Avances, retrocesos y pendientes del sistema electoral

Avances, retrocesos y pendientes del sistema electoral

Por Jorge Javier Romero



El sistema electoral mexicano se ha construido en etapas, ha funcionado en reforma permanente. Se trata un ejemplo clarísimo de un proceso de cambio institucional de carácter gradual, o incremental, si se prefiere el anglicismo. Ininterrumpidamente, el sistema surgido en ciernes con la reforma desencadenante de 1977, ha ido ajustando sus reglas con avances y retrocesos. No se ha logrado un diseño de larga duración, a pesar de lo mucho que se ha arraigado ya la idea de que deben ser los votos ⎯su cómputo fiable y verificable⎯ los que definan quienes deben gobernar y quiénes deben legislar. Las reglas del juego siguen sin satisfacer del todo a los jugadores incluidos y causan malestares sociales que no son otra cosa que sentimiento de exclusión.
El sistema electoral mexicano es el ámbito de la organización estatal que más atención en su diseño ha atraído de parte de los grupos políticos incluidos. Cada ronda del juego donde ha habido resentimientos se ha abierto la correspondiente ronda de cambio institucional, de ajuste en las reglas. También las tensiones no propiamente electorales, como el levantamiento del EZLN y el asesinato de Colosio, han llevado a procesos de redistribución electoral. El punto en el que actualmente se encuentra el arreglo ya tiene diferencias sustanciales respecto al punto de inflexión de 1996, cuando se pactó el mecanismo de arbitraje que tuvo éxito en 2000 y permitió, por primera vez en la historia, la sucesión pacífica entre grupos en la cúpula del poder. Sin embargo, aquel arreglo no resistió la primera sucesión y fue cuestionado y puesto en crisis en su siguiente prueba. De nuevo, ajuste a las reglas. No ha sido el nacimiento de la democracia mexicana poco accidentado y parece aun inconcluso el proceso de cambio institucional. Ahora, otra vez, estamos discutiendo la reforma. Y de inmediato le encontramos pendientes. Incluso algunos retrocesos.
La pregunta central que hay que responder, para el cortísimo plazo, es ¿cuáles son las reformas indispensables para garantizar una elección confiable, que haga que todos los contendientes acepten los resultados, que eviten que el encono y la animadversión de la pasada elección se repitan? Que no dejen resquicio para que las reglas electorales sirvan de pretexto para no aceptar los resultados, por estrecho que sea el margen entre los contendientes. El “pecado original” de la elección de 2006 fue la integración del Consejo General del IFE menos de tres años antes sin el consenso necesario. En esta ocasión la tensión puede venir de las consecuencias distributivas de la reforma de 2007 que modificó las reglas de acceso a los medios de comunicación, probadas en la elección de 2009, dónde quedaron claras muchas de sus virtudes, pero también sus puntos débiles y sus defectos.
La reforma de 2007 ha sido una de las más importantes de toda la historia de la construcción de la equidad en la competencia en el sistema electoral mexicano. Su parte medular fue la reforma al sistema de comunicación política con un diseño mucho más eficiente. Por un lado, le dio autonomía a la política respecto al mercado. Por otro, aumentó la equidad entre los medios de comunicación, pues los recursos estatales que implica la comunicación política ahora se distribuyen equitativamente entre todos los medios, como una suerte de carga fiscal benigna. Los efectos distributivos de la medida marcaron un camino hacia la eficiencia, además, al aumentar la equidad entre los contendientes. En todos sentidos, la reforma significó un avance que debe ser irreversible.
Sin embargo, el nuevo modelo de comunicación política requiere todavía de algunos ajustes en su diseño, a la vez que se deben crear mecanismos que permitan el debate social sin que eso implique posibilidad de compra de espacios comerciales o en tiempos informativos por parte de ningún grupo o particular.
La reforma pendiente en este sentido ya ha sido discutida por los diputados, por los consejeros electorales y distinguidos académicos. Se ha hablado de derecho de réplica y se ha discutido la pertinencia de la distribución del tiempo de comunicación en spots de corte comercial. Se han planteado opciones que pueden mejorar el diseño. Como el tema aún no está legislado, quiero plantear la idea que tengo de cómo se debería distribuir el tiempo y cuál sería un posible diseño para la utilización de los espacios de comunicación política en medios electrónicos, que resuelva muchos de los problemas planteados después de la elección piloto de 2009 y prevenga conflictos por los mensajes como los suscitados en la campaña de 2006.
Sin duda, se debe abandonar el sistema de reparto de tiempos con información equivalente a la que se requiere para vender un jabón. Eso sólo sirve para que la información política se trivialice y todo se reduzca al efecto de simpatía o rechazo general o a la infrecuente ocurrencia memorable, pero carezca de contenido alguno, convertida en mero fenómeno mediático.
Los medios de comunicación masiva deben servir para que los dirigentes y candidatos de los partidos se expongan ante los ciudadanos, planteen lo que piensan y cómo piensan resolver los problemas concretos. El modelo de comunicación al que debemos aspirar como ciudadanos, como comunidad política democrática, es el del debate abierto de ideas y proyectos. Un modelo que no sólo le dé voz a los candidatos durante las campañas, sino que permita la interlocución con diverso grupos de la ciudadanía y propicie la confrontación de propuestas entre los contendientes. La manera de acercar a los ciudadanos a la comunicación política es que encuentren en ella el atractivo del contraste, que perciban la realidad de la competencia.
Es necesario un modelo de comunicación que permita el despliegue de los esfuerzos creativos de los equipos de campaña, con programas de presentación de sus candidaturas y sus plataformas, pero que dedique buena parte del tiempo a debates sobre diversos temas en los que se confronten todos los candidatos de manera cruzada y a espacios abiertos al debate entre intelectuales, organizaciones civiles y ciudadanos. Si los políticos quieren acercarse a la ciudadanía y perder el estigma social que hoy los convierte en uno de los estamentos menos apreciados por la población según las encuestas, deben presentarse como son y defender lo que pretenden en discusión abierta.
Eso se puede lograr desde la ley. Que el tiempo se reparta entre programas de presentación partidista y programas de debate de diverso formato. Por ejemplo, uno de debate cotidiano como el de Discutamos México, donde candidatos variados discutan sobre los temas fundamentales. En cada programa se podrían hacer diferentes combinaciones de candidatos y partidos, sin que en todos deban estar representados todos, pero sin que se divida el debate entre los grandes y los pequeños. El sistema de asignación de participaciones debería ser 40% paritario y 60% proporcional.
Los debates entre candidatos presidenciales deberían formar parte del modelo de comunicación política y regirse por sus reglas de equidad, aunque podría incluir criterios derivados de las preferencias electorales y su evolución durante la campaña. Un modelo posible sería que el IFE organizara cuatro debates presidenciales. Uno de presentación de todas las candidaturas, sobre los temas más relevantes con rondas sucesivas, entre ellas una de réplicas. Otro entre los tres candidatos mejor valorados por los ciudadanos en su desempeño en el primer debate, ya sea en un promedio de las encuestas o en mensajes sms (que incluso podrían incluir donativos, certificados y administrados por el IFE; las posibilidades de la imaginación son muchas, hay que encontrar la adecuada), mientras que el resto se confronta en un tercer debate, del cuál, de acuerdo a las preferencias del público, saldrá el cuarto contendiente para el último debate. Sería una utilización benéfica de las posibilidades de la televisión para hacer espectáculo de la política, sin someter a la ciudadanía a exhibiciones bochornosas de meras descalificaciones y campañas negras ⎯que por fortuna estuvieron prácticamente ausentes en 2009⎯ o de la banalidad de los meros efectos telegénicos .
Otra parte de las reglamentación que es necesario mejorar es la que deja resquicios para que unos y otros compren espacios de información política presentados como notas informativas. No se trata de uno u otro candidato. De lo que se trata es de que la política sea lo más autónoma posible respecto a los intereses de grupos específicos y tienda más a tener efectos súper inclusivos, porque en ello radica no sólo su legitimidad, sino también el buen desempeño de la economía, con oportunidades más amplias para todos.
La política debe representar los más variados intereses. La virtud de la democracia debe radicar en su capacidad de construir coaliciones estables entre intereses diversos, siempre sobre la base de las propuestas, de manera transparente y sin dependencia directa del gran poder económico, las corporaciones, los sindicatos o las iglesias. Por ello, los partidos deben tener, sin duda, formas de existir que les permita cumplir sus funciones constitucionales de organismos de interés público y eviten las distorsiones en la competencia que un sistema de financiamiento totalmente privado induce. El financiamiento de los partidos debe ser fundamentalmente público, como está bien establecido en el sistema electoral mexicano hoy en día. Sin embargo, uno de los malestares en la ciudadanía que se expresaron con vigor en las pasadas elecciones fue el que se refiere al financiamiento excesivo de los partidos políticos.
El tema, desde luego ha sido aprovechado para atacar a los partidos y no fue bien visto por la opinión publicada y grupos relevantes de activistas que el saldo neto de la reforma electoral de 2007 haya sido favorable a los partidos, pues si bien se redujo su financiamiento líquido, se les quitó la onerosa carga de la compra de tiempo de televisión comercial, con lo que en realidad les quedaron más recursos para gastar en lo que coloquialmente se llaman las campañas de tierra y que en muchos casos se convierten en gasto clientelista, a pesar de las restricciones legales que en realidad pocos efectos han tenido sobre las conductas operativas de las campañas. Gasto, por lo demás, cada vez menos eficiente entre un electorado que ha aprendido a valorar el secreto del voto.
Así, una de las demandas que se reflejaron entre aquellos que en 2009 llamaron a ir a votar pero de manera nula, ya fuera en blanco, con protesta o por candidatos no registrados, fue que se debería reducir el financiamiento público a los partidos, de manera que alcance bien para mantener un aparato nacional, para tener actividades proselitistas, para pagar investigaciones sobre políticas públicas, para elaborar programas e ideología, pero sin que sean maquinarias de distribución de rentas públicas entre clientelas o aparatos burocráticos, enormes o pequeños, unidos o peleados por la tajada presupuestal correspondiente. Partidos más de militantes, que se acerquen a la ciudadanía y parezcan lo suficientemente confiables como para contribuir con ellos y completar su gasto. Partidos que sepan recoger fondos porque son percibidos como defensores de causas a las que vale la pena apoyar, con restricciones claras, como las que actualmente existen, para evitar financiamientos de empresas, corporaciones o intereses estrechos.
Se han presentado propuestas interesantes de financiamiento de los partidos que parecen razonables, como la de vincular el financiamiento a la votación válida y no al total del padrón, con lo que la reducción sería considerable, pero generaría incentivos para enfrentar con vigor a la abstención. Unos partidos percibidos como menos onerosos por la ciudadanía ganarían en legitimidad y cercanía con los ciudadanos.
Pero la demanda principal que se manifestó en el millón de ciudadanos, según estudio del IFE, que quisieron votar pero no encontraron a ninguno atractivo en la oferta que se les presentaba y ejercieron su derecho como una protesta explícita, fue la de la restricción a la participación. En positivo se concretó en la demanda de candidaturas independientes, pero es esencialmente un reclamo por la ampliación de la oferta. El derecho a votar por quien uno quiera, vinculado al derecho a participar y pedirle a los ciudadanos el voto.
Una de las grandes virtudes del sistema electoral mexicano es que es un sistema de partidos. Los partidos estructuran a la democracia, reducen los costos de información política, propician la agregación de intereses y permiten procesar la pluralidad. El sistema de partidos debe ser resguardado por la ley, pero debe dejar de ser un sistema proteccionista.
La legislación electoral mexicana ⎯desde 1945, cuando se crearon las primeras reglas restrictivas que suponen que la formación de un partido tiene que pasar forzosamente por la movilización de grandes asambleas⎯ ha sido proteccionista. En sus orígenes se trató de un diseño institucional para dejar en manos del gobierno en turno la decisión sobre quién podría participar, para dificultar el surgimiento de candidaturas de alubión producto de rupturas del partido monopolista, como la de la elección inmediatamente anterior en la que la movilización lograda por la candidatura de Juan Andreu Almazán había puesto en riesgo el monopolio alcanzado después de 20 años de conflictos; hasta la reforma de 1977, sirvió de protección para evitarle al monopolista político competencia no deseada, sobre todo si provenía de la ruptura de su propia estructura y para mantener un sistema de partidos no competitiva.
La reforma de 1977 permitió la entrada controlada de nuevos competidores, pero cuando el registro de partidos quedó en manos de un órgano autónomo, el IFE, de inmediato se volvió al sistema de protecciones, pues la única vía para el registro quedó determinada por la capacidad de movilización clientelista más o menos disfrazada de los pretendientes a ingresar en la competencia. Ese sistema de registro ha creado algunos monstruos, por suerte efímeros, y ha deformado a competidores que pudieron representar auténticas opciones ciudadanas. No es bueno el sistema de incentivos del registro de partidos, porque no permite la entrada a la competencia de actores nuevos, construidos por ciudadanos con intenciones de impulsar causas o proyectos actualmente no incluidos. Es, además, un sistema muy centralista.
El temor, sin duda, es el de la fragmentación y de la apertura de opciones de salida para los disidentes de los actuales partidos. El de la fragmentación es un argumento con defensores entre quienes ven un peligro para la gobernación eficaz en la pluralidad. Gravita en el ambiente la idea de que sobran partidos, pero a la vez está el reclamo de las candidaturas independientes o el claro sentimiento de exclusión de grupos de capas medias como el de la variada coalición que promovió el voto nulo. El reto no sólo de la reforma electoral inminente, sino de una más ambiciosa reforma política debe ser hacer coincidir pluralidad política con gobernabilidad democrática, pues sólo así se podrá construir la necesaria fortaleza del Estado.
No es este el espacio para hablar de las transformaciones pendientes del régimen político más allá del terreno meramente electoral, aunque en otros textos he publicado mi convicción de que sería más eficiente un régimen distinto, un parlamentarismo diseñado a la medida, para procesar los intereses de la diversidad social mexicana. Aún sin cambio de régimen creo que se debe abrir el sistema de partidos, con un diseño que privilegie a las organizaciones de corte programático o defensoras de causas específicas, y un sistema progresivo de inclusión, que empezara con el derecho a aparecer en la boleta y acceso a medios, siguiera con financiamiento para la siguiente campaña y se consolidara al obtener representación parlamentaria.
Desde luego, la intención de la reforma de 2007 fue que durante las elecciones de 2012 no hubiera nuevos partidos que postularan candidatos a la presidencia de la república, pues restringió aún más la participación de nuevas organizaciones al mandar la posibilidad de constituirse como nuevo partido al año posterior de la elección presidencial. La restricción, sin embargo, debería revisarse junto con todo el sistema de registro, para volver a criterios más cercanos a aquellos del llamado registro condicionado de la reforma de 1977. Si no, la única posibilidad de apertura que queda es la de las candidaturas independientes. No es verdad que más partidos dificulten la gobernación. El asunto está en la manera que se alinean los incentivos para la cooperación y la formación de coaliciones estables y a pesar de todo, algún margen para la coalición deja el régimen presidencial.
Las candidaturas independientes pueden existir, pero bien reglamentadas. No se trata de pedir un número desproporcionado de firmas para poder registrarlas, sino de someterlas a los mismos mecanismos de fiscalización y control de los recursos que tienen los partidos políticos, con posibilidad de ser sancionados por las violaciones en las reglas de financiamiento y las normas de comunicación y campaña. De existir, tendrían que diseñarse mecanismos para regular su acceso a medios, pues si quedan fuera de estos su presencia puede ser meramente testimonial, mientras que si quedan fuera de las restricciones de compra, entonces pueden servir para diluir la autonomía de la política respecto del mercado. También se debe considerar el efecto que sobre la disciplina partidista puede tener esa vía de participación, pues puede ser un buen canal para resolver institucionalmente los conflictos partidistas, por paradójico que suene.
Desde mi punto de vista es mejor una apertura a la posibilidad de que múltiples organizaciones aparezcan en las boletas, sujetas al régimen de responsabilidades de los partidos, que dejar la puerta abierta a candidaturas independientes, más difíciles de fiscalizar, sin las obligaciones de vida colectiva democrática que la ley exige a los partidos. Los caudillos y los arrivistas tendrían la puerta abierta, sin proyecto colectivo y sin apoyo legislativo, lo que podría derivar en un desastre de ingobernabilidad. La vinculación de las candidaturas presidenciales a un partido es una garantía contra la posibilidad de un independiente con los recursos y el carisma suficiente ganare la presidencia sin apoyo legislativo alguno, escenario que podría exacerbar el recurrente conflicto entre el legislativo y el ejecutivo intrínseco al régimen presidencial. Pero ¿por qué no dejar que se puedan registrar organizaciones de ciudadanos con un programa, unos estatutos que digan cómo toman decisiones, unos principios explícitos de aceptación del orden democrático y una lista de candidatos? ¿Por qué no dejarlos repetir a la siguiente elección? ¿Por qué no dejarlos que intenten atraer a los votantes? Entre más incluidos mayor legitimidad.
Otra reforma necesaria para aumentar la legitimidad del sistema de partidos como vehículo de la competencia democrática es la de hacerlos sujetos plenos de las obligaciones constitucionales de transparencia. El IFE avanzó primero por la vía reglamentaria hasta donde pudo. Después algo se ha avanzado en la ley, pero es necesario que las obligaciones de transparencia y la publicidad de sus documentos, en tanto que entidades de interés público con financiamiento estatal, sea equiparable a la de cualquier dependencia gubernamental.
En fin, que en materia electoral todavía queda mucho por recorrer en México, pues sólo se alcanzará estabilidad plena cuando se termine de ajustar el conjunto del régimen político, lo que, dada la experiencia reciente, va a tardar todavía años, pues las diferencias son tan grandes en lo que cada posición pretende que sólo se alcanzarán, una vez más, meros ajustes incrementales, y muy probablemente serán revisados para la siguiente sucesión.
En otro orden de temas, aunque vinculado a la reforma electoral de manera nodal, está la cuestión de la cédula de identidad ciudadana versus la credencial para votar con fotografía. En pocas líneas planteo mi posición sobre el tema.
La legitimidad que ha alcanzado la credencial para votar con fotografía hace absurdo crear otra identificación con otra fuente de emisión. Lo prudente y más eficiente desde el punto de vista de su implementación, es la de construir la cédula de identidad a partir del actual padrón electoral y de la credencial para votar. El Registro Federal de Electores tiene la infraestructura básica que le permitiría transformarse en Registro Federal de la Ciudadanía, con una base de datos personales resguardados por el IFE como garante, y con un número de identidad común a todas las bases de datos (de Hacienda, de la seguridad social, etc.). Los datos resguardados por el IFE sólo estarían a disposición de las autoridades en condiciones reglamentadas. En esta eutopía, el IFE podría evolucionar, con su estructura actual, a un Instituto Federal de la Ciudadanía con tan solo fortalecer su tarea constitucional de educación cívica.
Con todos sus problemas y cuestionamientos, el IFE es la mejor pieza de ingeniería institucional que se ha producido en México en las últimas décadas. Es un prototipo del desarrollo institucional de la democracia mexicana, con órganos de Estado integrados forzosamente a partir de coaliciones. Los buenos resultados del IFE, que terminó con una larguísima tradición de elecciones sin equidad en la competencia y con resultados cuestionados recurrentemente, deben ser especialmente valorados. La aceptación social del IFE es un ejemplo de la manera en a que se debe construir la nueva legitimidad de la democracia mexicana, con incentivos para los pactos abiertos y duraderos basados en objetivos de política. La historia del IFE nos dice mucho sobre cómo la legitimidad depende de la aceptación generalizada de las reglas del juego. Cuando éstas han sido cuestionadas, la legitimidad se ha debilitado. La tarea de los legisladores antes del proceso electoral de 2012 será sellar cualquier resquicio de debilitamiento de la legitimidad ante unas elecciones que no tienen por qué ser menos competidas que las de 2006.

Calderón y la historia de México

El Presidente de la República, émulo de los antiguos presidentes de la época clásica del PRI, concluyó su informe con una arenga historicista. Apeló a los momentos cruciales de unidad como los forjadores de los éxitos, mientras que la división ha sido la causa de todos los males. “Había diferencias, sí, pero cuando los mexicanos nos unimos, ganamos la Guerra de Independencia; cuando estuvimos divididos, perdimos la mitad del territorio. Cuando nos unimos, derrocamos a una larga dictadura y logramos una Revolución cuyos beneficios aún perduran”. En cuatro renglones, el Presidente revivió la historia simplificada de la época clásica del PRI: el uso de mitos sacralizados como mecanismo de legitimidad.
El problema con el esquema de Calderón no es su falsedad histórica, de la que mucho se puede decir, ni su posible intención demagógica, de dudoso impacto, sino que en realidad refleja, tanto una manera de entender el mandato político que se ha reproducido en México desde los tiempos de Juárez, como una idea de nación y pueblo concebidos a partir de esencias de identidad que hacen característicos, diferenciados y excluyentes, a los mexicanos. El bien de la nación, los intereses de la patria, se identifican de acuerdo al proyecto del ganador y se considera traidor, malinchista, trasnochado, o enemigo al renegado o al disidente.
La conclusión histórica del mensaje de Calderón no se corresponde siquiera con el sentido general del discurso, que una y otra vez hace referencias a la pluralidad y a la necesidad de acuerdos a partir de las diferencias. Lo malo es que el remate no contribuye a esbozar una idea adecuada del modelo de convivencia que debemos construir.
La historia de México es la historia de los desacuerdos que han terminado cuando una facción se ha impuesto militarmente sobre otras y ha impuesto su proyecto de país, y sobre todo, sus reglas, al resto. Ni la Independencia, ni la Reforma, ni mucho menos la Revolución, han sido producto de la unidad. Al contrario, han sido movimientos cataclísmicos en los que han aflorado las ingentes diferencias y los intereses encontrados de la enorme diversidad nacional. La unidad ha sido impuesta, siempre con un alto grado de negociación de la desobediencia, con manga ancha para que todos aceptaran el dominio. Mientras los mexicanos no entendamos eso, sobre todo mientras, y las élites políticas no entiendan que esa forma de establecer el dominio es la que ha causado estragos en la capacidad económica del país y ha generado la brutal desigualdad existente, no se va a poder construir el nuevo arreglo, el que sustituya la idea de un bien común encarnado en el Presidente de la República por una sociedad diversa que pone reglas consensuales para sus procesos de cooperación y competencia.
Lo que está en crisis en el país no lo está por falta de la unidad mítica a la que apeló Calderón, sino porque no funcionan ya los mecanismos reguladores de la cooperación y la competencia sociales, en buena medida informales, que operaron durante décadas en México con su cauda de concentración monopolística, privilegios corporativos y exclusión de la mitad de la población de los beneficios. Durante la época clásica del PRI, como herencia directa del porfiriato, fue el arbitraje personal del presidente el que resolvió los conflictos en última instancia. Hoy, con esas reglas del juego social, con esas instituciones, el país no puede seguir adelante.
No puede, en primer lugar, porque la capacidad arbitraria del presidente se terminó. El antiguo presidente, el de los tiempos del informe ritualizado que año con año mostraba el poder del hombre fuerte, del mandón disfrazado de mandatario, no existen más. La unidad en torno a los objetivos que como faro alumbraba el discurso presidencial no puede ser ya más que la historia de un pasado no tan luminoso como el que ilustraba la propaganda de la época.
Hoy, en lugar de convocatorias a la unidad, con tufo al monolito ideológico de otros tiempos, el país requiere no de un gran proyecto nacional a la usanza del autoritarismo, sino acuerdos básicos sobre las reglas del juego que permitan la competencia y promuevan la cooperación. Reglas nuevas para la política, para la justicia, para la economía y para la convivencia social. ¿No sería estupenda conmemoración de las fechas míticas de 1810 y 1910 que en lugar de un cataclismo surgiera ahora la semilla de un nuevo pacto nacional que partiera, no de la unidad, sino de la necesidad de convivir entre diversos?
La unidad que requiere el país no es tanto de objetivos sino de reglas. Se trata de dejar claro qué se vale y qué no y a cambio de qué, de manera apegada a normas explícitas y equitativas a partir de las cuales cada individuo o cada grupo pueda fijarse sus objetivos preferidos sin que estos tengan que ser únicos. Si las reglas son medianamente adecuadas y aceptadas por la mayoría, las condiciones básicas para la prosperidad estarán sentadas, porque el acuerdo sobre las reglas es la condición necesaria, aunque de ninguna manera suficiente, para el desempeño de una economía.
De lo que se trata al principio de este tercer centenario del país —lo que no deja de ser un mito, pues México no nació hasta 1821, lo que se dio por razones que nada tuvieron que ver con la rebelión de Hidalgo— es de ser capaces de reconocer nuestra diversidad y construir el piso común de igualdad, tanto jurídica como material, sobre el que se pueda fincar una convivencia que logre escapar de la violencia, el enfrentamiento e incapacidad estatal para garantizar la seguridad que han caracterizado a buena parte de la historia patria, en estos tiempos tan glorificada.
Analista político

En la hora de la legalización de las drogas

En la hora de la legalización de las drogas

Por Jorge Javier Romero


El discurso del presidente Calderón el 3 de agosto es de una importancia histórica. Por primera vez un jefe de Estado en funciones en México ha aceptado que la legalización de las drogas es una posibilidad para enfrentar de mejor manera al crimen organizado.
Sin duda es un giro radical a su política inicial, cuando se clamó cruzado de la guerra contra las drogas con el contundente “para que las drogas no lleguen a tus hijos”. A pesar de que adelanta su posición ⎯“Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”⎯ y se coloca del lado del rechazo total a las drogas en paquete, abre la posibilidad de argumentar en contrario de manera democrática.
Y hay que tomarle de inmediato la palabra. Es la hora de que México y Colombia planteen en los foros internacionales un cambio internacional en la política de drogas. Y el gobierno mexicano tiene que llegar a ese momento con la fortaleza de llevar la posición de un país, una posición con amplio consenso, a pesar de no ser unánime. Hay que oír a quiénes se oponen a la legalización y a quienes defendemos la posibilidad de una política de drogas diferente, que no aliente el consumo, que de plano procure eliminar los más peligrosos, pero que no lo haga a partir de la prohibición y se base en una jerarquización de las drogas por su grado de peligrosidad y adicción.
No se trata de legalizar a tontas y a locas, sino de diseñar un modelo de regulación que ponga el control de los mercados de estupefacientes en manos del Estado. Los precios se mantendrían altos a través de impuestos y no se permitiría la publicidad, mientras que se harían campañas de salud para desestimular los consumos peligrosos.
Se han hecho ya modelos de legalización que abordan la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir y desestimular el consumo. El más acabado es el de Transform Drug Policy Foundation (http://www.tdpf.org.uk/) que se puede resumir de la siguiente manera: es necesario desarrollar una reglamentación que diferencia a las drogas hoy ilegales en tres grupos. En uno estarían las drogas de peligrosidad baja, como la marihuana, el peyote, los hongos alucinógenos; en otra las de peligrosidad media, como la cocaína, el MDMA, conocido como éxtasis, los ácidos alucinógenos, etcétera; en la tercera estarían las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables. Para cada categoría las restricciones de mercado serían diferentes.
La mariguana y otras drogas de peligrosidad baja deberían regirse por una reglamentación similar a la del tabaco y el alcohol, con altos impuestos, prohibición de proveerla a menores, lugares determinados para su venta, y demás restricciones. El modelo de cafés exclusivos que existe en Amsterdam es una posibilidad que evita que se le combine con alcohol y separa mercados, de manera que la oferta de mariguana no se junta con la de la cocaína y otras drogas más peligrosas.
Para el segundo grupo, el de las drogas como la cocaína, las llamadas tachas y los ácidos, dice Transform, su venta se haría en farmacias o expendios especializados, con receta médica y con las advertencias del caso, con estándares de pureza y dosis.
El tercer grupo, el de los opiáceos inyectables y otras drogas de alta peligrosidad como el llamado Cristal, poderosa metanfetamina, requiere de un enfoque distinto. Lo primero que hay que decir es que hoy la mayoría de los opiáceos son legales y se usan en la industria médica. La heroína salió de las farmacias y ahí debe regresar de manera controlada. A los adictos a los opiáceos inyectables es necesario proveerles de la droga de manera gratuita en espacios sanitarios y promover entre ellos tratamientos de desintoxicación, al tiempo que se emprende una campaña de prevención seria. En la medida en la que no sean los delincuentes los que controlen las ganancias de la heroína o el cristal no habrá incentivos para que existan enganchadores de niños y adolescentes para esas drogas y se podrá reducir sustancialmente el problema, que aunque reducido en México devasta a las personas a las que afecta.
Todo ello acompañado de una campaña informativa y educativa sobre los efectos del consumo de substancias, incluidos el tabaco y el alcohol. Pero sin argumentación paranoica, con razones y con información científica.
Es la hora de pensar en después de la guerra.

Un nuevo régimen democrático

Por Jorge Javier Romero




México está atrapado en el laberinto de sus instituciones. Una compleja red de reglas informales y formales, complementada por una ideología política ⎯entendida como el conjunto de percepciones y formas de ver las cosas compartido por la sociedad mexicana sobre la naturaleza y la forma de actuar del poder⎯, ordenaba la manera de hacer las cosas durante el régimen de la Revolución Mexicana. Los actores políticos sabían jugar con ellas y había estabilidad. Sin embargo, las reglas se habían articulado en una época en la que todavía México era predominantemente una sociedad rural y la complejidad incipiente de la sociedad urbana hizo relativamente sencillo su encuadramiento en organizaciones corporativas. El cambio demográfico y la urbanización acelerada hicieron surgir nuevos actores políticos y nuevas demandas sociales que gradualmente fueron dejando de ser procesadas por la compleja maquinaria política y la estabilidad de la época dorada se fue disolviendo en movilizaciones de masas y grupos guerrilleros.
Las reformas emprendidas desde 1977 abrieron el arreglo político y lograron incorporar nuevos actores al juego de las regla formales proto⎯democráticas; las reformas de 1996, finalmente, introdujeron un cambio mayor en el sistema de reglas, lo que abrió un espacio de incertidumbre, con resultados desconocidos hasta entonces por los jugadores: por primera vez el presidente perdía el control del Congreso y se limitaba sustancialmente la arbitrariedad de la que había gozado el hasta entonces prácticamente omnímodo poder del, al tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno.
El régimen de la Revolución había creado de manera gradual, a lo largo de un período de veinte años de ensayo y error, un arreglo que permitía mantener de manera formal el sacralizado régimen constitucional, al tiempo que le daba un poder relativamente eficaz al ejecutivo para mantener el orden, establecer en términos generales las reglas del intercambio social y proveer servicios públicos a cambio de rentas. Se puede discutir ampliamente la calidad de los servicios que brindaba el Estado y de ahí se pueden sacar conclusiones sobre las razones de la reproducción exponencial, de manera proporcional al crecimiento de la población, de la pobreza y de la desigualdad, pero no se puede negar la eficacia de la maquinaria de control político, que brindó estabilidad por setenta años con una utilización muy reducida de la violencia estatal. Se trató de un régimen excepcional en el entorno mundial de su tiempo y con una enorme capacidad de adaptación.
Sin duda, el régimen tuvo logros económicos sustanciales, pero fue incapaz de distribuir con eficacia. Por el contrario, generó una cleptocracia depredadora en connivencia con grupos de empresarios monopolistas u oligopolistas, que concentraron enormemente la riqueza sin generar beneficios para buena parte de la sociedad. El resultado del régimen de la Revolución, y de los veinticinco años que duró su proceso de disolución, fue que al menos la mitad de la población esté inmersa en la pobreza y al margen de muchos de los beneficios de la sociedad contemporánea, como la salud, la educación de calidad, el bienestar social y las posibilidades de desarrollo económico. Pero en términos de operación política para mantener el orden sobre bases consensuales, con aplicación limitada de la violencia y con una aquiescencia bastante extendida, el régimen de la Revolución fue notable.
El Presidente de la República era, a la vez: el que tomaba las decisiones fundamentales en cuanto al manejo de la economía y los derechos de propiedad, el que decidía cuando, cómo y cuanto se usaba la fuerza pública, el que repartía el acceso a las rentas del Estado ⎯tanto a las formales, producto exiguo del débil sistema fiscal y de los ingresos de los monopolios estatales, como a las informales, incluidas todas las producidas por la corrupción y la venta de privilegios, que fueron durante un largos años la principal fuente de ingresos de buena parte de los funcionarios del Estado, al grado de que quienes ocupaban altos puestos burocráticos o de elección se enriquecían sustancialmente⎯ y quien arbitraba en última instancia todos los conflictos políticos.
Si se le ve en el largo plazo, la Presidencia del periodo del régimen del PRI fue el resultado de la estabilización de un conjunto de reglas que se fueron creando incrementalmente desde 1824, cuando se imprimió el régimen presidencial, copiado prácticamente sin cambios del modelo norteamericano, en el papel de la Constitución. A partir de entonces y hasta 1935, con el largo intermedio de la pax porfiriana, el conflicto entre lo que decía la Constitución y la operación del arreglo político derivó en lucha de caudillos o contienda armada. Los civiles no duraban en el cargo pues los espadones los sacaban, apoyados por sus redes de clientelas, a las que brindaban protección a cambio de apoyo político. El primero fue Guerrero, en 1828. Como no le gustó el resultado de la elección, se reveló contra el ganador y se hizo por la fuerza con el poder, apoyado por el motín popular.
Las reglas establecidas por la Constitución de 1824 no sirvieron para satisfacer a todos los jugadores; evidentemente, los perdedores no tenían ninguna confianza en que valiera esperar hasta la siguiente ronda y ante la expectativa de quedarse sin nada en el reparto de rentas durante todo un período, les resultaba mucho más atractivo asaltar el poder. A la Constitución del 24 siguieron la del 36 y la del 43, pero ninguna sirvió para estabilizar la lucha política, en buena medida porque la construcción misma de una auténtica organización con ventaja competitiva en la violencia más o menos eficaz y disciplinada estaba inconclusa. Las reglas formales no satisfacían a quienes estaba en competencia por el control del territorio y la población, pues no existía un buen sistema de reparto de las rentas, de ahí que los caudillos prefirieran utilizar a sus huestes armadas para hacerse con el botín de los dinero públicos y repartirlo arbitrariamente entre sus clientelas de manera asaz abusiva.
Sólo después de un período largo de guerra civil e intervención extranjera, pudo una maquinaria precariamente disciplinada, con proyecto político ordenador, hacerse con el control del país e impulsar su idea de la manera en la que el Estado debía regular los derechos de propiedad. La legitimidad de la coalición triunfadora, con Juárez a la cabeza, se justificaba en una forma legal de competir por el poder y acceder a él claramente democrática. La idea de que el voto universal era la fuente legítima del poder, y de que este se ejercía limitado por una serie de pesos y contrapesos, plasmada en la Constitución de 1857, regía la construcción simbólica del poder de Juárez. Sin embargo, las reglas establecidas para llevar a la práctica el ideal político no servían para procesar la disputa real por el poder. Si el problema de 1824 había sido que el sistema de reparto no funcionaba y que el tiempo de espera para los perdedores era un incentivo para la rebelión, a partir de 1857 el conflicto se daba en el la relación entre el ejecutivo y el legislativo, pues la independencia de los legisladores se convertía en una serie permanente de obstáculos para el ejercicio del poder, a la vez que la competencia electoral no se daba entre partidos que buscaban el voto de sus conciudadanos, sino entre caudillos capaces de movilizar clientelas y hacer fraudes. Sólo cuando el fraude electoral comenzó a estar centralizado y el control de quiénes resultaban elegidos quedó en manos del presidente Juárez, durante la República restaurada, entonces se estableció un pacto de estabilidad. Díaz perfeccionó el sistema y generó un complejo sistema de circulación política con él en la posición de árbitro final, de manera en que cualquier intento de indisciplina política en cualquier tramo de la carrera podía resultar suicida, mientras que la disciplina y la lealtad eran premiadas con prodigalidad. Así, Díaz controlaba a los poderes formales del Estado y a los de los estados sin disolverlos y con un aparente apego irrestricto a la institucionalidad formal.
Díaz mantuvo el poder y brindó paz, estabilidad y seguridad sobre los derechos de propiedad como nunca antes en la historia de México. Por supuesto, el programa de Díaz para transformar los derechos de propiedad heredados de la Corona y extremadamente debilitados durante los años de guerra, fue el de las leyes liberales de Reforma. Su régimen se basó en la iniquidad y la abierta complicidad entre los operadores políticos y los ricos terratenientes. Se trató de un arreglo muy abusivo con los más débiles, pues la protección política se intercambiaba de manera proporcional a los beneficios obtenidos por los operadores, ya fueran estos de apoyo político o estrictamente económicos, donde existía una abierta complicidad y coincidencia entre los empresarios políticos y los empresarios económicos, fundamentalmente oligarcas terratenientes, que se repartían el país. Pero el arreglo político funcionó establemente gracias a que se centralizó el poder y el arbitraje en un solo hombre, capaz de mantener la lealtad y la disciplina de los barones regionales y de mantener la paz entre ellos.
En, desde mi punto de vista, el mejor tratado de derecho político que se ha escrito en México, La Constitución y la Dictadura, Emilio Rabasa argumenta que la dictadura de Porfirio Díaz fue el resultado del fracaso de la Constitución de 1857 a la hora de regular la disputa política. Para él los problemas centrales eran las excesivas facultades del Congreso para limitar al Ejecutivo, tan amplios que se convertían en una camisa de fuerza, y la extensión del voto: “La Constitución de 1857 otorgando como derecho e imponiendo como obligación el voto a todos los varones mayores de 21 años, estableció el sufragio universal en un pueblo analfabeta, ignorante y pobre, con una amplitud que no tiene en los países más cultos de Europa y América”.
Si se ve históricamente la cuestión, puede que Rabasa tuviera razón. La Constitución liberal de 1857 fue producto de una elite de la cultura que pretendía imponerle al país una manera de hacer las cosas que no se correspondía con las formas de articulación de la sociedad mexicana. Había sido elaborada por los intelectuales de uno de los grupos triunfantes en una rebelión y, por supuesto, excluía a los conservadores derrotados. Se trataba de un proyecto de modernidad que pretendía desarticular los constreñimientos tradicionales en los que se basaba la sociedad de múltiples identidades colectivas. Además, se enfrentaba a la organización que le disputaba al Estado la capacidad de darle coherencia a la diversidad nacional: la Iglesia. Si a esto se le suma las debilidades del diseño político, que hacían prácticamente imposible mantener la gobernabilidad de acuerdo a sus preceptos —ya que planteaba régimen presidencial clásico, tomado de la Constitución de 1824, que a su vez había copiado el modelo norteamericano, donde un legislativo fuerte acotaba enormemente las facultades del ejecutivo, aunque con una sola cámara—, y que tampoco se resolvía de manera adecuada el problema de la competencia política pues se basaba en el principio de que el ganador se lleva todo y no había espacio real para los perdedores, por lo que la rebelión resultaba una solución más adecuada que esperar a la siguiente ronda, la cual se sabía de antemano controlada por el poder, se comprenderá por qué nunca pudo ser el marco real de reglas del juego.
El orden liberal sólo se pudo imponer a través de un conjunto de pactos y alianzas, tanto con las comunidades como con los hacendados, una vez derrotadas militarmente las pretensiones de la Iglesia. Los largos años de guerra e inestabilidad que habían sucedido a la independencia demostraron que no se podía hacer política sin contar con unos y con otros. Las características de la red de restricciones informales acabó por imponerse en la accidentada construcción del Estado mexicano:
Por encima de la Constitución que debía unirlos, el gobierno, desconcertado con ella, y el pueblo, que no lograba coordinar, tenían el concierto real... (Emilio Rabasa [1912], 1982: 42).
El régimen de Díaz fue una solución pragmática y autoritaria a los problemas de gobernabilidad que planteaba el idealizado orden constitucional.
El programa de Madero no fue otro que el de la Constitución de 1857: las reglas legítimas ya estaban escritas, sólo había que cumplirlas. La sacralización del ideal constitucional liberal había brindado frutos inesperados: en su nombre se hacía la Revolución. Y Madero llegó a la Presidencia a poner en vigor a la Constitución formal. Su problema no fue electoral, pues llegó a la presidencia con una popularidad y con un apoyo político que lo hizo candidato único. Nadie le disputaba la legitimidad. Nadie excepto el Congreso. El Senado era el mismo elegido para el trunco sexenio de Díaz, para concluir el cual fue electo Madero, mientras que la cámara de diputados fue elegida en 1912 y su composición plural implicaba una mayoría antimaderista que, si bien no estaba articulada para constituir una oposición sólida al presidente, sirvió para debilitar a Madero y para crear las condiciones políticas para la rebelión fallida y el golpe militar exitoso. Esa misma legislatura, electa democráticamente, fue la que legitimó la presidencia de Huerta, aun cuando después el tiranuelo la disolvió.
En nombre de la Constitución ganaron los constitucionalistas, pero el conflicto entre ejecutivo había renacido cuando se le cortaron las ataduras del poder patriarcal y patrimonialista de Díaz. Y reapareció desde entonces cuantas veces se le dejó en libertad. El caso de Obregón enfrentado al Partido Liberal Constitucionalista lo he narrado en estas mismas páginas hace tiempo: la utilización de modestos cañonazos de tres y cinco mil pesos ⎯contra los cincuenta mil que valía la lealtad de un General de la Revolución⎯ para controlar legisladores interesados en sus bases políticas locales. Y desde entonces hasta la fundación del Partido Nacional Revolucionario y la eliminación de la reelección inmediata de legisladores. El arreglo informal que se fue construyendo y que alcanzó su madurez hacia 1946, se basó de nuevo, como el porfiriato, en el arbitraje centralizado del Presidente de la República, la sumisión del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, las elecciones ficticias. Sin embargo, fue un avance sustancial en la construcción de un poder limitado: el período presidencial se limitó a seis años de manera estricta y se creó un mecanismo eficaz para procesar la sucesión sin grandes sobresaltos y disputas.
Pero volvamos al día de hoy. Una vez eliminado el súper presidencialismo y en plena vigencia la Constitución de 1917, igualmente sacralizada como programa, de nuevo está fracasando para procesar con eficacia el conflicto político. En el mejor de los casos, lo está haciendo de forma mediocre. De nuevo se han mostrado sus dos taras históricas, pues desde 1997 se ha reabierto el conflicto entre ejecutivo y legislativo y en la última elección vimos cómo el arreglo era poco eficaz para contentar a un perdedor con fuerza. Si las legislaturas de los últimos 18 años se han comportado de manera parecida a aquella a la que Comonfort quiso disolver, o a la de 1912, que debilitó a Madero, o como aquella a la que Obregón sobornó para disolver las lealtades partidistas, ahora no existen condiciones para que el presidente encuentre una solución paralela a la constitucional, ni para que el orden constitucional sea suspendido por un poder de facto; lo que queda es un ejecutivo que navega en la mediocridad de una actuación limitada enormemente por la negociación política desordenada.
Y por si fuera poco, en la elección de 2006 se hizo evidente que tampoco contenta a los perdedores. La reacción de López Obrador recuerda, toda proporción guardada, a la de Vicente Guerrero; no es casualidad. La perspectiva del hombre que llevó al PRD a convertirse en la segunda fuerza política y estuvo a punto de hacerse con la Presidencia de la República era irse a su casa. Sólo la resistencia se le presentaba como posibilidad de permanencia en la escena una vez derrotado.
Es hora del rediseño. Es hora de pensar en un arreglo político adecuado a las condiciones políticas, sociales, demográficas y económicas del México de hoy y que sustituya a la antigualla del siglo XVIII, diseñada además para otra realidad social muy distinta, que hemos intentado echar a andar una y otra vez desde 1824 sin buenos resultados.
Llegó el momento de que el orden real coincida con el formal: que sean reglas claras y legítimas ⎯legales⎯, las que brinden certidumbre al intercambio social y no la personalización autoritaria con privilegios particulares que ha funcionado establemente a lo largo de la historia mexicana. Sólo así se podrá crear un nuevo clima de certidumbre a largo plazo y de estabilidad social. Se trata de hacer conciliables la gobernación eficaz con la pluralidad democrática a lo largo del tiempo. Es decir, estabilidad y eficacia en el marco de una democracia plural. Y si esto es necesario, es indispensable ver más allá del arreglo presidencialista.
El arreglo presidencial del tipo que tenemos no podrá funcionar eficazmente sin recortar pluralidad y ni siquiera eso garantizaría su operación. El conflicto entre ejecutivo y legislativo está debilitando seriamente la capacidad de acción de los ejecutivos de casi todos los países latinoamericanos, cuando no está afectando seriamente la estabilidad política o ha sido suprimido a través de imponer la supremacía de un ejecutivo que margina o maniata al Congreso.
Las experiencias latinoamericanas son poco halagüeñas cuando se analiza la estabilidad de los presidencialismos democráticos. Y en México tenemos enfrente la enorme posibilidad de una sucesión de gobiernos capaces únicamente de producir resultados mediocres por el jaloneo desordenado entre fracciones legislativas poderosas ⎯con posibilidad de veto⎯, al tiempo que el mayor poder de los gobernadores, amparados por la forma actual del federalismo constitucional, también limita al poder central.
La experiencia histórica nos dice que es hora de intentar otro diseño Constitucional para la relación entre poderes. Y hay dos vías: O se mantiene un arreglo en el que ejecutivo y legislativo están separados y se intenta un mecanismo que facilite la cooperación política entre el ejecutivo y el legislativo a través de la reducción de la representación, o se pasa a un arreglo en el que el gobierno sea el responsable de mantener la disciplina en el parlamento, al tiempo que éste se convierte en lo que debe ser: la arena de expresión de coaliciones políticas.
La versión radical de la primera opción implicaría formalizar lo que durante el régimen del PRI se basó en instituciones informales. Se puede capar al Congreso, disminuir el número de diputados y concentrar el poder de nuevo en el Presidente de la República pero ahora constitucionalmente. Que de nuevo la única elección que cuente sea la del Presidente de la República, con la única diferencia de que, ahora sí, la competencia electoral entre candidatos sea auténtica y no esté predeterminado el triunfo del PRI. Una opción menos arriesgada y menos complicada de negociar políticamente sería la de eliminar la representación proporcional y volver al sistema de mayoría relativa. Esta solución, se dice, facilitaría la creación de mayorías en el Congreso. Sin duda, desde Duverger sabemos que un sistema de mayoría relativa tenderá al bipartidismo, siempre y cuando los partidos nacionales tengan el monopolio del registro de candidaturas, porque un sistema de representación territorial como es el circunscripciones uninominales, sin el mecanismo de la patente partidista se puede fragmentar, en la medida en que el costo de hacer campaña se reduce y las fuerzas políticas locales pueden concentrar sus esfuerzos en un número relativamente pequeño de distritos. Pero en términos reales, el arreglo de mayoría relativa donde el primer lugar se lleva todo, independientemente de lo cercano que esté su competidor, en México podría alcanzar para un sistema de tres partidos, suficiente para que la formación de mayorías estables siga siendo endemoniadamente complicada. Además, nada garantiza que un presidente con mayoría en la primera mitad de su mandato la mantenga en la elección intermedia. Con el sistema bicameral que tenemos, es muy probable que la mayoría opositora no sirva para nada más que para obstaculizar al Presidente con el objetivo de desprestigiar a él y a su partido con miras a la elección siguiente. Los incentivos para la cooperación son muy bajos y con reelección parlamentaria se debilita la disciplina partidista y se propicia la negociación individualizada de lealtades a cambio de prebendas, pues cada voto cuenta en un sistema de negociaciones personalizadas, sin la intermediación de las maquinarias partidistas.
Por lo demás, el recorte de la representación dejaría sin voz y recursos institucionales a un conjunto demasiado amplio de operadores políticos, movilizadores de clientelas que podrían trasladar sus demandas de rentas del Estado a las calles, de manera parecida a lo ocurrido en los últimos meses en Oaxaca. La representación política plural implica por sí misma cierta forma de redistribución que no se puede recortar sin atentar contra la estabilidad política.
No hay que olvidar que la representación proporcional fue un elemento fundamental para acabar con las movilizaciones populares y el radicalismo armado de los setenta. Eliminarla sería como echarle gasolina a los rescoldos de radicalismo que sobreviven por ahí. Si bien en el momento actual de la contienda política la proposición puede parecerle atractiva a los tres partidos mayoritarios y abrirse paso como reforma, los tres partidos perderían si se elimina la representación proporcional.
El PRD ha procesado institucionalmente a muchos de los que todavía piensan en la Revolución y les hace cosquillas el heroísmo, aunque se hayan ya beneficiado de las parcelas de rentas estatales que controlan. Dejar fuera del reparto de posiciones a esos operadores puede tener consecuencias no deseadas. Además, están todas las clientelas adquiridas por traspaso del viejo PRI o creación propia de la izquierda rentista que resultó de los movimientos urbano populares de los setenta y ochenta.
En el PRI, por otra parte, también tienen mucha necesidad de repartir posiciones para mantener en paz a las huestes dormidas del viejo nacionalismo revolucionario, envejecidas y todo, pero que todavía dan fenómenos como el del sindicato minero. Ahí anda también, por su lado y con su fuerza, Elba Esther Gordillo y su panal. ¿Sería mejor tenerlos en las calles con movilizaciones y reclamos airados, como ya vimos que pueden actuar los maestros (otra vez Oaxaca), que con su partido negociando en función de su fuerza electoral? Me parece que es mejor la segunda opción.
Pero con representación proporcional y sin recortarle drásticamente facultades al Congreso no hay manera de tener Presidentes de la República fuertes. Y como eliminar la representación proporcional tendría resultados poco deseables y el Congreso no se va a dejar quitar facultades, entonces es necesario empezar a diseñar un juego donde los pactos políticos se negocien en el Congreso y se reflejen en el gobierno.
Es posible diseñar una nueva Presidencia de la República con carácter de Jefe de Estado, dotada de facultades reales de arbitraje político, con autoridad sobre las fuerzas armadas y la fiscalía, con capacidad para disolver la Cámara y llamar a nuevas elecciones legislativas y con la facultad única para proponer al Jefe de Gobierno, siempre de acuerdo al resultado de las elecciones legislativas y de entre los líderes de los partidos con representación en los diputados.
Una presidencia que si bien perdería la jefatura de gobierno, pues la delegaría en un diputado capaz de construir una mayoría parlamentaria a través de pactos y coaliciones⎯ tendría un enorme poder político, pues podría hacerle observaciones a las leyes que le enviara el gobierno una vez aprobadas por la cámara y remitirlas al Senado para su arbitraje, tendría iniciativa de reforma legal o constitucional prioritaria, propondría al Senado las ternas para ministros de la Suprema Corte, mantendría sus facultades respecto al nombramiento de jefes militares, ampliadas hasta la propuesta al Senado del los jefes de los Estados Mayores de las distintas armas, lo mismo que de cónsules y embajadores. Sería el responsable último de la política exterior y, en consultas con el gobierno, tendría facultad para firmar tratados y acuerdos internacionales, para que éstos fueran ratificados por el Senado y todas las demás facultades con las que cuenta en la Constitución actual.
El Presidente de la República podría adquirir algunas de las características simbólicas que ahora se le exigen, aun cuando no están en la ley. Por ejemplo, la de ser árbitro imparcial en los conflictos políticos o el de garantizar la neutralidad de los procesos electorales. El Presidente de la República asumiría el gobierno desde la disolución de la legislatura y la convocatoria a elecciones hasta la investidura del nuevo Jefe del Gobierno Federal, una vez instalada la nueva legislatura. Y durante las campañas sería oficialmente el garante de la neutralidad de la contienda, con prohibición absoluta para intervenir en las campañas electorales y, por supuesto, no podría ser reelecto. Un presidente de estas características podría durar en su encargo ocho años y ser elegido a dos vueltas, para garantizar suficiente respaldo simbólico a sus facultades, pero siempre en la medida de que la formación del gobierno dependa de la construcción de una coalición mayoritaria entre los diputados y sólo requiera del aval presidencial. Se trata de crear un actor con veto, pero sin la facultad de diseñar y ejecutar las políticas públicas.
Un presidente de estas características puede ser extremadamente poderoso. Si utiliza bien sus facultades, puede ser el actor definitorio de la política nacional. Puede contribuir a la formación de las coaliciones gubernamentales y jugar un papel clave en la estabilidad general del entramado político en momentos de crisis de gobierno. Al ser un cargo sin posibilidad de reelección, en un juego con todos los cargos electivos sujetos a la posibilidad de ser reelegidos, sería una posición de fin de carrera para los políticos, lo que propiciaría que llegaran a él preferentemente personas con una trayectoria pública ya muy conocida y probada.
En contraste, el jefe de gobierno es un puesto para ser el centro de una carrera política, el momento de culminación del ascenso del liderazgo político nacional. Para ponerlo en términos muy gráficos, la última campaña presidencial, sin duda acortada a una décima parte de su duración, hubiera sido una extraordinaria campaña para Jefe del Gobierno y sus resultados de lo más interesantes para poner a prueba la capacidad de construcción de acuerdos políticos estables. Si bien Calderón y su partido hubieran tenido la mano para formar gobierno, todo hubiera dependido de cual de los dos candidatos principales hubiera negociado en mejores términos con el PRI para la formación del gobierno y el establecimiento del programa legislativo. La negociación se habría dado en la Cámara de diputados, sin movilizaciones callejeras y sin desplantes teatrales. Si López Obrador hubiera logrado un pacto con el PRI, en un diseño parlamentario, hubiera sido el jefe del Gobierno; en última instancia, si hubiera quedado como líder de la oposición, su gobierno legítimo dejaría de tener que ser itinerante y pondría su sede el San Lázaro, convertido en un auténtico gabinete de oposición, ahora sí legítimo, con recursos para su operación, con acceso a la información especializada y de gobierno y con el foro de la cámara para los discursos de su líder. Todos habrían salido ganando: el PRI con su participación en la formación del gobierno , Andrés Manuel con su permanencia en la palestra, Felipe Calderón con un gobierno estable con iniciativa garantizada y sus respectivos partidos con una presencia parlamentaria mucho más relevante.
El Jefe de Gobierno Federal podría ser nombrado de entre los diputados líderes de sus fracciones parlamentarias una vez instalada la legislatura. El Presidente de la República propondría a la Cámara al líder del partido más votado. Si éste no obtuviere la mayoría de los votos de los diputados aprobatorios, descontando las abstenciones, entonces propondría al líder del segundo partido y así hasta agotar los grupos parlamentarios. Si ninguno lograre el apoyo de la legislatura para formar gobierno, entonces se disolvería la legislatura y el presidente continuaría ejerciendo como jefe de gobierno en tanto se llevan a cabo nuevas elecciones. Obviamente, el caso extremo se daría en condiciones excepcionales.
El Presidente del Gobierno propondría a los Secretarios del Gobierno Federal a la cámara y estos podrían ser o no diputados. Los Secretarios que fueren diputados tendrían voto en las sesiones del pleno del Gobierno; los que no, sólo contarían con voz. El pleno del Gobierno tendría iniciativas legislativa y de reforma constitucional preferenciales y le propondría al Senado el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores. Le propondría también al Presidente de la República el nombramiento de Jefes de Estado Mayor y de embajadores para que éste, de estar de acuerdo, los presente ante el Senado.
El gobierno propondría las leyes de ingresos y el Presupuesto de Egresos, el cual, a diferencia de lo que ahora ocurre, requeriría de la ratificación del Senado, una vez aprobado por la Cámara (más adelante, al hablar del Senado explicaré las razones de esta idea).
Un gobierno de estas características tendría posibilidades de sacar adelante un proyecto de gobierno coherente y de mantener una coalición estable durante la legislatura. Es posible, sin embargo, que una crisis económica, un escándalo de corrupción o una pérdida de liderzazo dentro de su partido por parte del Jefe del Gobierno pudieran provocar una crisis. Sería una crisis perfectamente resoluble dentro de los cauces institucionales, sin gran riesgo para la estabilidad general del Estado. O bien se forma una nueva coalición dentro de la misma legislatura, o se renueva simplemente el liderazgo del partido mayoritario y, por tanto, cambia el Jefe del Gobierno o se disuelve la legislatura y se convoca a nuevas elecciones. Mientras dura la crisis, el Jefe de Estado se encarga del gobierno.
La fuente de legitimidad del Gobierno Federal sería la Cámara de Diputados. Sería la elección de diputados la que definiera quién fuere el Jefe del Gobierno y cual partido el mayoritario en la integración del Gobierno Federal. Sería en la Cámara de Diputados donde se negociarían los programas políticos y las coaliciones de gobierno cuando ningún partido tuviere la mayoría absoluta de los escaños. Sería la Cámara de Diputados el espacio directo de interlocución entre el gobierno y la oposición. Las políticas públicas, las iniciativas legales y las conductas de los funcionarios del Gobierno estarían bajo el escrutinio constante de los diputados, a cambio de una mayoría preestablecida para sacar adelante un programa de gobierno coherente, basado en la legislación adecuada para su funcionamiento y en el presupuesto necesario para su operación. El Jefe del Gobierno tendría, además de la responsabilidad de ejercer las tareas de conducción de la administración pública, la de mantener la disciplina de la Cámara de Diputados en apoyo a su programa.
La Cámara de Diputados sería legisladora única en legislación ordinaria, salvo en casos de observaciones presidenciales, y mantendría su actual papel dentro del Constituyente permanente. Perdería, en cambio, la facultad exclusiva de discutir y aprobar el presupuesto federal. La legislatura debería tener una duración máxima de cuatro años, con posibilidad de reelección, pero podría ser disuelta por el Presidente de la República ya fuere por iniciativa propia o a petición del Gobierno Federal, en caso de crisis de gobierno, nunca menos de un año antes de la elección presidencial, ni durante los primeros dieciocho meses después de haber sido instalada la legislatura.
Los diputados podrían presentar una moción de censura contra el Jefe del Gobierno Federal siempre y cuando hubieren pasado al menos dieciocho meses de su investidura y con la condición de presentar una candidatura alternativa para sustituirlo. Tampoco se podrían presentar mociones de censura menos de un año antes de la elección presidencial. El Presidente de la República no tendría la facultad de oponerse a la solicitud de disolución de la legislatura planteada por el Gobierno Federal. En caso de ser el Presidente el que plantee la disolución, sólo las dos terceras partes de la Cámara podrían evitar las nuevas elecciones. En última instancia sería el conjunto del cuerpo electoral el que resolvería las situaciones de conflicto entre la mayoría de los diputados y el Presidente de la República.
Los conflictos entre el Presidente de la República y el Jefe del Gobierno Federal tendrían distintas arenas para dirimirse. Es muy probable el entendimiento entre ambas figuras si se trata de personas del mismo partido. En ese caso, es incluso posible que existan vínculos de lealtad e ideologías compartidas lo suficientemente sólidas como para generar una cooperación espontánea. Sin embargo, si el Presidente de la República es de un partido y el Jefe del Gobierno es de otro, es posible que la capacidad de veto del Presidente se convierta en un obstáculo para la ejecución del programa de gobierno del ejecutivo. Entonces el Senado se puede convertir en la arena para dirimir el conflicto entre ambos, cuando se refiera a legislación.
El Senado debería dejar de ser colegisladora en materia ordinaria para pasar a serlo únicamente en materia constitucional, en los términos del actual Constituyente permanente, y en casos de observaciones presidenciales a las leyes aprobadas por la cámara de diputados. El Senado podría aprobar en sus términos la ley vetada o presentar una nueva minuta a la Cámara de Diputados. La cámara de diputados tendría la facultad de ratificar su Ley original con mayoría de dos terceras partes de los diputados o discutir la minuta del Senado, en cuyo caso el Senado funcionaría como Cámara de origen de una nueva iniciativa. En caso de que el proyecto nuevo no prosperare, el gobierno podría someter su ley original al voto de las dos terceras partes de la cámara y si no las lograre, entonces tendría que dejar morir la ley hasta la siguiente legislatura o podría someterla a referéndum, con los costos económicos y políticos que ello supondría.
El Senado podría tener también capacidad de iniciativa preferencial ante la Cámara de Diputados, con minutas aprobadas por la mayoría de su pleno.
El Senado debería recuperar su carácter de cámara de representación de las entidades federativas. Para ello se debería modificar su mecanismo de elección para que fueran cuatro senadores por entidad electos en listas de representación proporcional ⎯tal vez con la introducción del sistema D´ Hont o las listas abiertas⎯ y con elecciones coincidentes con las de Presidente de la República por períodos fijos de ocho años con reelección . El Senado conservaría prácticamente todas las facultades exclusivas que ahora tiene y adquiriría la capacidad de ser el espacio de negociación de las asignaciones presupuestales regionales; de ahí la necesidad de que se discuta en él el presupuesto de egresos.
La equidad regional en la representación, que nació con el Senado norteamericano en 1787, tenía por objeto crear un sistema de veto a cualquier posibilidad de que una mayoría de representantes, electos en un número correspondiente a la población de cada estado, pudiera modificar los derechos de propiedad ⎯sobre todo en lo referente a la esclavitud⎯ en detrimento de los estados del Sur, con menos electores, pues buena parte de la población era esclava sin derechos políticos. Robert Dahl afirma que el Senado no es un cuerpo democrático, en la medida en la que sobre⎯representa a poderes territoriales por encima de los ciudadanos concretos y es una cámara esencialmente conservadora. El sistema mexicano copió ese sistema de veto regional y hoy forma parte de los precarios equilibrios nacionales. No se trata de eliminarlo, como hizo el Constituyente de 1857, sino de modificar el ámbito de su capacidad de veto. Ese federalismo construido por vías muy distintas a las que le dieron origen legal, tiene que expresarse en el nuevo arreglo político, pero de manera distinta a la actualmente existente.
De ahí que el Senado deba perder su carácter de colegislador de la legislación ordinaria. Por un lado, está la necesidad de quitarle obstáculos al gobierno para legislar en apoyo a su programa de gobierno; por el otro, el de fortalecer su carácter de cuerpo con veto en reforma constitucional y en caso de conflicto legislativo entre el Jefe de Estado y el gobierno. El Senado seguiría siendo el cuerpo vigilante de la política exterior, y a él le tendría que rendir cuentas el gobierno en esta materia; el secretario del gobierno de Relaciones Exteriores sería nombrado por el Presidente de la República, a propuesta exclusiva del jefe del gobierno, con la aprobación del Senado.
El Senado mantendría sus actuales funciones en materia de nombramiento de magistrados y ministros del Poder Judicial y de jefes del Ejército y la Armada, con el añadido de aprobar el nombramiento de los Jefes de Estado Mayor de ambos, máximas figuras de carácter militar, para que el secretario de Defensa sea un civil nombrado como los demás secretarios por el Jefe del gobierno.
Otra función importante que adquiriría el Senado sería la de tener capacidad de veto en el nombramiento del Procurador General de la República propuesto por el Presidente de la República y la de ser el espacio para promover su remoción, la cual necesitaría de las dos terceras partes de la votación para llevarse a cabo. También tendría facultades en el nombramiento de los fiscales de distrito y de los fiscales especiales, los cuales serían seleccionados entre la terna presentada por el Procurador General para cada caso.
Un arreglo de este tipo sería pionero en América Latina, donde lo más que se han aventurado a diseñar los constituyentes son una suerte de mini premiers ⎯jefes de gabinete sin capacidad real de convertirse en jefes de gobierno y que han fracasado en la práctica a la hora de construir coaliciones legislativas. Es en ese territorio fallido donde se mueven las propuestas en la actual ronda de reforma del Estado. Sin embargo, la posibilidad de construir un arreglo estable, democrático y eficaz pasa, desde mi perspectiva, por tomar la decisión de hacer un diseño para el siglo XXI y abandonar de plano el del siglo XVIII al que nos hemos aferrado. Claro que es necesario vincular este nuevo arreglo a un diseño electoral que permita la participación de todos, pero evite la fragmentación extrema de la representación. El sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional parece el más adecuado, siempre y cuando se le reforme para acercarlo al modelo alemán del cual se copió originalmente. Sólo si el Estado mexicano rompe con la camisa de fuerzas del viejo presidencialismo podrá desplegar la energía transformadora que requiere la sociedad.

¡Paremos la guerra contra las drogas!

Jorge Javier Romero

19 de noviembre de 2009


Entre el 12 y el 14 de noviembre se celebró en Albuquerque, Nuevo México, la Conferencia Internacional para la Reforma de la Política de Drogas. Ahí se reunieron diversas organizaciones no gubernamentales, intelectuales, médicos, jueces, policías, fiscales y políticos sobre todo de Estados Unidos, pero también de México, Chile, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y de otros países de Asia y Europa, a debatir la manera en la que las sociedades deben encarar el asunto de las drogas y las adicciones sin guerra, violencia, daños colaterales y muerte.
El consenso generalizado, la consigna unificadora, fue la de parar la guerra contra las drogas, en primer lugar, porque causa muchos más males de los que pretende prevenir. Como política de drogas, la guerra ha sido un fracaso mundial. No ha servido para disminuir las adicciones, ni para reducir la disponibilidad de drogas en el mercado, ni para aumentar los precios de las sustancias. Y como política contra el crimen organizado ha sido claramente contraproducente, pues la existencia de un mercado clandestino de esa magnitud provee de fuertes incentivos a los delincuentes especializados precisamente en el comercio ilegal para mantener y reproducir sus organizaciones, pues la demanda es lo suficientemente sólida como para seguir con el reto al Estado. Por cada organización desmantelada hay varias en potencia dispuestas a continuar con el control violento de los mercados y con los recursos para sostener el combate, sobre todo en países como México con organizaciones estatales endebles y corruptas.

Ahí se escuchó la alarmada voz del concejal de El Paso, Beto O’ Rourke, quien narró la manera en la que la guerra está deteriorando a su comunidad a ambos lados de la frontera. Para este joven político local no hay otra salida que la legalización de todas las drogas. La guerra sólo deja muerte, horror y desolación.

Pero si la guerra no sirve, ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de las drogas? Pues se debe aprender a vivir con ellas, de manera que los riesgos y daños asociados a su consumo se minimicen, como se hace frente a cualquier tema que implique riesgos, como los coches en las carreteras o las carnitas de puerco. Los coches matan y mucho, pero la solución no es prohibir su circulación sino prevenir los riesgos, con controles de velocidad, reglas para obligar el uso del cinturón o controles de alcoholemia. Ese es el tipo de acciones que debe emprender un Estado democrático para enfrentar la existencia de drogas en las sociedades.

Un concepto repetido durante la conferencia de Albuquerque y que debería convertirse en el eje de cualquier política sensata respecto a las drogas es el de reducción de daño. La idea ha sido satanizada por los conservadores de Estados Unidos y otros países, que se han negado a que sea utilizada por los instrumentos de las Naciones Unidas; sin embargo, la reducción de daño es el criterio de política pública con el que mejor se puede enfrentar los problemas sociales y de salud asociados al consumo de drogas. La política seguida en los últimos tiempos en muchos países respecto a una droga legal, el tabaco, es un ejemplo de política de reducción del daño.

La reducción del daño implica que, en lugar de agravar los perjuicios provocados por el consumo clandestino, las sociedades enfrenten el consumo de drogas dañinas como un asunto de salud.

El ejemplo recurrente es el de los consumidores de drogas inyectables altamente adictivas como la heroína. La clandestinidad lleva a los adictos a compartir las jeringuillas, con lo que al daño de la droga se suma el de las enfermedades de transmisión como el VIH o la hepatitis B. Además, el control del mercado por parte de los delincuentes lleva a los adictos a depender de traficantes sin escrúpulos para obtener la droga, de manera que llegan a robar o a prostituirse para poder comprarla. A esto se suma la adulteración de las sustancias en un mercado sin controles sanitarios. Así, más que el daño de la droga en sí misma, los adictos a la heroína se ven sometidos a amenazas enormes derivadas de la prohibición. Reducir el daño implicaría sacar de la clandestinidad a esos consumidores, intercambiar jeringuillas, abrir locales para el consumo controlado de las sustancias, sin adulteración y sin costo para alejarlos del mercado controlado por los delincuentes. Querría decir que la sociedad reconoce el asunto en lugar de voltear la cara hacia otro lado.

Otro tema abordado en la conferencia fue el de los consumidores no adictos de sustancias mucho menos peligrosas y que son tratados como delincuentes en muchos países. La libertad individual para decidir sobre el propio cuerpo, la soberanía personal, frente al Estado que se atribuye la facultad de decidir qué se puede consumir y qué no. En el caso de la mariguana, el consenso en Albuquerque fue la legalización, de manera que sea el Estado, con reglas claras y controles de calidad, el que regule el mercado y no los narcotraficantes.

La conferencia de reforma de la política de drogas estuvo marcada por la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva laica, científica, compasiva y de salud. Si la cuestión de las drogas se abordara desde esta perspectiva, los delincuentes se quedarían sin el control de un mercado ingente y el Estado tendría posibilidades de atacarlos en otros flancos. La vía de la guerra ha demostrado ya su fracaso.

La delegación mexicana que asistió a Albuquerque tuvo un gran nivel. Juristas como José Antonio Caballero, director de derecho del CIDE, Alejandro Madrazo y Samuel González Ruiz —ex titular de la UEDO—, especialistas en reducción de daño, como Juan Machín o Humberto Brocca, una estudiosa de la situación de las mujeres en la cárcel, casi siempre vinculadas al tema de las drogas, Corina Giacomello, y otros académicos, como Jorge Hernández Tinajero. También estuvo por ahí y habló en una plenaria Jorge Castañeda.

El promotor incansable del cambio de la política de drogas en Estados Unidos es el profesor de Harvard y presidente de la Drug Policy Alliance, Ethan Nadelman. En su discurso inaugural se mostró optimista sobre los avances alcanzados y llamó a seguir actuando como movimiento para que el presidente Obama mantenga el rumbo liberalizador que ha emprendido. El cambio de política está en camino, aunque Calderón no se haya percatado de ello.

¿Por estos partidos?

23 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero



He decidido votar de una manera que va a ser considerada no válida a la hora del cómputo. El sistema electoral anulará mi voto, no yo. He decidido no votar por los partidos actuales con registro. Lo haré por un movimiento al que pertenezco y que no me ha pedido su voto. Que no busca los votos de nadie. Lo mismo pasaría si votara en el espacio dedicado a ello en las boletas por un candidato sin registro. Igual mi voto sería anulado. Sin embargo voy a ir a votar, porque creo el voto sirve. Sirve sin duda para llevar al gobierno o al legislativo a aquellos que nos convencen. También sirve para votar por el menos malo o para evitar que llegue a gobernar alguien que consideramos catastrófico. Sirve para premiar a los políticos eficientes y para castigar a los maletas cuando hay reelección. Pero hay veces que hay que usarlo para pedir la ampliación de la representación, para decir que las opciones existentes no satisfacen, que hace falta abrir el juego.
No creo que todos los partidos sean iguales. Hasta en la época más cerrada del PRI había diferencias entre éste y el PAN, pero muchos de los que ahora dicen que hay que elegir a fuerza en el menú que nos ofrecen ⎯a pesar de que todos platos huelen a medio podrido, sean unos de pollo otros de pescado y otros de carne⎯ no votaban ni por el PRI, ni por el PAN ni por el PPS o el PARM. Claro que la elección era un montaje y eso justificaba la abstención. Mucho más eficaz resultó la promoción de candidaturas independientes que no eran contabilizadas pero que movilizaron a las urnas a un voto de protesta que se hizo sentir y contribuyó a la apertura del sistema de partidos.
Los partidos que hoy existen no me satisface cada uno por diferentes razones. No puedo votar por el PAN por su clericalismo, por su visión moral excluyente que fuerza a las mujeres a morir o a ir a la cárcel o a la maternidad no deseada. Por su obcecación en una estrategia de combate al crimen organizado militar y no de inteligencia. Por su equivocada política de drogas, por pacatos e ineficientes. No quiero votar por el PRI porque son corruptos, no son demócratas, privilegian la lealtad mafiosa frente a la capacidad y el desempeño técnico y son oportunistas capaces de renunciar a su tradición pretendidamente liberal y aliarse con el PAN y con la Iglesia con tal de mantenerse en el poder, aunque eso signifique pasar por encima de los derechos de las mujeres; además, piden un voto de creencias, no de razones. No quiero votar por el PRD porque son fraudulentos; son representantes de la falta de compromiso con las reglas, son tramposos, no tienen ideas; su campaña me parece infantil, ñoña, han logrado perder el apoyo que traían, son incapaces y carecen de ideas. No puedo votar por la demagogia del partido pretendidamente verde, que vende la venganza como justicia y engaña abiertamente a los ciudadanos con ofertas tramposas, típicas de los mercachifles que son. Nueva Alianza lo descarto pues es la expresión más ominosa del control clientelista de un gremio, instrumento político de una mafiosa. El Partido del Trabajo no me atrae ni remotamente; no me parece que beneficie en nada a la izquierda mexicana el pensamiento de Alberto Anaya y no creo que Muñoz Ledo vaya a hacer grandes aportaciones al debate. Convergencia es el feudo de un cleptócrata. Tampoco quiero votar por la banda de López Obrador repartida entre los dos últimos partidos. Los del Partido Socialdemócrata navegan con los saldos de una plataforma plagiada de aquellos a quienes echaron a patadas de una organización convertida en botín.
Creo, además, que el efecto de las elecciones federales intermedias es menor sobre el arreglo político, aunque esa es otra historia. De ahí que considere a ésta como una buena oportunidad para manifestar un malestar que en otras circunstancias sería menos propicio expresar. No dudo que entre quienes están proponiendo el voto nulo haya quienes lo hacen desde una perspectiva cacerolera o con intenciones golpistas. Sin embargo no creo que esa sea la mayoría de los que se están moviendo a esa opción. Por el contrario, lo que predomina es una percepción de no representación. Es una opción que se está abriendo paso entre las capas medias medianamente educadas que tiene acceso a la Internet. Y lo que ahí se expresa es que no son satisfactorios los partidos existentes y los resultados de la política dejan mucho que desear.
Si el voto no válido se multiplica por tres, es decir si ronda en diez por ciento, eso podría decir que votantes suficientes como para darle el registro a tres partidos nuevos no se sienten representados y quieren manifestarlo. Seguramente tiene razones diversas para hacerlo, pero el hecho es que a esa parte de la población ninguno de los partidos lo convoca a votar. ¿Quiénes están mal, los ciudadanos o los partidos?
Mi voto será por una democracia de más calidad, con mejores partidos, más competitiva, con mayores libertades y más laica. Por una nueva ley de partidos, que permita el registro para participar en las elecciones a partir de un programa, unos estatutos democráticos y una lista de candidatos, sin dinero en efectivo, sólo con prerrogativas de acceso a medios. Será, además un acto de libertad.
Por ahí alguien dijo que lo que deberían hacer quienes llaman al voto nulo es hacer un partido. Precisamente eso es lo que no se puede hacer hoy en México. Y no se podrá, con la ley actual, hasta 2013 para participar en el 2015. Ese es el problema: que la entrada a la representación es estrecha y protege a los ineficientes. Por eso hay también quien clama por las candidaturas llamadas independientes. Algo está podrido y es hora de airearlo.

¿Sirve para algo renovar sólo la cámara de diputados?

12 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero




En estos días de campaña el centro de atención del debate nacional se salió de lo que proponen los partidos políticos. De pronto, el ruido igualador y safio de sus propagandas se convirtió sólo en el escenario de fondo de una polémica creada desde la red, de manera descentralizada, por ciudadanos no organizados y con diferentes intenciones. En las últimas semanas el debate lo provocó un estado de ánimo: anular el voto. Diversas voces intelectuales le entraron y muchos de los más inteligentes han salido en contra de la opción con argumentos de diverso orden. La polémica ha resultado rica y merece abordarla de lleno.
Quiero decir que yo, de manera individual y sin ninguna afiliación a cualquier opción colectiva de promoción de las diversas iniciativas, voy a emitir un voto que en el cómputo del IFE va a ser contabilizado como no válido. Y lo voy a hacer por un listado largo de razones. La primera es de carácter institucional y es la pregunta que le pone título a este artículo.
¿Qué podría cambiar en esta elección? Pongamos que los hados se ponen de lado de Calderón y en un cierre fuerte al final le logra sacar la mayoría al PRI y el PAN obtiene unos cuantos diputados más. Sería un espaldarazo simbólico al presidente, pero no mejoraría su capacidad de iniciativa legislativa, pues el Senado no se modifica. La capacidad gubernativa del presidente sólo mejoraría con una mayoría absoluta que le permitiera aprobar en solitario el presupuesto, pero eso no va a ocurrir.
En el escenario más probable hasta ahora nada se va a modificar en términos de coaliciones políticas efectivas. El PRI sí que saldría beneficiado, pues aumentaría sustancialmente su financiamiento público, y el reparto interno de los partidos también se va a alterar, pero en lo que se refiere a coherencia legislativa y gobernación más eficaz, el diseño político actual no permite más que resultados malos o mediocres. Es una elección cara, de poca utilidad en términos de representación, sobre todo cuando ni siquiera se puede premiar o castigar a políticos concretos a través de la posibilidad de reelección y cuando el voto por diputados individuales en algún distrito está estrictamente asociado al voto por la cúpula del partido que lo postuló.
El diseño del régimen político le ha quitado sentido a la elección intermedia. Tal vez si el Congreso completo se renovara a través de la elección de la mitad del Senado, con posibilidad de reelección, estaríamos viendo el fortalecimiento del legislativo en lo que se refiere a trabajo profesional y coherencia en sus acciones. En las condiciones actuales, el legislativo sólo le dificulta el trabajo al ejecutivo y no tiene posibilidades, por fortuna, de articular un proyecto alternativo, lo que generaría un conflicto de poderes aun mayor del que ahora existe. Una mayoría absoluta de un partido diferente al del presidente podría resultar catastrófica, pues podría dejar arrinconado al ejecutivo durante los siguientes tres años a través del presupuesto. La elección intermedia en los términos actuales tiene más posibilidades de debilitar al ejecutivo que de fortalecerlo. Y no es que quiera fortalecer al PAN en concreto; pero estoy convencido que la debilidad gubernamental del presidencialismo es una de las causas de los malos resultados de la política mexicana.
El modelo de separación entre ejecutivo y legislativo es una antigualla del siglo XVIII que se debería reformar. En los regímenes parlamentarios la elección legislativa tiene sentido porque de ahí surgirá la coalición de gobierno. En Alemania, además, se puede elegir al diputado del distrito de manera personal y votar por la lista del mismo partido o de otro diferente. Ahí la representación directa se conjunta de manera más elaborada con mecanismos para propiciar la existencia de partidos nacionales fuertes. Ahí sí el Congreso tiene fortaleza y carga con la responsabilidad de formar gobierno. Muchos liderazgos emanados de esa forma han resultado sólidos y con auténtica capacidad reformadora para emprender los cambios requeridos por sus sociedades.
Aquí los incentivos para formar coaliciones estables son extremadamente débiles. De ahí que el trabajo sea desordenado y estridente y las alianzas casuísticas, propicias para los arreglos de intercambio de favores mutuos meramente circunstanciales. El trabajo del congreso se convierte en el ámbito de las negociaciones particulares y el cabildeo, cuando no de la corrupción directa. El Congreso actual no es inútil, desde luego, como mecanismo de representación de intereses, pero no es el mejor mecanismo de representación democrática de una sociedad plural.
Por eso creo que mi voto en estas elecciones concretas tiene poca influencia. Oigo las voces y no escucho alguna que me convenza, no veo enfrente grandes catástrofes que se puedan evitar votando por uno u otro, así que prefiero usar mi voto para protestar, para pedir una ampliación de la representación. No me extraña que los ciudadanos vean al Congreso como lejano y corrupto. Es el terreno de lucha de los partidos y estos están muy mal, pero ese es otro cuento.