Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano

¡Paremos la guerra contra las drogas!

2009-11-19T07:56:00.001-06:00

Jorge Javier Romero

19 de noviembre de 2009

Entre el 12 y el 14 de noviembre se celebró en Albuquerque, Nuevo México, la Conferencia Internacional para la Reforma de la Política de Drogas. Ahí se reunieron diversas organizaciones no gubernamentales, intelectuales, médicos, jueces, policías, fiscales y políticos sobre todo de Estados Unidos, pero también de México, Chile, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y de otros países de Asia y Europa, a debatir la manera en la que las sociedades deben encarar el asunto de las drogas y las adicciones sin guerra, violencia, daños colaterales y muerte.
El consenso generalizado, la consigna unificadora, fue la de parar la guerra contra las drogas, en primer lugar, porque causa muchos más males de los que pretende prevenir. Como política de drogas, la guerra ha sido un fracaso mundial. No ha servido para disminuir las adicciones, ni para reducir la disponibilidad de drogas en el mercado, ni para aumentar los precios de las sustancias. Y como política contra el crimen organizado ha sido claramente contraproducente, pues la existencia de un mercado clandestino de esa magnitud provee de fuertes incentivos a los delincuentes especializados precisamente en el comercio ilegal para mantener y reproducir sus organizaciones, pues la demanda es lo suficientemente sólida como para seguir con el reto al Estado. Por cada organización desmantelada hay varias en potencia dispuestas a continuar con el control violento de los mercados y con los recursos para sostener el combate, sobre todo en países como México con organizaciones estatales endebles y corruptas.

Ahí se escuchó la alarmada voz del concejal de El Paso, Beto O’ Rourke, quien narró la manera en la que la guerra está deteriorando a su comunidad a ambos lados de la frontera. Para este joven político local no hay otra salida que la legalización de todas las drogas. La guerra sólo deja muerte, horror y desolación.

Pero si la guerra no sirve, ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de las drogas? Pues se debe aprender a vivir con ellas, de manera que los riesgos y daños asociados a su consumo se minimicen, como se hace frente a cualquier tema que implique riesgos, como los coches en las carreteras o las carnitas de puerco. Los coches matan y mucho, pero la solución no es prohibir su circulación sino prevenir los riesgos, con controles de velocidad, reglas para obligar el uso del cinturón o controles de alcoholemia. Ese es el tipo de acciones que debe emprender un Estado democrático para enfrentar la existencia de drogas en las sociedades.

Un concepto repetido durante la conferencia de Albuquerque y que debería convertirse en el eje de cualquier política sensata respecto a las drogas es el de reducción de daño. La idea ha sido satanizada por los conservadores de Estados Unidos y otros países, que se han negado a que sea utilizada por los instrumentos de las Naciones Unidas; sin embargo, la reducción de daño es el criterio de política pública con el que mejor se puede enfrentar los problemas sociales y de salud asociados al consumo de drogas. La política seguida en los últimos tiempos en muchos países respecto a una droga legal, el tabaco, es un ejemplo de política de reducción del daño.

La reducción del daño implica que, en lugar de agravar los perjuicios provocados por el consumo clandestino, las sociedades enfrenten el consumo de drogas dañinas como un asunto de salud.

El ejemplo recurrente es el de los consumidores de drogas inyectables altamente adictivas como la heroína. La clandestinidad lleva a los adictos a compartir las jeringuillas, con lo que al daño de la droga se suma el de las enfermedades de transmisión como el VIH o la hepatitis B. Además, el control del mercado por parte de los delincuentes lleva a los adictos a depender de traficantes sin escrúpulos para obtener la droga, de manera que llegan a robar o a prostituirse para poder comprarla. A esto se suma la adulteración de las sustancias en un mercado sin controles sanitarios. Así, más que el daño de la droga en sí misma, los adictos a la heroína se ven sometidos a amenazas enormes derivadas de la prohibición. Reducir el daño implicaría sacar de la clandestinidad a esos consumidores, intercambiar jeringuillas, abrir locales para el consumo controlado de las sustancias, sin adulteración y sin costo para alejarlos del mercado controlado por los delincuentes. Querría decir que la sociedad reconoce el asunto en lugar de voltear la cara hacia otro lado.

Otro tema abordado en la conferencia fue el de los consumidores no adictos de sustancias mucho menos peligrosas y que son tratados como delincuentes en muchos países. La libertad individual para decidir sobre el propio cuerpo, la soberanía personal, frente al Estado que se atribuye la facultad de decidir qué se puede consumir y qué no. En el caso de la mariguana, el consenso en Albuquerque fue la legalización, de manera que sea el Estado, con reglas claras y controles de calidad, el que regule el mercado y no los narcotraficantes.

La conferencia de reforma de la política de drogas estuvo marcada por la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva laica, científica, compasiva y de salud. Si la cuestión de las drogas se abordara desde esta perspectiva, los delincuentes se quedarían sin el control de un mercado ingente y el Estado tendría posibilidades de atacarlos en otros flancos. La vía de la guerra ha demostrado ya su fracaso.

La delegación mexicana que asistió a Albuquerque tuvo un gran nivel. Juristas como José Antonio Caballero, director de derecho del CIDE, Alejandro Madrazo y Samuel González Ruiz —ex titular de la UEDO—, especialistas en reducción de daño, como Juan Machín o Humberto Brocca, una estudiosa de la situación de las mujeres en la cárcel, casi siempre vinculadas al tema de las drogas, Corina Giacomello, y otros académicos, como Jorge Hernández Tinajero. También estuvo por ahí y habló en una plenaria Jorge Castañeda.

El promotor incansable del cambio de la política de drogas en Estados Unidos es el profesor de Harvard y presidente de la Drug Policy Alliance, Ethan Nadelman. En su discurso inaugural se mostró optimista sobre los avances alcanzados y llamó a seguir actuando como movimiento para que el presidente Obama mantenga el rumbo liberalizador que ha emprendido. El cambio de política está en camino, aunque Calderón no se haya percatado de ello.

¿Por estos partidos?

2009-06-24T19:11:00.001-05:00

23 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero

He decidido votar de una manera que va a ser considerada no válida a la hora del cómputo. El sistema electoral anulará mi voto, no yo. He decidido no votar por los partidos actuales con registro. Lo haré por un movimiento al que pertenezco y que no me ha pedido su voto. Que no busca los votos de nadie. Lo mismo pasaría si votara en el espacio dedicado a ello en las boletas por un candidato sin registro. Igual mi voto sería anulado. Sin embargo voy a ir a votar, porque creo el voto sirve. Sirve sin duda para llevar al gobierno o al legislativo a aquellos que nos convencen. También sirve para votar por el menos malo o para evitar que llegue a gobernar alguien que consideramos catastrófico. Sirve para premiar a los políticos eficientes y para castigar a los maletas cuando hay reelección. Pero hay veces que hay que usarlo para pedir la ampliación de la representación, para decir que las opciones existentes no satisfacen, que hace falta abrir el juego.
No creo que todos los partidos sean iguales. Hasta en la época más cerrada del PRI había diferencias entre éste y el PAN, pero muchos de los que ahora dicen que hay que elegir a fuerza en el menú que nos ofrecen ⎯a pesar de que todos platos huelen a medio podrido, sean unos de pollo otros de pescado y otros de carne⎯ no votaban ni por el PRI, ni por el PAN ni por el PPS o el PARM. Claro que la elección era un montaje y eso justificaba la abstención. Mucho más eficaz resultó la promoción de candidaturas independientes que no eran contabilizadas pero que movilizaron a las urnas a un voto de protesta que se hizo sentir y contribuyó a la apertura del sistema de partidos.
Los partidos que hoy existen no me satisface cada uno por diferentes razones. No puedo votar por el PAN por su clericalismo, por su visión moral excluyente que fuerza a las mujeres a morir o a ir a la cárcel o a la maternidad no deseada. Por su obcecación en una estrategia de combate al crimen organizado militar y no de inteligencia. Por su equivocada política de drogas, por pacatos e ineficientes. No quiero votar por el PRI porque son corruptos, no son demócratas, privilegian la lealtad mafiosa frente a la capacidad y el desempeño técnico y son oportunistas capaces de renunciar a su tradición pretendidamente liberal y aliarse con el PAN y con la Iglesia con tal de mantenerse en el poder, aunque eso signifique pasar por encima de los derechos de las mujeres; además, piden un voto de creencias, no de razones. No quiero votar por el PRD porque son fraudulentos; son representantes de la falta de compromiso con las reglas, son tramposos, no tienen ideas; su campaña me parece infantil, ñoña, han logrado perder el apoyo que traían, son incapaces y carecen de ideas. No puedo votar por la demagogia del partido pretendidamente verde, que vende la venganza como justicia y engaña abiertamente a los ciudadanos con ofertas tramposas, típicas de los mercachifles que son. Nueva Alianza lo descarto pues es la expresión más ominosa del control clientelista de un gremio, instrumento político de una mafiosa. El Partido del Trabajo no me atrae ni remotamente; no me parece que beneficie en nada a la izquierda mexicana el pensamiento de Alberto Anaya y no creo que Muñoz Ledo vaya a hacer grandes aportaciones al debate. Convergencia es el feudo de un cleptócrata. Tampoco quiero votar por la banda de López Obrador repartida entre los dos últimos partidos. Los del Partido Socialdemócrata navegan con los saldos de una plataforma plagiada de aquellos a quienes echaron a patadas de una organización convertida en botín.
Creo, además, que el efecto de las elecciones federales intermedias es menor sobre el arreglo político, aunque esa es otra historia. De ahí que considere a ésta como una buena oportunidad para manifestar un malestar que en otras circunstancias sería menos propicio expresar. No dudo que entre quienes están proponiendo el voto nulo haya quienes lo hacen desde una perspectiva cacerolera o con intenciones golpistas. Sin embargo no creo que esa sea la mayoría de los que se están moviendo a esa opción. Por el contrario, lo que predomina es una percepción de no representación. Es una opción que se está abriendo paso entre las capas medias medianamente educadas que tiene acceso a la Internet. Y lo que ahí se expresa es que no son satisfactorios los partidos existentes y los resultados de la política dejan mucho que desear.
Si el voto no válido se multiplica por tres, es decir si ronda en diez por ciento, eso podría decir que votantes suficientes como para darle el registro a tres partidos nuevos no se sienten representados y quieren manifestarlo. Seguramente tiene razones diversas para hacerlo, pero el hecho es que a esa parte de la población ninguno de los partidos lo convoca a votar. ¿Quiénes están mal, los ciudadanos o los partidos?
Mi voto será por una democracia de más calidad, con mejores partidos, más competitiva, con mayores libertades y más laica. Por una nueva ley de partidos, que permita el registro para participar en las elecciones a partir de un programa, unos estatutos democráticos y una lista de candidatos, sin dinero en efectivo, sólo con prerrogativas de acceso a medios. Será, además un acto de libertad.
Por ahí alguien dijo que lo que deberían hacer quienes llaman al voto nulo es hacer un partido. Precisamente eso es lo que no se puede hacer hoy en México. Y no se podrá, con la ley actual, hasta 2013 para participar en el 2015. Ese es el problema: que la entrada a la representación es estrecha y protege a los ineficientes. Por eso hay también quien clama por las candidaturas llamadas independientes. Algo está podrido y es hora de airearlo.

¿Sirve para algo renovar sólo la cámara de diputados?

2009-06-24T19:07:00.002-05:00

12 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero

En estos días de campaña el centro de atención del debate nacional se salió de lo que proponen los partidos políticos. De pronto, el ruido igualador y safio de sus propagandas se convirtió sólo en el escenario de fondo de una polémica creada desde la red, de manera descentralizada, por ciudadanos no organizados y con diferentes intenciones. En las últimas semanas el debate lo provocó un estado de ánimo: anular el voto. Diversas voces intelectuales le entraron y muchos de los más inteligentes han salido en contra de la opción con argumentos de diverso orden. La polémica ha resultado rica y merece abordarla de lleno.
Quiero decir que yo, de manera individual y sin ninguna afiliación a cualquier opción colectiva de promoción de las diversas iniciativas, voy a emitir un voto que en el cómputo del IFE va a ser contabilizado como no válido. Y lo voy a hacer por un listado largo de razones. La primera es de carácter institucional y es la pregunta que le pone título a este artículo.
¿Qué podría cambiar en esta elección? Pongamos que los hados se ponen de lado de Calderón y en un cierre fuerte al final le logra sacar la mayoría al PRI y el PAN obtiene unos cuantos diputados más. Sería un espaldarazo simbólico al presidente, pero no mejoraría su capacidad de iniciativa legislativa, pues el Senado no se modifica. La capacidad gubernativa del presidente sólo mejoraría con una mayoría absoluta que le permitiera aprobar en solitario el presupuesto, pero eso no va a ocurrir.
En el escenario más probable hasta ahora nada se va a modificar en términos de coaliciones políticas efectivas. El PRI sí que saldría beneficiado, pues aumentaría sustancialmente su financiamiento público, y el reparto interno de los partidos también se va a alterar, pero en lo que se refiere a coherencia legislativa y gobernación más eficaz, el diseño político actual no permite más que resultados malos o mediocres. Es una elección cara, de poca utilidad en términos de representación, sobre todo cuando ni siquiera se puede premiar o castigar a políticos concretos a través de la posibilidad de reelección y cuando el voto por diputados individuales en algún distrito está estrictamente asociado al voto por la cúpula del partido que lo postuló.
El diseño del régimen político le ha quitado sentido a la elección intermedia. Tal vez si el Congreso completo se renovara a través de la elección de la mitad del Senado, con posibilidad de reelección, estaríamos viendo el fortalecimiento del legislativo en lo que se refiere a trabajo profesional y coherencia en sus acciones. En las condiciones actuales, el legislativo sólo le dificulta el trabajo al ejecutivo y no tiene posibilidades, por fortuna, de articular un proyecto alternativo, lo que generaría un conflicto de poderes aun mayor del que ahora existe. Una mayoría absoluta de un partido diferente al del presidente podría resultar catastrófica, pues podría dejar arrinconado al ejecutivo durante los siguientes tres años a través del presupuesto. La elección intermedia en los términos actuales tiene más posibilidades de debilitar al ejecutivo que de fortalecerlo. Y no es que quiera fortalecer al PAN en concreto; pero estoy convencido que la debilidad gubernamental del presidencialismo es una de las causas de los malos resultados de la política mexicana.
El modelo de separación entre ejecutivo y legislativo es una antigualla del siglo XVIII que se debería reformar. En los regímenes parlamentarios la elección legislativa tiene sentido porque de ahí surgirá la coalición de gobierno. En Alemania, además, se puede elegir al diputado del distrito de manera personal y votar por la lista del mismo partido o de otro diferente. Ahí la representación directa se conjunta de manera más elaborada con mecanismos para propiciar la existencia de partidos nacionales fuertes. Ahí sí el Congreso tiene fortaleza y carga con la responsabilidad de formar gobierno. Muchos liderazgos emanados de esa forma han resultado sólidos y con auténtica capacidad reformadora para emprender los cambios requeridos por sus sociedades.
Aquí los incentivos para formar coaliciones estables son extremadamente débiles. De ahí que el trabajo sea desordenado y estridente y las alianzas casuísticas, propicias para los arreglos de intercambio de favores mutuos meramente circunstanciales. El trabajo del congreso se convierte en el ámbito de las negociaciones particulares y el cabildeo, cuando no de la corrupción directa. El Congreso actual no es inútil, desde luego, como mecanismo de representación de intereses, pero no es el mejor mecanismo de representación democrática de una sociedad plural.
Por eso creo que mi voto en estas elecciones concretas tiene poca influencia. Oigo las voces y no escucho alguna que me convenza, no veo enfrente grandes catástrofes que se puedan evitar votando por uno u otro, así que prefiero usar mi voto para protestar, para pedir una ampliación de la representación. No me extraña que los ciudadanos vean al Congreso como lejano y corrupto. Es el terreno de lucha de los partidos y estos están muy mal, pero ese es otro cuento.

Sobre la abstención y el voto nulo

2009-06-24T18:58:00.003-05:00

!8 de abril de 2009

Por Jorge Javier Romero

Hacía muchos años que no oía de campañas por la abstención o por el voto nulo. Desde que tengo memoria, el llamado organizado por la abstención más importante, todavía en los años del dominio total del PRI sobre el arreglo político, fue el del Partido Comunista en 1970. Los comunistas ⎯que siempre habían llamado a votar por sus candidatos, aún cuando no eran reconocidos sus votos por no tener registro⎯ en 1970 llamaron a la abstención activa. Se trataba de una protesta por la cerrazón del régimen y por la represión de 1968. Sin embargo en 1976 el voto por el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa, no computado oficialmente pero calculado por la Secretaría de Gobernación, fue un ariete para romper los cerrojos del sistema electoral protegido y provocar la reforma política de 1977.
Para aquella elección, la que nos dejó a López Portillo, el PAN se había quedado sin candidato. Un conflicto interno había enfrentado a dos corrientes partidistas con resultados catastróficos, pues se escindieron y no pudieron postular a nadie para la presidencial, cuando ningún candidato obtuvo la mayoría calificada que pedían los estatutos. Sin embargo, no llamaron a no votar, pues estaban en juego las diputaciones de partido.
Después de eso vino la reforma política y todo comenzó a cambiar. En la primera oportunidad que tuve para votar lo hice con entusiasmo, después de haberme metido de cabeza en la campaña electoral con el PST. Aquella elección movilizó a los nuevos votantes a favor de la izquierda. Sobre todo por Partido Comunista y sus aliados. Sin embargo, hubo muchos jóvenes, estudiantes universitarios, que no se sintieron interesados y repetían las consignas de la izquierda radical que llamaba electorero al PCM por haber obtenido su registro y pedían el “rechazo total al fraude electoral” en sus consignas de marcha, sobre todo aquel 2 de octubre de 1978, décimo aniversario de los hechos de Tlatelolco, que marcó el inició de mi compromiso político. Uno de los más destacados abstencionistas de entonces ⎯el más influyente sin duda⎯ era Heberto Castillo, con su PMT, voluntariamente excluido del proceso de reforma.

Después de aquella elección y del efecto demostración que tuvo sobre los dirigentes radicales el ver la relevancia de los diputados de la coalición de izquierda, todos los grupos de la izquierda buscaron tarde que temprano su participación electoral. En 1982, los trostkistas del PRT y los grupos sin participación previa en la coalición de izquierda que se integraron al PSUM, sobre todo el Movimiento de Acción Popular, que se sumó a la construcción del nuevo partido convocado por el Partido Comunista y sus aliados previos; el PMT se dividió por el renovado abstencionismo de su líder y varios de sus cuadros se sumaron al esfuerzo de unidad de la izquierda. En 1985 el más testarudo abstencionista buscó su registro y fue diputado.
No es necesario decir mucho del cataclismo de 1988. La bola de nieve de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas movilizó a los últimos rescoldos del radicalismo guerrillero y los metió a la búsqueda de los votos. No hubo desde entonces llamados serios a la abstención, con la excepción de “la otra”, puesta en escena soporífera de Marcos.
El voto se había abierto paso como instrumento de poder social. Con el voto se hizo la democracia mexicana, como bien ha dicho Mauricio Merino. Pero no siempre el voto fue para los candidatos con registro. Antes de la apertura generada por la reforma de 1977, desencadenante del proceso democratizador, el voto por opciones no registradas sirvió para resquebrajar al régimen monolítico.
Desde 1988 el consenso político ha sido contra la abstención. La abstención se ha considerado en buena medida como apatía conforme, sobre todo de los marginados. Se sabe que crece en las intermedias, principalmete en los estados sin elecciones concurrentes de gobernador, pero ha quedado en 2000 y en 2006 en niveles equiparables a los de los países con democracias consolidadas, siempre lejos de las unanimidades propias de los regímenes totalitarios, pero por arriba del sesenta por ciento. En 1997, elección intermedia, la votación subió por la novedad de la elección del jefe de gobierno de la ciudad de México.
Sin embargo ahora se oyen voces por la abstención y por el voto nulo. No vienen como en los setenta y ochenta de la radicalidad de izquierda sino de las capas medias urbanas. Se trata de dos acciones distintas con consecuencias diferentes. Una implica la apatía condescendiente. El otro es un acto que requiere de ir a la urna y anular el voto expresamente. La primera rompe el vínculo del ciudadano con la representación. En cambio, lo segundo puede constituir un acto de protesta contra el sistema de registro de partidos que deja a muchos ciudadanos sin opción de voto.
La legislación mexicana no contempla el voto en blanco y aunque las boletas traen un espacio para candidatos no registrados, lo asentado ahí no se computa. La posibilidad de ir a votar para decir que ninguno de los partidos le dice nada al elector no está legitimada por el arreglo electoral mexicano. Sin embargo, el hecho de que estén surgiendo voces que dicen que ninguno de los partidos entusiasma demuestra que el sistema de registro ⎯ideado en su día para proteger al PRI, abierto en la ley de 1977 y vuelto a cerrar en 1996 como nueva protección a los partidos pactantes⎯ ya requiere ser modificado para abrir, en lugar de estrechar reforma tras reforma, los causes de participación.
Sin duda, el berrinche de las televisoras hace que de por ahí surjan muchos de los llamados a la deslegitimación de la elección. Eso lo haría una abstención abismal. Sin embargo, ir a votar como un acto de protesta, con una consigna específica, que cuestione a los partidos actuales, no es en sí mismo un acto antidemocrático. Incluso puede tener características interesantes si se concentra en la elección de diputados federales, aunque se vote por los partidos en las demás; y sí se puede medir. No estoy defendiendo la opción. Sólo creo que una acción concertada en ese sentido tendría que se tomada en cuenta por los políticos como señal de alarma ante su capacidad de representar intereses. Ellos son los responsables de que una idea así se abra paso.
Y es que también está el hecho de que la elección intermedia en el presidencialismo democrático está dejando de tener sentido. Sólo puede complicarle más las cosas al presidente, mientras que poca mejora puede esperar de ellas. Y no me refiero sólo a las que vienen sino a todas. Es una más de las fallas del arreglo presidencial al que estamos aferrados, pero esa es otra historia.

Un cambio probable en la política de drogas de los Estados Unidos

2009-03-12T12:08:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Nombró Obama al nuevo responsable de la política de drogas de los Estados Unidos. Gil Kerlikowske es un policía profesional con experiencia previa en el gobierno federal en los tiempos de Clinton, cuando estuvo en el Departamento de Justicia como encargado del desarrollo de policías comunitarias. Se trata de un hombre ilustrado, que sabe recibir asesoría especializada y que ha dirigido con eficacia a la policía de la ciudad de Seattle, donde ha obtenido resultados más que satisfactorios.
Kerlikowske (vale la pena repetir el apellido para irlo aprendiendo, porque vamos a oír mucho de él aquí) no es ni de lejos un halcón en lo que toca a la política de drogas. De hecho en Seattle aplicó una estrategia de tolerancia a la posesión para el consumo de mariguana, a pesar de que se opuso a que se concretara en una directiva municipal. Ha declarado claramente su posición sobre el tema y considera importante trabajar sobre todo el tejido social y la prevención como formas de enfrentar las adicciones, por encima del uso de la fuerza. No es tampoco un abolicionista de la prohibición, pero sin duda va a abordar el asunto de las drogas de una manera radicalmente distinta a la seguida por Bush el puritano.
En los Estados Unidos, donde ser un policía de alto rango implica un entrenamiento profesional serio, existen grupos de agentes del orden y la justicia que se manifiestan abiertamente por la eliminación de la prohibición de las drogas. El Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), por ejemplo, agrupa a policías, pero también a fiscales y jueces que razonan sobre la conveniencia de abordar la cuestión de las drogas desde la prevención, la tolerancia, y la salud, en lugar de la prohibición que convierte en criminales a los usuarios de sustancias psicoactivas y genera un mercado negro con incentivos enormes para retar al Estado.
Pues el LEAP ha recibido con beneplácito el nombramiento del nuevo zar antidrogas. Uno de sus integrantes más prominentes, Norm Stamper, inmediato predecesor de Kerlikowske como jefe de la policía de Seattle, celebró con esperanza la nominación; alabó su actitud frente a la mariguana y subrayó su visión de ser favorable a la prevención por encima de la represión.
Todo parece indicar, así, que las cosas van a cambiar en lo que toca a la estrategia hacia las drogas del gobierno de Obama. El propio Ethan Nadelmann ⎯a quien diversas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos propusieron como posible encargado de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas⎯ cabeza de la Drug Policy Alliance, el más fuerte grupo de impulso a la legalización de las drogas en los Estados Unidos, se ha mostrado optimista. A pesar de lamentar que de nuevo haya sido nombrado un agente del orden y no un profesional de la salud para el diseño de la estrategia hacia las drogas, Nadelmann celebra la actitud de Kerlikowske en Seattle, ciudad donde la mariguana para usos médicos es legal, existen programas de intercambios de jeringuillas y se han aplicado otras políticas de reducción de daño, como las estrategias para prevenir las sobredosis.
También en el asunto de las drogas Obama parece estar comprometido con el cambio. Lejos queda el fundamentalismo de Reagan sobre el asunto, época en la que se diseñaron las líneas maestras de la política seguida hasta hoy. Es obvio que, a diferencia de los panistas mexicanos, ni el presidente de los Estados Unidos ni el nuevo director de la oficina de política de drogas creen que el problema sea la mariguana ni se escandalizan con las iniciativas liberalizadoras. A ellos no les parece una mariguanada la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la de Zedillo, Cardoso y Gaviria (y Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Paolo Coelho, Antanas Mockus y varios personajes más de la intelectualidad, la comunicación y la política de América Latina, puros mariguanos según el presidente del PAN).
De ahí que parezca que la política de drogas de Calderón está un pelín en problemas. Obama, antes del nombramiento, con un veterano de la época de Clinton encargado del despacho, bajó en la jerarquía a la oficina, que con Bush era parte del gabinete. Además retiró la prohibición de apoyo a los programas de intercambio de jeringuillas. Nada demasiado revolucionario, sin duda, además de que la posición que llevó Edgard Jurith, todavía en funciones, a la reunión de revisión de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas que se está celebrando ahora en Viena es bastante ortodoxa, aunque con alguna apertura a las políticas de reducción del daño a las que se oponen a llamar por ese nombre con el argumento de que no se debe dar la impresión de que las drogas no son del todo destructivas.
México ha ido a Viena con su posición esencialmente basada en la represión y el combate irrestricto a la oferta, representada por el procurador Medina Mora. No le queda más remedio, después de que ha desatado la guerra. Sin duda, el Estado debe enfrentar sin concesiones a sus enemigos, eso no se puede discutir. El problema es cuando no es capaz siquiera de considerar que su estrategia pueda estar fallando seriamente, pues en lugar de enfrentarse directamente con las armas a un negocio que genera suficientes incentivos para su reproducción aun con una fuerte represión enfrente, podrían estar debilitando al enemigo a través de la modificación de la demanda con prevención y reducción de daño, al tiempo que se les quita totalmente el negocio de la mariguana, cuya prohibición parece cada día más un contrasentido.
Es muy probable que pronto veamos proliferar en los Estados Unidos legislaciones de tolerancia respecto a la mariguana y un giro en el enfoque respecto a las drogas más duras. A ver si no el gobierno de Calderón se queda chiflando en la loma con su guerra fallida.

La soledad del metro

2009-02-25T18:48:00.001-06:00

Originally uploaded by elcalamar

Una noche tarde, entre el Zócalo y General Anaya.

El berrinche de las televisoras

2009-02-04T12:21:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

Se les fue un negocito de más dos mil millones de pesos y están muy enojados. Eso es lo que ocurre con los concesionarios de las televisoras privadas y su manera de enfrentar, coludidos, su obligación legal de transmitir los anuncios políticos durante la campaña sin cobrarlos.
Televisa fue más discreta. Un anuncio en negro y en silencio. Televisión Azteca lloriquea en un mensaje donde lamenta mucho tener que interrumpir la programación preferida pero que así lo ordena el IFE. Y recetan paquetes de anuncios mezclados de promoción del voto y de partidos políticos.
La intención es evidente. Quieren provocar animadversión hacia los partidos y hacia la autoridad electoral. ¿Cómo que no van a ser ellos los que le pongan precio a la política? Hace tres años no ponían letreritos ni programaban los anuncios con mala leche a la mitad de los partidos de fútbol. Por el contrario, los transmitían felices y en sus tiempos de mayor auditorio, incluso aquellos ilegales como los de los empresarios en contra de López Obrador. Entonces no los agraviaba la propaganda. Hoy reparan.
Pues es que antes las televisoras se llevaban buena parte del pastel del financiamiento público en tiempos de elecciones. Con los impuestos de los ciudadanos se le inyectaba a las empresas de televisión un subsidio proveniente del 70% del dinero para gastos de campaña. Ellos, que se han quejado tanto de lo que se gasta en los partidos y las elecciones, se llevaban su buen pellizco. Ahora que se han quedado sin él, se aprovechan de la pobre imagen, ganada a pulso, de los políticos mexicanos y chantajean a la hora de cumplir a regañadientes con la ley.
Y es que en México es una vieja tradición la de negociar con la desobediencia. Los diferentes grupos y organizaciones buscan privilegios que les permitan observar las normas sin cumplirlas, cuando no de plano violarlas con la aquiescencia de las autoridades encargadas de su acatamiento. Un estado débil, sin legitimidad suficiente y sin los medios técnicos adecuados para hacer cumplir la ley, ha requerido históricamente de las negociaciones particulares para permanecer. De ahí que las televisoras se muestren tan aguerridas y jueguen en el filo de la navaja del desacato.
Desde luego que los políticos impresentables, tan abundantes en México, son paja seca para la provocación de las televisoras. De por sí las próximas elecciones pueden romper récord de abstencionismo, ante la ineptitud de unos partidos sin imaginación, enzarzados en líos internos, dirigidos por unos muermos cuando no por corruptos conspicuos, sin ideas. Los anuncios confinados en los paquetes del reto son malísimos, lo que sin duda puede contribuir al repudio del público que las televisoras pretenden provocar.
Mal haría el IFE en entrar en negociaciones. Es desde luego tiempo de una buena sacudida, de probar sus dientes, de consuno con las autoridades del ejecutivo, sobre todo la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer cumplir la ley a los concesionarios de radio y televisión. Nadie les ordenó transmitir los paquetes así. Debieron distribuirlos, desde luego que en las franjas horarias correspondientes, pero como siempre, intercalados en sus paquetes publicitarios. Hacerlo como lo hicieron, con la evidente intención de provocar animadversión hacia los partidos debe tener consecuencias legales.
Sin embargo, los políticos mexicanos les tienen pavor a las televisoras y suele concederles en sus berrinches. Fueron incapaces de sacar, en esta legislatura, una ley de medios que regulara con eficacia la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico, una vez que la Corte echó para atrás el engendro obsecuente que las propias empresas le soplaron al oído a la anterior legislatura.
El pulso no es un asunto menor. Con la anterior ley, las televisoras y los particulares tenían una gran posibilidad de comprar voluntades políticas a cambio de tiempos al aire en anuncios propagandísticos con impacto en las intenciones de voto. La influencia política de las empresas de televisión se hizo evidente precisamente en el caso de la ley de medios. Ahora se les prohíbe lucrar con sus preferencias políticas; si toman partido lo deberán hacer gratis, aunque desde luego se ven ya los huecos por los que se cuelan las notas pagadas a favor de Peña Nieto o de Marcel Ebrard.
Pero la nueva legislación electoral está a prueba. Sus virtudes se centran en reducir los requerimientos de dinero de los políticos en campaña para evitar en lo posible que sean los intereses económicos ⎯legales e ilegales⎯ los representados. Empero, puede enfrentarse a la rebeldía de los medios y a la venta ilegal de espacios como concesión ante la pérdida de la antigua rebanada de recursos con los que los aceitaba de manera indirecta el Estado y de forma específica cada partido, en negociaciones opacas donde el precio de los espacios y los beneficios colaterales de la compra se fijaban de acuerdo a los intereses de las empresas.
La arrogancia de las televisoras es una expresión más de la debilidad del Estado mexicano y de la falta de autonomía de los políticos. Es parte de la misma historia del Estado fallido, sólo capaz de estructurar su dominio de manera simulada.

La marcha de los cangrejos

2009-01-28T19:09:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

No bastó con el ya ridiculizado discurso de Calderón, flanqueados él y su mujer por dos purpurados en el encuentro de las familias, donde nos recetó su nostalgia por los valores de su infancia moreliana, tan católica y dócil, y su escándalo porque haya familias encabezadas por mujeres. Tenía que venir el jefe de gobierno de la capital de la República a inaugurar como obra pública una estatua del difunto Papa tan amado. Eso claro, entre los gritos de los herederos del obispo Barajas y el obispo Munguía de que en México hay quienes proclaman un laicismo arcaico que pretende impedir la libertad religiosa.
Desde luego, el renovado clamor por la sacrosanta libertad de educación, bandera en la que se envuelven los escandalizados por una enseñanza que incluya contenidos sobre sexualidad, evolución, diversidad de la sociedad o drogas de manera fundada en la ciencia, en el conocimiento contrastable. La atribución de los males de la sociedad a su falta de predominio sobre las mentalidades, su nostalgia por el control de los cuerpos, su empecinamiento en que todos aceptemos su idea de la insuflación del alma al cigoto incipiente. Todo ello presentado desde el papel de la víctima amenazada por los impíos que atentan contra su libertad. Esa es la actitud de la Iglesia Católica mexicana.
Se puede conceder que está en su papel. Desde el concilio de Trento, el de la Contrarreforma de mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica se cerró a la adecuación de sus dogmas al conocimiento de cada época; ató sus creencias a la percepción del mundo del final de la edad media; dejó de evolucionar. Otras confesiones cristianas asimilaron de mejor manera los cambios de forma de entender la vida y se han adaptado a las condiciones cambiantes de la sociedad secular. La Iglesia Católica se mantiene aferrada a su pretensión de hegemonía y ha sido incapaz de comprender que desde el siglo XVI perdió el monopolio ideológico en ese espacio del mundo que genéricamente conocemos como Occidente.
Atrapada en el Trento de 1563, la Iglesia Católica pareció tener dentro energías transformadoras cuando el papa Roncalli convocó al Concilio Vaticano II que, visto a casi medio siglo, resultó fallido. Wojtyla, el santo de la devoción de Ebrard, convertido en estrella del canal dominante de las conciencias nacionales, aplicado en la recuperación de México como bastión del poder eclesiástico, fue taponando los resquicios de apertura. Ahora Ratzinger de plano clama por la vuelta a la misa tridentina y le abre los brazos de la santa madre a los fundamentalistas excomulgados. Es perfectamente comprensible que una organización así de añeja expela gases acedos por todos sus poros. Lo que resulta intolerable es que los políticos de un Estado laico, que han jurado respetar la Constitución, no presenten frente a las pretensiones de hegemonía ideológica y se plieguen a los avances de quienes quieren controlar la educación e imponer su visión moral particular por medio de la ley.
Desde luego que los políticos mexicanos, tan influenciables por lo que ocurre al otro lado, creen que lo de hoy es hacer muestras públicas de profesión de fe, porque así lo han visto en la tele. Exhiben su ignorancia de las condiciones específicas de la relación de la política norteamericana con las religiones en un país sin confesión dominante y pretenden reproducirla aquí donde el peso de la fe católica ocupa todavía el lugar mayoritario en la cohesión social donde la educación pública fracasó, limitada por la baja calidad de sus profesores, abandonada a las garras de una maquinaria corporativa corrompida.
No sorprende del PAN, calificado en los 60 del siglo pasado por un historiador estadounidense ⎯Donald J. Mabry⎯ como la alternativa católica a la Revolución. Acción Nacional es heredero de los memes de los cangrejos del Siglo XIX, esos políticos tan preocupados por defender los intereses del clero. Felipe el católico viene de esa tradición, tocada de cerca por la también reivindicada Cristiada, empeñada en usar la política para proteger su fe, incapaz de asimilar lo que implica un Estado laico activo, auténticamente constitucional.
Mientras aquí el presidente defiende la visión católica de lo correcto para la convivencia y Marcelo devela el broncíneo adefesio, Obama proclama su llamado al reconocimiento de la diversidad que incluye a los no creyentes. Deroga además la prohibición para financiar con fondos públicos los trabajos de las organizaciones partidarias de la libertad de elección de las mujeres en cuanto a maternidad se refiere, es decir aquellas que promueven la legalización del aborto. Mientras en los Estados Unidos parecen haberse abierto las ventanas y sopla un aire de renovación, aquí los políticos expelen el tufillo de cerrado y sacristía.
Un paso pa delante, doscientos para tras. Así marchan al compás los políticos de nuestro tiempo, mientras que Pancho Membrillo se ha disuelto en la bruma de la memoria y no hay quien los azote, ni con el pétalo de un discurso.

El ateísmo sale del clóset

2009-01-14T10:37:00.003-06:00

Por Jorge Javier Romero

Mientras en México se está dando una ofensiva clerical para influir en la política, de manera que se vean reflejados los particulares valores de inspiración religiosa en la legislación y para asaltar al sistema educativo sumido en una crisis abismal, en otros lugares del mundo el pensamiento científico, basado en la comprensión racional del universo, parece estar despertando de un largo letargo en lo que se refiere al activismo para hacerlo avanzar en el imaginario colectivo de las sociedades occidentales.

Aquí, la Iglesia católica ha iniciado una andanada de ataques al Estado laico con cantaletas de siempre y se dispone a apoyar abiertamente la intromisión de grupos confesionales en la política, incluso con llamados a constituir un partido abiertamente católico con tintes recalcitrantes que enfrente el avance de la legislación sobre derechos laicos, mientras en Europa los ateos militantes se han aventurado a emprender campañas de divulgación del pensamiento no religioso.

Después de una época de beligerancia polémica, desde la mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, los ateos entraron en una etapa de letargo en cuanto a la divulgación explícita de su pensamiento. Es posible que se deba sobre todo a la mala consciencia de ver vinculada la proclamación de la no existencia de dioses al comunismo y sus desastres. Además, en la medida que el ateísmo no es una creencia en el sentido tradicional de la palabra, no busca crear iglesias ni conjuntos dogmáticos que identifiquen a sus seguidores. Por otra parte, el proceso de secularización social ha debilitado, sobre todo en los países europeos pero también en el resto de las sociedades urbanas de Occidente, la fuerza de control de mentalidades de las religiones y ha hecho avanzar una concepción de la convivencia que admite las diversas formas de moral, de familia, de actitud hacia la vida, en la medida que respeten un orden jurídico establecido.

Sin embargo, durante las últimas tres décadas las visiones religiosas como fundamento del orden social han recobrado fuerza en diversos ámbitos del planeta. Los fundamentalismos han florecido como crítica a los malestares del desarrollo capitalista y se han convertido en maquinarias políticas con ambiciones de dominio, materializado en diversos países a partir de la revolución en Irán. Afganistán, Paquistán, Sudán, Nigeria, Indonesia, Egipto y por supuesto Gaza han sido escenarios del avance político del islamismo político en grados que van desde el control estatal hasta la creación de inestabilidad recurrente. En Los Estados Unidos el creacionismo ha avanzado sus posiciones y los judíos más ortodoxos son impulsores de la política bélica de la derecha de Israel. La Iglesia Católica en América Latina no se ha resignado a perder el control de la moral social a través del aparato estatal, en la medida que su prédica se muestra incapaz de generalizar sus preceptos de comportamiento a partir de la convicción.

La clerecía mexicana acusa de nuevo al Estado mexicano, hoy dirigido por sus discípulos panistas, de ser un educador absolutista y reclama legislación para imponer sus particular visión en materia de derecho a la vida, de familia o de sexualidad. Clama por recuperar espacios de pretendida libertad, cuando lo que realmente busca es utilizar al brazo secular para imponer su visión del mundo a la convivencia de una sociedad diversa que no comparte de manera universal la visión católica de la vida, del amor, de la sexualidad, de la felicidad o de la muerte.

Y frente a eso, el pensamiento laico mexicano no es capaz de presentar un frente articulado. No se escuchan más que reacciones defensivas, sin propuestas sólidas de construcción institucional que dejen a las creencias particulares en el lugar que les corresponde. Y los intelectuales ateos mantienen una actitud vergonzante, tal vez por los excesos del jacobinismo revolucionario de los años veinte del siglo pasado, no siempre injustificado.

Pero frente a este entorno lamentable, en Europa y los Estados Unidos el pensamiento explícitamente ateo ha perdido el miedo a tomar la calle. Hace unos tres años se produjo una oleada de libros de divulgación expresamente dedicadas a objetar la creencia en dioses. Richard Dawkins, biólogo evolucionista y etólogo, profesor de Oxford, es el campeón de la causa, con diversas publicaciones y participaciones en debates; su libro El espejismo de Dios ha tenido una amplia difusión y un impacto notable. Christopher Hitchens, destacado periodista, por su parte publicó God is not great, con un tono abiertamente propagandístico. En español, Fernando Savater con La vida eterna también entró a la discusión pública. Desde luego, en México el libro de Dawkins ha tenido una presencia clandestina; el de Hitchens no ha sido traducido y el de Savater anda por ahí escondido en los rincones de las librerías.

Y este renacimiento intelectual de la divulgación del ateismo y la reivindicación del pensamiento científico como un sistema de comprensión del mundo y de la vida que se basa precisamente en la incredulidad, a diferencia de los dogmas religiosos, pues somete todos sus postulados a la posibilidad de falsación, ahora se ha visto acompañado por una campaña masiva por las calles de algunas ciudades europeas.

La idea original surgió en el entorno de Dawkins y su sociedad para el avance de la ciencia. Por Londres circulan ya autobuses con anuncios en sus costados con la leyenda “There’s probably no God. Now, stop worring and enjoy your life”. En Barcelona también han salido los que traducen el mensaje y dicen “Probablemente Dios no existe. Disfruta de la vida” y en unos días más saldrán los émulos madrileños.

De inmediato la respuesta cristiana ha surgido, clamando sin probabilidad alguna de error la existencia divina y el llamado a disfrutar la vida en Cristo, pero por lo menos han aparecido grupos dispuestos a difundir abiertamente una visión liberadora de los grilletes mentales que imponen las religiones. Sería hora de que en México surgieran voces que dejaran de tenerle miedo a las andanadas de los clericales y denunciaran las supercherías; no sólo las religiosas, por cierto, sino de todo tipo, tan abundantes en la televisión comercial en forma de videntes, astrólogos o vendedores de milagros.

La cuestión palestina

2009-01-07T13:03:00.002-06:00

Por Jorge Javier Romero

Sobre la guerra del fin de año he leído casi de todo. Desde luego, los viejos prejuicios anti judíos que subsisten, la versión maniquea que hace al Estado de Israel un mero usurpador, sin entender las circunstancias históricas de su nacimiento, con mucho de acción defensiva frente a las ancestrales persecuciones de las cuáles fueron víctimas los diversos seguidores de los ritos y creencias mosaicas, que se mantuvieron como comunidades diferenciadas pero integradas a lo largo de toda Europa, herencia de los imperios romanos de oriente y occidente.
La de Hitler no fue sino la más reciente, sin duda la más terrible, de las oleadas criminales contra los hebreos. Constantemente reyes, emperadores y zares los condenaron a expulsiones cuando no los masacraron, aunque nunca con la obsesión asesina del demente que cautivó a Alemania durante unos años y llevó al mundo a la mayor catástrofe provocada intencionalmente de la existencia humana.
Sin duda el genocidio nazi, prueba evidente de que la sicopatía puede ser compartida por grupos extensos de la población y de que los paranoicos son especialmente exitosos en la política, fue el catalizador del surgimiento del Estado de Israel, aun cuando la idea sionista es anterior, hermana menor de todos los nacionalismos del final del siglo XIX.
La demencia hitleriana se basaba en una creencia totalmente infundada y su crueldad resulta aterradora. Sin embargo, también son conjuntos de creencias infundadas las que están detrás de la identidad judía o de la identidad palestina y de la diferenciación entre una y otra. La incapacidad de entendimiento nacida desde la llegada de los colonos judíos a Palestina, que se asentaron con la protección británica a partir la tercera década del siglo pasado y se ha traducido en guerra permanente, tiene detrás como principal comburente las creencias religiosas y la influencia demencial de los sacerdotes de ambos cultos en las percepciones sociales y en la cultura.
No es posible entender la incapacidad de construir un arreglo estatal estable de convivencia de los israelíes y los palestinos si no se toma en cuenta, seriamente, que en el origen las diferencias es religioso. Es la creencia en los mandamientos de profetas determinados, que se han pretendido voceros de dios, la que lleva a considerar enemigos a los de enfrente. Cada vez que el conflicto entre Israel y los palestinos se exacerba es porque los religiosos de uno u otro lado lo atizan.
La religión como fundamento de la exclusión. El Estado de Israel, a pesar de ser formalmente secular, no se escapa a la definición religiosa. Y en el caso de los palestinos, los intentos de construcción de un liderazgo laico han fracasado, en medio de la corrupción atroz; entonces, la identidad comunitaria entre los más pobres la han construido los líderes religiosos más oscuros y brutales.
Los que le atribuyen todos los males de la región al Estado de Israel no toman en cuenta la responsabilidad de las propias elites palestinas, depredadoras y poco refinadas intelectualmente, incapaces de construir un orden eficaz que se haga cargo de la existencia del Estado de Israel. La dirigencia laica de los palestinos fue, durante décadas, enemiga a muerte de la existencia de Israel como un producto histórico difícilmente equiparable a una simple usurpación militar de un territorio. Finalmente, cuando estuvo dispuesta al pacto, se mostró incompetente y corrupta, poco proclive a construir un Estado basado en una dominación legal racional. Frente a este fracaso quedó la cohesión social de las creencias. No fue Israel el que impidió el surgimiento de un nuevo Estado en los territorios ocupados. Fueron las limitaciones de la clase política palestina las que hicieron fracasar los acuerdos de paz de la década de los noventa.
Hoy son los recalcitrantes religiosos los que han tomado el control político en Gaza y tienen sitiados a los dirigentes de Cisjordania. Más allá de los agravios, que pueden ser múltiples, el hecho es que han mantenido el odio a Israel y a los judíos como elemento de cohesión y fundamento de su poder, al final de cuentas precario. En lugar de consolidar el acuerdo y avanzar en concesiones, han usado el terrorismo y los ataques contra la población vecina como método. Los que hablan sólo de la desproporción de la respuesta no toman en cuenta que el número inferior de víctimas provocadas por los fundamentalistas al mando en Gaza sólo es producto de sus inferiores recursos militares, no de la morigeración de sus instigadores.
Es evidente que los políticos de la derecha israelí también han sido infames en su decisión de expansión y dominio; hoy mismo no han parado mientes en cuestiones humanitarias y aunque dice tener como objetivo a Hamas, ha pasado por encima de la población civil. Desde luego que la comunidad internacional tiene que hacer todo por detener la brutalidad de la respuesta, pero de ahí a que los palestinos sean simples víctimas de una pretensión hegemónica hay un abismo.
El horror de la incursión Israelí en Gaza hace necesario reflexionar de nuevo en el destructivo papel que juegan todavía en nuestro tiempo las religiones. En 1843 el entonces joven Carlos Marx escribió un ensayo del que hoy se suele citar sólo una frase: “la religión es el opio del pueblo”; su título, La cuestión judía, es preciso: mientras no se emancipen de la religión los judíos no podrán resolver su cuestión, su problema. Lo mismo sigue siendo válido hoy tanto para los hebreos como para el resto de la humanidad. Los palestinos mismos no acabaran de encontrar su lugar en el mundo mientras sigan atados a una identidad esencialmente religiosa.
La comunidad internacional haría mucho más por la paz si contribuyera al desarrollo de un Estado palestino basado en principios laicos, a partir del apoyo abierto a las elites no religiosas de la comunidad. Sin embargo, buena parte de los países vecinos están también dominados por oligarquías que fundamentan su poder en las creencias. El fundamentalismo religioso no es un asunto menor como amenaza para la convivencia de nuestro tiempo. Cristianos de toda laya, musulmanes o judíos, tamiles o sijs, las creencias sin fundamento, basadas en leyendas ancestrales pero asumidas como revelación de la verdad, dividen a la humanidad en bandos irreconciliables y los poderosos las siguen aprovechando para someter y humillar.

La balada del noroeste 2

2009-01-01T13:45:00.006-06:00

Por Jorge Javier Romero

Al otro lado del Mar de Cortés está, pacífica, La Paz. Llegar ahí implica, de nuevo, encontrar las taras del país. La Terminal del trasbordador en Topolobampo es un martirio para los viajeros. El sistema de documentación del equipaje se basa en la información de oídas y los pasajeros tiene que especular sobre en qué momento se podrán deshacer de sus maletas. Muchos optan por hacer cola frente al furgón de recogida sin que nadie les diga nada más que “ahí esperen”, a la intemperie, con frío.
El barco, en cambio, está limpio y confortable, y sus sistemas de embarque y desembarque son razonablemente eficientes, aunque tampoco brinden toda la información necesaria de manera clara. A la llegada, en cambio, el país se muestra en su cara estatal: arbitraria, mal organizada, en cierto sentido ridícula.
En el puerto de Pichilingue está el ejército. Su función es evidentemente disuasoria. Una auténtica frontera interna que suena a inconstitucional. Es el eco de la guerra en una ciudad donde no se habla de narcos ni se vive el clima de inmersión cotidiana en el tema de Sinaloa. A un lado se construye un puesto de revisión de documentación al estilo migración gringa, con sistema de identificación de huellas y demás parafernalia policíaca y de inteligencia. La copia de fachada del vecino que ha impuesto una guerra a partir de un error de diseño de su política contra las drogas.
Y por la ciudad, de pronto se encuentra a los soldados, que hacen vida cotidiana de ocupación silenciosa, marginal. El pelotón que rodea al puesto de gorditas o al de tacos de mariscos.
La entrada a La Paz por carretera desde el desembarco muestra cambios enormes en los últimos cinco años, desde la última vez que estuve aquí. La inversión turística se ha desatado y el cambio de fisonomía se acelera. El paisaje de grandes cactáceas está desapareciendo. En su lugar, los edificios de hoteles y fraccionamientos, de parques acuáticos y playas con servicios se ha multiplicado. Depredación en nombre del desarrollo. Y por ahí, la tendencia de la política turística mexicana de permitir la privatización del paisaje, de apropiarse de las playas, de construir sobre ellas. No se ha aprendido la lección de Cancún, que se ha quedado sin playas por las construcciones que rompieron los ciclos de los sistemas de dunas. De nuevo, a construir en la ribera misma, a deforestar.
Enfrente, El Mogote; una lengua de arena que cierra la bahía, en la que se ven las sombras de los edificios en construcción, siniestros esqueletos grises que se yerguen tras la bruma. Desarrollo vertical, de gran impacto, en una zona de gran diversidad biológica: el anuncio del desastre seguro. La idea de un turismo menos industrial no llama la atención. Todo camina al modelo pomposamente llamado “La Ribera Maya”, de derrama. Nada de una concepción más moderna, de menor impacto ambiental, al estilo Costa Rica. La apuesta es al gasto conspicuo de los dueños californianos de yates que compren condominios.
El malecón de la ciudad ha embellecido notablemente a La Paz. Sin embargo, se echa de menos una pista para bicicletas como la del malecón de Campeche, o un carril para trotadores. En el paseo, incluso, está prohibida la circulación de ciclistas. Sólo caminantes en el diseño, aunque desde luego se ha convertido en una estupenda ruta para ejercitarse por las mañanas o al atardecer.
La Paz parece un estupendo lugar para vivir. Podría tener una gran calidad de vida. Una familia de universitarios puede vivir es una estupenda casa, con alberca y vista al mar, aunque sea en lontananza. Los servicios no son malos; el comercio tradicional está siendo suplantado por las grandes superficies, aunque todavía no pueden presumir de un mall como el de Los Mochis, tan atentos en Sinaloa al american way o life. Los sudcalifornianos no parecen, a primera vista, tan preocupados por la modernidad. Hay en esta ciudad algo más de pausa provinciana. Sin duda, menos necesidad de ostentación. Mucho menos camionetas gigantes con la caja de carga vacía.
Y una diferencia abismal. Nada del ruido permanente ⎯de la música en competencia⎯ ubicuo en Los Mochis. La Paz es una ciudad de murmullos de pescadores, de cara al mar, con tradición de puerto. Su vecina de enfrente, en cambio, mira a la tierra, a la agricultura y a la ganadería. Mira también a la sierra que ahí desemboca. Su música es alemana, de banda de vientos y acordeones, estridente.
La Paz es ciudad de inmigración, aunque existan familias de larga data en estas tierras. Cosmopolita como puerto, tiene restaurantes chinos, italianos, japoneses, franceses. Con el desarrollo turístico han llegado los bares de vino y proliferan los cafés. Los tacos de raya de siempre conviven con la llegada de las gorditas de chicharrón del centro del país adoptadas con entusiasmo por los locales.
Pero como en el resto del país, la calidad de vida se empantana. El desarrollo urbano que se sale de control en los márgenes por la presión de la pobreza. La escasez de agua en el clima desértico de la península, la falta de infraestructura para enfrentar los ciclones. Y, sobre todo, la mala calidad de la enseñanza, el omnipresente fraude educativo que realizan en México tanto las escuelas públicas como las privadas. La simulación que hace que las escuelas supuestamente laicas utilicen textos católicos, los profesores sin calificación alguna para enseñar. De nuevo, el país de mentiras del que hablaba Paz en 1943, también aquí, en esta pacífica bahía del golfo de Cortés.

La balada del noroeste

2008-12-24T12:11:00.004-06:00

Por Jorge Javier Romero

Los Mochis es una ciudad del Norte de Sinaloa con unos cuatrocientos mil habitantes. En su origen fue un proyecto del socialismo utópico de Albert Kimsey Owen, empeñado en la construcción de un ferrocarril que uniera el Pacífico con el centro de los Estados Unidos a través de la sierra de Chihuahua y de ahí a Nueva York por la ruta más corta posible. De esa época queda poco más que una casa. Después vino el ingenio azucarero, a principios del siglo XX, y su auge como punto de producción de alcohol durante los años de la prohibición en los Estados Unidos. Hoy es un centro de comercio agrícola con un puerto respetable especializado en el transporte de granos.
En Los Mochis sólo se escuchan los ecos de la violencia que atenaza a otras ciudades del estado de Sinaloa. Las historias de los muertos en Culiacán, del los horrores de la guerra, son tema de conversación, pero aquí no se vive el sobresalto que, en cambio, he notado en sitios como Reynosa, donde el año pasado las navidades fueron realmente rojas. Esta es una ciudad pacífica, donde aún no se notan los estragos de la crisis y se siente un clima de prosperidad. Pero la percepción repetida es que algo se está haciendo muy mal en la política que ha dejado tantas muertes.
Don Carlos, viejo agricultor curtido, que ha visto de todo en la sierra de Sinaloa, lo dice con claridad: Calderón se equivocó. No abunda más, pero entiende, desde su experiencia, que esta política de drogas basada en la guerra sin cuartel no va a dar buenos resultados. Lo entiende perfectamente: es un asunto de mercado, de oferta y demanda y las soluciones policíacas generan muchos más males de los que intentan eliminar.
Llega la noticia de los soldados decapitados en Guerrero y es recibida con horror. Los soldados francos secuestrados torturados y asesinados en un atentado terrorista tan impactante como las bombas en Morelia para las fiestas de septiembre. Ahora, el regalo de Navidad para el ejército y el presidente. Y todo en nombre de una política equivocada, de una estrategia ineficaz para cumplir con los objetivos que se pretenden. Eso sí, muy provechosa para los productores de armas y para los delincuentes que si bien invierten vidas, tienen como recompensa ganancias ingentes.
Luego, la noticia con elementos chuscos de la señorita Sinaloa que dijo en su casa que iba a una posada pero no dijo con quienes. Sus malas compañías la llevaron a la cárcel, pues el seductor y sus amigos traían dieciocho mil dólares y un pequeño arsenal. ¿A qué se dedicarían los muchachos? Eso habla de cómo la política gubernamental no es disuasoria; al contrario, se ha generado cierto halo de aventura en una sociedad que se descompone ante un Estado que demuestra por todos lados su ineficacia.
Mientras, la vida cotidiana transcurre en Los Mochis en estos días de fiestas. Ciudad de amplias calles pavimentadas con concreto hidráulico, de plazas comerciales nuevas, de camionetas de carga usadas como símbolo de estatus, tiene muchos de los defectos del desarrollo mexicano. El patrimonio cultural arrasado, empezando por las viejas casas de la colonia utópica, conocida como la americana, hoy suplantadas por desarrollos inmobiliarios absurdos, como una torre de 17 pisos que presume su vista del hermoso farallón del Mar de Cortés, a punto de convertirse en un elefante blanco pues ofrece departamentos a precios millonarios en una ciudad con espacio para construir en una planta grandes casas mucho más adecuadas al clima del lugar, donde el 23 de diciembre la temperatura puede llegar casi a los treinta grados, aunque por la noche refresque.
Tampoco es una ciudad amigable con los peatones. Ni un solo paso marcado en las avenidas sin semáforos donde el primero que llega pasa. Nada de promoción de otras formas de transporte, como la bicicleta. Sólo grandes avenidas para que circulen las trocas, símbolos de poder imaginario. Y, por supuesto, también aquí el espacio público es espacio de conquista, no de convivencia, a pesar de la gente tranquila, alegre, trabajadora que desmiente el tópico del sinaloense violento, de mecha corta y dado a la violación de la ley a la menor provocación.
En Los Mochis la comida es siempre celebración. Mariscos de primera, carne insuperable, ofrecidos por las calles con aromas de asado en cada cuadra. El Golfo de California a un paso, con sus aguas frías con una riqueza biológica extraordinaria pero amenazada por la depredación y la contaminación.
Rodeada por la guerra, la ciudad se mantiene como un oasis de tranquilidad que, sin embargo, recuerda a cada paso que estamos en México: un país donde el Estado es tan débil que la gente vive con altas dosis de incertidumbre, donde salir de vacaciones implica arriesgar el patrimonio, porque la impunidad protege a los delincuentes; donde la ineficacia hace tanto daño como la corrupción y el crimen.

Legislar a tontas y a locas

2008-12-10T13:52:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Desbaratadamente, sin orden ni concierto. Así parecen legislar los diputados mexicanos. No importa si se trata de los altos representantes al Congreso de la Unión o de los diputados locales del Congreso de Coahuila, o de los de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La percepción es que en México se legisla por ocurrencias, sin un proyecto político coherente, sólo para salirle al paso a los temas, de acuerdo a los humores del gobernador, cuando se trata de un poder local sin independencia real del legislativo, o con base en una iniciativa desesperada del ejecutivo federal o a bote pronto, cuando se percibe que una idea brillante puede resultar en vísperas de elecciones.
Tres ejemplos de la casuística legislativa mexicana: las reformas a la legislación federal para limitar las garantías individuales en nombre del combate a la delincuencia organizada, la legalización de la pena de muerte en Coahuila, subordinada a la reforma constitucional propuesta por el congreso local y la restricción de horarios para la venta legal de bebidas alcohólicas en la ciudad de México y de horarios de apertura de los locales de esparcimiento.
La primera cuestión es debatible, sobre todo, desde un enfoque jurídico liberal. El ámbito de la privacidad debe ser respetado por el Estado. Las garantías individuales claramente establecidas son el elemento sustancial de la limitación del poder legítimo, base sin la cual no se sostiene un Estado liberal. Cuando en aras de la seguridad se establecen facultades estatales excesivas para fisgar en la vida privada, se comienza a traspasar la frontera del respeto a la libertad de los modernos, la que Constant considera consubstancial al desarrollo de las sociedades de individuos, las de mercados complejos.
Cuando la comprensible preocupación por la seguridad conduce a la limitación sancionada estatalmente de la libertad, entonces algo está muy mal en la convivencia. Sin duda, ese es el caso de la sociedad mexicana, pero sería preferible empezar por corregir la eficacia científica de las policías y del ministerio público que por la laxitud de las exigencias legales de respeto a las garantías individuales.
Después está la demagogia intolerable del gobernador de Coahuila y de su incondicional congreso. Promover la pena de muerte, vaya demagogia. Este es uno de los dilemas fundamentales de la democracia: ¿Hasta qué punto representar significa renunciar a la condición de elite? Cuando un gobernante se plantea sólo como vocero de la emoción, entonces deja de tener sentido la política como construcción inteligente. Frente al desastre en la seguridad y a la incapacidad para frenar a la delincuencia, la percepción generalizada es la de promover la venganza. Pero una visión más informada, documentada, y sustanciada en una ética ilustrada, no puede aceptar que el Estado se convierta en vengador. La revancha, sin duda, es consubstancial a la moral del cristianismo, pero no es sustentable desde una perspectiva constitucional liberal y democrática. La pena de muerte es indefendible desde cualquier punto de vista racional. Si un gobernador del PRI la impulsa, un partido que se ostenta como integrante de la Internacional Socialista debería salirle al paso y denunciarlo. Sin embargo, la dirigencia del autoproclamado socialdemócrata Partido Revolucionario Institucional ha sido condescendiente con el audaz gobernador y ha echado mano de la argucia del respaldo popular para evitar la condena del despropósito.
Y por si fuera poco, la legislatura de la ciudad de México, que ha sido pionera en la legalización del aborto y en el reconocimiento de derechos a las uniones no convencionales, ahora sale con su domingo siete y se pone a restringir los horarios del esparcimiento metropolitano. Ese es el problema de la ausencia de memoria. Cuando el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, limitó los horarios del esparcimiento nocturno en la capital, proliferaron los clandestinos, por supuesto al amparo de la corrupción de la policía local, o se trasladó al estado de México la disipación a deshoras. Los legisladores del Distrito Federal parecen convencidos de que la ciudad de México debe parecerse más a Guanajuato que a Nueva Cork.
Visto en conjunto, lo que parece es que en México se legisla por ocurrencias. Nada de proyectos articulados en torno a un programa político coherente. Nada de correspondencia con los programas electorales presentados a los electores durante las campañas. Ocurrencias, respuestas a las percepciones reflejadas en las encuestas, oportunismo y demagogia, parecen ser el tono de la estrategia legislativa nacional. Un argumento más a favor de un cambio de régimen que modifique el sistema de incentivos políticos, pues lo que hay hoy parece fomentar la irresponsabilidad y la demagogia, en lugar de promover la racionalidad política que, en teoría, debe ser consecuencia de la democracia.

Partidos, democracia y partidocracia

2008-11-30T15:47:00.004-06:00

Por Jorge Javier Romero

En su artículo del lunes pasado, Jesús Silva⎯Herzog sale en defensa de las reglas que en México dificultan enormemente las rupturas partidistas pues ponen obstáculos ingentes a la entrada de nuevos competidores a la contienda electoral. No sin razones, plantea que peor nos iría con un sistema político extremadamente fragmentado, con partidos débiles, y critica por ingenuos los clamores contra la llamada partidocracia, término que se pretende oponer al de una auténtica democracia ciudadana. El tema da para una buena discusión.
Desde luego es una tontería pretender que por un lado están los ciudadanos portadores de todas las bondades democráticas y por el otro los políticos malévolos que han usurpado el espacio de toma de decisiones. También lo es creer que se puede tener una democracia sin partidos. En más de una ocasión he argumentado contra los que pretenden que pueden existir candidatos ciudadanas impolutos que se puedan convertir en campeones de la sociedad por encima de los maléficos y corrompidos partidos; por lo general, esos pretendidos independientes traen tras de sí poderosas maquinarias aceitadas con el dinero propio o de patrocinadores inconfesables y se erigen en caudillos personalistas que no responden a organizaciones institucionalizadas, con reglas claras y mecanismos de deliberación y toma de decisiones colectivas. Las democracias modernas, representativas como son, requieren de partidos y, coincido con Silva, entre más fuertes sean, mejor para la calidad de la competencia política.
Empero, cuando lo que existen son reglas restrictivas para la participación electoral, producto de un pacto excluyente, y que obligan a construir simulacros de amplia militancia para poder competir en condiciones de franca inequidad, como sucede hoy en México, entonces sí es necesario denunciar la existencia de una colusión oligopólica que deforma la representación y limita la existencia de nuevas expresiones políticas, sobre todo en una democracia tan joven como la mexicana.
Justificar esas reglas en nombre de la fortaleza y la estabilidad partidista me parece un exceso. Existen muchos ejemplos, fuera del recurrente caso de los Estados Unidos, tan caro a los analistas de nuestro entorno, de sistemas políticos con reglas de entrada poco restrictivas que, sin embargo, cuentan con sistemas de partidos más que estables. La facilidad para participar en la contienda no ha llevado a un transfuguismo exacerbado ni en España ni en otros países con normas igual de laxas para presentar candidaturas. Los incentivos para la unidad y la disciplina partidista están en otra parte, no en restricciones absurdas para la participación electoral.
Es verdad que en México han surgido partidos chatarra y que algunos de ellos han sobrevivido. Pero lo han hecho al amparo y bajo la protección de los tres grandes, que los han cobijado como sus satélites. En cambio, los jugosos beneficios de tener una patente partidista han llevado a asaltos filibusteros, como el vivido por Alternativa Socialdemócrata, hoy ⎯convertido en un descolorido Partido Socialdemócrata⎯ a la búsqueda de la protección salvadora de la santa alianza con el PRD.
No me parece que sea tan buena noticia para la democracia mexicana que los divorcios sean tan incosteables para el que abandona la casa política. Insisto: no creo que la extremada fragmentación partidista sea benéfica pero ¿quién dijo que el electorado mexicano tiende a la fragmentación? Por lo visto en los años que llevamos de competencia electoral real, la tendencia de los votantes es a identificarse con fuerzas claramente definidas y sólo en unos cuantos casos han logrado su permanencia opciones capaces de representar intereses y opiniones excluidos de los tres grandes bloques políticos. No estamos ante unos electores que hayan optado por partidos construidos al vapor. ¿Por qué entonces mantener el proteccionismo en beneficio de tres maquinarias que dejan mucho que desear en sus prácticas democráticas internas y en sus mecanismos de inclusión de diversas voces?
Es necesario analizar en concreto las reglas vigentes antes de defenderlas como un mal necesario. Con el sistema actual de registro, los beneficiarios son quienes traen tras de sí clientelas acríticas y pueden con ellas mayoritear a los contrincantes. No son reglas que generen incentivos positivos a la existencia de organizaciones programáticas, constituidas en torno a ideas y donde la deliberación sea el camino para llegar a acuerdos. Nadie puede defender sensatamente los mecanismos con los cuales el PRD, por ejemplo, ha resuelto su controversia interna, incluso después de que el Tribunal Electoral ha dicho la última palabra y le ha dado legalidad a un resultado.
Es verdad que la democracia mexicana necesita de partidos sólidos. También es cierto que es mejor tener partidos disciplinados que grupos de díscolos en constante trifulca. Pero no creo que sean las reglas actuales las que propicien el sistema partidista que llevaría a superar la bajísima calidad de la representación que hoy vivimos. Me parece lógico que los coludidos defiendan lo que ellos han pactado, pero es necesario que desde los excluidos se construya una crítica capaz de proponer una nueva ley de partidos que rompa con el proteccionismo hoy existente, que no ha hecho otra cosa que copiar y adaptar las viejas normas de los tiempos del monopolio del PRI a las condiciones del nuevo oligopolio.

La hora de un nuevo régimen

2008-11-19T13:10:00.006-06:00

Por Jorge Javier Romero

Noventa y ocho años después del principio de la Revolución Mexicana es buen momento para repasar los saldos de aquella turbulencia política de la que surgió el régimen más largo de la accidentada historia mexicana. La erupción de los múltiples malestares sociales con la que terminó la pax porfiriana, primera forma estable de organización estatal y que entró en crisis precisamente cuando no se pudo resolver adecuadamente la sucesión del hombre necesario, dio como resultado, varias décadas después del estallido, un arreglo político peculiar, mezcla de instituciones formales y reglas informales, que logró pacificar a los diversos caudillos que se habían hecho con el poder durante la guerra y la etapa inmediatamente posterior.
Sin duda, el régimen tuvo enormes virtudes, como la de disciplinar al ejército y ponerlo bajo el mando del poder civil o la de establecer mecanismos de circulación política que evitaron el anquilosamiento tan frecuente en los regímenes no democráticos. También estableció condiciones de certidumbre para el crecimiento económico, en las ventajosa condiciones de la segunda posguerra mundial, cuando todo el mundo creció. Y garantizó décadas de paz con niveles bajos de represión estatal. Sin embargo, también institucionalizo, tanto de manera formal como informal, muchas prácticas que hoy constituyen un lastre para el desarrollo pleno de la democracia en nuestro tiempo.
Desde luego, ya no existe el férreo control político centralizado que garantizó el monopolio del PRI durante siete décadas (contados los tiempos de sus antecedentes el PNR y el PRM). Ya no existe el fraude electoral institucionalizado y la competencia política es algo normal, como no lo fue el los tiempos clásicos del régimen. Hay mucho más libertades y posibilidades de debate. Y sin embargo , la democracia no termina de desplegarse. La baja intensidad de la ciudadanía refleja la catástrofe educativa heredada; muchos ámbitos de la vida social siguen marcados por las viejas prácticas; los trabajadores no tienen auténtica libertad sindical, atados como están a los sindicatos corporativos protegidos por las viejas reglas todavía vigentes en el mundo del trabajo. Tanto en el campo como en las zonas marginadas de las ciudades el clientelismo es una forma viva de opresión política, que se aprovecha de la debilidad de los pobres, de su necesidad de protecciones particulares frente a un Estado que no les brinda cobijo ni protección de la misma manera que a los más favorecidos. Ahí están los resabios de un Estado protector de privilegios, de monopolios económicos, de comunicación y sindicales que repartió parcelas de poder a cambio de la estabilidad de su dominio.
La historia de la democracia mexicana también tiene la impronta de las practicas del viejo régimen. El hecho de que el proceso democratizador se haya dado de manera gradual, paso a paso, en un camino trazado desde el poder, llevó a que al final, cuando el PRI perdió la presidencia, quedaran intactas buena parte de las estructuras del antiguo reparto del poder. Ocho años van ya de gobiernos panistas y ahí están intocadas las reglas laborales opresivas, los privilegios de las empresas de comunicación, la burocracia basada en un sistema de botín, sin profesionalismo alguno, con criterios de disciplina y lealtad por encima de los de eficiencia y buen desempeño. Y ahí está, lacerante, la desigualdad heredada, inamovible, asfixiante.
La democracia mexicana tal como surgió de los cambios graduales comenzados en 1977 y que tuvieron su puerto de llegada en los acuerdos de 1996, no ha sido capaz de desmontar los principales elementos del viejo régimen. Ahí están ruinosos pero en pie, como el granítico monumento que los celebra. El pacto de 1996, además, comenzó un proceso de restricción de la competencia para limitarla sólo a los partidos pactantes y a sus satélites, también a imagen y semejanza de lo que había hecho el régimen del PRI 50 años antes, con su primera ley protectora de su monopolio. Ahora, el espectro está abierto a tres bandas, aunque se permite la supervivencia de los dóciles, los que se han aliado con ellos. Y tal vez los efectos de las últimas reformas lleve a que sólo sobrevivan los grandes, con lo que la transición democrática entraría en el canal seco de la competencia restringida.
Por eso es necesario impulsar un cambio de régimen. El viejo, el del PRI, sigue vigente a pesar de los cambios sufridos. Ahí está la falta de autonomía municipal y el control férreo de muchas legislaturas locales, ahí siguen las burocracias sindicales corruptas, vivitos y coleando están los intermediarios políticos que se nutren con la miseria. Las múltiples discriminaciones, la falta de oportunidades, la incapacidad burocrática, la inseguridad, la venalidad judicial, la ineficacia fiscal.
De ahí que sea necesario ponerse en movimiento para hacer política desde fuera de la competencia electoral, copada por las oligarquías partidistas. La iniciativa que ayer puso en marcha un grupo de mujeres y hombres entre los que destacan Patricia Mercado, Gustavo Gordillo o Maite Azuela, con muchas caras y voces jóvenes a su alrededor merece ser seguida con atención. Se trata de agrupar las múltiples expresiones del descontento, los diversos malestares sociales en un gran movimiento nacional que tenga forma innovadoras de actuar.
El llamado es, como el de Madero hace cien años, a forma clubes por todo el país. Ahora se trata de que sean agrupaciones con causas específicas que quieran articularse en torno a un programa nacional de transformación. Clubes ambientalistas, feministas, de jóvenes, de derechos humanos, de defensa de la diversidad sexual, capaces de actuar en distintos terrenos, de elaborar programas y propuestas, de impulsar iniciativas populares, de provocar debates. Clubes que utilicen las herramientas de la ley para sacar adelante sus causas, que litiguen temas de interés social en los tribunales, que presionen a los políticos para que cumplan con su trabajo y garanticen los derechos de todos.
Un movimiento político que no se plantea la participación electoral por lo pronto. Suena raro en un país acostumbrado desde hace tiempo a que el único móvil de la política sea el dinero, la cantidad ingente de recursos que reciben los partidos como prerrogativa estatal. Un movimiento que se plantea su autofinanciamiento y que no aspira a conquistar parcelas de prebendas. No es lo común y debería llamar la atención. Sin embargo, apenas aparece confinado en las últimas páginas de los periódicos. Es deseable que, como una bola de nieve, este llamado que arrancó cubriendo simbólicamente el monumento al viejo autoritarismo todavía en pie, el de la Revolución Mexicana, crezca por todo el país y logre desmontar desde los cimientos las viejas estructuras de dominación que limitan el despliegue de las energías de este país.

Preguntas pertinentes sobre el nuevo secretario

2008-11-13T11:30:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Pasado el llanto por Patroclo, la guerra continúa; se declara combatir en nombre del héroe caído, pero hay que nombrar nuevo campeón para la batalla. Y se recurre al antiguo íntimo para sustituir al de los últimos tiempos. La verdad, a mi me parece que es lo más lógico y normal en una democracia que el presidente recurra para gobernar a sus validos para ejercer el poder y echar a andar su estrategia. ¿Cómo va a dejar la política interior a alguien en quien no confíe, con quien no tenga lazos de comunicación de confianza completa? Me parece una petición absurda buscar para ese cargo a alguien con demasiada autonomía política. Pedirle al presidente que busque a los más capaces por encima de sus más cercanos es simplemente una ingenuidad que si hubiera sido oída por el presidente se hubiera convertid en su pase temprano al retiro.
En cambio apostó por su antiguo camarada político. Se conocen desde hace años y han compartido militancia. Nadie puede decir que Fernando Gómez Mont no es panista. Lo es desde el útero materno, a pesar de haberse alejado desde hace años de la actividad partidista. Pero experiencia tiene y por lo visto simpatía, por la recepción que ha tenido su nombramiento. Pertenece, además, a una familia ilustrada de prosapia, católica y prolífica. El padre fue un hombre muy relevante en el PAN de los tiempos heroicos. Por eso también me suena candoroso que salga el líder de los senadores del PRD a pedirle que no se comporte como panista al nuevo secretario de gobernación.
Más que hacer peticiones, hay que hacer preguntas. Y son muchas las que provoca la trayectoria del nuevo lugarteniente. La primera es si va a actuar con energía como responsable del interior de un gobierno laico. Viene de una familia incorporada a la política con Gómez Morín. La alianza con la que el fundador armó al PAN la hizo precisamente con los jóvenes católicos que lo apoyaron como rector de la UNAM en 1933. Su oposición al régimen tenía en el tuétano el rechazo al anticlericalismo del régimen. ¿Cómo evalúa el heredero de esa tradición al Estado laico mexicano de hoy? ¿Está comprometido con él o le parece excesivo?
También es pertinente preguntarse, viendo el abultado currículo del abogado postulante, si va a actuar como servidor público en la defensa del interés general o va a hacerlo a favor de particulares señalados. ¿Es un hombre de convicciones políticas o de intereses? Ha declarado que entiende exactamente de qué se trata el conflicto de intereses y que sabe como evitarlo. Sin embargo, el PAN no ha dado buenos ejemplos de abogados metidos a la política. Y las dudas surgen porque algo pudo haber aprendido el discípulo del viejo profesor Diego. Se ha dicho de él que es un buen negociador. Frecuentemente la derecha ha confundido negociador con negociante.
Si el presidente confía en el nuevo secretario no será sólo para que haga lo que le manden. Seguramente también espera consejo estratégico y proposiciones políticas. ¿Qué trae de novedoso Gómez Mont? ¿Cómo ve la guerra contra el crimen organizado concentrada en el combate a las drogas? ¿Está de acuerdo completamente con la estrategia o propondrá algo innovador? En este terreno, además, el gobierno de Calderón se puede llevar una sorpresa con la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Es probable que se comiencen a ver cambios en la política de drogas puritana y orientada al combate de la oferta por medio de la violencia. ¿Cómo lo va a llevar el nuevo jefe del gabinete de seguridad?
Y están todas las preguntas sobre las cuestiones meramente políticas. ¿Qué leyes va a negociar Gómez Mont? ¿Cuál es la coalición legislativa que va a construir o va a seguir la casuística zigzagueante de hasta ahora? Claro, eso depende, en buena medida, de cómo queden las cosas después de la elección legislativa del próximo año. A lo mejor, el PAN sufre una caída que deje prácticamente inhabilitado al presidente para sacar adelante una agenda de reformas. Es probable que el PRI sea el que se quede con la voz cantante en materia legislativa, con un PAN apenas con capacidad de veto y convertido en simple acompañante de la restauración, mientras el PRD se hunde y sus fragmentos quedan precariamente a flote.
De ahí que una tarea de lo más relevante para el nuevo secretario de gobernación va a ser hacia su propio partido. Otra petición absurda es la que pretende que el secretario de gobernación no juegue a favor de su equipo en la contienda electoral. Es ridícula la idea de que un gobierno no sea partidista. Es pedirle a los políticos que no hagan política. Es la hipocresía de una pretendida neutralidad institucional que no existe más que en las fantasías. Una cosa es que los políticos en democracia tengan que cumplir la ley y no ser arbitrarios en su comportamiento y otra que no hagan política.
Y la principal tarea política hoy del nuevo secretario de gobernación es, sin duda, tratar de evitar que el barco del gobierno de Calderón se escore y quede varado durante los últimos tres años de su gobierno, paralizado por un legislativo dedicado al derribo porque lo que está en juego es la siguiente elección presidencial. De ahí que tenga que construir las condiciones políticas para que no venga una debacle panista en el 2009.
En lugar de pedir absurdos, lo que hay que reclamar es una exposición clara de intenciones y de compromisos. Eso es lo democrático: programas políticos expuestos con claridad a la sociedad que los avala con su voto, no la llegada de los justos.

La nueva democracia en América

2008-11-05T21:09:00.001-06:00

Por Jorge Javier Romero

Mientras escribo van fluyendo los datos de la elección en los Estados Unidos. La información recibida es de las encuestas de salida que dan resultados de los estados donde la votación ha cerrado. La incertidumbre institucionalizada de la democracia está en plena operación. Los comentaristas no hacen sino repetir el tópico de que se trata de una elección histórica, como si alguna no lo fuera. Pero más allá del lugar común, los resultados preliminares indican un paso muy relevante en el proceso de democratización que comenzó con la constitución de 1788.
El constituyente norteamericano diseñó un régimen para garantizar el poder autónomo de cada estado incorporado al pacto federal. El poder presidencial entonces creado estaba claramente acotado por un legislativo bicameral donde el Senado, integrado por dos senadores de cada estado, servía como mecanismo conservador de los términos del pacto originario. El sistema de elección indirecto, que en la mayoría de los casos hace que el ganador de la votación en cada estado se lleve todos los delegados al colegio electoral, también se diseñó para garantizar la preponderancia del poder local sobre el central.
Aquel régimen primigenio, en cuya concepción original sin duda influyó el pensamiento político de la ilustración, sobre todo el de John Locke y el del barón de Montesquieu, estaba pensado para resolver los retos concretos que planteaba la creación de un gobierno central por encima del tradicional autogobierno de los estados que hasta 1776 habían sido colonias autónomas entre sí y que al final de la guerra de independencia apenas habían logrado crear una débil confederación.
Pero lo que más preocupaba a los delegados a la convención constituyente de 1787⎯88 era la cuestión de los derechos de propiedad. Se trataba de representantes de los patricios propietarios tanto de los estados de plantadores del Sur como de los comerciales del Norte. Y cuando hablaban de derechos de propiedad incluían el brutal de poseer seres humanos como esclavos. Aquellos próceres de la libertad diseñaron un régimen representativo que sólo consideraba parte de la comunidad política a los varones blancos, con cierto nivel de renta. En su igualdad ideal de matriz puritana no entraban ni las mujeres, ni los indios, ni los blancos pobres ni, por supuesto, los negros esclavos.
Durante el siglo XIX el cuerpo electoral se fue ampliando de manera gradual. A principios del siglo pasado finalmente obtuvieron el derecho al voto las mujeres, pero en muchos estados del Sur la segregación racial se mantuvo un siglo después de la abolición de la esclavitud, que había costado una guerra civil tremenda, y los negros tenían impedido en la practica su derecho al voto.
Hace apenas cincuenta años, la comunidad negra del Sur era víctima de violenta discriminación. Fue la movilización y la resistencia de los llamados luchadores por los derechos civiles la que consiguió que se legislara para garantizar la plena igualdad de una parte sustancial de la población de los Estados Unidos que hasta entonces eran tratados como inferiores. Con todo, la representación electoral de la comunidad negra de los Estados Unidos ha sido tradicionalmente pequeña, al grado de que en el Senado apenas ha habido unos cuantos negros; en la cámara actual Barak Obama era el único.
Simplemente por ese hecho, la elección de ayer significa un tirón muy importante en el proceso democrático de los Estados Unidos. Lo que nació como una oligarquía electiva de patricios blancos paso a paso ha ampliado el ámbito de la representación política. La constitución de 1788, todavía vigente, impide que un simple cambio en la presidencia implique grandes transformaciones en la política norteamericana, pues los mecanismos de control y balance entre los poderes están diseñados para ser conservadores. No hay que olvidar que Clinton no pudo hacer avanzar sus reformas del sistema de salud precisamente por el obstáculo del legislativo de dos cámaras. Sin embargo, a pesar de las limitaciones del poder presidencial, la elección de Obama tiene connotaciones culturales de gran trascendencia.
El próximo presidente ha logrado el triunfo con una enorme capacidad de comunicación de su oferta de cambio. Ha logrado generar energías utópicas en buena parte del electorado y ha movilizado a su favor a los jóvenes que ejercen su derecho al voto por primera vez. Las expectativas generadas, hoy su ventaja, se pueden volver en su contra cuando comience a gobernar en medio de la tremenda crisis económica que vive el mundo.
Las dificultades ingentes que tendrá que enfrentar el presidente Obama durante los próximos meses pondrán a prueba la energía y la creatividad que han mostrado él y su equipo durante la campaña. Su vigorosa y clara oratoria se tiene que convertir ahora en acción gubernamental y como bien sabemos en México, no es lo mismo ser un buen candidato que ser un buen presidente.
Obama ha mostrado gran capacidad y coherencia durante los últimos meses. Sin embargo, la gran incógnita que se abre el día de hoy es si logrará construir el nuevo pacto social, de repercusiones internacionales, que se requiere para construir un nuevo orden económico y social en un mundo que Bush deja en crisis y en guerra. Las expectativas son muy altas. Habrá que esperar para ver como las satisface la nueva democracia en América.

Dos siglos

2008-10-29T11:35:00.005-06:00

Por Jorge Javier Romero

Richard Dawkins ⎯el biólogo evolucionista británico destacado por su defensa del pensamiento científico frente a las supercherías religiosas⎯ ha acuñado el término meme para referirse a los paquetes de información cultural que se transmiten por mimesis, por aprendizaje, por repetición de generación en generación y que complementan la personalidad humana, la que tiene que ver con la conciencia, mientras que los genes son los paquetes biológicos de información que definen la otra parte de nuestra identidad. Somos genes evolucionados a lo largo de millones de años y memes, que tienen la historia del homo sapiens ⎯unos cien mil años⎯ y que evolucionan mucho más rápido que los paquetes biológicos pero que tienen persistencia de generaciones y conservan siempre trazas de percepciones ancestrales codificadas en el lenguaje.
Los memes se estructuran en maneras de hacer las cosas que van cambiando gradual, marginalmente, a lo largo de los siglos, aunque durante los últimos doscientos años ese cambio se haya acelerado a grados insospechados en cualquier otra época de la percepción humana. Durante noventa mil años, humanos con iguales capacidades mentales que las nuestras, con la misma habilidad de abstracción y las mismas posibilidades emocionales, vivieron como cazadores recolectores. Los siguientes diez mil vivieron de las crecientes posibilidades de la producción local de alimentos y en los últimos doscientos sus formas de vida ancestrales se han transformado con la eclosión tecnológica; la información, materia nutriente de los memes, ha aumentado exponencialmente y ha acelerado el cambio cultural.
Pero a pesar del cambio de época, que el premio Nobel de economía de 1993, Douglass C. North considera la segunda revolución económica de la historia de la humanidad, sólo comparable a la aparición de la producción de alimentos en sus efectos en la vida de las personas, la persistencia de las rutinas sociales, de los comportamientos heredados, de las formas de intercambio, marca la diferencia entre el desempeño de las sociedades.
Los memes: eso que llamamos cultura; espíritu nacional, identidad de un pueblo. Lo de menos es si se come pan o tortilla o si se tiene mayor o menor registro mental del picante. Lo relevante es la forma en la que las diversas partes que componen esa abstracción que llamamos nación coexisten; sus prácticas y sus reglas. Sus instituciones.
La historia de México como nación coincide con los doscientos años de cambio vertiginoso en las formas de vida de toda la humanidad. Y sin duda no hemos estado en la cola de la transformación. Pero hemos enfrentado el cambio con un repertorio cultural ⎯memético⎯ deficiente para aprovechar las oportunidades del desarrollo tecnológico y la mejora en la calidad de vida.
Cuando se lee la historia de la fundación nacional, no de la mítica gesta de Hidalgo o el fallido intento de Morelos, sino la que tuvo efectos constitutivos, la de Iturbide y su plan de Iguala, lo que se encuentra es una crónica incapacidad para debatir, una desconfianza mutua, una ambición desmedida y nulo sentimiento de comunidad social con espíritu de cooperación. Son los intereses privados, individuales o colectivos, en competencia descarnada por la conservación de derechos privativos, de privilegios, y por la conquista del vacío de control de la propiedad dejado por la corona y los españoles tempranamente expulsados. La rapiña.
Y la política en el filo de la navaja de la lealtad institucional. La rebelión popular, de los excluidos, siempre como posibilidad. Una integración estamental heredada que se ha reproducido y divide hoy al país en mitades, pero con una concentración brutal de la riqueza en un pequeño vértice de la pirámide de ingreso.
Ahí están las repeticiones en las maneras de hacer las cosas. Iturbide enfrentado a un congreso mal diseñado que no se ponía de acuerdo en nada. Guerrero rebelado contra el triunfador de las elecciones, al que considera espurio; los generales rebelados contra la reforma de 1833. Los bandidos errantes e guerra contra el naciente Estado.Todo suena demasiado familiar, demasiado actual.
La negociación permanente de la desobediencia, la utilización recurrente de la condición de víctima, la costumbre de la derrota.
Somos nuestros memes y nuestros genes. Pero si los genes sólo los podemos modificar con un complejo proceso de laboratorio, todavía en ciernes, los memes se transforman con información y con educación; con nuevos conocimientos. Son producto de la conciencia humana y la conciencia los puede transformar.
Pero cuando se enfrenta uno a líderes que repiten viejos errores, que reproducen los mismos comportamientos probadamente fallidos, que tiran por la borda su capital político por hacer las cosas con las percepciones de siempre en escenarios novedosos, frente a los que se requiere de tecnologías sociales innovadoras, no queda más que la grima; el enojo por el misoneísmo que impide aprovechar el nuevo conocimiento como guía para la acción. La ignorancia que ata a la tradición, a la mera intuición. Y la sensación que queda es la de la repetición cansina del camino equivocado. La pesada carga de la herencia memética.

Triunfo de la política

2008-10-22T15:33:00.002-05:00

Por Jorge Javier Romero

Dicen los críticos de los acuerdos alcanzados que se trata de una reforma chiquita, que no satisface las ansias de Reforma. Y salen los expertos, creyentes absolutos en las virtudes de la propiedad privada como la única posibilidad de eficiencia del mercado, a decir que en el pacto se privilegió lo político sobre lo sustancial. Como si la existencia de consenso político no fuera básica para las certidumbres de largo plazo de una sociedad.
Lo logrado en el Senado puede tener, si se consolida, proporciones de un nuevo pacto a tres bandas para navegar con responsabilidad a través de las turbulentas aguas de la crisis económica. No es, ni lejanamente, una reforma que vaya a resolver a fondo el problema de la modernización de PEMEX, pero es una señal de solidez política que fortalece al país en el momento que estalla la crisis. Es la garantía del éxito de una política deficitaria como la propuesta para el año próximo.
El gobierno ha anunciado que el próximo año va a gastar para reactivar la economía. Ha decidido invertir en crecimiento, pero sólo cuando la economía se ha caído junto con todas las demás. Va a ejercer un déficit de 1.8%. El consenso político va a jugar a favor del buen financiamiento de ese endeudamiento en momentos de turbulencia.
Pero falta mucho para saber si va a tener éxito o no lo que hasta ahora se ha dado en el Senado. ¿Cómo lo van a recibir los que están en alerta? ¿Qué tan unido va el PRD en la intención de un acuerdo? ¿Va a aceptarlo el oráculo tronante? Sin duda, la izquierda ha sido la gran triunfadora en el proceso de negociación de la reforma, pues demostró la fuerza de su veto a cambios en lo fundamental. Los elementos básicos de su propuesta quedaron en el proyecto final.
Pero al PRI no le fue nada mal. Conserva su porción de propiedad de PEMEX a través del sindicato, que no fue tocado ni con el pétalo de una rosa, y sale convertido en el fiel de la balanza precisamente antes de las elecciones legislativas del próximo año. El PRI termina la legislatura convertido en el constructor de acuerdos, en el eje de la coalición gobernante.
El PAN demostró flexibilidad y comprensión de las circunstancias políticas. Fue hasta donde sus fuerzas le dieron a un gobierno débil, sometido al legislativo en sus proyectos fundamentales. El Presidente de la República contribuyó sin duda al acuerdo con el anuncio de la construcción de la refinería, lo que implica que está dispuesto a invertir en PEMEX y a darle cierta viabilidad a la reforma.
Es para lo que da la capacidad de reforma de este gobierno. Es el efecto de gobernar en minoría. Independientemente de la justeza o maldad de su proyecto original, el hecho es que no tenía construida la coalición política necesaria para echarla a andar. En un régimen presidencial de mayoría relativa el ejecutivo siempre se enfrenta a su debilidad para hacer reformas sustanciales a su modo. Lo posible es lo logrado.
Si el acuerdo supera el risco de la ansiedad política rumbo a la competencia de 2009 y se aprueba en ambas cámaras sin tomas de tribuna ni grandes demostraciones de inconformidad, la estabilidad del arreglo político habrá ganado mucho.
La parte que más chirría de lo obtenido en la negociación es la parte del SNTPRM. La burocracia, que no los trabajadores, es accionista mayoritaria de la empresa y la exprime en su beneficio. Los grandes negocios de los líderes sindicales tendrán que constreñirse muy poco con las nuevas reglas. Ahí quedan huecos para las adjudicaciones directas de contratos de los que el sindicato ha abrevado largamente. Y sus sitios en el consejo de administración han resultado inamovibles. Un sindicato monopolístico, corrupto, que ha transferido recursos de la empresa directamente al PRI, ha quedado intocado en el nuevo PEMEX.
El asunto de los sindicatos monopolísticos y su control de parcelas de derechos de propiedad correspondientes al Estado, de acuerdo al pacto corporativista de la cuarta década del siglo pasado, es un asunto intocado, un lastre del antiguo régimen en la democracia mexicana. El viejo dinosaurio de cola escamada, que se suponía decapitado por el hacha de la elección de 2000 está vivo y sigue sorbiendo de manera privada rentas públicas, sin control, ni transparencia, ni democracia, ni competencia.
En la reforma de PEMEX el sindicato ha sido un actor con veto de primer nivel. Sin su aquiescencia cualquier cambio sería imposible. Así, los privilegios de los caciques sindicales no podían ser tocados a fondo.
Esto ha sido lo alcanzable. Un cambio en el margen, apenas incremental. Sin embargo sus efectos en el clima político pueden ser muy benéficos. La paz partidista es una buena noticia cuando hay demasiada violencia en el resto de la convivencia y demasiada tensión derivada del trancazo económico.

Para Francisco Bulnes, según David Brading

2008-10-16T18:54:00.003-05:00

La historia es la política que enseña a través de ejemplos.

La política de drogas, discusión abierta

2008-10-15T12:22:00.000-05:00

Por Jorge Javier Romero

En medio de la guerra ⎯con más muertos en lo que va del año que en Afganistán, donde los Estados Unidos combaten a su archienemigo Al quada y sus socios Talibán⎯, por fin se ha abierto la discusión sobre el tema de los fundamentos de la política de drogas. Hasta ahora, el gobierno había planteado genéricamente la justeza de su enfrentamiento a muerte con el narcotráfico porque había que evitar que las drogas llegaran a los hijos de los ciudadanos. No había ninguna otra reflexión detrás, pues el principio de fundamental es que el Estado prohíbe las drogas porque son malas. Esta explicación puede estar bien para hacerse propaganda, pero es absolutamente ineficaz tanto desde la perspectiva de la argumentación jurídica como desde la más relevante de los efectos en los términos de política pública orientada a un objetivo específico de proteger la salud de la población.
La iniciativa presidencial sobre narco menudeo tiene la gran virtud de plantear una diferenciación elemental: la que separa a los consumidores y adictos de los narcotraficantes. Ese es un paso substancial para la construcción de un nuevo modelo de política de drogas que regule los mercados y no convierta en criminales a quienes no lo son. El Estado debe sin duda perseguir a quienes violan la ley, por el simple hecho de que lo hagan. Y si estos se resisten con las armas y se organizan para desafiar una prohibición estatal, sea ésta cual sea, el Estado debe perseguirlos sin cuartel, pero por el simple motivo de retar a la organización que debe tener el monopolio de la violencia. Eso no está en duda. La discusión está en si se trata de una prohibición que cumple su objetivo último o, en cambio acaba tratando de constreñir artificialmente la oferta, en lugar de atender la demanda formada por una parte significativa de la población que o bien decide libremente su consumo o está enganchada a alguna droga.
La iniciativa presidencial tiene ese buen principio, pero se vuelve irreal cuando fija cantidades que no corresponden a los consumos realmente existentes, bien conocidos. De ahí a que se pueda convertir en un nuevo elemento para la extorsión policíaca hay un pequeño paso. Además pone énfasis no en la información ⎯la advertencia si se quiere⎯ sobre las consecuencias de determinado consumo, sino el la obligatoriedad de la rehabilitación, estrategia conocida por su ineficacia entre los médicos y simplemente no considerada por los grupos de autoayuda, que basan su eficacia en la voluntad del participante.
El enfoque central es adecuado, pero requiere de mejoras sustantivas para ser considerada como un avance en la dirección correcta. Mejor, a pesar de centrarse sólo en la cannabis, es la iniciativa anunciada por el líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En primer lugar, se plantea a partir del derecho de iniciativa legislativa federal que constitucionalmente tienen los congresos locales; eso ya la hace de suyo interesante desde el análisis jurídico. Pero se trata además de una iniciativa que a primera vista parece bien construida.
Antes, la diputada Elsa Conde había presentado una muy buena propuesta sobre el cambio de penas a los consumidores de mariguana. Con gran cuidado para no contradecir los tratados internacionales, lo que hubiera hecho inviable siquiera la discusión de lo propuesto, aquella iniciativa echaba mano del sentido educativo y de rehabilitación que por mandato constitucional debe tener el sistema penal mexicano y creaba sanciones educativas para los consumidores de cannabis.
La iniciativa que impulsaría la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría la fuerza política de un órgano del Estado que por mandato mayoritario estaría solicitando al Congreso Federal la discusión del tema con argumentos jurídicos sólidos.
Es evidente que la política actual es fallida. La encuesta nacional de adicciones, a pesar de los defectos de su elaboración, muestra la existencia de un fenómeno social y de salud que no es manejable desde el prohibicionismo simple, pues la demanda es tal que existe suficiente dinero como para que sea tomada como opción de negocio por organizaciones especializadas en desafiar al Estado.
El enfoque de la política de drogas tendrá que ir girando, como ya empezó a hacerlo, hacia la regulación estatal del mercado, la educación, la prevención, la reducción del daño y, en última instancia, a la rehabilitación.
Pero por ahora lo sustancial es que quede claro que el consumidor no es un delincuente. Puede ser que cometa actos delictivos asociados a su consumo, como manejar y poner en riesgo a los demás. Ahí su consumo podría ser un agravante de su conducta, pero no un delito en sí mismo. Se trata de regular con eficacia todas las drogas, tanto las que ahora son legales como las ilegales, para evitar los daños a la salud pública, pero con respeto a las decisiones personales de consumo, como ocurre hoy con el tabaco.
Es evidente que la discusión en torno a las drogas debe salirse de los límites impuestos por una visión policial, para convertirse en un debate de salud, de derechos y libertades, de eficacia de las políticas. Todo ello sólo es posible si se abordan los temas desde una perspectiva laica, despojada de toda consideración religiosa o de moral particular.

El rapapolvo al PRD

2008-10-09T22:13:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

Ya se volvió un tópico en los últimos días hablar de la gran derrota del PRD en Guerrero. En la televisión y la radio muchos comentaristas festinan el hecho sin advertir que la descomposición de la mayor fuerza de la izquierda mexicana no es una buena noticia para la democracia mexicana y su futuro de pluralidad y representación amplia de la diversidad del país.
Las causas de la derrota sí han sido ampliamente comentadas: el conflicto interno, la opción de salida de los grupos cercanos a López Obrador, que optaron por encauzar a sus candidatos por Convergencia o el PT; la desastrosa alcaldía de Félix Salgado Macedonio, de quien lo último que se recuerda es su cara de pánico cuando vio que la violencia era de verdad y que lo rozaba ⎯entonces hizo una declaración memorable, donde confesaba que el asunto de gobernar era más difícil de lo que se había imaginado⎯; desde entonces nunca se volvió a oír de alguna de las bravuconadas y borracheras acostumbradas en sus tiempos de senador.
Pero las consecuencias han sido mucho menos analizadas. La quiebra del PRD, que puede ser contundente en la elección federal próxima, puede que facilite los acuerdos políticos, en la medida en la que la capacidad de veto de ese partido se disuelva, pero no va a contribuir a una mejora en la calidad de la democracia mexicana y en sus efectos distributivos. Por el contrario, va a representar un nuevo estrechamiento de la poliarquía limitada a la que accedió el país en 1996 precisamente gracias a la inclusión del PRD en el pacto institucional.
No faltará quien diga que la profunda crisis en la que quedó inmersa la izquierda mexicana se debe a las bajas maniobras de sus adversarios protectores de intereses que les hicieron fraude electoral de 2006 y los siguen sometiendo a complots maléficos; lo cierto es, sin embargo, que ha sido la propia falta de construcción de un proyecto político coherente, de un programa claro y, sobre todo, de una estrategia adecuada, la que ha deteriorado el papel del PRD en la política nacional.
Además, el problema originario del PRD radica en su propia construcción institucional, en el sistema interno de reglas del juego para procesar la diversidad de los integrantes de la organización. En sus primeros tiempos su punto de cohesión fue el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, que no evitó nunca la recurrencia del conflicto por el control del partido, del cual la última elección de dirigencia no ha sido más que un nuevo capítulo. Después de una breve transición, el nuevo liderazgo personalizado lo tejió López Obrador. En ambos casos, la fuerza del caudillo y su habilidad personal para mantener los equilibrios sustituyó a las reglas formales para dirimir los conflictos. Caudillos en lugar de instituciones, como ha sido frecuente en la Historia de México.
Y, por supuesto, la trampa como mecanismo de control. El más hábil para fabricar elecciones a modo es el que se queda con la dirección, aunque ya van al menos dos veces que han empatado en mañas y la elección interna ha fracasado. El PRD es frágil porque su forma de hacer política, de carácter tradicional, basada en el clientelismo y el acarreo, no sólo es una forma de manipulación poco ética de la gente, con mucho de dominación, sino que es cara, requiere de resultados distributivos permanentes y es volátil. Es, para decirlo en otros términos, poco eficiente para las condiciones de competencia de una democracia.
El debilitamiento del PRD no es un buen dato tampoco para la estabilidad del arreglo político mexicano. En la media que el partido de la izquierda pierda capacidad de representación y sea menos efectivo para llevar a cargos a su personal político, vamos a ver un recrudecimiento de la movilización y la protesta política de carácter no electoral.
Se trata, sobre todo, de un gran fracaso de la llamada transición mexicana a la democracia, que arrancó precisamente con un primer intento de inclusión de la izquierda más definida ⎯entonces el Partido Comunista Mexicano⎯ a la competencia en 1977 y tuvo su puerto de llegada con la reforma de 1996 a la institucionalidad electoral para darle garantías precisamente al PRD. De hecho, aquel arreglo llegó a sus límites con la elección de 2006 y ahora estamos ante su proceso de descomposición.
Un posible resultado poco deseable de la debacle perredista sería un período relativamente prolongado de bipartidismo entre el PRI y el PAN. Un arreglo oligárquico de turno en el que se construyera una nueva ficción política de apariencia democrática sin auténtica pluralidad. El PRI se está preparando para ello con sus nuevos ropajes socialdemócratas, con los que quiere cubrir sus andrajos de vieja maquinaria de articulación corporativa y clientelista, con mucho de pacto mafioso. El PAN se sentiría menos inseguro sin tener que enfrentar a los revoltosos que movilizan muchedumbres descontentas. Ambos partidos han soñado con una solución de este tipo desde hace años. La ineptitud de los perredistas está a punto de cumplirles el deseo.
Mientras, la sociedad mexicana seguirá insatisfecha con los resultados de un Estado mal organizado y poco eficaz, que no cumple ni con sus funciones básicas, mucho menos con las de brindar bienestar y desarrollo humano a su población.

El fracaso socialdemócrata

2008-09-25T13:53:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

Cuando en 1996 un grupo de entonces jóvenes intelectuales comenzamos a reflexionar sobre la necesidad de impulsar un proyecto socialdemócrata, estábamos pensando en una izquierda que se hiciera cargo de las difíciles concreciones de la realidad por transformar, que actuara en la política nacional con una agenda radical pero con estrategias pragmáticas, que buscara acuerdos, pero tuviera un programa en torno ala cual negociar y que, sobre todo, hiciera política sobre la base de la deliberación democrática de personas autónomas, ciudadanos libres que coincidieran en torno a un proyecto común por voluntad propia. Pensábamos en la necesidad de hacer una crítica material a una izquierda reactiva, poco preocupada por la elaboración ideológica y programática, que había dilapidado capital político muy importante por su incapacidad para pactar reformas y que era muy dada al maximalismo del todo o nada.
Nos considerábamos socialdemócratas porque veíamos los éxitos de esa corriente en los estados de bienestar y libertades construidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No era la primera vez que en México se hablaba de socialdemocracia. En los tiempos de Muñoz Ledo a la cabeza del PRI, la Internacional Socialista de Willy Brandt había tratado de incorporar a su corriente a diversos partidos latinoamericanos de toda laya, que supuestamente podrían ser ganados a una concepción moderna de la política. El PRI no llegó a entrar a la IS más que como observador en esos tiempos, pero otros, como Acción Democrática de Venezuela o Liberación Nacional de Costa Rica se encargaron de desprestigiar la etiqueta socialdemócrata en el continente. Después hubo un grupo, el de los hermanos Sánchez Aguilar, que también usó el nombre.
Nosotros, entonces, queríamos identificarnos con una izquierda moderna y democrática, en contraste con los grupos que seguían sin comprender los cambios que en el mundo se habían dado a partir de la desaparición de la URSS y su bloque y de la crisis de la idea de que la sociedad podía ser reordenada desde el Estado. También queríamos hacer una crítica a las políticas mexicanas de los años setenta que habían conducido a la crisis de los ochenta, tan añoradas por muchos políticos del régimen del PRI desplazados y que se habían reciclado en el PRD.
Cuando aquel esbozo de 1996 se fue concretando en Democracia Social, el eje de nuestro programa lo pusimos en una agenda de derechos y libertades ciudadanas. Los temas del combate a las múltiples discriminaciones o los relativos a la política de género, el aborto, o los relativos a un desarrollo sustentable regulado por el Estado, no eran ocurrencias desarticuladas, sino que eran parte de un proyecto que tenía como principal objetivo el combate a la desigualdad. No era una agenda de temas peculiares. Era la manera de concretar un programa político de izquierda democrática, donde un Estado fuerte pero apegado al orden jurídico cumpliera con su responsabilidad de regular al mercado para evitar sus consecuencias depredadoras y garantizara la igualdad jurídica por medio de derechos de ciudadanía realmente efectivos, no sólo enunciados en el papel; un Estado laico que reconociera la diversidad de una sociedad que ya no cabía ni en un solo partido, ni en una sola confesión religiosa, ni en una sola forma de familia.
El debate en Democracia Social fue intenso. Si bien la candidatura de Patricia Mercado no prosperó dentro del partido para la campaña de 2000, el programa se abrió paso. Rincón Gallardo alcanzó su mejor momento cuando en el debate presidencial de aquel año lo expuso ante la sociedad. Faltaron unos cuantos votos para permanecer. Vinieron entonces el malogrado Partido de la Rosa y, al mismo tiempo, México Posible. La agenda del segundo pretendió ser más provocadora de discusiones; las condiciones de la competencia fueron muy adversas y el proyecto fracasó. Ah, por cierto en aquella campaña, la de 2003, apareció un grupo sin pena ni gloria incapaz de proponer una sola idea que pareciera novedosa. Creo que se llamaba Fuerza Ciudadana.
Vino Alternativa Socialdemócrata, nacida con el lastre campesino, que deformaba la idea de un partido de ciudadanos. Las exigencias del registro, traba antidemocrática de nuestro arreglo político, llevó a los promotores a un acuerdo que deformaba cualquier posibilidad de una organización política de auténticos ciudadanos autónomos. Los pretendidos campesinos acarrearon a sus clientelas y llevaron sus métodos de control al naciente partido. El conflicto estalló cuando hubo registro y se debió definir la candidatura presidencial y, con ella, la oferta electoral.
Entonces sí pudo salir adelante la candidatura de Patricia Mercado y el partido llevó a la campaña la agenda de una izquierda de nuevo tipo. Habló de derechos y de autonomía; de libertades, de ingreso universal ciudadano y de seguridad humana. El resultado fue más de un millón de votos y la consolidación del registro. El botín era demasiado grande como para que quedara en manos de quienes lo podían usar para consolidar la oferta política. Los gerentes se revelaron y decidieron quedarse con los recursos y la patente. Echaron a golpes a quienes los podían atar las manos para su negocio.
Pero esa no es la más grave derrota de la idea socialdemócrata en México. Lo es más la vulgarización del término, su utilización para enmascarar las más viejas prácticas con un nuevo nombre. Que el PRI se presente hoy como socialdemócrata, cuando es de todo mundo conocido cómo ejercen el poder sus gobernadores, como siguen comerciando con la pobreza de la gente, cómo corrompen a las sociedades ahí donde siguen gobernando; o que una parte del PRD use la etiqueta para cubrir las vergüenzas de su construcción de componendas son hechos suficientes para que el término no tenga ya ningún contenido renovador.
Pero que un charlatán se presente como presidente del Partido Socialdemócrata simplemente causa grima. El tonto de marras, desde la frivolidad absoluta, se ha dedicado a convertir una agenda que no entiende y que sólo ha hecho suya cuando ha visto que le reditúa en una caricatura. La última es de vergüenza ajena. Anteayer el señor Díaz Cuervo salió a decir que era partidario de la legalización de la mariguana y después de la cocaína para que con eso la gente tuviera para entretenerse. No cabe mayor estupidez. Es evidente que no entiende en absoluto lo que significa un planteamiento serio de reforma a la política de drogas.
Frente a la vulgarización, la frivolidad y la simulación, he dejado de considerarme socialdemócrata. Creo que es tiempo de volver a empezar y sumar esfuerzos para recuperar la política secuestrada por los negociantes. La transición mexicana a la democracia ha fracasado y es tiempo de un nuevo impulso democratizador que venga desde la ciudadanía que no se siente representada por estos farsantes.

Ahora, terrorismo

2008-09-25T13:49:00.001-05:00

Por Jorge Javier Romero

¿De qué va ésta guerra? Ya no estamos hablando de combates cruentos contra diversas bandas y de ajustes de cuentas entre ellas. Cuando comienza el terrorismo y el asesinato de ciudadanos no involucrados, la guerra ya pasó a mayores. Estamos ante fuerzas dispuestas a todo para mantener sus posiciones. Se ha hablado de medio millón de personas en el país vinculadas al narcotráfico. Eso habla de la existencia de intereses suficientemente fuertes como para retar en serio al Estado sin límites, lo cual se convierte en algo extremadamente peligros para la mayoría de la sociedad, que no tiene que ver con el asunto.
Esto, se diga lo que se diga, se está saliendo de las manos y está teniendo costes en vidas que llevan a plantearse en serio, ya como una cuestión de supervivencia, si esta guerra tiene sentido y si no se podría resolver el asunto desde otra perspectiva.
Desde luego que contra a los que hicieron el atentado de Morelia, el Estado tiene que ir con toda su fuerza y someterlos. No hay otra salida. Pero ¿nos vamos a pasar así la vida, en una guerra interminable, extremadamente costosa, que implica militarizar al país y recortar la libertad de las personas para enfrentar el terror impuesto por unos descontrolados bien armados, que tienen recursos para mantener la guerra y que tienen posibles reclutas para sus ejércitos a montones, en un país de pobreza y desigualdad, donde el Estado no tiene mucho prestigio que digamos?
Los narcotraficantes existen porque existe demanda amplia para sus mercancías. Hay que reconocer la existencia del mercado de las drogas y enfrentar el tema desde el lado de la demanda. Si se quiere acabar con la delincuencia organizada, desde luego que hay que perseguirla, pero lo mejor para lograrlo es quitarles el negocio. En el momento que el Estado se haga cargo de crear mercados legales, estrictamente controlados y diferenciados para las diferentes drogas, con un sistema de salud especializado en adicciones y drogas, que ponga reglas para el consumo y prevenga contra las adicciones, los delincuentes van a quebrar y el Estado los podrá derrotar.
La delincuencia organizada se especializa en mercados negros. El Estado debe ser especialista en ponerle reglas a los mercados, en regular su existencia. Es un absurdo pretender suprimir un mercado cuando la demanda es sólida, porque los costes de la utilización de la violencia para su contención se suelen disparar, como en este caso. Si el objetivo de la prohibición es proteger la salud de la sociedad prohibiendo sustancias que pueden ser dañinas, es muy probable que existan otras formas de atacar el problema.
El gasto ingente de dinero ⎯dejemos por lo pronto de lado la pérdida de vidas humanas⎯
que trae consigo esta guerra sería mucho mejor empleado en prevención y regulación. Seguramente el costo administrativo y de coerción de establecer mecanismos estrictos de regulación de la venta de estupefacientes y narcóticos sería mucho más bajo que el de andar en campaña por todo el país. Seguro, eso sí, habría menos muertes.
E insisto en algo que ya he dicho en estas páginas: si el objetivo es que las drogas no lleguen a los hijos de los ciudadanos, entonces es evidente que, en primer lugar, hay que informar con claridad a los niños, como parte fundamental del programa escolar, sobre las drogas, de manera diferenciada y con argumentos científicos. Y en segundo, pero más importante, es responsabilidad del Estado quitarle los incentivos a los delincuentes para que vayan a buscar nuevos adictos. Un mercado legal, regulado, y un sistema de educación y de salud preventivos y especializados en enfrentar adicciones garantizaría que los enganchadores se quedaran sin mercado.
Desde el sentido común, parece mucho más edificante gastar en educación y en salud que en armas. Desde ese mismo punto de vista, queda claro que es tiempo de comenzar a diseñar un cambio en la política pública de drogas. Los daños de la guerra son evidentemente mayores que los del mal que pretende evitar. Porque además, mientras el Estado está concentrado en combatir a los narcotraficantes, los secuestradores y los ladrones se sienten aliviados, pues la atención de las fuerzas del Estado está puesta en otra parte.
El cambio de política de drogas tiene que ser parte de una estrategia completa de reorganización del sistema mexicano de seguridad y justicia. Los recursos hay que usarlos en capacitación y adiestramiento de las policías, en la transformación de los ministerios públicos, en la reforma completa de los poderes judiciales, no en una guerra absurda cuando el bien tutelado se puede proteger mejor de otra manera.
La seguridad no se construye sólo desde la persecución policial y la contención. Si bien una pata de la restricción de la delincuencia depende de que no haya impunidad, la otra depende de la amplitud de la aceptación consensual de las reglas de convivencia. Eso es lo que implica prevenir: gastar en bienestar social, en satisfactores que vayan más allá de la televisión por cable. Lo primero que debe preguntarse un Estado responsable es por qué hay tantos jóvenes dispuestos a enrolarse en las filas del narcotráfico. Algo debe andar muy mal en el sistema de incentivos de la sociedad mexicana que hace más atractivo arriesgar la vida a cambio de una aventura con recompensas inciertas que arriesgarse en una aventura legal.
Si el Estado mexicano quiere sobrevivir y consolidarse es tiempo que evalúe seriamente si su estrategia para acabar con el narcotráfico es la correcta. Desde luego que está la presión de los Estados Unidos, muy interesados en mandarnos armas y prestarnos para que compremos más y les hagamos aquí su guerra a ellos. Pero un cambio de actitud de México podría ser clave para presionar al cambio de política en los Estados Unidos mismos. En alianza con Canadá y Colombia, México podría abrir un debate muy interesante en las Naciones Unidas sobre el tema de política de drogas.
Pero aquí parece que nada más se siguen instrucciones. Esa parece la estrategia de gobierno.

El malestar en la democracia

2008-09-11T17:05:00.003-05:00

El malestar en la democracia

Por Jorge Javier Romero

En recuerdo de Pepe Zamarripa, amigo entrañable

Hace ya cuatro años que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su informe sobre la democracia en América Latina, donde se mostraba la insatisfacción en los diversos países de la región respecto a los regímenes producto de las transiciones de las décadas de los ochenta y los noventa. Ahí, la ciudadanía de baja intensidad, según la calificó Guillermo O’Donell, expresaba las múltiples insatisfacciones con unos arreglos políticos incapaces de generar bienestar y seguridad a sus sociedades.
México no era, en aquel estudio, la excepción. Y no lo es hoy, casi un lustro después, cuando ya son muy pocos los que piensan que la democracia mexicana está todavía en proceso de transición.
Lo que hoy tenemos en este país es el resultado del pacto de elites que se dio en 1996. Entonces, los tres principales partidos, con la anuencia de sus satélites, acordaron las reglas básicas de su convivencia y de la competencia entre sí por el consenso. No fueron mucho más allá de las reglas electorales a la hora de diseñar lo que sería el nuevo régimen, superador del antiguo monopolio priista. No dieron para más aquellos dirigentes partidistas ni aquel gobierno. Ese fue el desenlace de la transición votada, como la llamó entonces Mauricio Merino.
No son despreciables las normas que acabaron con la arbitrariedad y el control ex post en los procesos electorales, pero el régimen político que surgió de entonces no es para echar, ni mucho menos, las campanas al vuelo.
Lo primero que acordaron entonces los dirigentes de los tres partidos predominantes fue protegerse de la competencia. Con el pretexto de evitar la dispersión del voto y la fragmentación de la representación, los negociadores de PRI PAN y PRD decidieron acabar con el entonces llamado registro condicionado, que permitía la entrada a la competencia de cualquier partido que demostrara un trabajo político previo de algunos años y le garantizaba su permanencia siempre y cuando alcanzara la votación requerida. Echaron mano, no faltaba más, de la fórmula utilizada desde 1945 para proteger al monopolio del PRI: el registro basado en asambleas y listados de militantes. El viejo sistema electoral protegido, excluyente de cualquier oposición no aceptada por el régimen, serviría a partir de 1996 para proteger a un oligopolio de tres partidos, ahora reiteradamente llamado partidocracia. El mecanismo se basa en la realización de asambleas que demuestren ⎯o simulen⎯ una militancia considerable, aunque ésta se limite sólo a la movilización de clientelas y el acarreo al mejor estilo del viejo PRI. Desde entonces, por si fuera poco, cada nuevo ajuste en el arreglo de entonces se ha centrado en crear nuevos obstáculos para la entrada de posibles competidores. Sólo los tres grandes y sus dóciles aliados tienen derecho a postular candidatos y cuando una opción real se ha abierto paso, de inmediato se han visto las garras de los grandes dando zarpazos para neutralizar cualquier auténtica competencia, como ocurrió con la despedazada Alternativa, hoy convertida en comparsa socialdemócrata.
Pero el pacto de 1996 ha demostrado que produce múltiples malestares, incluso entre quienes no fueron capaz de ir más allá en el diseño de una democracia eficaz y gobernable. La inconformidad de los perdedores de la elección de 2006, por ejemplo, es muestra de que el sistema del ganador que se lleva todo en el ejecutivo sigue siendo tan deficiente como cuando en 1828 Vicente Guerrero consideró que le habían hecho fraude y se hizo con el poder con las masas en la calle. Desde entonces, el arreglo presidencial sigue mostrando con demasiada frecuencia sus dificultades para generar un consenso sólido en torno a quien ejerce el poder.
Por otro lado, el Presidente de la República con apoyo electoral precario, se ha convertido en el rehén de los acuerdos contingentes entre los líderes políticos en el congreso. Sin incentivos para la formación de coaliciones estables, el régimen democrático mexicano genera un poder débil y constantemente contestado, incapaz de hacer avanzar sus iniciativas entre la maraña de intereses e intercambios que se tejen en el Congreso.
Al empezar la actual legislatura, el más hábil propagandista de entre sus integrantes lanzó la iniciativa de hacer una ley para reformar al Estado. Una vez más todo quedó en una nueva reforma electoral con avances evidentes en lo que toca a la limitación para que el dinero defina la competencia, pero que, eso sí, estrecha aún más la entrada de competidores. Y poco más. La imaginación y la audacia de estos legisladores no alcanzó para entrarle a la cuestión del régimen político.
Y mientras tanto, la sociedad padece los efectos de un arreglo político incapaz de resolver el mal ancestral del país: la debilidad del Estado. Si durante el siglo XIX el Estado fue el terreno de disputas entre caudillos y durante el XX el botín de una mafia dispuesta a tolerar la apropiación privada de los bienes y recursos públicos a cambio de aquiescencia política, hoy el Estado mexicano se muestra como una organización incapaz de cumplir con sus funciones básicas, las que lo obligan a brindar seguridad y protección a su población y que tampoco puede generar los bienes públicos necesarios para aumentar el bienestar y la riqueza del conjunto de la sociedad porque es un espacio de disputa entre grupos díscolos que sólo ven la manera de evitar que les arrebaten sus parcelas de control de rentas.
No estamos ante una crisis política, ante una situación temporal que se va a solucionar con el simple paso del tiempo. Estamos ante los resultados evidentes de una construcción limitada de la pluralidad política, de un régimen aferrado a un modelo ideado en el siglo XVIII, incapaz de procesar la competencia y generar, a partir de ella, una gobernación eficaz, legítima, aceptada realmente por la sociedad y que por lo tanto pueda imponer con vigor las reglas en todo el territorio y en todos los ámbitos de la convivencia.
Mientras el Estado siga siendo percibido como un espacio en disputa permanente, sin coherencia, la sociedad seguirá sin aceptar plenamente su legalidad y la capacidad de usar la violencia contra los delincuentes seguirá diluyéndose en un mar de ineficacia. Pero como los políticos de hoy han demostrado su ineptitud y su falta de imaginación para crear nuevas reglas, tendrá que abrirse paso la ciudadanía para desplazarlos y hacer que surja una nueva política, con nuevas reglas. El régimen del 96 está mostrando sus límites, pero sólo podrá ser sustituido a partir de la acción organizada y con programa, no sólo desde las marchas emotivas de blanco y con veladoras, pero sin proyecto.