Ahora, terrorismo

Por Jorge Javier Romero





¿De qué va ésta guerra? Ya no estamos hablando de combates cruentos contra diversas bandas y de ajustes de cuentas entre ellas. Cuando comienza el terrorismo y el asesinato de ciudadanos no involucrados, la guerra ya pasó a mayores. Estamos ante fuerzas dispuestas a todo para mantener sus posiciones. Se ha hablado de medio millón de personas en el país vinculadas al narcotráfico. Eso habla de la existencia de intereses suficientemente fuertes como para retar en serio al Estado sin límites, lo cual se convierte en algo extremadamente peligros para la mayoría de la sociedad, que no tiene que ver con el asunto.
Esto, se diga lo que se diga, se está saliendo de las manos y está teniendo costes en vidas que llevan a plantearse en serio, ya como una cuestión de supervivencia, si esta guerra tiene sentido y si no se podría resolver el asunto desde otra perspectiva.
Desde luego que contra a los que hicieron el atentado de Morelia, el Estado tiene que ir con toda su fuerza y someterlos. No hay otra salida. Pero ¿nos vamos a pasar así la vida, en una guerra interminable, extremadamente costosa, que implica militarizar al país y recortar la libertad de las personas para enfrentar el terror impuesto por unos descontrolados bien armados, que tienen recursos para mantener la guerra y que tienen posibles reclutas para sus ejércitos a montones, en un país de pobreza y desigualdad, donde el Estado no tiene mucho prestigio que digamos?
Los narcotraficantes existen porque existe demanda amplia para sus mercancías. Hay que reconocer la existencia del mercado de las drogas y enfrentar el tema desde el lado de la demanda. Si se quiere acabar con la delincuencia organizada, desde luego que hay que perseguirla, pero lo mejor para lograrlo es quitarles el negocio. En el momento que el Estado se haga cargo de crear mercados legales, estrictamente controlados y diferenciados para las diferentes drogas, con un sistema de salud especializado en adicciones y drogas, que ponga reglas para el consumo y prevenga contra las adicciones, los delincuentes van a quebrar y el Estado los podrá derrotar.
La delincuencia organizada se especializa en mercados negros. El Estado debe ser especialista en ponerle reglas a los mercados, en regular su existencia. Es un absurdo pretender suprimir un mercado cuando la demanda es sólida, porque los costes de la utilización de la violencia para su contención se suelen disparar, como en este caso. Si el objetivo de la prohibición es proteger la salud de la sociedad prohibiendo sustancias que pueden ser dañinas, es muy probable que existan otras formas de atacar el problema.
El gasto ingente de dinero ⎯dejemos por lo pronto de lado la pérdida de vidas humanas⎯
que trae consigo esta guerra sería mucho mejor empleado en prevención y regulación. Seguramente el costo administrativo y de coerción de establecer mecanismos estrictos de regulación de la venta de estupefacientes y narcóticos sería mucho más bajo que el de andar en campaña por todo el país. Seguro, eso sí, habría menos muertes.
E insisto en algo que ya he dicho en estas páginas: si el objetivo es que las drogas no lleguen a los hijos de los ciudadanos, entonces es evidente que, en primer lugar, hay que informar con claridad a los niños, como parte fundamental del programa escolar, sobre las drogas, de manera diferenciada y con argumentos científicos. Y en segundo, pero más importante, es responsabilidad del Estado quitarle los incentivos a los delincuentes para que vayan a buscar nuevos adictos. Un mercado legal, regulado, y un sistema de educación y de salud preventivos y especializados en enfrentar adicciones garantizaría que los enganchadores se quedaran sin mercado.
Desde el sentido común, parece mucho más edificante gastar en educación y en salud que en armas. Desde ese mismo punto de vista, queda claro que es tiempo de comenzar a diseñar un cambio en la política pública de drogas. Los daños de la guerra son evidentemente mayores que los del mal que pretende evitar. Porque además, mientras el Estado está concentrado en combatir a los narcotraficantes, los secuestradores y los ladrones se sienten aliviados, pues la atención de las fuerzas del Estado está puesta en otra parte.
El cambio de política de drogas tiene que ser parte de una estrategia completa de reorganización del sistema mexicano de seguridad y justicia. Los recursos hay que usarlos en capacitación y adiestramiento de las policías, en la transformación de los ministerios públicos, en la reforma completa de los poderes judiciales, no en una guerra absurda cuando el bien tutelado se puede proteger mejor de otra manera.
La seguridad no se construye sólo desde la persecución policial y la contención. Si bien una pata de la restricción de la delincuencia depende de que no haya impunidad, la otra depende de la amplitud de la aceptación consensual de las reglas de convivencia. Eso es lo que implica prevenir: gastar en bienestar social, en satisfactores que vayan más allá de la televisión por cable. Lo primero que debe preguntarse un Estado responsable es por qué hay tantos jóvenes dispuestos a enrolarse en las filas del narcotráfico. Algo debe andar muy mal en el sistema de incentivos de la sociedad mexicana que hace más atractivo arriesgar la vida a cambio de una aventura con recompensas inciertas que arriesgarse en una aventura legal.
Si el Estado mexicano quiere sobrevivir y consolidarse es tiempo que evalúe seriamente si su estrategia para acabar con el narcotráfico es la correcta. Desde luego que está la presión de los Estados Unidos, muy interesados en mandarnos armas y prestarnos para que compremos más y les hagamos aquí su guerra a ellos. Pero un cambio de actitud de México podría ser clave para presionar al cambio de política en los Estados Unidos mismos. En alianza con Canadá y Colombia, México podría abrir un debate muy interesante en las Naciones Unidas sobre el tema de política de drogas.
Pero aquí parece que nada más se siguen instrucciones. Esa parece la estrategia de gobierno.