El IFE sin mujeres

Por Jorge Javier Romero



Un nuevo retroceso en el organismo encargado de organizar las elecciones en México. Ya en la reforma electoral del año pasado le habían recortado autonomía con el contralor nombrado por la cámara de los diputados y por el hecho de remover al consejero presidente y, escalonadamente, a la mayoría de los designados originalmente para que terminaran su encargo en el 2010. Ahora el consejo general del IFE, además, ha quedado compuesto casi exclusivamente por varones, con la única excepción de la consejera María Macarita Elizondo.
Seguramente a muchos les parecerá el asunto de la participación de mujeres en el máximo órgano del instituto electoral un asunto menor. Así les pareció, obviamente, a los diputados de prácticamente todos los partidos que pasaron por alto el compromiso adquirido de que el reciente renuevo de consejeros se haría con mujeres para garantizar una presencia femenina relevante en un espacio público de primera importancia. Al final, Marina Arvizu y Elsa Conde se quedaron solas en la intención de evitar la masculinización apabullante de ese cuerpo colegiado.
A mi me parece que la manera en la que se resolvió el asunto es reflejo de que los políticos mexicanos sólo hablan de política de género de dientes para fuera. Les encanta sentirse modernos mientras aporrean al lenguaje con sus “todos y todas” o con cursilerías similares de corte foxista, pero a la hora de hacer efectivas las acciones afirmativas que equilibren en la vida pública la pertinaz supremacía masculina, entonces sí se les olvida su demagogia y optan por reproducir la exclusión de las mujeres.
Las acciones afirmativas para aumentar la presencia pública de las mujeres tienen numerosos detractores. No sólo desde posiciones machistas tradicionales se evade la inclusión de femenina los cargos públicos. También hay liberales que cuestionan ese tipo de medidas por considerar que propicia una deformación de la competencia entre individuos sin considerar su sexo. La discusión se repite no sólo cuando se trata de las mujeres sino cuando se aplica la llamada también discriminación positiva a otros grupos tradicionalmente excluidos.
Sin embargo, la vida pública de un país no puede ser realmente democrática mientras la mitad de la población enfrente obstáculos ingentes para alcanzar representación e igualdad en los espacios de poder y decisión. Y es evidente que se requiere de acciones diseñadas ex profeso para superar siglos de discriminación y marginación de las mujeres, confinadas históricamente a la vida privada.
La idea liberal de que la igualdad de poder entre sexos se puede alcanzar espontáneamente deja de lado la existencia de barreras culturales que impiden una competencia auténtica entre hombres y mujeres. De hecho, cuando no ha habido acción afirmativa específica el avance de las mujeres resulta mucho más lento, incluso en democracias añejas, como la de los Estados Unidos; en cambio, los países europeos, principalmente los nórdicos, han hecho avances notables en su incorporación a la toma de decisiones en la política gracias a políticas específicamente diseñadas específicamente para ello.
El argumento de que en el nombramiento de los consejeros del IFE había que poner por delante la capacidad personal al criterio de género se cae por donde se le mire. Entre los candidatos había mujeres altamente capacitadas: otras magistradas electorales, ex funcionarias del IFE, académicas de prestigio. Los partidos, sin embargo, prefirieron poner por delante su interés por tener consejeros afines. En el proceso en su conjunto, desde el nombramiento de la camada anterior de consejeros, se ha descartado a los más capaces e imparciales a cambio de personajes que no le hagan ruido a los políticos que los nombran. En esta ronda el PRI y el PRD mostraron, además, su desprecio por las calificaciones de mujeres de primer nivel en lo que toca al conocimiento de la materia. Es especialmente lamentable que el PRD siga viendo la cuestión de la inclusión femenina como un asunto de segunda clase de una agenda de izquierda.
El desarrollo de una sociedad, decía el viejo Marx, se mide por el grado de participación de sus mujeres. Si el objetivo es la construcción de una sociedad realmente democrática e incluyente, donde estén representados los intereses de la mayoría de la población, entonces se deben diseñar estrategias claras para promover la participación femenina y su acceso al poder. Se trata de un elemento central para cualquier programa serio de democratización. Sin embargo, una y otra vez los políticos mexicanos de siempre dan muestras de que sólo pretenden seguir repartiéndose el poder entre ellos y que no tienen intensión alguna de incluir a nuevos actores.
Y que no nos vengan a decir que excluyeron a las posibles consejeras porque tenían enfrente a las grandes eminencias de la materia electoral. Los consejeros elegidos no tienen trayectorias impresionantes que los acrediten como las grandes autoridades en el tema. Son, más bien, medianitos. Así que lo que hemos visto es un nuevo paso atrás en el proceso de democratización de México.