El artículo de La Crónica

El gobierno del cardenal

Por: Jorge Javier Romero | Opinión
Miercoles 28 de Mayo de 2008 | Hora de publicación: 03:13


Desde hace tiempo me ha dado vueltas en la cabeza la idea de que existe una paradoja entre la manera en la que se resolvió el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado en México y la forma en la que se resolvió en España el mismo tema. Tanto en España como en México los esfuerzas de la Iglesia por ser socios del poder y conseguir protección particular del Estado han sido permanentes. El siglo XIX fue escenario de tensiones permanentes que provocaron oleadas recurrentes de violencia, cuando no guerras abiertas. Y en ambos países en el siglo XX la Iglesia participó activamente en conflictos armados por el control del Estado. En México se quedó sin aliados con capacidad de imponerse por las fuerza y fue derrotada, mientras que en España formó parte de una coalición amplia en la que participó la mayor parte del ejército y acabó por triunfar en la guerra civil.
Y en esto radica la paradoja: mientras que en México la Iglesia fue derrotada militarmente, negoció una situación que le permitió mantener su fuerza ideológica y al llegar la democracia ha salido fortalecida, mientras en España el triunfo militar le proveyó sin duda múltiples privilegios y riquezas durante la dictadura, pero a costa de su influencia cultural, al grado de que hoy la secularización de la sociedad española es contundente y a pesar de los intentos del Partido Popular para apoyarla, su desprestigio institucional es ingente.
En cambio en México, frente a unos políticos impresentables y un Estado percibido como esencialmente corrupto, aunado al desastre educativo y a los medios de comunicación que entorpecen el avance secularizador, la Iglesia católica goza de gran prestigio entre la gente, al grado de que es la segunda organización mejor valorada cuando se pregunta sobre confianza institucional. En España la Iglesia ganó, pero perdió. En México la Iglesia perdió pero acabó ganando. Esto habla sobe todo de la debilidad del Estado mexicano, de su incapacidad para construir legitimidad ideológica fuerte, en un sentido laico, y del fracaso del sistema educativo mexicano, más que de virtudes teologales de los curas.
Sin duda, el papel protagónico que ha tenido el PAN en la transición democrática está relacionado con el repunte de la influencia ideológica de la principal confesión religiosa del país. Mucha de la socialización panista primigenia, la que eclosionó a partir de la crisis de 1982, se hizo en los círculos católicos de provincias. La ACJM, el movimiento familiar cristiano, las damas de esto o lo otro, fuero centros de elaboración y socialización de repertorio estratégico y de formación ideológica de quienes hoy son los cuadros locales de Acción Nacional, incluidos desde luego sus gobernadores. Mucho se ha hablado del Yunque como organización de la derecha católica radical y de su papel en el PAN y mucho de lo que se ha escrito no es más que mito, pero sin duda hay una historia compleja de relación orgánica entre grupos promovidos por la Iglesia católica y el partido. Se trata de grupos diversos, con distintos grados de beligerancia derechista, pero comparten la matriz conservadora y moralista.
Por eso no debe extrañar en lo más mínimo que exista un personaje como el gobernador Emilio González, a quien le parece de lo más normal privatizar a favor de un grupo de particulares —el de los curas y su feligresía, por amplio que éste sea— una cantidad significativa de recursos públicos. Se trata de una forma de utilización patrimonial de las rentas del Estado, sin duda, pero al gobernador eso le parece justo y honrado porque fue formado en la idea de que eso de la separación de la iglesia respecto al Estado tenía algo de perverso, de iniquidad. Nada más simbólico que hacer el donativo al templo de los “mártires”, de quienes defendieron su fe —nunca sus intereses— frente a la impiedad de los políticos. Se trata de un panista haciendo justicia a la causa en la que fue formado.
El asunto es que el Estado laico mexicano no está consolidado, a pesar de la radicalidad discursiva de los gobiernos de la época clásica del PRI. Como en casi todos los ámbitos de su acción, la organización estatal es débil en lo que se refiere a su capacidad de legislar y educar en un sentido que no tome en cuenta particularidades religiosas y morales. Y tenemos que hacernos cargo de la influencia de la Iglesia católica entre la clase política, no sólo entre los panistas sino también en el PRI, pues no han sido pocos los gobernadores salidos de ese partido que han dado trato de privilegio al episcopado de sus prebostazgos.
Lo excepcional del caso de Jalisco no es la condescendencia gubernamental con la Iglesia. Es la claudicación del poder estatal frente al del Cardenal, de quien el gobernador sólo actúa como acólito o sacristán. Ahí sigue, con su rictus permanente, Sandoval Iñiguez ejerciendo el poder. Como en los tiempos virreinales, cuando con frecuencia el gobierno se trasladaba del palacio del virrey al del arzobispo, en Jalisco el gobernador simplemente deja hacer al jerarca católico. Y éste usa, año con año, el asunto del asesinato de su predecesor para chantajear al Estado con una dosis de ilegitimidad. Quince años después sigue insistiendo en que no cree las conclusiones de una de las pocas investigaciones acuciosas y plenamente documentadas hechas por la fiscalía mexicana en su historia. Claro que mientras la ineficacia policial y del ministerio público sea tan alta en los casos comunes y corrientes, habrá quien le crea al arzobispo de Guadalajara sus patrañas.

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