década prodigiosa.
Puede que estemos en la antesala de tiempos mejores, más creativos, menos pacatos. Puede ser que nos vuelva tocar vivir tiempos interesantes, como los de la maldición china. El hecho es que hoy sonaron los ecos de aquella vieja tonadita en la casa de los Clinton: “yesterday’s gone, yesterday’s gone…” Ojalá así suene en todos los Estados Unidos y resuene en el mundo después de noviembre..

El artículo de La Crónica

2008-05-28T18:31:00.000-05:00

El gobierno del cardenal

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 28 de Mayo de 2008 | Hora de publicación: 03:13

Desde hace tiempo me ha dado vueltas en la cabeza la idea de que existe una paradoja entre la manera en la que se resolvió el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado en México y la forma en la que se resolvió en España el mismo tema. Tanto en España como en México los esfuerzas de la Iglesia por ser socios del poder y conseguir protección particular del Estado han sido permanentes. El siglo XIX fue escenario de tensiones permanentes que provocaron oleadas recurrentes de violencia, cuando no guerras abiertas. Y en ambos países en el siglo XX la Iglesia participó activamente en conflictos armados por el control del Estado. En México se quedó sin aliados con capacidad de imponerse por las fuerza y fue derrotada, mientras que en España formó parte de una coalición amplia en la que participó la mayor parte del ejército y acabó por triunfar en la guerra civil.
Y en esto radica la paradoja: mientras que en México la Iglesia fue derrotada militarmente, negoció una situación que le permitió mantener su fuerza ideológica y al llegar la democracia ha salido fortalecida, mientras en España el triunfo militar le proveyó sin duda múltiples privilegios y riquezas durante la dictadura, pero a costa de su influencia cultural, al grado de que hoy la secularización de la sociedad española es contundente y a pesar de los intentos del Partido Popular para apoyarla, su desprestigio institucional es ingente.
En cambio en México, frente a unos políticos impresentables y un Estado percibido como esencialmente corrupto, aunado al desastre educativo y a los medios de comunicación que entorpecen el avance secularizador, la Iglesia católica goza de gran prestigio entre la gente, al grado de que es la segunda organización mejor valorada cuando se pregunta sobre confianza institucional. En España la Iglesia ganó, pero perdió. En México la Iglesia perdió pero acabó ganando. Esto habla sobe todo de la debilidad del Estado mexicano, de su incapacidad para construir legitimidad ideológica fuerte, en un sentido laico, y del fracaso del sistema educativo mexicano, más que de virtudes teologales de los curas.
Sin duda, el papel protagónico que ha tenido el PAN en la transición democrática está relacionado con el repunte de la influencia ideológica de la principal confesión religiosa del país. Mucha de la socialización panista primigenia, la que eclosionó a partir de la crisis de 1982, se hizo en los círculos católicos de provincias. La ACJM, el movimiento familiar cristiano, las damas de esto o lo otro, fuero centros de elaboración y socialización de repertorio estratégico y de formación ideológica de quienes hoy son los cuadros locales de Acción Nacional, incluidos desde luego sus gobernadores. Mucho se ha hablado del Yunque como organización de la derecha católica radical y de su papel en el PAN y mucho de lo que se ha escrito no es más que mito, pero sin duda hay una historia compleja de relación orgánica entre grupos promovidos por la Iglesia católica y el partido. Se trata de grupos diversos, con distintos grados de beligerancia derechista, pero comparten la matriz conservadora y moralista.
Por eso no debe extrañar en lo más mínimo que exista un personaje como el gobernador Emilio González, a quien le parece de lo más normal privatizar a favor de un grupo de particulares —el de los curas y su feligresía, por amplio que éste sea— una cantidad significativa de recursos públicos. Se trata de una forma de utilización patrimonial de las rentas del Estado, sin duda, pero al gobernador eso le parece justo y honrado porque fue formado en la idea de que eso de la separación de la iglesia respecto al Estado tenía algo de perverso, de iniquidad. Nada más simbólico que hacer el donativo al templo de los “mártires”, de quienes defendieron su fe —nunca sus intereses— frente a la impiedad de los políticos. Se trata de un panista haciendo justicia a la causa en la que fue formado.
El asunto es que el Estado laico mexicano no está consolidado, a pesar de la radicalidad discursiva de los gobiernos de la época clásica del PRI. Como en casi todos los ámbitos de su acción, la organización estatal es débil en lo que se refiere a su capacidad de legislar y educar en un sentido que no tome en cuenta particularidades religiosas y morales. Y tenemos que hacernos cargo de la influencia de la Iglesia católica entre la clase política, no sólo entre los panistas sino también en el PRI, pues no han sido pocos los gobernadores salidos de ese partido que han dado trato de privilegio al episcopado de sus prebostazgos.
Lo excepcional del caso de Jalisco no es la condescendencia gubernamental con la Iglesia. Es la claudicación del poder estatal frente al del Cardenal, de quien el gobernador sólo actúa como acólito o sacristán. Ahí sigue, con su rictus permanente, Sandoval Iñiguez ejerciendo el poder. Como en los tiempos virreinales, cuando con frecuencia el gobierno se trasladaba del palacio del virrey al del arzobispo, en Jalisco el gobernador simplemente deja hacer al jerarca católico. Y éste usa, año con año, el asunto del asesinato de su predecesor para chantajear al Estado con una dosis de ilegitimidad. Quince años después sigue insistiendo en que no cree las conclusiones de una de las pocas investigaciones acuciosas y plenamente documentadas hechas por la fiscalía mexicana en su historia. Claro que mientras la ineficacia policial y del ministerio público sea tan alta en los casos comunes y corrientes, habrá quien le crea al arzobispo de Guadalajara sus patrañas.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

Alma

2008-05-25T11:29:00.001-05:00

"Lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos cuando comen tus despojos."

—Albert Plá

¿Dios?

2008-05-25T10:57:00.000-05:00

"Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿De dónde proviene la maldad? ¿No es él capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿Por qué llamarlo Dios?".

—Epicuro (341 a.C.-270 a.C.), filósofo griego.

"Si es infinitamente bueno, ¿qué razón deberíamos tener para temerle? Si es infinitamente sabio, ¿por qué deberíamos tener dudas concernientes a nuestro futuro? Si lo sabe todo, ¿por qué advertirle de nuestras necesidades y fatigarlo con nuestras oraciones? Si está en todos lados, ¿por qué erigirle templos? Si es justo, ¿por qué temer que castigará a las criaturas a las cuales llenó de debilidades? Si la gracia lo hace todo por ellos, ¿qué razón habrá para recompensarlos? Si él es todopoderoso, ¿cómo ofenderlo, cómo resistírsele? Si es razonable, ¿cómo puede enojarse con los ciegos, a quienes les ha dado la libertad de ser irrazonables? Si es inamovible, ¿con qué derecho pretendemos hacerlo cambiar sus designios? Si es imposible de concebir, ¿por qué habremos de ocuparnos de él? Si él ha hablado, ¿por qué el Universo no se ha convencido? Si el conocimiento de un Dios es el más necesario, ¿por qué no es el más evidente y el más claro?"

—Percy Bysshe Shelley (1792-1822), poeta ingles, en "The Necessity of Atheism"

Indignación

2008-05-07T11:33:00.000-05:00

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 7 de Mayo de 2008 | Hora de publicación: 02:25

Eso es lo que siento. Un enfado vehemente contra los actos del Tribunal Electoral del Distrito Federal y contra los del Tribunal Electoral de la Federación —el TEPJF de eterno nombre— que han avalado el asalto a Alternativa Socialdemócrata. Y si el sentido de su fallo me ha indignado, los argumentos con los que lo justifican me han causado una profunda repugnancia. Puede ser que las decisiones de la sala federal sean definitivas y jurídicamente inatacables, pero no son por ello ajenas a la crítica, sobre todo cuando resultan esencialmente subjetivas y sin que detrás de ellas exista un criterio jurídico sólido.
El tribunal del DF falló a favor de la validez de la asamblea de Alternativa con el argumento de que la violencia, si bien sí había existido, no fue permanente, así que los agredidos pudieron haber regresado a la sesión. Vaya tontería. El machismo del argumento apabulla. Según el tribunal unas personas que fueron golpeadas, perseguidas, encerradas y sustancialmente amedrentadas debieron de haber esperado agazapadas a que los agresores, pagados evidentemente por los adversarios, se fueran y entonces, bravuconamente, volver a la sala a continuar deliberando democráticamente con quienes habían pagado para que los echaran. El argumento es pueril o francamente parcial. Y detrás de él no hay ningún argumento jurídico, pura apreciación subjetiva que, de ser honrada, sólo muestra una falta de conocimiento sobre los mecanismos biológicos del miedo y de los efectos de la violencia sobre personas inermes.
Joaquín es un joven activista por la causa de las personas que viven con discapacidades. Él encontró en Alternativa un espacio para amplificar su voz y apostó por el proyecto que representó en 2006 la candidatura de Patricia Mercado. Él era uno de los delegados a la asamblea que tuvieron que salir protegidos a duras penas por sus compañeros ante la agresión de unos golpeadores a sueldo. ¿De verdad creen los magistrados que Joaquín iba a tener alguna gana de volver a la asamblea? ¿Qué tipo de persona vuelve de inmediato a un sitio de donde la acaban de echar a platazos, sillazos y puñetazos? No sé si los magistrados hicieron el ejercicio mental básico de la justicia que consiste en ponerse en el lugar del otro. Tal vez ellos —y ella— sean muy machos. Los integrantes del proyecto original de Alternativa no lo somos.
Precisamente porque estamos en contra del machismo y de la arbitrariedad es que hemos apostado por las reglas y por instituciones justas. Sin embargo las que actualmente tenemos evidentemente no lo son. Las últimas instancias en este país son tan parciales, tan partidistas, que no son merecedoras de auténtica legitimidad, entendida como la aceptación social de una regla y sus efectos. Cuando los tribunales aplican criterios evidentemente arbitrarios e infundados en derecho y en sentido común, no hay manera en la que realmente se les reconozca como árbitro imparcial y se tenga una percepción real de justicia. Por este tipo de fallo la justicia mexicana carece de credibilidad y se le tiene por venal.
Y por desgracia la justicia es sólo uno de los males de nuestro arreglo estatal, usado por la mayoría de los sujetos políticos como fuente para el atraco, para la extracción de rentas sociales, ya sea por medio de los impuestos o por medio de los sobornos. La privatización del espacio público y del presupuesto del Estado. Eso ha sido la política mexicana por siglos. Si durante setenta años al reparto sólo le entraban los incluidos dentro del monopolio priista, hoy son algunos más los que luchan por el botín, y sus roces se enconan hasta la frontera de la violencia.
Y, mientras tanto, entre la sociedad no crece un sentimiento de afecto hacia la democracia. La conducta de los políticos en todos los ámbitos del espacio estatal no conduce más que al rechazo —es absurdo pensar, por cierto, que un juez no es un político: lo es, pero juega en un sistema de incentivos distinto—. Por ello debe de tratarse de carreras completamente excluyentes, que no se entremezclen; en México han estado demasiado entreveradas.
Partes de la sociedad voltean a otro lado, en una mezcla de indiferencia y asco. Entre otras, el abandono y la marginalidad se convierten en resentimiento. Del fracaso de la política para brindar bienestar y garantizar unas reglas percibidas como esencialmente equitativas abrevan la delincuencia organizada y todos los mercados negros, no sólo el de las drogas.
Y la política fracasa tanto porque los políticos carecen de talento para idear reglas equitativas, como por los valores, compartidos por amplios grupos de la sociedad, que premian la apropiación privada de los bienes públicos, lo mismo que por la falta de desarrollos de rutinas sociales de cooperación y confianza.
Bien me comenta Adolfo Sánchez Rebolledo —uno de los más finos analistas de la prensa mexicana, con auténtica cabeza de izquierda:
“Me parece que fue un error dar por concluida la transición a partir del cambio electoral. Teníamos demasiada prisa por ser modernos y se nos quedaron en el camino las herramientas esenciales: el deseo de vivir de otro modo, en primer lugar. Cayó el monopolio del poder y a esa nueva realidad la llamamos democracia. El antiguo discurso del estado de derecho se puso al día sin grandes contratiempos, pero la justicia, la política, la economía o la religión siguieron siendo privilegio de las elites, ampliadas por el reparto del pastel electoral pero minoritarias al fin.
La gran revuelta panista se nos presentó como la última palabra en materia democrática, pero el resultado fue el foxismo-calderonismo. Por eso se escuchan los tambores de los bárbaros y nadie los calla”.
El recientemente fallecido Charles Tilly, que debería ser leído en México con cuidado, no lo hubiera planteado mejor.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

En la marcha por la legalización de la mariguana

2008-05-05T12:43:00.001-05:00

Originally uploaded by elcalamar

La causa va avanzando. Comienza a haber una base social para impulsar una legislación laica, no moralista, sobre la mariguana. El mismo día presentamos la iniciativa para permitir el uso médico de la cannabis y la investigación con ella. Mientras los piratas se quedan con el cascarón vacío del partido para hacer sus negocios, nosotros construimos hegemonía cultural. Es cuestión de miras.

Sobre la UAM en Crónica

2008-04-09T22:30:00.000-05:00

La huelga

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 9 de Abril de 2008 | Hora de publicación: 02:00

Terminó, después de 64 días, la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es la decimosexta huelga emprendida por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) que termina sin haber conseguido nada más que lo originalmente ofrecido por las autoridades universitarias, atadas por un presupuesto dependiente casi en su totalidad de los recursos públicos federales. Así lo ocurrido en la universidad durante los dos meses pasados tenía un final anunciado, aunque en esta ocasión se rompió el récord de duración del paro. ¿Cómo es posible que, a pesar de las experiencias previas y del conocimiento de la capacidad real de presión que tiene el sindicato, la dirección sindical y las asambleas de delegados hayan ido a la huelga y la hayan mantenido durante tanto tiempo? ¿Cómo un sindicato al que ha abandonado la mayoría de los profesores sigue teniendo la capacidad legal de llevar a una huelga sin que los trabajadores involucrados tengan la posibilidad de expresar directamente su opinión?
Las respuestas no son sencillas. Sin duda, algunas pistas se deben buscar en el papel que juegan las ideologías a la hora de determinar la conducta de los actores, para tratar de entender cómo, a pesar de todos los indicios empíricos de que la huelga no iría a ningún lado, los grupos de activistas sindicales más radicalizados se empeñaron en sostener un movimiento que, sin duda, iba a fracasar. Las ideologías moldean el comportamiento de manera análoga a como lo pueden hacer las instituciones, produciendo comportamientos rutinarios que parecen irracionales desde un análisis conductual de corte neoclásico. Pero ésta sólo es una parte de la explicación, pues no es suficiente para entender por qué un puñado de radicales, convencidos de que con su movimiento podrían hacerle alguna mella al gobierno que consideran ilegítimo, puede llevar a la huelga a todos los trabajadores de la universidad, incluso en contra de la voluntad mayoritaria.
Para aclarar el asunto es necesario entrarle a fondo a uno de los problemas centrales de la legislación laboral mexicana: la titularidad de los contratos colectivos, de una vez y para siempre, en manos de los sindicatos. Esta cuestión tiene, sin duda, orígenes históricos legítimos, pero en la práctica se convirtió en un mecanismo de control de los trabajadores, ya sea por los sindicatos corporativos del viejo régimen o por los sindicatos blancos, que pactan un contrato con los empresarios aun antes de que haya trabajador alguno, o por sindicatos como el SITUAM, atrapados por una ideología rígida que les impide adecuar sus estrategias de negociación a las condiciones de la realidad. En cualquier caso, es la burocracia sindical la que acaba por monopolizar la decisión sobre el rumbo de acción de la organización.
Muchos profesores de la UAM llevamos años pensando en que el SITUAM no sólo no nos representa, sino que nos ha perjudicado por su forma peculiar de gestionar nuestras condiciones de trabajo. Estoy seguro de que somos mayoría; sin embargo no ha existido un grupo decidido a pagar los costes de organización necesarios para obtener la acción colectiva que pudiera conducir a un recuento que le arrebatara al SITUAM la titularidad del contrato colectivo. Además, no existe ninguna garantía de que un nuevo sindicato con las mismas condiciones de control sobre el contrato no tarde en dejar de representar los intereses colectivos para comenzar a actuar por los de su burocracia.
Durante los años setenta el clamor de la izquierda, ahora olvidado, era el de la democracia sindical. En ese entonces se entendía por ello la necesidad de que las organizaciones existentes, titulares de los contratos colectivos, se reformaran para adquirir reglas y prácticas democráticas. Fue en aquella época cuando nacieron sindicatos como el SITUAM, que se suponía tendrían una vida interna plenamente democrática. Sin embargo, el resultado de aquel proceso de renovación sindical, cuya memoria queda en el adjetivo independiente que lleva en su nombre el de trabajadores de la UAM, fue la construcción de organizaciones igualmente verticales, con múltiples obstáculos para la participación y con ningún mecanismo de consulta general de los afectados en un caso como el de la huelga reciente, pues el sistema de asambleas genera incentivos negativos para la participación de la mayoría. Sólo los más avezados en el funcionamiento asambleísta logran hacer avanzar sus posiciones, mientras que los interesados de a pie acaban alejados de las eternas reuniones con retóricas interminables sólo aptas para activistas pacientes y decididos.
El paso que debería darse en la legislación para que la famosa reforma laboral, estancada desde hace años, no sólo se hiciera en beneficio de los patrones sino que incluyera contrapartidas en beneficio de los trabajadores, sería el de dar auténticas garantías para la liberta sindical. De nada sirve que pueda haber diferentes sindicatos en una fuente de trabajo si la titularidad del contrato la tiene una sola organización y desplazarla implica un recuento complicado de organizar, con la intervención de la autoridad laboral, muchas veces parcial y arbitraria. Si, en cambio, como sucede por ejemplo en España, diversas organizaciones sindicales compitieran por la gestión temporal de los contratos, con elecciones sindicales organizadas por la autoridad laboral cada dos años, los trabajadores tendrían la oportunidad de desechar a las burocracias sindicales que no correspondieran a sus auténticos intereses y de elegir renuevos para gestionar sus condiciones laborales.
Si en algún ámbito está vivo el antiguo régimen es en el mundo del trabajo, donde el corporativismo y las burocracias sindicales siguen imperando, sin haberse enterado de que el PRI ya no tiene el monopolio del poder.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

Más pesimismo

2008-04-03T14:46:00.001-06:00

Las derrotas de la izquierda

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 2 de Abril de 2008 | Hora de publicación: 02:52

Este es un tiempo ominoso, vitando, para la izquierda mexicana. Varias de sus expresiones, empezando por la mayor del sistema político, han mostrado sus rasgos más repelentes y sus tremendas carencias. Con ello se han autoinfligido derrotas contundentes.
El PRD ha hecho evidente su incapacidad para la democracia. Si en 2006 clamó fraude y logró convencer de ello a buena parte de la sociedad, al tiempo que movió a la indignación a sus electores que se sintieron robados, hoy enseña su escasa solvencia ética para reclamar afrentas reales o imaginarias. Los diversos grupos del PRD, herederos de la política de masas, desconfían de su capacidad de convencer a la ciudadanía y quieren sostener su fuerza a partir del control de clientelas dependientes, atadas por la necesidad de protección frente a un ambiente social que las mantiene en la miseria y la marginación. Con ello el PRD deja en evidencia el oficio auténtico de muchos de sus cuadros: operadores políticos, eufemismo con el que se refieren a los intermediarios que sirven de negociadores de la desobediencia y protectores frente al desamparo jurídico de masas de pobres, a las que sirven de gestores y de traductores del orden administrativo —coyotes, pues— ante su ignorancia y la incertidumbre en que el arreglo político mexicano las ha mantenido.
El acarreo, la compra de votos, el control de bases, padrones inflados y fraude puro y duro, con relleno de urnas, falsificación de actas y resultados de casillas no instaladas son todos prácticas pertenecientes a un repertorio estratégico tradicional de la política mexicana, existentes muchas de ellas antes de la aparición del PRI. Pertenecen al entramado de reglas sociales sobre las que se construyó la estabilidad del viejo régimen y subsisten más allá de la existencia del sistema de incentivos del final del monopolio político que las articuló.
Pero se supone que la izquierda tiene sentido cuando hace una crítica material a las prácticas sociales de dominación; si no cumple con esa tarea, pierde su sentido liberador. Un partido de izquierda que maneja las clientelas sociales a la manera del viejo PRI no es más que un mecanismo de control social igualmente opresor.
En otro lado, menos visible, del espectro político, la izquierda vivió otra derrota. Ahí la expresión de la falta de compromiso con la democracia no se dio sólo a través del predominio del control de clientelas por encima del debate y la convicción de ciudadanos libres. En Alternativa el debate posible se acalló con un golpe de fuerza, con la subversión completa del arreglo estatutario; eso sí, con el mantenimiento formal, aparente, de las normas. También es ésta una de las prácticas políticas tradicionales de México, una más de las que componen el repertorio estratégico de los políticos mexicanos desde el siglo XIX. Juárez, Porfirio Díaz y Obregón fueron los maestros de ese arte, que tuvo representantes sanguinarios, como Huerta. Se trata de aplastar a las instituciones al tiempo que se simula que se les respeta, incluso se les idolatra. El objetivo es la concentración personal de poder para beneficiar a una camarilla de validos, con la argucia de que no existen condiciones para la democracia.
En Alternativa la usurpación montó su farsa en asamblea. Dijo un articulista que había sido un espectáculo estalinista. No hay que ir tan lejos. Se trató más bien de un montaje al estilo de Venus Rey --antiguo líder del sindicato de músicos de la época de oro del régimen del PRI-- o de Sarita Ornelas, inolvidable lideresa de los vendedores de billetes de la Lotería Nacional en aquellos mismos añorados tiempos. La unanimidad en torno al líder; la exclusión de los adversarios. Nada de debate ni divergencias. La deliberación democrática debilita y la representación plural reduce el botín.
El jueves pasado, en entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, Alberto Begné afirmaba con contundencia que eran suposiciones sin fundamento de Patricia Mercado las afirmaciones sobre su pretensión de cambiar el nombre y los estatutos del partido. Sólo habían pasado tres días cuando su asamblea de leales estaba cambiando el nombre y los estatutos del partido. Eso sí, en el ínter lanzaba acusaciones de mentiroso pagadas con recursos públicos contra Miguel Ángel Granados Chapa porque en un artículo lo había exhibido con base en una recopilación de testimonios públicos.
¿Pueden convencer a ciudadanos libres de que voten por ellos políticos que dan tan pobre espectáculo? Esta pregunta tiene sentido desde una perspectiva de pragmatismo democrático. Desde una visión más de ética política, la pregunta tendría que ser otra: ¿cuál es el objetivo político que se persigue? Si de lo que se trata es sólo de apropiarse de un trozo del pastel de los recursos públicos, entonces el llamarse de izquierda es sólo una impostura que carece de cualquier significado liberador. La izquierda tiene sentido sólo como proyecto de transformación para aumentar la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas. Si no es así, llamarse de izquierda es sólo una mera etiqueta.
Otra derrota: el SITUAM metió a los trabajadores en una ruta sin salida. Los llevó a una huelga perdida de antemano. Estoy seguro de que muchos de los más radicales activistas sindicales no tienen en sus prioridades los intereses de los trabajadores, sino la fantasía de que pueden influir en la política contra el gobierno de la derecha, encabezado por Calderón. Aislados y casi olvidados en los medios, los huelguistas de la UAM no sólo se cargaron el trimestre académico, sino que han dejado sin salario durante dos meses a los trabajadores académicos y administrativos a quienes dicen representar. No van a ganar nada nuevo respecto a lo que les ofrecieron desde el principio; tal vez un bono de 2500 pesos; eso sí, después de haber perdido el 50% de los salarios de estos dos meses, mucho más significativos. Un desastre que muestra la obsolescencia del modelo de organización sindical con control monopolista de los contratos colectivos de trabajo. Otro mal impacto de la izquierda en la percepción social. Así, ¿cuándo se podrá construir hegemonía cultural?

Artículo de Crónica

2008-03-26T14:46:00.000-06:00

¿Por qué son tan corruptos los partidos mexicanos?

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 26 de Marzo de 2008 | Hora de publicación: 02:55

El tema da para un largo ensayo. Hace falta un buen libro sobre la corrupción en México, que la explique históricamente. Han habido atisbos, como los de Octavio Paz y sus explicaciones sobre el patrimonialismo mexicano, de matriz ibérica, o las puntas de explicación de Douglass C. North, cuando atribuye el mediocre desempeño económico de los países de Latinoamérica a las instituciones heredada de los países coloniales, sobre todo de España, más que de Francia o Portugal. Comparativamente, la matriz británica, con sus derechos de propiedad más eficientes debidos al carácter representativo de su régimen político, produjo países con Estados más eficientes, con mayor respeto al orden jurídico y mayor capacidad estatal para obligar el cumplimiento de la ley y, por ende, con menos apropiación privada de los bienes públicos.
Pero hace falta un estudio detenido de cómo se concretaron en la cultura política mexicana los ritos y prácticas de la corrupción. Hace falta también entender el papel que la corrupción juega en los resultados de una economía que no genera ni crecimiento, ni mucho menos redistribución. Sería muy interesante entender cómo forma parte del imaginario político colectivo, que tiende a concebir a la política como un medio para la acumulación personal de riqueza, como la entrada al reparto del botín público a través de la utilización personal de una pequeña parcela de control sobre el cumplimiento de las reglas.
La negociación permanente con la desobediencia de la ley —la que manipula la participación política de personas que se mueven por migajas debido a la tremenda pobreza en la que vive buena parte de la población del país y se usa para chantajear al Estado o a los políticos— es una de las formas más comunes y abyectas de corrupción. Es la que practican personajes como René Bejarano, pero que fue práctica común durante la época clásica del régimen del PRI. El acarreo de los viejos buenos tiempos era un mecanismo de chantaje, pues la movilización de apoyo se podía convertir en inconformidad inmovilizante si el reparto de rentas no beneficiaba a los intermediarios que se hacían con una renta estatal de la cual sólo repartían unas migajas entre sus seguidores, suficientes para generar una sensación de protección y padrinazgo para mantener la lealtad de una red acostumbrada a paliar su hambre con la asistencia a actividades políticas.
El viejo PRI ya no tiene para conservar aceitadas a esas redes, que le garantizaron cuando estaba en el poder la gestión política de la pobreza. Buena parte de esas redes fue asumida por el PRD, más otras que fueron organizadas por los propios perredistas a imagen y semejanza de las del PRI. Otras más andan sueltas y se venden al mejor postor, al que les pague. Y sirven desde para un registro de partido, hasta para una pequeña revuelta.
La legislación actual para el registro de partidos le ha dado a esas redes una oportunidad de supervivencia. Con base en ellas se han registrado los partidos de reciente entrada a la competencia política, desde al menos 1999. La exigencia legal de movilizar en asambleas a 60 mil personas en todo el país, además de tener que reunir las afiliaciones de dos tantos más de ciudadanos con credencial de elector, ha generado un mercado de movilización de clientelas, pues las únicas formas de participación política de masas que quedan en México son la clientelista y la corporativista. La primera está en el mercado, mientras que la segunda está mucho más controlada por el viejo PRI, aunque con la escisión de los maestros, controlados a través del presupuesto institucional de la SEP que el sindicato ha logrado controlar más allá del cambio de partido gobernante. El Partido Nueva Alianza es la expresión de la autonomía política de un sindicato antes priista que mantuvo el control monopolista de una parcela de rentas del Estado, lo que muestra con claridad la subsistencia del corporativismo más allá de la alternancia.
La necesidad de recurrir a clientelas para construir un partido ha deformado sustancialmente incluso a las organizaciones con pretensiones de auténtica ciudadanía, sustentadas en torno a un programa político auténtico. El resultado es que todos los partidos nuevos se han visto penetrados por esa forma de corrupción y opresión que es la movilización clientelista.
En mi experiencia personal, tanto Democracia Social como Alternativa se deformaron precisamente por recurrir a clientelas para obtener su registro. A ninguno de los dos partidos las clientelas utilizadas para cubrir los requisitos legales le sirvieron de nada a la hora de los votos. Por el contrario, fueron un lastre para la distribución de los limitados recursos públicos.
Pero está la otra corrupción partidista, la de quienes buscan el registro para utilizarlo en beneficio de un grupo o una familia. Esa es la que predomina en los partidos mexicanos y que tanto México Posible como Democracia Social lograron eludir. Sin embargo, el tercero de la saga cayó en manos de un grupo que se parapetó detrás de la figura y el programa de Patricia Mercado para obtener el registro y ahora busca utilizar la franquicia para beneficiar sin escrúpulos la carrera política de unos cuantos, sin ningún compromiso programático ni, principalmente, ético.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

El nuevo gesticulador

2008-03-19T19:27:00.000-06:00

En 1938, Rodolfo Usigli escribió El Gesticulador, obra teatral en la que exhibe las simulaciones y las maneras de hacer las cosas de la política del régimen de la revolución en proceso de institucionalización. Los personajes de grand gignol de aquella obra molestaron tanto a los políticos de la época que fue prohibida. Sin embargo, ahí estaba retratada la clase política emergente, la que dominó el escenario nacional durante toda la época clásica del PRI.
En nuestros días estamos ante la emergencia de nuevos gesticuladores que, como el personaje de Usigli, adoptan personalidades falsas para apropiarse de un pedazo del pastel distributivo de la política. Como meros fonomímicos se apropian de un discurso aunque sólo estén moviendo los labios y en su cabeza no exista ninguna idea novedosa. Es lo que ocurre cuando Dante Delgado, por ejemplo, se pretende socialdemócrata o cuando entre lo más oscuro de los jefes mafiosos del viejo PRI se oyen supuestos clamores progresistas. Entre esta estirpe ha emergido un personaje singular, un auténtico nuevo gesticulador, que finge un discurso de izquierda democrática y repite ideas ajenas, en las que por lo demás no cree, para hacer avanzar su carrera política, aunque en el camino actúe como sepulturero del proyecto colectivo al que ha pretendido pertenecer. Este personaje es Alberto Begné, presidente de Alternativa Socialdemócrata, aspirante a la reelección en la dirección del partido.
Begné comenzó su carrera como joven político promotor de diferentes iniciativas de carácter generacional. Su campo preferido de relaciones era el de los hijos de conocidos políticos del régimen que a principios de los noventa comenzaban a manifestar sus propias aspiraciones. Se fue abriendo espacio y en 1996 fue uno de los cinco promotores de una reunión en La Trinidad, Tlaxcala, en la confluyó un grupo interesado en echar a andar un proyecto socialdemócrata para México. De ahí saldría el núcleo de lo que posteriormente fue Democracia Social, pero Begné en el camino, al igual que otros de los participantes en la reunión fundacional, optó por aparcar el proyecto e ingresar, como director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, al recién reconstituido IFE bajo la presidencia de José Woldenberg.
Su desempeño fue aparentemente exitoso, al grado que Woldenberg lo consideró candidato a la Secretaría Ejecutiva del IFE después de la renuncia de Felipe Solís. Begné creyó llegada su hora y se empeño por conseguir el cargo, pero no logró la mayoría calificada de consejeros necesaria para el nombramiento. Entonces sintió que no podía permanecer en su puesto de director ejecutivo, pues ya no era suficiente para su personalidad en ascenso. Mientras tanto, el proyecto de Democracia Social avanzaba y renunció al IFE con el anuncio de que se sumaba al esfuerzo de crear el nuevo partido político.
Su paso por Democracia Social fue efímero. Los impulsores le propusieron ocupar la secretaría general una vez constituido el partido, sin embargo quienes ya estaban trabajando por lograr las asambleas le parecieron de baja estofa, peludos ex comunistas que llegaban con Rincón Gallardo; arguyó a sus salida, seis semanas después de su entrada, que su prestigio personal iba a sufrir si se le vinculaba con Arturo Whaley, el ex dirigente sindical de los nucleares, al que Alberto le atribuía negocios turbios. Quién lo viera ahora.
Se dedicó a partir de entonces a la consultoría y a impulsar una agrupación política, Iniciativa Ciudadana XXI, esa sí formada por los jóvenes yuppies de los que le gustaba rodearse. Por supuesto, seguía actuando de consuno con su jefe político de años, Jorge Alcocer. Después incursionó como empresario editorial y director de la revista Arcana la cual dejó al garete cuando le ofrecieron ser secretario ejecutivo, por fin, del recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Tampoco en el IFAI se halló por mucho tiempo y renunció por conflictos con los comisionados.
Ya para entonces había forjado una relación política relevante con Jesús Ortega y comenzó a tratar de recuperar el tiempo perdido en la construcción de su liderazgo en la izquierda electoral. Por eso cuando Patricia Mercado lo invitó a dirigir Alternativa Socialdemócrata le cayó como agua de mayo. Era el momento de reencauzar su zigzagueante carrera política.
Y ahí apareció el gesticulador que albergaba su alma. Carente de ideas, temeroso en sus propuestas, vio desde el principio con horror a las feministas y a los jóvenes turcos del partido. En campaña se dedicó a tratar de moderar los temas de Patricia. No veía con buenos ojos ni la demanda de legalización del aborto, ni las sociedades de convivencia, ni, por supuesto, la de la legalización de la mariguana. Nada, desde luego, quería oír de esa cosa llamada ingreso ciudadano universal. Lo suyo era el Estado de derecho y la reforma a la justicia, tema único en su haber si de alguna elaboración se puede hablar en su carrera.
Pronto se puso a la cabeza no del partido sino de una facción. Una vez terminada la campaña buscó en alianzas sin ton ni son la posibilidad de su propia supervivencia política.
Eso sí, hizo negocios. Información pública muestra cómo pagó facturas por catorce millones de pesos a la empresa de uno de sus socios, Ramón Llerena. El año pasado, el beneficiario fue su otro socio, Homero Cárdenas, vinculado políticamente con Emilio Gamboa, a quien le pagó asesorías millonarias. Pactó con el PRI en Veracruz, con el PRD en Michoacán y con quien se dejara aquí o allá. Los temas que antes le sacaban ronchas le comenzaron a llenar al boca en cuanto los vio redituables y, finalmente, a la hora de buscar la reelección, amplió su esquema de alianzas a los gobernadores malditos, Ulises Ruiz y Mario Marín. Por supuesto, su viejo amigo Jesús Ortega le prestó algunos afiliados, sobre todo en el estado de México, tal como lo exhibieron ayer los perredistas. Begné se reafilió al partido al amparo de un Comité facilitado por sus aliados de Nueva Izquierda con una dirección falsa, en Nezahualcoyotl, muy lejana de su residencia en una colonia de san Ángel o de su estupenda casa de campo de las afueras de Cuernavaca.
Esa es la tragedia de la política mexicana. Los gesticuladores que reaparecen una y otra vez, sin que, como contrapartida, se desplieguen las ideas y los proyectos.

En Crónica

2008-03-19T19:19:00.000-06:00

Una de piratas
Por: Jorge Javier Romero | Opinión

Miercoles 19 de Marzo de 2008 | Hora de publicación: 02:14

Los filibusteros fueron, durante el siglo XVII, el azote de los mares. Los barcos que realizaban el comercio colonial, sobre todo los españoles, estaban permanentemente amenazados por los piratas que merodeaban a la caza no sólo de las mercancías transportadas sino de las propias naves, cuyos cascarones modificados eran usados para nuevas correrías, una vez lanzados al mar los tripulantes originales. Se trataba, claro está, de hacerse con un botín por medio de la fuerza descarnada, sin atenuantes.
De manera análoga, en la política es frecuente la aparición de grupos que pretenden imponer su voluntad por la fuerza, sin respeto alguno por las reglas, a toda costa. De lo que se trata es de ir por el botín, sin escrúpulos ni miramientos. Se supone que la democracia es un mecanismo diseñado precisamente para evitar este tipo de asaltos, pues institucionaliza procedimientos que los competidores se comprometen a respetar y establece un conjunto de sanciones para aquellos que rompan las reglas del juego. Por desgracia, siempre quedan resquicios, incluso en las democracias más desarrolladas, para los comportamientos filibusteros.
El domingo pasado en la ciudad de México, mientras la mayoría de los observadores estaba atenta al desarrollo de la batalla campal por el PRD, una banda de filibusteros, que viene actuando desde hace meses, dio un golpe de gran magnitud. De manera casi inadvertida, pues todos volteaba hacia lo que ocurría entre Encinas y Ortega, la pandilla del corsario Alberto Begné, con sus lugartenientes Jorge Carlos Díaz Cuervo, Miguel González Compeán, Luciano Pascoe y Enrique Pérez Correa, auxiliados por el pequeño grumete Eduardo Pérez Haro, seguidos por una cohorte de sanguinarios a sueldo, decidió el abordaje de la asamblea local de Alternativa Socialdemócrata, como culminación de la serie de ataques emprendidos por todo el país con el objeto de apoderarse de manera exclusiva del partido y echar por la borda a todos aquellos que han defendido el proyecto que durante la campaña electoral de 2006 difundió Patricia Mercado y por el que votó más de un millón de ciudadanos.
Ya antes, con las patentes de corso otorgadas por los insignes gobernadores Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, los tres de al bella unión, habían demostrado sus habilidades los bucaneros de Begné al utilizar todos los medios a su alcance para hacerse con el partido en otros estados del país. En Oaxaca, por ejemplo, con la connivencia de ese prócer de los derechos humanos, las libertades políticas y civiles que es el preboste local, crearon tal clima de intimidación durante la etapa de afiliación y registro de representantes a la asamblea de la entidad que quienes se identifican con el proyecto original de Alternativa prefirieron no participar para no poner en riesgo la seguridad de quienes se afiliaran sin comulgar con las ruedas de molino de los empleados de Ruiz a los que Begné les entregaría la franquicia a cambio de su apoyo para su reelección como presidente. En Baja California el ataque corsario estuvo al mando de una señora que tomó la asamblea y se dedicó a impedir cualquier tipo de deliberación política y sólo permitió que se votara para, con una mayoría de apenas un voto, quedarse con el Consejo Político completo, lo mismo que con todos los delegados a la asamblea nacional, sin respeto alguno por el más elemental principio de proporcionalidad.
Así habían transcurrido la mayoría de las asambleas estatales, donde una supuesta nueva mayoría iba arrasando con todos aquellos que pretendieran, vaya atrevimiento, llevar a cabo las reuniones de acuerdo a los principios elementales de un partido de ciudadanos, donde se delibera y se toman decisiones informadas y debatidas. La nueva mayoría de Begné, con los métodos de la más rancia cepa del viejo priismo, se dedicó a registrar clientelas y acarrearlas, como soldados de leva, para su abordaje pirata.
Con todo, en la mayoría de las entidades los intentos de asalto fracasaron, pues las fuerzas filibusteros resultaban demasiado débiles. Entonces, ahí donde se veían perdidos, los filibusteros boicotearon el proceso y no registraron a sus endebles huestes con la intención de impedir que se reuniera el número de representantes mínimo requerido para la celebración de una asamblea con capacidad de nombrar una dirección estatal.
El domingo, sin embargo, dieron su golpe mejor planeado. Se sabían minoría, así que echaron mano de todos su conocimiento. Miguel González Compeán, por ejemplo, es un caso de historiador que se enamora de sus personajes. Cómo no admirar al héroe Gonzalo N. Santos, que en aquella memorable asamblea fundacional del PNR se hizo con la comisión de registro de delegados, abrió paso inmediato a los que votarían por Pascual Ortiz Rubio y fue echando atrás a todo aquel que pudiera votar por Aarón Sáenz, eso sí, con unas buenas metralletas sobre la mesa de registro. Así, dispuesto a emular a su prócer, González diseñó la operación bucanera, de manera que, en connivencia con funcionarios venales de la supuestamente autónoma comisión encargada del proceso interno, registraron de manera privilegiada a los delegados afines, mientras obstaculizaban el de los adversarios. Una vez dentro, al comenzar las votaciones, los escrutadores a su servicio comenzaron a cometer pifias evidentes para favorecer a los leales al ataque pirata, al grado de que resultaban más votos que delegados registrados. Y cuando los ofendidos protestaron por el evidente fraude, las puertas se abrieron para que se consumara el abordaje y el lanzamiento al mar de los delegados incómodos. Una banda de golpeadores a sueldo irrumpió en el salón para echar a golpes todos los partidarios de Patricia Mercado. No respetaron ni mujeres, ni condiciones físicas desventajosas, ni el hecho de que hubiera niños en riesgo dentro del salón. El hotel había sido convertido en una ratonera para consumar el atentado.
En el colmo del cinismo, los filibusteros de Begné publicaron ayer un desplegado donde dicen que los golpeadores fueron llevados por Patricia. No cabe mayor desfachatez, pues de haber sido así, no hubieran sido ellos los que sesionaran tranquilamente una vez eliminados todos aquellos que pretendían debatir y tomar decisiones con base en razones. Los argumentos de la pandilla de Begné son, sin lugar a dudas, contundentes en el sentido literal de la palabra.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

El anonimato como recurso para la polémica

2008-02-20T12:16:00.000-06:00

El anónimo ataca y descalifica, pero se esconde para que no se pueda polemizar con él. Ese es el método de quien evade la discusión y cree que con ello expone al adversario. Vaya estupidez, una de las primeras contra las que es inútil luchar. Sin embargo, el comentario recibido hoy desde la amargura del resentido sirve para mostrar la estulticia de quienes se aferran a la prohibición de las drogas. Dice el tonto: si para acabar con la delincuencia hay que legalizar, legalicemos el secuestro. Vaya imbecilidad, incapaz de diferenciar entre un tipo de hecho y otro. El secuestro afecta a un tercero y a su familia. Es un delito con víctimas evidentes. El consumo de drogas afecta, en todo caso, al consumidor, un adulto consciente de sus actos , sobre los cuales, en tanto sólo lo afecten a él, el Estado no tiene derecho alguno a intervenir. Esta discusión es muy vieja y si el anónimo resentido hubiera leído un poco de teoría social clásica sabría que lo planteó en el siglo XIX John Stuart Mill, el mayor teórico del liberalismo clásico, lo mismo que en el veinte John Maynard Keynes. Así, en cuanto a las drogas, el Estado debe proteger a terceros, como lo hace cuando mete a la cárcel a quien conduce bajo los efectos del alcohol o cuando prohibe fumar en lugares públicos. Pero es una tontería prohibir el alcohol o el tabaco. Pues esa tontería es la que comete el Estado cuando prohibe la mariguana, por cierto mucho menos dañina que las drogas legales. Si de lo que se trata es de proteger la salud de la población, entonces que eduque e informe, que prevenga, en lugar de meter a la cárcel a los consumidores y tratarlos igual que a los traficantes, como ocurre en los Estados Unidos. Un adicto al crak que va a dar al bote sale mucho peor de lo que entró. El problema de los prejuicios es que se basan en la ignorancia y contra ellos la batalla es ardua. Sobre todo si los prejuicios se esconden en el anonimato.

Contra el narcotráfico, la legalización.

2008-02-20T10:15:00.000-06:00

La única salida

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 20 de Febrero de 2008 | Hora de publicación: 02:21

Los atentados terroristas han llegado a la ciudad de México de la mano de los delincuentes especializados en los mercados clandestinos. Para aprovechar la demanda existente de productos prohibidos por el Estado o gravados por impuestos muy altos o fácilmente reproducibles a costos mucho más bajos que los de mercado, aumentados sustancialmente por los derechos, los delincuentes construyen organizaciones que compiten con el Estado precisamente en el
terreno de su especialización: la violencia. Y entre mejor sea el negocio, mayor será el reto que estén dispuestos a plantearle al monopolio legal de la fuerza.
Las organizaciones criminales tienen incentivos suficientes para retar a la institucionalidad formal y construir su propio conjunto de reglas gracias a que controlan como monopolio determinada porción de un mercado con una demanda sustanciosa. Los narcotraficantes tienen ingresos suficientes para construir su propia organización especializada en la violencia con capacidad para mantener una guerra de desgaste con el Estado. Y frente a ello la política que se pretende indiscutible es la de atacar de frente al enemigo, puesto que la causa se considera justa: evitar que la droga llegue a tus hijos.
Sin embargo, el objetivo explícito de reducir la oferta de drogas no se cumple. Las drogas están ahí, por todos lados, por más éxitos que se adjudique el gobierno y la violencia salpica a las comunidades y deteriora el tejido social. Algunas ciudades viven en el miedo permanente, como Reynosa o Río Bravo, donde el terrorismo que comenzamos a ver en la capital llegó ya desde hace tiempo y las ejecuciones en las calles traumatizan a la población entera. Es evidente que la estrategia es errónea, pero existe un prejuicio ideológico que impide abordar el asunto desde una perspectiva diferente.
De acuerdo con la ideología irradiada desde los Estados Unidos a todo el mundo, como las drogas son malas hay que prohibirlas y el Estado debe enfrentar a quien viole tal prohibición. Es la estrategia que siguieron contra el alcohol entre 1920 y 1933 y que fracasó estrepitosamente por el absurdo planteado. Las drogas, incluidas las legales, no pueden ser entendidas así, en bloque y sin diferenciación. Vale la pena diferenciar, en primer lugar, los efectos sobre la salud pública que tienen los distintos consumos para empezar a entender el asunto de las drogas de manera menos simplista.
Si de efectos sobre la salud personal se trata, el tabaco, droga legal, es mucho más dañino que muchas de las drogas prohibidas. Tanto para el consumidor como para los que están en su entorno mientras se consume, el tabaco es muy perjudicial. Por eso tienen sentido las leyes de espacios libres de humo; pero, por más mortal que sea el tabaco, sería un despropósito prohibirlo a los adultos. Lo que debe hacer el Estado es informar y educar, además de proteger a los no fumadores de los efectos del consumo de otros; pero prohibir el tabaco parece no estar a discusión, afortunadamente. El alcohol destruye a las personas, pero sobre todo pone en peligro y mata a terceros, por los accidentes de tráfico que provoca y por la violencia que genera en los consumidores, fuente de la mayoría de las agresiones contra mujeres. El Estado debe perseguir y castigar a quien maneje un coche borracho, sin duda, y considerar agravante el consumo de alcohol en la comisión de delitos; además de informar, educar y contribuir a la rehabilitación de los alcohólicos, pero desde luego que no debe prohibir.
Pues lo mismo se debe hacer con otras drogas: crear reglas específicas para su consumo de acuerdo con las características de cada una. Cuando se habla de legalizar las drogas nadie quiere decir que se liberalice completamente su consumo al grado de que pueda haber un mercado comercial con publicidad y todo. De lo que se habla es de sacar de la clandestinidad un mercado que existe, de arrebatárselo a los delincuentes y de ponerle reglas que reduzcan el daño social y personal del consumo. Y, por supuesto, se trata de proteger a los consumidores, en lugar de criminalizarlos y meterlos a la cárcel.
Si los Estados cambiaran de actitud frente a las drogas, dejarían sin negocio a los delincuentes, por lo que los podrían enfrentar con facilidad y podrían dedicar las ingentes cantidades de recursos hoy dedicadas a combatir militarmente a los narcotraficantes a educar contra las adicciones y a generar ambientes sociales menos propicios para la difusión de drogas especialmente dañinas, como el tabaco o la heroína, las dos que compiten por el primer lugar por su mortal capacidad adictiva.
Se dice que sólo se podrá legalizar cuando los Estados Unidos lo decidan. Esa posición desprecia el papel que podría jugar una política exterior activa en los organismos multilaterales que llevara a sus foros la discusión sobre el costo de la prohibición para los Estados, que no sólo tienen que invertir mucho dinero en armamento y entrenamiento, sino que se convierte en blanco de la corrupción y el chantaje, además de aportar también un número sustancial de muertos. Colombia y México podrían influir mucho en el debate mundial si dejaran de tratar de parecer buenos discípulos a los ojos del imperio y se plantearan una estrategia común para cambiar la actitud mundial respecto al asunto de las drogas.
Si el objetivo es que las drogas no lleguen a tus hijos, como dice la propaganda oficial, el camino está equivocado. De lo que se trata es de eliminar los incentivos para que haya delincuentes interesados en provocarles una adicción. La represión resulta inútil cuando por cada detenido hay cinco dispuestos a ocupar su lugar, ya que el negocio es sustancioso. La única salida es arrebatarle el negocio a los criminales y hacer que el Estado cumpla también ahí con su papel de regulador del mercado.

jorge_javier_romero@yahoo.com-mx

Mi texto en el número de aniversario de nexos

2008-02-05T19:49:00.000-06:00

Crónica de una vida adulta
Por jorge Javier Romero

Coincidencia vital, los treinta años de nexos corresponden exactamente con mi vida autónoma, de adulto.
En 1977 terminé la preparatoria. Aquel verano de mi graduación hice mi primera incursión en la autodeterminación. Viajé, como buen bachiller de clase media acomodada que se precie, a Europa solo. Y cuando digo solo no me refiero a un viaje con amigos, sin padres. No; yo viajé solo, sin amigos. Busqué mi boleto de avión, lo conseguí en el SETEJ por 550 dólares en el primer momento de la incipiente bonanza del boom petrolero. Aquel año mis hermanas viajaron a España, con una excursión del Colegio Madrid programada sobre todo para llevar a sus orígenes a los hijos de los exiliados, una vez muerto el sapo iscariote y ladrón. Yo opté por inscribirme a un Seminar Camp del Children´s International Summer Villages, una ONG avalda por la UNESCO. El camp era cerca de Hamburgo, en Buxtehude y comenzaba hacia finales de agosto.
Mientras yo vivía mi experiencia europea, mis amigos de la prepa con los que sentía más afinidad ideológica habían entrado a la UAM Xochimilco. Ahí no había Ciencia Política, pero la UAM tenía el atractivo de ser una universidad nueva y como regresé tarde para entrar a la UNAM decidí hacer el examen para Iztapalapa. Mientras esperaba mi ingreso en el trimestre de primavera de 1978, me junté con los de Xochimilco a hacer teatro político, a militar por los sandinistas nicaragüenses y a reconocer al deseo sin poderlo atar por la cola.
Fue en aquellos tiempos cuando comencé a encontrar entre el cúmulo de revistas y periódicos que mi padre recibía y leía aquella publicación de extraño formato. Era grande y de peculiar lectura. Los cabos sueltos eran una suerte de hilo de Ariadna que guiaban por el laberinto de aquella revista innovadora. Entonces mi faro político era El Día y el tema de moda para el periódico del que mi padre era subdirector era la reforma política. Las audiencias públicas primero y la elaboración de la ley las seguí no sólo por lo que leía cotidianamente en las páginas del periódico sino porque mi padre llevó a casa los ejemplares publicados por la Comisión Federal Electoral donde se recogían las opiniones de todos los participantes, algunos de los cuales salían apenas de las catacumbas de la clandestinidad.
En aquellos volúmenes color mostaza supe quién era Arnoldo Martínez Verdugo, de qué iba Heberto Castillo, qué decía la ortodoxia de Manuel Terrazas y, sobre todo, supe por primera vez de un grupo llamado Partido Socialista de los Trabajadores, donde militaban unos jóvenes, según les oía decir a mi padre y a mi padrino Enrique Ramírez y Ramírez, que entendían mejor al régimen que los comunistas y eran menos sectarios. Por eso me pareció el PST una opción atractiva. Estaba convencido, en buena medida por tradición familiar, que era necesario entender de una manera más compleja al régimen de la revolución mexicana.
Así, comencé a leer nexos el mismo año que comencé mi militancia política. También Vuelta y Proceso. La salida de mi padre de El Día en enero de 1981, después de la muerte de Ramírez y Ramírez, me llevó a la lectura cotidiana de Unomásuno. Sábado y Página uno se volvieron mis suplementos y normé mi criterio por Tiempo Libre a la hora de elegir películas u obras de teatro.
En nexos encontré mis principales afinidades ideológicas. Había militado en el PST sobre todo por una idea reformista, pero pronto me repelió el caudillismo clientelista de Aguilar Talamantes y su séquito. Tenía que existir otra opción.
En nexos comencé a leer a Carlos Pereyra, Arnaldo Córdova, a Florescano, a Rolando Cordera y a Aguilar Camín. Y desde entonces encontré en ellos una afinidad reflexiva no siempre equivalente a coincidencia. Así, cuando en julio de 1981, inmediatamente después de mi expulsión del PST, Carlos Juárez, mi profesor de la UAM, me invitó a integrarme a un grupo político donde estaban aquellos a los que yo leía, me entusiasmé. Desde entonces he hecho política en comunicación y diálogo permanente con quienes me vinculé en el Movimiento de Acción Popular.
Vinieron los tiempos del PSUM y del PMS y la campaña de 1988. De aquellos años recuerdo, por ejemplo, el extraordinario recuento de Christopher Domínguez en nexos sobre la historia de la izquierda mexicana, con un gráfico que llevaba de la dispersión al tronco vigoroso del naciente PSUM.
Mi relación con nexos pasó de asiduo lector a pretendiente de colaborador durante el tiempo de mis estudios de doctorado en Madrid. Los primeros textos se los envié a Rolando Cordera para el cuaderno de nexos. En 1991 quedé como finalista del premio Carlos Pereyra con un ensayo que titulé “El pantano de la transición mexicana”, publicado en el número de agosto 1992. En 1993 gané el premio Pereyra con mi ensayo “La futura forma institucional”, publicado en diciembre de aquel año con el título “La política del mañana”. Ahí fijé buena parte de mis obsesiones políticas y académicas de los siguientes años: las instituciones de la democracia. Que si transición, que si liberalización, que si reforma trunca. El tema era cuándo íbamos a arribar a la anhelada democracia. En nexos se discutió el cambio político con detalle y se polemizó con seriedad sobre la evolución de los partidos y de las reglas electorales.
El cuaderno de nexos, dirigido por Rolando Cordera, fue, un espacio para la reflexión crítica en tiempos de iniciativa política. Desde el primer intento de impulsar un grupo de acción política socialdemócrata, marcado con un carácter generacional, que se materializó en aquella reunión de julio de 1996 en La Trinidad, Tlaxcala, cuando Pepe Woldenberg y Jorge Wheatley sellaron el espíritu del grupo cantando, aquella velada del 14 de julio, La Marsellesa en español.
Vinieron después los tiempos de Democracia Social, de México Posible y ahora la batalla por construir una auténtica Alternativa, a pesar de las inercias de la política de siempre, mientras la democracia mexicana se ha ido abriendo paso, no como la imaginamos sino como ha podido ser, llena de taras y pústulas, pero democracia al fin y al cabo.
Los treinta años de nexos, treinta años de mi vida adulta, treinta años de transición democrática, de resultados económicos mediocres, de pluralidad y enriquecimiento social. No están mal como para haberlos vivido.

En La Crónica

2008-01-16T13:38:00.001-06:00

¿Y la ley de medios?

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 16 de Enero de 2008 | Hora de publicación: 02:25

Cuando el año pasado la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a quienes plantearon la inconstitucionalidad de varios artículos de la nueva ley de medios, mejor conocida por el apodo de Ley Televisa, el optimismo se desbordó y muchos creyeron que aquel era el primer paso para tener una regulación que atemperara la brutal concentración empresarial de los medios electrónicos, abriera la puerta a la pluralidad de emisores, impulsara la existencia de canales culturales, comunitarios y de servicio social y aprovechara las ventajas de la nueva tecnología para generar un sistema de medios de comunicación adecuado a la diversidad del país.
La Corte había dado un paso muy importante, pero hacía falta de nuevo el trabajo legislativo. Vino entonces la reforma electoral, orientada a recuperar la autonomía de la política al rescatarla de la comercialización a la que ha sido sometida por las empresas de medios. Los políticos parecían decididos a enfrentar la cuestión de la regulación de los medios desde una perspectiva de construcción institucional democrática. Era el momento para seguir adelante. En el Senado se formó el grupo plural y nombraron a Julio di Bella, entusiasta impulsor de una legislación antioligopólica y promotor de la televisión de contenidos culturales y sociales: un nuevo signo propicio. Pero por lo visto, el impulso reformador se quedó sin combustible ante la embestida de los concesionarios de la radio y la televisión comercial contra los políticos que se habían atrevido a desafiar su poder con una ley que les quitaba el jugoso negocio de las campañas electorales.
El grupo plural trabajó y avanzó en la elaboración de una iniciativa que desfaciera el entuerto de la ley en entredicho. Pero todo parece indicar que no se podrá avanzar más. Los concesionarios beneficiarios del statu quo han aumentado sus presiones sobre los legisladores, el Poder Ejecutivo está más preocupado por sacar las reformas laboral y energética y parece temerosos frente a las televisoras, mientras el acuerdo construido en torno a la legislación electoral, con la indispensable participación del PRD en la coalición decidida a enfrentar al poder de las empresas de medios no se ha mantenido para enmendar a fondo el error cometido por la anterior legislatura, que le hizo una ley a modo a quienes concentran la práctica totalidad de las concesiones de televisión de este país.
El PAN parece dividido en torno al asunto; el PRD está atrapado por las consignas de su caudillo, empeñado en mandar al diablo a las instituciones y el PRI ve cómo su papel de bisagra se fortalece y se convierte en la fuerza decisoria, lo que lo deja en una posición muy favorable para servir de representante de los concesionarios y reivindicarse ante ellos después del agravio del Cofipe.
Como se ve el asunto hoy, no parece que se pueda abrir paso ni siquiera una versión ligera de nueva ley, con un órgano regulador autónomo y con capacidad de ordenar el sistema de concesiones, con reglas que fortalezcan y amplíen el ámbito de los medios públicos, con incentivos para los medios comunitarios y de servicio social. Los intereses que se oponen a cambiar la concentración oligopolista son fuertes y las convicciones de los políticos débiles.
La concentración en la titularidad de las concesiones en México no tiene parangón en el mundo. Que una sola empresa controle el 70% de la transmisión televisiva es simplemente escandaloso. No se trata de destruir a Televisa o a Televisión Azteca. Lo que es indispensable es abrir la competencia en un ámbito que es un servicio público y que por lo tanto debe tener múltiples emisores, para darle pluralidad a los contenidos. Hoy las capas medias tienen acceso a una gran variedad de emisiones producidas en todo el mundo, lo cual está muy bien, pero resulta lamentable que no existan espacios para las múltiples voces de la sociedad mexicana, heterogénea y cambiante, que busca expresarse y que no lo puede hacer a través de los canales establecidos.
La concentración en los medios de comunicación juega, además, en contra de la pluralidad política e ideológica que requiere la democracia. Los legisladores tienen la responsabilidad de enfrentar este tema con el mismo vigor con el que salieron a defender su autonomía frente a los empresarios de la radio y la televisión. Es una lástima que en esta legislatura no se escuchen voces como la de Javier Corral, empeñado en la batalla por una legislación en la materia adecuada a nuestro tiempo. Todo parece indicar que nos quedaremos largo rato con la ley mocha hoy vigente.
Y que no vengan a decirnos que una ley con un órgano regulador sólido, con nuevas reglas de propiedad en los medios, con menos concentración, es un atentado contra la libertad de expresión porque se trata precisamente de lo contrario, de recuperar para la sociedad lo que hoy está en manos de unos cuantos empresarios: la posibilidad de emitir mensajes diversos a través de la radio y la televisión. Esta es una batalla, precisamente, por las libertades y por la democracia.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx

De regreso a Big Eassy

2008-01-09T14:22:00.000-06:00

De vuelta a la crónica del viaje a Nueva Orleans.
La primera noche salimos a cenar al Petunia's, comida creole. El gumbo estaba estupendo y después comí un rico guachinango guisado con los sabores del mestizaje del golfo, exuberancia de aromas y la excitación particular que produce el picante. La herencia francesa, española, negra, cubana y mexicana, inglesa y de las colonias convertidas en los Estados Unidos, hacen una mistura peculiar, de gran personalidad, lo que convierte a la cocina creole en la mejor de todos los Estados Unidos. La otra cocina de Nuevo Orleans, la cajun, de hombres del pantano, canadienses franceses que emigraron a la otra colonia francesa de América cuando el Canadá quedó en manos británicas, es menos refinada. Frituras de bichos de su entorno: cocodrilo, cangrejos, pescado de los pantanos. Sabrosa pero más una curiosidad que una cocina en forma.
Fuimos al brindis de apertura y salimos a explorar el Barrio Francés, el viejo centro colonial, extraordinariamente conservado y reconstruido. Más que francés es español, pues durante buena parte del siglo XVIII Nueva Orleans fue poseción de los borbones españoles. Es el centro de un puerto, con su calle de los antiguos burdeles convertida en un parque temático de la borrachera, con algunos sitios de striptease y con muchos adolescentes de otros lugares de los Estados Unidos en viaje iniciático. Dimos un paseo por el imponente Misissippi, el Old man river de Paul Robeson, un himno de mi infancia. Volvimos al hotel, hacia las dos, a catar la marihuana conseguida.
A la mañana siguiente, Jorge Hernández, mi compañero de cuarto, estaba incapacitado. Vino la plenaria inaugural y después las mesas. La más interesante la de los policías, fiscales y jueces de la que ya hablé en mi artículo de Crónica sobre la conferencia. Jorge revivió a tiempo y estuvo en forma a la hora de la mesa sobre México, en la que destacó al exponer la propuesta legislativa de Alternativa, con Elsa Conde ahí presente. La mesa fue notable y una señora colombiana, prácticamente ciega, dijo que había sido la mesa de mejor presencia física, la de los más guapos.
Ana Paula sorprendió con su perfecto dominio del inglés, pero todos estuvieron muy bien. El doctor Brocca especialmente divertido.
Pero lo mejor vino después, con la conferencia sobre la marihuana en la música, en torno a un dvd de John Morgan, un viejo profesor, regordete y de blancas barbas, que ha hecho una recopilación notable de trozos de película y vídeos con canciones sobre la mariguana, del jazz, el blues, el rock, el country e incluso mete el vídeo de Contrabando y traición, mejor conocida por todos como Camelia la Tejana, de los Trigres de Norte. La colección es una obra maestra cuya reproducción comercial requeriría de pagos ingentes de derechos de autor, por lo que queda como material académico.
Nuestros mecenas, de la fundación Angelica nos invitaron a cenar aquella noche al Brenan's, el mejor de Nueva Orleans. Fue la mejor velada del viaje, con grandes vinos --el blanco era un Chablis de estatura-- una sopa de tortuga inolvidable y una trucha amandine de lo mejor. El postre de plátano no desmereció frente a lo demás. De la cena al cuarto de Elsa para probar la deliciosa cannabis de uso médico que nos invitaron nuestros anfitriones y seguir degustando el whisky de malta que David había comprado en el aeropuerto de México al salir.

La mañana siguiente Jorge Hernández y yo nos escapamos de la conferencia y dimos un paseo de más de diez Kilómetros desde nuestro hotel en Canal, a la orilla del barrio francés, hasta el campus de las Universidades de Tulane y Loyola. Recorrimos la Avenida St Charles a través del Warehouse- Arts district, el Garden district y el gran parque Audubon. No pasaban tranvías. El servicio estaba interrumpido por alguna razón, así que volvimos en autobús ya puesto el Sol, a eso de las cinco y media. A tiempo para recuperar fuerzas e ir al jazz.
Caminamos por la ribera hasta el final del barrio francés y llegamos al Snug Harbor, en la Frenchmen street; un lugar con olor a whisky, taberna con comidas con un estupendo lugar para oír jazz detrás. Y ahí oímos el piano de Ellis Marsalis, con un conjunto en el que tocaban dos de sus hijos y un bajista estupendo.
La noche terminó de nuevo con copas en la calle y marihuana en el hotel.
El sábado fue la despedida. Un paseo de día por el barrio francés con Alejandro Madrazo, que regresaba a México aquella tarde, el tour por la zona del desastre del huracán Katrina, de esos que dejan cicatriz, más que huella, y alguna conferencia vespertina, la plenaria de clausura, la banda de jazz y la cena en el restaurante cajun, el Mulate's, con cerveza local y la ruda comida de los pantanos. Un muy buen plato de pescado. Y la incursión final en la tabernas del puerto, después de una buena cata de la marihuana premium conseguida por Julio Zenil. El recorrido tuvo momentos delirantes. Primero, más música. Una buena banda de dixie tocaba en una plaza con bar. Después el delirio masivo de Bourbon street, con sus tubos de ensaye de colores con bebidas ignotas de dudosa calidad en boca de chicas espléndidas; luego un bar encantador en St Peters street y la decadencia en un tugurio de hampones. El final, en nuestro cuarto de hotel con toda la trouppe, hasta que Zenil cayó inconsciente y todos nos fuimos a dormir. En efecto, estuvimos en Sodoma sin contraer Gomorra.

Un artículo memorable de Mauricio Merino

2008-01-09T13:51:00.000-06:00

Escribo después de semanas. En primer lugar, quiero recomendar el artículo de Mauricio Merino en El Universal de hoy: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/39440.html
Es, más que un artículo, una proclama política. La construcción de un espacio público para la deliberación colectiva, democrática, que no esté copado por camarillas de poderosos. Una visión radical de la democracia que se debe convertir en programa.

Un balance del año ido

2008-01-02T17:33:00.000-06:00

Al despertar de la resaca

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 2 de Enero de 2008 | Hora de publicación: 00:33

Los ciclos astronómicos sirven simbólicamente a los humanos para hacer balances y recuentos. No porque el cambio de año traiga realmente novedades a la vida, pues no hay solución de continuidad entre lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre y lo que comenzará a pasar a partir del 1 de enero, sino porque la percepción cronológica ordena la manera en la que evaluamos los hechos.
No somos nuevas personas al cambiar el año. Somos los mismos con la ilusión de un nuevo comienzo. Puro espejismo que se desvanece en cuanto comienzan a correr los días y las rutinas se reestablecen, después de un mes de disipación y fantasías, en buena medida marcadas por la avidez de los mercachifles decididos a quedarse con el poco dinero de más con el que contamos. Y lo hacen con éxito. Pero la semana próxima, cuando la actividad cotidiana se haya reestablecido, veremos a los políticos de siempre, con los mismos temas y las mismas mañas; nuestras vidas volverán a la rutina y nuestras esperanzas de comenzar el año con cambios sustantivos irán disolviéndose en la medida en que ni el ejercicio ni la dieta prometida se concreten, o que el prometido ahorro vuele a la primera oportunidad. Los años pasan, pero las personas y las sociedades cambian sólo marginalmente, de manera imperceptible con la mera vuelta en la página del calendario.
Así, la política del 2008 será la misma del periclitado 2007. Al despertar de la resaca decembrina tendremos a los mismos personajes continuando con lo que dejaron pendiente al comenzar las vacaciones. Si en el 2007, por ejemplo, anunciaron con solemnidad que en un año sacarían la gran reforma del Estado y con el transcurrir de los meses fueron demostrando su incapacidad para avanzar realmente en un nuevo diseño institucional para normar la vida pública del país, no será el nuevo ciclo astronómico el que los lleve a encontrar la sabiduría.
Sin embargo, el tiempo transcurre y simplemente por ese echo ocurren cosas. El 2007 comenzó con la promesa de un nuevo gobierno y una nueva legislatura con pretensiones. Y así vimos cómo, con enjundia movida por la ambición, el nuevo capítulo nos proponía nuevos protagonistas. Los del 2006 iban de salida: Fox y su acostumbrada tontería; López Obrador y su torpeza para evaluar sus ganancias y sus pérdidas. La movilización de protesta dejaba su lugar al acomodo de las ambiciones. Era la hora del nuevo Presidente y de los nuevos dirigentes políticos.
En el PRI la estrella ascendente era Manlio Fabio Beltrones, mientras escondida por los rincones, temerosa de que alguien la viera, Beatriz Paredes desaparecía de la escena después de haber ganado la dirección de su partido. ¿Quién oyó hablar de ella en el año que ha terminado? El PRD comenzaba a hacer cuentas con su ex candidato y los distintos grupos alineaban sus fuerzas para la batalla por la dirección, mientras el derrotado se llevaba su presidencia de opereta por el país, como reflejo espectral de su ambición frustrada. El PAN se sacudía a los adversarios de Calderón de su liderazgo, y entre los menores, Alternativa se enfrascaba en una triste guerra civil.
Pero no fue del todo estéril la vida política. En el Distrito Federal se construyeron los acuerdos necesarios para sacar dos leyes que amplían las libertades ciudadanas: la de sociedades de convivencia y la que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las doce primeras semanas de gestación La derecha se escandalizó y pataleó y tanto el gobierno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos clamaron la inconstitucionalidad de la legislación del aborto y en este 2008 veremos cómo resuelve la Suprema Corte un asunto de la mayor trascendencia en la Construcción de un orden jurídico ajustado a nuestro tiempo, laico, sin prejuicios religiosos.
En el ámbito federal, la reforma de las pensiones de los burócratas fue celebrada por el gobierno y por los círculos del dinero como un gran paso modernizador, mientras la izquierda hacía un papel lamentable en la discusión. El PRD se mostró incapaz de proponer una reforma a la seguridad social que la integre, le quite sus lastres corporativos y la haga viable en el futuro, mientras Alternativa se sumaba a la cargada de la iniciativa impulsada por el PRI y el PAN, la cual seguía la solución fácil de las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo de los años noventa del siglo pasado, una ruta necesaria cuando se considera intransitable el camino de la reforma fiscal.
Y se habló mucho de que ahora sí iba a venir la reforma fiscal aplazada desde hace más de medio siglo. Al final, el parto de los montes de un impuesto de compensación por las múltiples posibilidades que se mantienen para la elusión de impuestos por parte de las grandes empresas. Nada de reforma fiscal en serio, sólo un ajuste pequeño que enseguida fue protestado por los que hacen todo para no pagar impuestos y prefieren ver cómo se va deteriorando un Estado incapaz de cumplir sus funciones básicas por falta de recursos, en un país marcado por la desigualdad apabullante.
La Suprema Corte de Justicia mostró, con su fallo sobre la ley de medios, la importancia de su nuevo papel, adquirido desde que con las reformas de 1994 se le convirtió en un tribunal de constitucionalidad. En un país acostumbrado a una justicia de segunda, donde los jueces han jugado las más de las veces el triste papel de empleados del poder político, resulta muy novedoso que el debate judicial sea abierto, público y de fondo. Por supuesto los políticos tradicionales siguen sin entender la relevancia de la judicatura en la vida democrática de un país y desprecian la tarea jurisdiccional, como lo ha demostrado el PRD con su pretensión de sacar a Genaro Góngora de la Corte para llevarlo al IFE. Pero en el año que comienza vamos a ver nuevas discusiones de fondo en el tribunal supremo, como la que se dará en torno a la constitucionalidad de la legislación del aborto de la Ciudad de México. En los claroscuros propios de un órgano colegiado plural, donde conviven visiones diversas sobre la sociedad, quedó la mácula del fallo relativo a la investigación sobre la violación de las garantías constitucionales de Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla. He ahí una función que la Corte actual ha heredado de sus formas anteriores y que es necesario revisar.
Y la madre de todas las polémicas se abrió con la reforma electoral. Las empresas de medios electrónicos, que durante años clamaron por la reducción del dinero público a los partidos, pusieron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta del negocio que perdían con la mejor fórmula para reducir el costo de la política: prohibiendo la compra de tiempos comerciales por parte de los partidos políticos. La reforma lo que hace es cambiar del modelo norteamericano de campaña, marcado por la libre competencia de mercado entre los políticos, a un modelo europeo, donde la difusión de los programas se hace en tiempos asignados equitativamente y sin posibilidades de compra por parte de los partidos o los candidatos. A varios intelectuales liberales les ha parecido que la reforma se extralimitó al prohibir también a los particulares expresar sus filias y fobias políticas en espacios pagados. Es verdad que la cuestión es difícil de resolver y que el nuevo código electoral tiene aspectos oscuros, de difícil puesta en práctica y que van a sobrecargar al IFE de responsabilidades sin darle los instrumentos para aplicar con eficacia la legislación. Y también es cierto que hay algo de recorte a la libertad d expresión, pero no deja de ser notable que se limite la capacidad del dinero, sobre todo de los grandes capitales, de influir en la política.
Pero la reforma también redujo la autonomía del IFE. Destituyó al Consejo General, con lo que dejó claro que son los partidos los que mandan en los procesos electorales y no un órgano de arbitraje autónomo. Creó la posibilidad de reelección del presidente del consejo, de manera que quien ahora encabece al órgano sabrá que si es dócil y bueno a lo mejor lo reeligen. Le puso un contralor nombrado por el Congreso, con lo que los consejeros tendrán que ir con pies de plomo si no quieren que su labor sea entorpecida por el comisario político que les estará vigilando. En fin, que el imaginario agravio del PRD contra el Consejo al que le atribuyeron el supuesto fraude fue bien aprovechado por el PRI para hacer cuentas con el diseño de 1996, incómodo para los operadores políticos tradicionales, tan acostumbrados a tener una organización electoral a modo durante las largas décadas de la época clásica del régimen de su monopolio.
Y el año se cerró con el sainete del frustrado nombramiento del nuevo Consejo General. Ahí quedó claro el poco afecto que le tienen los políticos mexicanos a la legalidad que ellos mismos crean. Se mueven mucho mejor en la comodidad del designio arbitrario, característica tradicional del orden estatal mexicano. Nada de ajustarse a las reglas, mejor la negociación permanente de la desobediencia.
Y durante todo el año vimos a la Presidencia de la República empeñada en administrar como mejor ha podido la decadencia, el deterioro de la vida pública. Sus fuerzas las ha concentrado en una guerra absurda y perdida y su gran logro parece ser la obtención de un fondo sustancioso de ayuda norteamericana para tirarlo en un combate mal enfocado. En lugar de buscar la forma de arrancarle de las manos el negocio a los criminales, la política de drogas impuesta por el imperio se empeña en derrotar militarmente a un enemigo que siempre encontrará relevos.
En fin, que hoy, cuando la vida recobre su ritmo y queden atrás las fiestas, veremos el mismo triste espectáculo de una política que no encuentra el rumbo, de una economía mediocre y tambaleante, demasiado dependiente de lo que ocurra en la potencia a la que estamos atados, de una sociedad que no resuelve sus contradicciones ancestrales. Seguiremos en México, aunque sea un nuevo año.

El artículo de La Crónica

2007-12-26T14:17:00.000-06:00

El empecinado PRD

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 26 de Diciembre de 2007 | Hora de publicación: 01:23

Para seguir con el sainete del IFE, se dice que la elección del nuevo Consejo General se empantanó porque el PRD se empecinó en la candidatura de Genaro Góngora para presidirlo. De ser así, la estulticia de los perredistas y, en última instancia, de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le atribuye el origen de la necedad, resultaría inconmensurable.
No cabe duda que don Genaro Góngora ha tenido un papel destacado como ministro de la Suprema Corte. Su tarea como presidente se enalteció cuando vinieron los excesos politiqueros de su sucesor en el cargo, Mariano Azuela. Pero su desempeño en el tribunal supremo ha tenido, además, especial significado en aquellos casos donde se han dirimido asuntos con connotaciones ideológicas, pues el ministro Góngora ha estado del lado de quienes han defendido posiciones laicas y liberales, frente a ministros claramente conservadores, como el propio Azuela y el ministro Aguirre, de orientación confesional. A nadie debe sorprender que en el debate jurídico influyan visiones ideológicas particulares, pues el Derecho es obra humana y, por tanto, está cargado de ideología. Así, la Suprema Corte, como órgano colegiado, alberga en su seno diferentes perspectivas de interpretación de la realidad y de la ley. Góngora ha sido un activo promotor de una interpretación constitucional progresista.
Esa actitud explicaría la simpatía de los perredistas por sus posiciones y por su persona. Pero precisamente
por ese papel tan destacado, que se vio en asuntos como el de la llamada ley Televisa o en el más reciente de la investigación sobre la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, resulta absurdo que el PRD pretenda sacar a Góngora de la Corte, cuando están en puerta discusiones tan importantes como la de la constitucionalidad de la ley que ha legalizado en la Ciudad de México el aborto libre durante las primeras doce semanas de gestación. ¿Acaso se les olvida a los del PRD que a los ministros de la Corte los propone el Presidente al Senado?
La terquedad de llevar a Góngora al IFE y sacarlo de la Corte demuestra un enorme desprecio por el importante papel que juega el alto tribunal en la vida política del país desde las reformas de 1994-95. Parecería que al PRD eso del control de constitucionalidad le tiene sin cuidado, precisamente porque en su actitud hay un desprecio profundo de la legalidad. Si, como dicen, es López Obrador el que está detrás del despropósito, se entiende como parte del proceso de mandar al diablo a las instituciones: en lugar de consolidar la posición de un ministro que puede jugar un papel muy relevante a la hora de sacar adelante litigios constitucionales de avanzada, se le pretende sacar de la Corte para que vaya a jugar de árbitro electoral, como si desde ahí les fuera a cuidar las espaldas. Parece ser que en la cabeza del líder iluminado, que no acepta contradicción alguna, todas las batallas que hay que dar en este país son de carácter electoral, sobre todo si de lo que se trata es de encumbrarlo a él en la Presidencia de la República.
Pero lo más sorprendente de este capítulo del sainete es que Góngora se haya prestado a él. ¿Qué no ha leído el gran jurista el artículo 98 de la Constitución? ¿Qué acaso no sabe que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte sólo procederán por causas graves y que el Presidente de la República tiene la prerrogativa de aceptarlas o no? Tal vez lo que pretende es una licencia por el tiempo que le resta como ministro, pero aun en ese caso es el Ejecutivo el que la concede. ¿Qué tal si la Cámara de Diputados lo nombra y el presidente Calderón no acepta ni la renuncia ni la licencia? Además, ¿cómo se justificaría la causa grave? Tal vez diciendo que no existe en todo el país ninguna otra personalidad para ocupar la presidencia del Consejo General del IFE, supuesto ridículo desde cualquier punto de vista.
El caso sólo ilustra la tontería de la política nacional. Cuando en 2003 el PRD se quedó al margen del acuerdo con el que se nombró al Consejo General del IFE ahora destituido, se dijo que había sido un abuso del PAN y el PRI que, coludidos, habían excluido al partido de la izquierda. Ahora más bien parece que ha sido la falta de flexibilidad negociadora la que ha sido aprovechada por los adversarios para dejarlos fuera de la jugada. Pero lo más grave de todo el asunto es que la ley les importa un cacahuate a los perredistas, lo mismo que a los del PRI y a los del PAN. En lugar de convertir al orden jurídico en un instrumento para garantizar la imparcialidad institucional, se le ve como un estorbo al cual se le puede torcer en beneficio propio.

En La Crónica

2007-12-20T08:40:00.000-06:00

El enredo del IFE

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 19 de Diciembre de 2007 | Hora de publicación: 02:34

Los diputados han dado una muestra más del valor que tiene la ley en México. Desde que este país existe, el orden jurídico siempre ha sido visto como algo con lo que se puede negociar; reglas hechas para darles la vuelta, no para normar la convivencia social. La política mexicana ha sido la negociación constante de la desobediencia a la ley; no es de extrañar, entonces, que la mayoría de la población le otorgue poco valor a la legalidad y se conduzca sin respetar las normas escritas, convertidas en mera formalidad, mientras que las prácticas informales y la corrupción resultan mucho más efectivas como instituciones reales del arreglo social mexicano.
Pues bien, la semana pasada, en el colmo del cinismo y de la incapacidad para comportarse como representantes
de una sociedad plural que quiere vivir en paz y democracia, los líderes de los partidos en la Cámara de Diputados le comunicaron al país que la Constitución recién reformada por ellos mismos les importaba un bledo y que, además, les tenía sin cuidado pasar por encima del método que ellos mismos habían acordado para nombrar al nuevo consejo general del IFE.
Irresponsables como son, pues no tienen que rendir cuentas ante nadie, en la medida que ni siquiera van a poner su cargo en juego ante los electores en una próxima elección, los diputados decidieron un método frívolo e inútil para seleccionar a los posibles nuevos consejeros del IFE. La pasarela de candidatos se enfrentó a un público de burlesque, grosero y engallado. Ahí vimos cómo una diputada apenas alfabetizada se daba aires de jurado académico y calificaba con cero a quienes su jefe político había vetado. Valentina Batres, una legisladora de maneras porriles, asentaba su nota reprobatoria incluso sobre un candidato, Mauricio Merino, que durante la campaña pasada había manifestado públicamente su simpatía por la candidatura de López Obrador, aunque había cometido el pecado de criticar el berrinche poselectoral con el que el ex candidato sigue chantajeando a la sociedad y a la política mexicanas.
La pasarela fue ominosa. La majadería de los legisladores llegó a descalificaciones indignantes, como cuando simplemente no dejaron hablar a María Marbán. Si tenían vetos previos, ¿por qué hicieron una convocatoria abierta? ¿No que se podían inscribir los ciudadanos que se consideraran a sí mismos con la capacidad de formar parte del Consejo General del IFE? Desde el principio el procedimiento me pareció una simulación, una deformación de la norma respecto a lo que antes existía, cuando estaba claro que los partidos eran quienes proponían a los posibles consejeros. En lugar de cambiar el mecanismo de selección de la cabeza de la autoridad electoral, lo disfrazaron de supuesta participación ciudadana y nos hicieron un fraude a la vista de todo el público. Al final, la mascarada quedó al descubierto y volvimos al sistema de vetos cruzados que ya había entrampado la elección del Consejo General en 2003.
Pero para acabar de enredar las cosas, no se pusieron de acuerdo y olímpicamente decidieron declarar la Constitución papel mojado. Ahí nos vemos en febrero. Entonces, la pelota cayó en la cancha del maltrecho árbitro. Luís Carlos Ugalde acató la separación del cargo estipulada por el articulado transitorio de la reforma constitucional violada por los diputados, pero el resto de los consejeros hizo como que era la Virgen la que les hablaba y se quedaron. Buscaron algún artículo legal aislado para justificar sus actos y nombraron, divididos, un nuevo presidente. Espectáculo más lamentable aún, pues ni siquiera ellos tuvieron la estatura política de acatar el mandato constitucional e irse. La imagen que queda de este IFE es letal para la autonomía y el prestigio largamente construido por la institución. Los consejeros debieron haber devuelto la papa caliente al Congreso, pero parece que el aguinaldo completo y los sueldos de enero y febrero les llamaron más la atención.
¡Qué manera de enredar la vida pública! Me decía un amigo, fino analista político, en efecto: con esta clase política carente de refinamiento intelectual, débil en principios, sin ideas transformadoras, ávida y mafiosa, la verdad es que poco espacio queda para cualquier dosis de optimismo sobre el futuro del país. Sobre todo cuando las señales económicas son poco alentadoras.
Obrador ha decidido que en México no pueden haber elecciones limpias, por lo tanto le ha dado una patada a la nueva legislación electoral y al proceso de renovación del IFE, en buena medida conseguido por sus huestes. Beltrones y su PRI no quieren una autoridad electoral autónoma, sino un órgano controlable, pues no ven en su futuro capacidad alguna de convencer a la nueva ciudadanía y echan de menos los viejos buenos tiempos donde las elecciones se hacían a la medida de sus candidatos. El PAN, aturrullado, se está quemando con el clavo ardiente de su alianza con el PRI. El hecho es que estos políticos de siempre ya metieron a la democracia mexicana en una crisis institucional y ellos tan campantes. Es indignante.

El viaje a Big Eassy

2007-12-12T18:01:00.000-06:00

“Fuimos a Sodoma sin contraer Gomorra”
Julio Zenil

Nueva Orleáns, otra más de mis ciudades preferidas. De esas que están poseídas por el demonio. Salvador de Bahía, sin duda, Kingston y La Habana. Todas ellas ciudades negras. Todas llenas de música: en cada esquina, en cada antro. En las calles y los coches. Música las más de las veces agradable, aunque algo de estridencia se encuentre siempre por ahí. Y música rítmica, en la que resuenan las percusiones ancestrales, las pulsiones mágicas de la danza ritual.
Y Nueva Orleáns es una de esas. No la favorita, porque Salvador es demasiado bella, con el mar extraordinario que la envuelve, con su orografía abrupta. La Habana, ya se sabe, es una vieja puta negra que se viste con sus lentejuelas raídas y vive de su decadencia. El clima de opresión es abrumador y la hermosa ciudad se hunde en la melancolía o en la ficción patética de una fiesta montada de manera semiclandestina para los turistas. Kingston es demasiado pobre.
Nueva Orleáns es la prima rica. Tiene, además, un pasado nobiliario. Francesa y española, negra y estadounidense patricia, ciudad de ricos plantadores y comerciantes del Mississippi. A la orilla del Old Man River, de sus sinuosidades. Tiene clima del golfo de México, pero es menos calurosa, aunque la humedad sea parecida a la de sus primas.
Conocí la ciudad hace diez años, cuando tenía poco menos de medio millón de habitantes. Hoy quedan doscientos ochenta mil, después de la tragedia del huracán Katrina, que provocó la emigración de cerca de doscientas mil personas, que perdieron todo con la trágica inundación, debida a la ruptura de los diques del lago Pontchartrien, entrada de mar represada. Las tierras arrasadas por las aguas eran las más bajas, terrenos ganados gracias a las represas y al romperse sus contenciones el lago, más bien laguna, recuperó sus antiguas posesiones, reivindicó lo suyo e hizo desaparecer a barrios enteros, de los que ahora apenas han quedado algunos cimientos, escaleras de cemento y uno que otro rastro de las bases de casas absolutamente destruidas y arrastradas por la corriente. Las cicatrices del desastre están a la vista, aunque al turista poco preocupado por los males del mundo puedan pasar inadvertidas. Están atrás del escenario de la riqueza del Garden District o de la relativa escenografía del French Quarter .
El viaje en esta ocasión tenía sentido político y académico. Pero lo mejor de todo es que se combinó extraordinariamente lo serio con lo lúdico. Y el extraordinario grupo que se armó entre quienes fuimos de México financiados por la Angelica Foundation y por el grupo parlamentario de Alternativa. Fue una combinación extrañamente armoniosa de personas que apenas se conocían y entre quienes surgieron lazos de entendimiento y amistad.
Ricardo Sala, en conversaciones con otros de quienes hemos ido formando el grupo cáñamo y nos hemos agrupado en torno a la elaboración de las iniciativas sobre la marihuana y la cannabis que ya comenzó a presentar la diputada Elsa Conde del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, fue el responsable final de la mezcla.
La mayoría de los viajantes salimos de la ciudad de México rumbo a Dallas el miércoles cinco de diciembre a las diez de la mañana en un inclemente vuelo de American Airlines. La diputada Elsa Conde con su singular consorte, David Arriaga, amigo mío por derecho propio desde hace ya algún tiempo, gracias a la iniciativa de Roberto Pliego, que nos ha juntado a jugar dominó. Jorge Hernández Tinajero, artífice en buena medida del grupo y de la iniciativa; Alejandro Madrazo, el jurista imaginativo que encontró la fórmula para presentar el proyecto y que tuviera viabilidad de convertirse en ley; Polo Rivera, activista serio y persistente, líder de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis, conocedor del tema de la mariguana desde una perspectiva antropológica con buena base histórica; Gady Sabicky, psiquiatra de gran simpatía pero con argumentos bien pensados y documentados sobre las consecuencias en la salud mental de las drogas, buen apologista de la mota; Julio Zenil, de inteligencia pícara, Humberto Brocca, el curandero de mirada aguda sobre la realidad, amable e inteligente; Luís Astorga, adusto y consecuente, analista serio de la política de drogas del Estado mexicano y Carlos Zamudio, tabasqueño reposado e inteligente, autor de una buena tesis.
A muchos de ellos apenas los conocía superficialmente, a partir de lo que los había oído en las reuniones del grupo cáñamo. Fueron un gran descubrimiento. Y ya en Nueva Orleáns nos alcanzó la sorpresa más agradable del viaje. Ana Paula Hernández, que venía de Washington, donde había estado cabildeando para su organización. Activista también ella, pero de los derechos humanos y no desde una plataforma retórica, sino en el trabajo en la montaña de Guerrero, con sede en Tlapa donde vive con su marido desde hace cuatro años.
La variedad de los integrantes, las diferencias enormes entre las actividades que realizamos se engarzó sorprendentemente bien. Desde el principio surgió un clima de complicidad amistosa que se mantuvo durante todo el viaje; la relación fluyó big eassy, al ritmo de la ciudad, un tres por cuatro sincopado y en la sintonía que para varios crea la mota. (Continuará mañana).

Hoy en La Crónica

2007-12-12T11:38:00.000-06:00

La inteligencia frente a la cuestión de las drogas

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 12 de Diciembre de 2007 | Hora de publicación: 00:53

La semana pasada, del seis al ocho de diciembre, asistí en Nueva Orleáns a la International Drug Policy Reform Conference, organizada por la Drug Policy Alliance, una coalición amplia y variopinta de organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos preocupadas por el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y que se han dado a la tarea de construir opciones diferentes para enfrentar la cuestión.
En la conferencia internacional confluyeron mil doscientos delegados de distintos grupos. Ahí estuvieron los jueces, fiscales y policías que integran la Law Enforcement Against Prohibition, LEAP, una ONG dedicada a estudiar los males de la prohibición de las drogas y a buscar opciones legales más sensatas y adecuadas para enfrentar el consumo y el abuso de estupefacientes y sus consecuencias sociales; junto a ellos estaban también varios grupos de médicos, sobre todo psiquiatras, preocupados por los efectos catastróficos que la persecución tiene sobre los consumidores y los adictos y que plantean la necesidad de implementar políticas de reducción del daño, pues la clandestinidad no soluciona, sino que agrava los problemas de salud pública que representa el consumo de drogas (un ejemplo conspicuo es que la prohibición de comprar jeringas en las farmacias de los Estados Unidos provoca la reutilización entre los adictos a la heroína, con las consecuencias catastróficas que esto tiene en la transmisión del VIH y otras enfermedades como la hepatitis C). También participaron organizaciones de madres que han visto cómo sus hijos consumidores o adictos han caído en la cárcel en lugar de encontrar opciones educativas y de rehabilitación.
El denominador común de los conferencistas, entre los que también se encontraban los defensores de los usos medicinales de la mariguana y aquellos que defienden su utilización lúdica con argumentos sólidos sobre la relativa inocuidad de la cannabis frente a otras drogas legales, como el tabaco y el alcohol, era la del consenso sobre la estulticia de la visión puritana y represiva con la que se está enfrentado la cuestión de las drogas en el mundo, por imposición de la política norteamericana.
En la conferencia participó un representante de la agencia de la ONU contra las drogas, quien expuso la visión oficial imperante sobre el estado de la cuestión de las adicciones y sus problemas de salud. Desde su visión, en nada apartada del principio prohibicionista, se hicieron evidentes las contradicciones entre la necesidad de dedicar más recursos a la educación y a la prevención y la estrategia vigente, que se enfoca principalmente a la represión y, supuestamente, a la rehabilitación. Con él discutieron jueces, policías y psiquiatras que le expusieron datos duros sobre el fracaso de la guerra actual, sus efectos catastróficos sobre el tejido social y los pobres resultados de las terapias utilizadas para buscar la rehabilitación de los adictos; el representante de la ONU se mantuvo en sus trece, pero sus propios datos sólo mostraban la debilidad de la argumentación de los prohibicionistas, pues, por ejemplo, aceptó que la política de tolerancia seguida por los Países Bajos ha logrado estabilizar el consumo de drogas y, desde luego, no ha creado un boom de consumidores de mariguana.
La delegación mexicana fue de gran calidad. En la mesa dedicada a nuestro país hubo ponencias especialmente interesantes, como la de Luis Astorga, que expuso el fracaso de la guerra contra la delincuencia organizada y el tráfico desde los años cuarenta, la de Gadi Zabicky, enfocada a las debilidades de la rehabilitación de los adictos en nuestro país, la de Ana Paula Hernández, que describió con detalle la descomposición del tejido social que el narcotráfico y el mercado clandestino ha generado en las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, problemas agravados por la represión militar, o la de Humberto Brocca, enfocada a la búsqueda de nuevas estrategias de prevención de las adicciones frente a la fallida represión.
Jorge Hernández Tinajero expuso la iniciativa recién presentada por la diputada Elsa Conde, de Alternativa Socialdemócrata, quien también estuvo presente, para cambiar las penas a los consumidores de mariguana en nuestro país. La iniciativa, como comenté aquí la semana anterior, pretende crear sanciones educativas e informativas, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, en lugar de que quede a discreción de los jueces la posibilidad de mandar a un consumidor a la cárcel, de manera que se reduzcan los incentivos para la extorsión policial que sufren hoy muchos jóvenes consumidores de mariguana que no le hacen daño a ningún tercero con su conducta. Alejandro Madrazo, extraordinario joven jurista, respondió a las preguntas sobre la iniciativa que hicieron muchos de los interesados asistentes.
La iniciativa de Alternativa generó gran apoyo en la conferencia de Nueva Orleáns y atrajo el interés de grupos de abogados interesados en impulsar proyectos de reforma similares en los Estados Unidos. Ahora es necesario que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados entre pronto a dictaminar el proyecto y lo haga con seriedad y sin prejuicios. La experiencia de Nueva Orleáns muestra que existen en la sociedad civil del mundo visiones inteligentes alejadas del empecinamiento puritano y represivo de la política oficial contra las drogas.
Post Scriptum: al llegar me encuentro con los patéticos resultados del espectáculo montado en la Cámara de Diputados para la selección de los aspirantes a consejeros del IFE. Evidentemente la evaluación realizada fue política, porque no creo que, por mencionara a alguien, Valentina Batres tenga ninguna credencial académica para evaluar a nadie. Pero una evaluación política debe dar razones claras, transparentes, y no descalificaciones genéricas o pretendidas calificaciones subjetivas. Ya me esperaba el fiasco del método.

jorge_javier_romero@yahoo.com.mx