Legislar a tontas y a locas

Por Jorge Javier Romero




Desbaratadamente, sin orden ni concierto. Así parecen legislar los diputados mexicanos. No importa si se trata de los altos representantes al Congreso de la Unión o de los diputados locales del Congreso de Coahuila, o de los de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La percepción es que en México se legisla por ocurrencias, sin un proyecto político coherente, sólo para salirle al paso a los temas, de acuerdo a los humores del gobernador, cuando se trata de un poder local sin independencia real del legislativo, o con base en una iniciativa desesperada del ejecutivo federal o a bote pronto, cuando se percibe que una idea brillante puede resultar en vísperas de elecciones.
Tres ejemplos de la casuística legislativa mexicana: las reformas a la legislación federal para limitar las garantías individuales en nombre del combate a la delincuencia organizada, la legalización de la pena de muerte en Coahuila, subordinada a la reforma constitucional propuesta por el congreso local y la restricción de horarios para la venta legal de bebidas alcohólicas en la ciudad de México y de horarios de apertura de los locales de esparcimiento.
La primera cuestión es debatible, sobre todo, desde un enfoque jurídico liberal. El ámbito de la privacidad debe ser respetado por el Estado. Las garantías individuales claramente establecidas son el elemento sustancial de la limitación del poder legítimo, base sin la cual no se sostiene un Estado liberal. Cuando en aras de la seguridad se establecen facultades estatales excesivas para fisgar en la vida privada, se comienza a traspasar la frontera del respeto a la libertad de los modernos, la que Constant considera consubstancial al desarrollo de las sociedades de individuos, las de mercados complejos.
Cuando la comprensible preocupación por la seguridad conduce a la limitación sancionada estatalmente de la libertad, entonces algo está muy mal en la convivencia. Sin duda, ese es el caso de la sociedad mexicana, pero sería preferible empezar por corregir la eficacia científica de las policías y del ministerio público que por la laxitud de las exigencias legales de respeto a las garantías individuales.
Después está la demagogia intolerable del gobernador de Coahuila y de su incondicional congreso. Promover la pena de muerte, vaya demagogia. Este es uno de los dilemas fundamentales de la democracia: ¿Hasta qué punto representar significa renunciar a la condición de elite? Cuando un gobernante se plantea sólo como vocero de la emoción, entonces deja de tener sentido la política como construcción inteligente. Frente al desastre en la seguridad y a la incapacidad para frenar a la delincuencia, la percepción generalizada es la de promover la venganza. Pero una visión más informada, documentada, y sustanciada en una ética ilustrada, no puede aceptar que el Estado se convierta en vengador. La revancha, sin duda, es consubstancial a la moral del cristianismo, pero no es sustentable desde una perspectiva constitucional liberal y democrática. La pena de muerte es indefendible desde cualquier punto de vista racional. Si un gobernador del PRI la impulsa, un partido que se ostenta como integrante de la Internacional Socialista debería salirle al paso y denunciarlo. Sin embargo, la dirigencia del autoproclamado socialdemócrata Partido Revolucionario Institucional ha sido condescendiente con el audaz gobernador y ha echado mano de la argucia del respaldo popular para evitar la condena del despropósito.
Y por si fuera poco, la legislatura de la ciudad de México, que ha sido pionera en la legalización del aborto y en el reconocimiento de derechos a las uniones no convencionales, ahora sale con su domingo siete y se pone a restringir los horarios del esparcimiento metropolitano. Ese es el problema de la ausencia de memoria. Cuando el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, limitó los horarios del esparcimiento nocturno en la capital, proliferaron los clandestinos, por supuesto al amparo de la corrupción de la policía local, o se trasladó al estado de México la disipación a deshoras. Los legisladores del Distrito Federal parecen convencidos de que la ciudad de México debe parecerse más a Guanajuato que a Nueva Cork.
Visto en conjunto, lo que parece es que en México se legisla por ocurrencias. Nada de proyectos articulados en torno a un programa político coherente. Nada de correspondencia con los programas electorales presentados a los electores durante las campañas. Ocurrencias, respuestas a las percepciones reflejadas en las encuestas, oportunismo y demagogia, parecen ser el tono de la estrategia legislativa nacional. Un argumento más a favor de un cambio de régimen que modifique el sistema de incentivos políticos, pues lo que hay hoy parece fomentar la irresponsabilidad y la demagogia, en lugar de promover la racionalidad política que, en teoría, debe ser consecuencia de la democracia.