El malestar en la democracia

El malestar en la democracia


Por Jorge Javier Romero

En recuerdo de Pepe Zamarripa, amigo entrañable


Hace ya cuatro años que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su informe sobre la democracia en América Latina, donde se mostraba la insatisfacción en los diversos países de la región respecto a los regímenes producto de las transiciones de las décadas de los ochenta y los noventa. Ahí, la ciudadanía de baja intensidad, según la calificó Guillermo O’Donell, expresaba las múltiples insatisfacciones con unos arreglos políticos incapaces de generar bienestar y seguridad a sus sociedades.
México no era, en aquel estudio, la excepción. Y no lo es hoy, casi un lustro después, cuando ya son muy pocos los que piensan que la democracia mexicana está todavía en proceso de transición.
Lo que hoy tenemos en este país es el resultado del pacto de elites que se dio en 1996. Entonces, los tres principales partidos, con la anuencia de sus satélites, acordaron las reglas básicas de su convivencia y de la competencia entre sí por el consenso. No fueron mucho más allá de las reglas electorales a la hora de diseñar lo que sería el nuevo régimen, superador del antiguo monopolio priista. No dieron para más aquellos dirigentes partidistas ni aquel gobierno. Ese fue el desenlace de la transición votada, como la llamó entonces Mauricio Merino.
No son despreciables las normas que acabaron con la arbitrariedad y el control ex post en los procesos electorales, pero el régimen político que surgió de entonces no es para echar, ni mucho menos, las campanas al vuelo.
Lo primero que acordaron entonces los dirigentes de los tres partidos predominantes fue protegerse de la competencia. Con el pretexto de evitar la dispersión del voto y la fragmentación de la representación, los negociadores de PRI PAN y PRD decidieron acabar con el entonces llamado registro condicionado, que permitía la entrada a la competencia de cualquier partido que demostrara un trabajo político previo de algunos años y le garantizaba su permanencia siempre y cuando alcanzara la votación requerida. Echaron mano, no faltaba más, de la fórmula utilizada desde 1945 para proteger al monopolio del PRI: el registro basado en asambleas y listados de militantes. El viejo sistema electoral protegido, excluyente de cualquier oposición no aceptada por el régimen, serviría a partir de 1996 para proteger a un oligopolio de tres partidos, ahora reiteradamente llamado partidocracia. El mecanismo se basa en la realización de asambleas que demuestren ⎯o simulen⎯ una militancia considerable, aunque ésta se limite sólo a la movilización de clientelas y el acarreo al mejor estilo del viejo PRI. Desde entonces, por si fuera poco, cada nuevo ajuste en el arreglo de entonces se ha centrado en crear nuevos obstáculos para la entrada de posibles competidores. Sólo los tres grandes y sus dóciles aliados tienen derecho a postular candidatos y cuando una opción real se ha abierto paso, de inmediato se han visto las garras de los grandes dando zarpazos para neutralizar cualquier auténtica competencia, como ocurrió con la despedazada Alternativa, hoy convertida en comparsa socialdemócrata.
Pero el pacto de 1996 ha demostrado que produce múltiples malestares, incluso entre quienes no fueron capaz de ir más allá en el diseño de una democracia eficaz y gobernable. La inconformidad de los perdedores de la elección de 2006, por ejemplo, es muestra de que el sistema del ganador que se lleva todo en el ejecutivo sigue siendo tan deficiente como cuando en 1828 Vicente Guerrero consideró que le habían hecho fraude y se hizo con el poder con las masas en la calle. Desde entonces, el arreglo presidencial sigue mostrando con demasiada frecuencia sus dificultades para generar un consenso sólido en torno a quien ejerce el poder.
Por otro lado, el Presidente de la República con apoyo electoral precario, se ha convertido en el rehén de los acuerdos contingentes entre los líderes políticos en el congreso. Sin incentivos para la formación de coaliciones estables, el régimen democrático mexicano genera un poder débil y constantemente contestado, incapaz de hacer avanzar sus iniciativas entre la maraña de intereses e intercambios que se tejen en el Congreso.
Al empezar la actual legislatura, el más hábil propagandista de entre sus integrantes lanzó la iniciativa de hacer una ley para reformar al Estado. Una vez más todo quedó en una nueva reforma electoral con avances evidentes en lo que toca a la limitación para que el dinero defina la competencia, pero que, eso sí, estrecha aún más la entrada de competidores. Y poco más. La imaginación y la audacia de estos legisladores no alcanzó para entrarle a la cuestión del régimen político.
Y mientras tanto, la sociedad padece los efectos de un arreglo político incapaz de resolver el mal ancestral del país: la debilidad del Estado. Si durante el siglo XIX el Estado fue el terreno de disputas entre caudillos y durante el XX el botín de una mafia dispuesta a tolerar la apropiación privada de los bienes y recursos públicos a cambio de aquiescencia política, hoy el Estado mexicano se muestra como una organización incapaz de cumplir con sus funciones básicas, las que lo obligan a brindar seguridad y protección a su población y que tampoco puede generar los bienes públicos necesarios para aumentar el bienestar y la riqueza del conjunto de la sociedad porque es un espacio de disputa entre grupos díscolos que sólo ven la manera de evitar que les arrebaten sus parcelas de control de rentas.
No estamos ante una crisis política, ante una situación temporal que se va a solucionar con el simple paso del tiempo. Estamos ante los resultados evidentes de una construcción limitada de la pluralidad política, de un régimen aferrado a un modelo ideado en el siglo XVIII, incapaz de procesar la competencia y generar, a partir de ella, una gobernación eficaz, legítima, aceptada realmente por la sociedad y que por lo tanto pueda imponer con vigor las reglas en todo el territorio y en todos los ámbitos de la convivencia.
Mientras el Estado siga siendo percibido como un espacio en disputa permanente, sin coherencia, la sociedad seguirá sin aceptar plenamente su legalidad y la capacidad de usar la violencia contra los delincuentes seguirá diluyéndose en un mar de ineficacia. Pero como los políticos de hoy han demostrado su ineptitud y su falta de imaginación para crear nuevas reglas, tendrá que abrirse paso la ciudadanía para desplazarlos y hacer que surja una nueva política, con nuevas reglas. El régimen del 96 está mostrando sus límites, pero sólo podrá ser sustituido a partir de la acción organizada y con programa, no sólo desde las marchas emotivas de blanco y con veladoras, pero sin proyecto.