¡Paremos la guerra contra las drogas!

Jorge Javier Romero

19 de noviembre de 2009


Entre el 12 y el 14 de noviembre se celebró en Albuquerque, Nuevo México, la Conferencia Internacional para la Reforma de la Política de Drogas. Ahí se reunieron diversas organizaciones no gubernamentales, intelectuales, médicos, jueces, policías, fiscales y políticos sobre todo de Estados Unidos, pero también de México, Chile, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y de otros países de Asia y Europa, a debatir la manera en la que las sociedades deben encarar el asunto de las drogas y las adicciones sin guerra, violencia, daños colaterales y muerte.
El consenso generalizado, la consigna unificadora, fue la de parar la guerra contra las drogas, en primer lugar, porque causa muchos más males de los que pretende prevenir. Como política de drogas, la guerra ha sido un fracaso mundial. No ha servido para disminuir las adicciones, ni para reducir la disponibilidad de drogas en el mercado, ni para aumentar los precios de las sustancias. Y como política contra el crimen organizado ha sido claramente contraproducente, pues la existencia de un mercado clandestino de esa magnitud provee de fuertes incentivos a los delincuentes especializados precisamente en el comercio ilegal para mantener y reproducir sus organizaciones, pues la demanda es lo suficientemente sólida como para seguir con el reto al Estado. Por cada organización desmantelada hay varias en potencia dispuestas a continuar con el control violento de los mercados y con los recursos para sostener el combate, sobre todo en países como México con organizaciones estatales endebles y corruptas.

Ahí se escuchó la alarmada voz del concejal de El Paso, Beto O’ Rourke, quien narró la manera en la que la guerra está deteriorando a su comunidad a ambos lados de la frontera. Para este joven político local no hay otra salida que la legalización de todas las drogas. La guerra sólo deja muerte, horror y desolación.

Pero si la guerra no sirve, ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de las drogas? Pues se debe aprender a vivir con ellas, de manera que los riesgos y daños asociados a su consumo se minimicen, como se hace frente a cualquier tema que implique riesgos, como los coches en las carreteras o las carnitas de puerco. Los coches matan y mucho, pero la solución no es prohibir su circulación sino prevenir los riesgos, con controles de velocidad, reglas para obligar el uso del cinturón o controles de alcoholemia. Ese es el tipo de acciones que debe emprender un Estado democrático para enfrentar la existencia de drogas en las sociedades.

Un concepto repetido durante la conferencia de Albuquerque y que debería convertirse en el eje de cualquier política sensata respecto a las drogas es el de reducción de daño. La idea ha sido satanizada por los conservadores de Estados Unidos y otros países, que se han negado a que sea utilizada por los instrumentos de las Naciones Unidas; sin embargo, la reducción de daño es el criterio de política pública con el que mejor se puede enfrentar los problemas sociales y de salud asociados al consumo de drogas. La política seguida en los últimos tiempos en muchos países respecto a una droga legal, el tabaco, es un ejemplo de política de reducción del daño.

La reducción del daño implica que, en lugar de agravar los perjuicios provocados por el consumo clandestino, las sociedades enfrenten el consumo de drogas dañinas como un asunto de salud.

El ejemplo recurrente es el de los consumidores de drogas inyectables altamente adictivas como la heroína. La clandestinidad lleva a los adictos a compartir las jeringuillas, con lo que al daño de la droga se suma el de las enfermedades de transmisión como el VIH o la hepatitis B. Además, el control del mercado por parte de los delincuentes lleva a los adictos a depender de traficantes sin escrúpulos para obtener la droga, de manera que llegan a robar o a prostituirse para poder comprarla. A esto se suma la adulteración de las sustancias en un mercado sin controles sanitarios. Así, más que el daño de la droga en sí misma, los adictos a la heroína se ven sometidos a amenazas enormes derivadas de la prohibición. Reducir el daño implicaría sacar de la clandestinidad a esos consumidores, intercambiar jeringuillas, abrir locales para el consumo controlado de las sustancias, sin adulteración y sin costo para alejarlos del mercado controlado por los delincuentes. Querría decir que la sociedad reconoce el asunto en lugar de voltear la cara hacia otro lado.

Otro tema abordado en la conferencia fue el de los consumidores no adictos de sustancias mucho menos peligrosas y que son tratados como delincuentes en muchos países. La libertad individual para decidir sobre el propio cuerpo, la soberanía personal, frente al Estado que se atribuye la facultad de decidir qué se puede consumir y qué no. En el caso de la mariguana, el consenso en Albuquerque fue la legalización, de manera que sea el Estado, con reglas claras y controles de calidad, el que regule el mercado y no los narcotraficantes.

La conferencia de reforma de la política de drogas estuvo marcada por la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva laica, científica, compasiva y de salud. Si la cuestión de las drogas se abordara desde esta perspectiva, los delincuentes se quedarían sin el control de un mercado ingente y el Estado tendría posibilidades de atacarlos en otros flancos. La vía de la guerra ha demostrado ya su fracaso.

La delegación mexicana que asistió a Albuquerque tuvo un gran nivel. Juristas como José Antonio Caballero, director de derecho del CIDE, Alejandro Madrazo y Samuel González Ruiz —ex titular de la UEDO—, especialistas en reducción de daño, como Juan Machín o Humberto Brocca, una estudiosa de la situación de las mujeres en la cárcel, casi siempre vinculadas al tema de las drogas, Corina Giacomello, y otros académicos, como Jorge Hernández Tinajero. También estuvo por ahí y habló en una plenaria Jorge Castañeda.

El promotor incansable del cambio de la política de drogas en Estados Unidos es el profesor de Harvard y presidente de la Drug Policy Alliance, Ethan Nadelman. En su discurso inaugural se mostró optimista sobre los avances alcanzados y llamó a seguir actuando como movimiento para que el presidente Obama mantenga el rumbo liberalizador que ha emprendido. El cambio de política está en camino, aunque Calderón no se haya percatado de ello.

¿Por estos partidos?

23 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero



He decidido votar de una manera que va a ser considerada no válida a la hora del cómputo. El sistema electoral anulará mi voto, no yo. He decidido no votar por los partidos actuales con registro. Lo haré por un movimiento al que pertenezco y que no me ha pedido su voto. Que no busca los votos de nadie. Lo mismo pasaría si votara en el espacio dedicado a ello en las boletas por un candidato sin registro. Igual mi voto sería anulado. Sin embargo voy a ir a votar, porque creo el voto sirve. Sirve sin duda para llevar al gobierno o al legislativo a aquellos que nos convencen. También sirve para votar por el menos malo o para evitar que llegue a gobernar alguien que consideramos catastrófico. Sirve para premiar a los políticos eficientes y para castigar a los maletas cuando hay reelección. Pero hay veces que hay que usarlo para pedir la ampliación de la representación, para decir que las opciones existentes no satisfacen, que hace falta abrir el juego.
No creo que todos los partidos sean iguales. Hasta en la época más cerrada del PRI había diferencias entre éste y el PAN, pero muchos de los que ahora dicen que hay que elegir a fuerza en el menú que nos ofrecen ⎯a pesar de que todos platos huelen a medio podrido, sean unos de pollo otros de pescado y otros de carne⎯ no votaban ni por el PRI, ni por el PAN ni por el PPS o el PARM. Claro que la elección era un montaje y eso justificaba la abstención. Mucho más eficaz resultó la promoción de candidaturas independientes que no eran contabilizadas pero que movilizaron a las urnas a un voto de protesta que se hizo sentir y contribuyó a la apertura del sistema de partidos.
Los partidos que hoy existen no me satisface cada uno por diferentes razones. No puedo votar por el PAN por su clericalismo, por su visión moral excluyente que fuerza a las mujeres a morir o a ir a la cárcel o a la maternidad no deseada. Por su obcecación en una estrategia de combate al crimen organizado militar y no de inteligencia. Por su equivocada política de drogas, por pacatos e ineficientes. No quiero votar por el PRI porque son corruptos, no son demócratas, privilegian la lealtad mafiosa frente a la capacidad y el desempeño técnico y son oportunistas capaces de renunciar a su tradición pretendidamente liberal y aliarse con el PAN y con la Iglesia con tal de mantenerse en el poder, aunque eso signifique pasar por encima de los derechos de las mujeres; además, piden un voto de creencias, no de razones. No quiero votar por el PRD porque son fraudulentos; son representantes de la falta de compromiso con las reglas, son tramposos, no tienen ideas; su campaña me parece infantil, ñoña, han logrado perder el apoyo que traían, son incapaces y carecen de ideas. No puedo votar por la demagogia del partido pretendidamente verde, que vende la venganza como justicia y engaña abiertamente a los ciudadanos con ofertas tramposas, típicas de los mercachifles que son. Nueva Alianza lo descarto pues es la expresión más ominosa del control clientelista de un gremio, instrumento político de una mafiosa. El Partido del Trabajo no me atrae ni remotamente; no me parece que beneficie en nada a la izquierda mexicana el pensamiento de Alberto Anaya y no creo que Muñoz Ledo vaya a hacer grandes aportaciones al debate. Convergencia es el feudo de un cleptócrata. Tampoco quiero votar por la banda de López Obrador repartida entre los dos últimos partidos. Los del Partido Socialdemócrata navegan con los saldos de una plataforma plagiada de aquellos a quienes echaron a patadas de una organización convertida en botín.
Creo, además, que el efecto de las elecciones federales intermedias es menor sobre el arreglo político, aunque esa es otra historia. De ahí que considere a ésta como una buena oportunidad para manifestar un malestar que en otras circunstancias sería menos propicio expresar. No dudo que entre quienes están proponiendo el voto nulo haya quienes lo hacen desde una perspectiva cacerolera o con intenciones golpistas. Sin embargo no creo que esa sea la mayoría de los que se están moviendo a esa opción. Por el contrario, lo que predomina es una percepción de no representación. Es una opción que se está abriendo paso entre las capas medias medianamente educadas que tiene acceso a la Internet. Y lo que ahí se expresa es que no son satisfactorios los partidos existentes y los resultados de la política dejan mucho que desear.
Si el voto no válido se multiplica por tres, es decir si ronda en diez por ciento, eso podría decir que votantes suficientes como para darle el registro a tres partidos nuevos no se sienten representados y quieren manifestarlo. Seguramente tiene razones diversas para hacerlo, pero el hecho es que a esa parte de la población ninguno de los partidos lo convoca a votar. ¿Quiénes están mal, los ciudadanos o los partidos?
Mi voto será por una democracia de más calidad, con mejores partidos, más competitiva, con mayores libertades y más laica. Por una nueva ley de partidos, que permita el registro para participar en las elecciones a partir de un programa, unos estatutos democráticos y una lista de candidatos, sin dinero en efectivo, sólo con prerrogativas de acceso a medios. Será, además un acto de libertad.
Por ahí alguien dijo que lo que deberían hacer quienes llaman al voto nulo es hacer un partido. Precisamente eso es lo que no se puede hacer hoy en México. Y no se podrá, con la ley actual, hasta 2013 para participar en el 2015. Ese es el problema: que la entrada a la representación es estrecha y protege a los ineficientes. Por eso hay también quien clama por las candidaturas llamadas independientes. Algo está podrido y es hora de airearlo.

¿Sirve para algo renovar sólo la cámara de diputados?

12 de junio de 2009

Por Jorge Javier Romero




En estos días de campaña el centro de atención del debate nacional se salió de lo que proponen los partidos políticos. De pronto, el ruido igualador y safio de sus propagandas se convirtió sólo en el escenario de fondo de una polémica creada desde la red, de manera descentralizada, por ciudadanos no organizados y con diferentes intenciones. En las últimas semanas el debate lo provocó un estado de ánimo: anular el voto. Diversas voces intelectuales le entraron y muchos de los más inteligentes han salido en contra de la opción con argumentos de diverso orden. La polémica ha resultado rica y merece abordarla de lleno.
Quiero decir que yo, de manera individual y sin ninguna afiliación a cualquier opción colectiva de promoción de las diversas iniciativas, voy a emitir un voto que en el cómputo del IFE va a ser contabilizado como no válido. Y lo voy a hacer por un listado largo de razones. La primera es de carácter institucional y es la pregunta que le pone título a este artículo.
¿Qué podría cambiar en esta elección? Pongamos que los hados se ponen de lado de Calderón y en un cierre fuerte al final le logra sacar la mayoría al PRI y el PAN obtiene unos cuantos diputados más. Sería un espaldarazo simbólico al presidente, pero no mejoraría su capacidad de iniciativa legislativa, pues el Senado no se modifica. La capacidad gubernativa del presidente sólo mejoraría con una mayoría absoluta que le permitiera aprobar en solitario el presupuesto, pero eso no va a ocurrir.
En el escenario más probable hasta ahora nada se va a modificar en términos de coaliciones políticas efectivas. El PRI sí que saldría beneficiado, pues aumentaría sustancialmente su financiamiento público, y el reparto interno de los partidos también se va a alterar, pero en lo que se refiere a coherencia legislativa y gobernación más eficaz, el diseño político actual no permite más que resultados malos o mediocres. Es una elección cara, de poca utilidad en términos de representación, sobre todo cuando ni siquiera se puede premiar o castigar a políticos concretos a través de la posibilidad de reelección y cuando el voto por diputados individuales en algún distrito está estrictamente asociado al voto por la cúpula del partido que lo postuló.
El diseño del régimen político le ha quitado sentido a la elección intermedia. Tal vez si el Congreso completo se renovara a través de la elección de la mitad del Senado, con posibilidad de reelección, estaríamos viendo el fortalecimiento del legislativo en lo que se refiere a trabajo profesional y coherencia en sus acciones. En las condiciones actuales, el legislativo sólo le dificulta el trabajo al ejecutivo y no tiene posibilidades, por fortuna, de articular un proyecto alternativo, lo que generaría un conflicto de poderes aun mayor del que ahora existe. Una mayoría absoluta de un partido diferente al del presidente podría resultar catastrófica, pues podría dejar arrinconado al ejecutivo durante los siguientes tres años a través del presupuesto. La elección intermedia en los términos actuales tiene más posibilidades de debilitar al ejecutivo que de fortalecerlo. Y no es que quiera fortalecer al PAN en concreto; pero estoy convencido que la debilidad gubernamental del presidencialismo es una de las causas de los malos resultados de la política mexicana.
El modelo de separación entre ejecutivo y legislativo es una antigualla del siglo XVIII que se debería reformar. En los regímenes parlamentarios la elección legislativa tiene sentido porque de ahí surgirá la coalición de gobierno. En Alemania, además, se puede elegir al diputado del distrito de manera personal y votar por la lista del mismo partido o de otro diferente. Ahí la representación directa se conjunta de manera más elaborada con mecanismos para propiciar la existencia de partidos nacionales fuertes. Ahí sí el Congreso tiene fortaleza y carga con la responsabilidad de formar gobierno. Muchos liderazgos emanados de esa forma han resultado sólidos y con auténtica capacidad reformadora para emprender los cambios requeridos por sus sociedades.
Aquí los incentivos para formar coaliciones estables son extremadamente débiles. De ahí que el trabajo sea desordenado y estridente y las alianzas casuísticas, propicias para los arreglos de intercambio de favores mutuos meramente circunstanciales. El trabajo del congreso se convierte en el ámbito de las negociaciones particulares y el cabildeo, cuando no de la corrupción directa. El Congreso actual no es inútil, desde luego, como mecanismo de representación de intereses, pero no es el mejor mecanismo de representación democrática de una sociedad plural.
Por eso creo que mi voto en estas elecciones concretas tiene poca influencia. Oigo las voces y no escucho alguna que me convenza, no veo enfrente grandes catástrofes que se puedan evitar votando por uno u otro, así que prefiero usar mi voto para protestar, para pedir una ampliación de la representación. No me extraña que los ciudadanos vean al Congreso como lejano y corrupto. Es el terreno de lucha de los partidos y estos están muy mal, pero ese es otro cuento.

Sobre la abstención y el voto nulo

!8 de abril de 2009

Por Jorge Javier Romero




Hacía muchos años que no oía de campañas por la abstención o por el voto nulo. Desde que tengo memoria, el llamado organizado por la abstención más importante, todavía en los años del dominio total del PRI sobre el arreglo político, fue el del Partido Comunista en 1970. Los comunistas ⎯que siempre habían llamado a votar por sus candidatos, aún cuando no eran reconocidos sus votos por no tener registro⎯ en 1970 llamaron a la abstención activa. Se trataba de una protesta por la cerrazón del régimen y por la represión de 1968. Sin embargo en 1976 el voto por el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa, no computado oficialmente pero calculado por la Secretaría de Gobernación, fue un ariete para romper los cerrojos del sistema electoral protegido y provocar la reforma política de 1977.
Para aquella elección, la que nos dejó a López Portillo, el PAN se había quedado sin candidato. Un conflicto interno había enfrentado a dos corrientes partidistas con resultados catastróficos, pues se escindieron y no pudieron postular a nadie para la presidencial, cuando ningún candidato obtuvo la mayoría calificada que pedían los estatutos. Sin embargo, no llamaron a no votar, pues estaban en juego las diputaciones de partido.
Después de eso vino la reforma política y todo comenzó a cambiar. En la primera oportunidad que tuve para votar lo hice con entusiasmo, después de haberme metido de cabeza en la campaña electoral con el PST. Aquella elección movilizó a los nuevos votantes a favor de la izquierda. Sobre todo por Partido Comunista y sus aliados. Sin embargo, hubo muchos jóvenes, estudiantes universitarios, que no se sintieron interesados y repetían las consignas de la izquierda radical que llamaba electorero al PCM por haber obtenido su registro y pedían el “rechazo total al fraude electoral” en sus consignas de marcha, sobre todo aquel 2 de octubre de 1978, décimo aniversario de los hechos de Tlatelolco, que marcó el inició de mi compromiso político. Uno de los más destacados abstencionistas de entonces ⎯el más influyente sin duda⎯ era Heberto Castillo, con su PMT, voluntariamente excluido del proceso de reforma.

Después de aquella elección y del efecto demostración que tuvo sobre los dirigentes radicales el ver la relevancia de los diputados de la coalición de izquierda, todos los grupos de la izquierda buscaron tarde que temprano su participación electoral. En 1982, los trostkistas del PRT y los grupos sin participación previa en la coalición de izquierda que se integraron al PSUM, sobre todo el Movimiento de Acción Popular, que se sumó a la construcción del nuevo partido convocado por el Partido Comunista y sus aliados previos; el PMT se dividió por el renovado abstencionismo de su líder y varios de sus cuadros se sumaron al esfuerzo de unidad de la izquierda. En 1985 el más testarudo abstencionista buscó su registro y fue diputado.
No es necesario decir mucho del cataclismo de 1988. La bola de nieve de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas movilizó a los últimos rescoldos del radicalismo guerrillero y los metió a la búsqueda de los votos. No hubo desde entonces llamados serios a la abstención, con la excepción de “la otra”, puesta en escena soporífera de Marcos.
El voto se había abierto paso como instrumento de poder social. Con el voto se hizo la democracia mexicana, como bien ha dicho Mauricio Merino. Pero no siempre el voto fue para los candidatos con registro. Antes de la apertura generada por la reforma de 1977, desencadenante del proceso democratizador, el voto por opciones no registradas sirvió para resquebrajar al régimen monolítico.
Desde 1988 el consenso político ha sido contra la abstención. La abstención se ha considerado en buena medida como apatía conforme, sobre todo de los marginados. Se sabe que crece en las intermedias, principalmete en los estados sin elecciones concurrentes de gobernador, pero ha quedado en 2000 y en 2006 en niveles equiparables a los de los países con democracias consolidadas, siempre lejos de las unanimidades propias de los regímenes totalitarios, pero por arriba del sesenta por ciento. En 1997, elección intermedia, la votación subió por la novedad de la elección del jefe de gobierno de la ciudad de México.
Sin embargo ahora se oyen voces por la abstención y por el voto nulo. No vienen como en los setenta y ochenta de la radicalidad de izquierda sino de las capas medias urbanas. Se trata de dos acciones distintas con consecuencias diferentes. Una implica la apatía condescendiente. El otro es un acto que requiere de ir a la urna y anular el voto expresamente. La primera rompe el vínculo del ciudadano con la representación. En cambio, lo segundo puede constituir un acto de protesta contra el sistema de registro de partidos que deja a muchos ciudadanos sin opción de voto.
La legislación mexicana no contempla el voto en blanco y aunque las boletas traen un espacio para candidatos no registrados, lo asentado ahí no se computa. La posibilidad de ir a votar para decir que ninguno de los partidos le dice nada al elector no está legitimada por el arreglo electoral mexicano. Sin embargo, el hecho de que estén surgiendo voces que dicen que ninguno de los partidos entusiasma demuestra que el sistema de registro ⎯ideado en su día para proteger al PRI, abierto en la ley de 1977 y vuelto a cerrar en 1996 como nueva protección a los partidos pactantes⎯ ya requiere ser modificado para abrir, en lugar de estrechar reforma tras reforma, los causes de participación.
Sin duda, el berrinche de las televisoras hace que de por ahí surjan muchos de los llamados a la deslegitimación de la elección. Eso lo haría una abstención abismal. Sin embargo, ir a votar como un acto de protesta, con una consigna específica, que cuestione a los partidos actuales, no es en sí mismo un acto antidemocrático. Incluso puede tener características interesantes si se concentra en la elección de diputados federales, aunque se vote por los partidos en las demás; y sí se puede medir. No estoy defendiendo la opción. Sólo creo que una acción concertada en ese sentido tendría que se tomada en cuenta por los políticos como señal de alarma ante su capacidad de representar intereses. Ellos son los responsables de que una idea así se abra paso.
Y es que también está el hecho de que la elección intermedia en el presidencialismo democrático está dejando de tener sentido. Sólo puede complicarle más las cosas al presidente, mientras que poca mejora puede esperar de ellas. Y no me refiero sólo a las que vienen sino a todas. Es una más de las fallas del arreglo presidencial al que estamos aferrados, pero esa es otra historia.

Un cambio probable en la política de drogas de los Estados Unidos

Por Jorge Javier Romero


Nombró Obama al nuevo responsable de la política de drogas de los Estados Unidos. Gil Kerlikowske es un policía profesional con experiencia previa en el gobierno federal en los tiempos de Clinton, cuando estuvo en el Departamento de Justicia como encargado del desarrollo de policías comunitarias. Se trata de un hombre ilustrado, que sabe recibir asesoría especializada y que ha dirigido con eficacia a la policía de la ciudad de Seattle, donde ha obtenido resultados más que satisfactorios.
Kerlikowske (vale la pena repetir el apellido para irlo aprendiendo, porque vamos a oír mucho de él aquí) no es ni de lejos un halcón en lo que toca a la política de drogas. De hecho en Seattle aplicó una estrategia de tolerancia a la posesión para el consumo de mariguana, a pesar de que se opuso a que se concretara en una directiva municipal. Ha declarado claramente su posición sobre el tema y considera importante trabajar sobre todo el tejido social y la prevención como formas de enfrentar las adicciones, por encima del uso de la fuerza. No es tampoco un abolicionista de la prohibición, pero sin duda va a abordar el asunto de las drogas de una manera radicalmente distinta a la seguida por Bush el puritano.
En los Estados Unidos, donde ser un policía de alto rango implica un entrenamiento profesional serio, existen grupos de agentes del orden y la justicia que se manifiestan abiertamente por la eliminación de la prohibición de las drogas. El Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), por ejemplo, agrupa a policías, pero también a fiscales y jueces que razonan sobre la conveniencia de abordar la cuestión de las drogas desde la prevención, la tolerancia, y la salud, en lugar de la prohibición que convierte en criminales a los usuarios de sustancias psicoactivas y genera un mercado negro con incentivos enormes para retar al Estado.
Pues el LEAP ha recibido con beneplácito el nombramiento del nuevo zar antidrogas. Uno de sus integrantes más prominentes, Norm Stamper, inmediato predecesor de Kerlikowske como jefe de la policía de Seattle, celebró con esperanza la nominación; alabó su actitud frente a la mariguana y subrayó su visión de ser favorable a la prevención por encima de la represión.
Todo parece indicar, así, que las cosas van a cambiar en lo que toca a la estrategia hacia las drogas del gobierno de Obama. El propio Ethan Nadelmann ⎯a quien diversas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos propusieron como posible encargado de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas⎯ cabeza de la Drug Policy Alliance, el más fuerte grupo de impulso a la legalización de las drogas en los Estados Unidos, se ha mostrado optimista. A pesar de lamentar que de nuevo haya sido nombrado un agente del orden y no un profesional de la salud para el diseño de la estrategia hacia las drogas, Nadelmann celebra la actitud de Kerlikowske en Seattle, ciudad donde la mariguana para usos médicos es legal, existen programas de intercambios de jeringuillas y se han aplicado otras políticas de reducción de daño, como las estrategias para prevenir las sobredosis.
También en el asunto de las drogas Obama parece estar comprometido con el cambio. Lejos queda el fundamentalismo de Reagan sobre el asunto, época en la que se diseñaron las líneas maestras de la política seguida hasta hoy. Es obvio que, a diferencia de los panistas mexicanos, ni el presidente de los Estados Unidos ni el nuevo director de la oficina de política de drogas creen que el problema sea la mariguana ni se escandalizan con las iniciativas liberalizadoras. A ellos no les parece una mariguanada la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la de Zedillo, Cardoso y Gaviria (y Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Paolo Coelho, Antanas Mockus y varios personajes más de la intelectualidad, la comunicación y la política de América Latina, puros mariguanos según el presidente del PAN).
De ahí que parezca que la política de drogas de Calderón está un pelín en problemas. Obama, antes del nombramiento, con un veterano de la época de Clinton encargado del despacho, bajó en la jerarquía a la oficina, que con Bush era parte del gabinete. Además retiró la prohibición de apoyo a los programas de intercambio de jeringuillas. Nada demasiado revolucionario, sin duda, además de que la posición que llevó Edgard Jurith, todavía en funciones, a la reunión de revisión de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas que se está celebrando ahora en Viena es bastante ortodoxa, aunque con alguna apertura a las políticas de reducción del daño a las que se oponen a llamar por ese nombre con el argumento de que no se debe dar la impresión de que las drogas no son del todo destructivas.
México ha ido a Viena con su posición esencialmente basada en la represión y el combate irrestricto a la oferta, representada por el procurador Medina Mora. No le queda más remedio, después de que ha desatado la guerra. Sin duda, el Estado debe enfrentar sin concesiones a sus enemigos, eso no se puede discutir. El problema es cuando no es capaz siquiera de considerar que su estrategia pueda estar fallando seriamente, pues en lugar de enfrentarse directamente con las armas a un negocio que genera suficientes incentivos para su reproducción aun con una fuerte represión enfrente, podrían estar debilitando al enemigo a través de la modificación de la demanda con prevención y reducción de daño, al tiempo que se les quita totalmente el negocio de la mariguana, cuya prohibición parece cada día más un contrasentido.
Es muy probable que pronto veamos proliferar en los Estados Unidos legislaciones de tolerancia respecto a la mariguana y un giro en el enfoque respecto a las drogas más duras. A ver si no el gobierno de Calderón se queda chiflando en la loma con su guerra fallida.

La soledad del metro

Originally uploaded by elcalamar

Una noche tarde, entre el Zócalo y General Anaya.

El berrinche de las televisoras

Por Jorge Javier Romero

Se les fue un negocito de más dos mil millones de pesos y están muy enojados. Eso es lo que ocurre con los concesionarios de las televisoras privadas y su manera de enfrentar, coludidos, su obligación legal de transmitir los anuncios políticos durante la campaña sin cobrarlos.
Televisa fue más discreta. Un anuncio en negro y en silencio. Televisión Azteca lloriquea en un mensaje donde lamenta mucho tener que interrumpir la programación preferida pero que así lo ordena el IFE. Y recetan paquetes de anuncios mezclados de promoción del voto y de partidos políticos.
La intención es evidente. Quieren provocar animadversión hacia los partidos y hacia la autoridad electoral. ¿Cómo que no van a ser ellos los que le pongan precio a la política? Hace tres años no ponían letreritos ni programaban los anuncios con mala leche a la mitad de los partidos de fútbol. Por el contrario, los transmitían felices y en sus tiempos de mayor auditorio, incluso aquellos ilegales como los de los empresarios en contra de López Obrador. Entonces no los agraviaba la propaganda. Hoy reparan.
Pues es que antes las televisoras se llevaban buena parte del pastel del financiamiento público en tiempos de elecciones. Con los impuestos de los ciudadanos se le inyectaba a las empresas de televisión un subsidio proveniente del 70% del dinero para gastos de campaña. Ellos, que se han quejado tanto de lo que se gasta en los partidos y las elecciones, se llevaban su buen pellizco. Ahora que se han quedado sin él, se aprovechan de la pobre imagen, ganada a pulso, de los políticos mexicanos y chantajean a la hora de cumplir a regañadientes con la ley.
Y es que en México es una vieja tradición la de negociar con la desobediencia. Los diferentes grupos y organizaciones buscan privilegios que les permitan observar las normas sin cumplirlas, cuando no de plano violarlas con la aquiescencia de las autoridades encargadas de su acatamiento. Un estado débil, sin legitimidad suficiente y sin los medios técnicos adecuados para hacer cumplir la ley, ha requerido históricamente de las negociaciones particulares para permanecer. De ahí que las televisoras se muestren tan aguerridas y jueguen en el filo de la navaja del desacato.
Desde luego que los políticos impresentables, tan abundantes en México, son paja seca para la provocación de las televisoras. De por sí las próximas elecciones pueden romper récord de abstencionismo, ante la ineptitud de unos partidos sin imaginación, enzarzados en líos internos, dirigidos por unos muermos cuando no por corruptos conspicuos, sin ideas. Los anuncios confinados en los paquetes del reto son malísimos, lo que sin duda puede contribuir al repudio del público que las televisoras pretenden provocar.
Mal haría el IFE en entrar en negociaciones. Es desde luego tiempo de una buena sacudida, de probar sus dientes, de consuno con las autoridades del ejecutivo, sobre todo la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer cumplir la ley a los concesionarios de radio y televisión. Nadie les ordenó transmitir los paquetes así. Debieron distribuirlos, desde luego que en las franjas horarias correspondientes, pero como siempre, intercalados en sus paquetes publicitarios. Hacerlo como lo hicieron, con la evidente intención de provocar animadversión hacia los partidos debe tener consecuencias legales.
Sin embargo, los políticos mexicanos les tienen pavor a las televisoras y suele concederles en sus berrinches. Fueron incapaces de sacar, en esta legislatura, una ley de medios que regulara con eficacia la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico, una vez que la Corte echó para atrás el engendro obsecuente que las propias empresas le soplaron al oído a la anterior legislatura.
El pulso no es un asunto menor. Con la anterior ley, las televisoras y los particulares tenían una gran posibilidad de comprar voluntades políticas a cambio de tiempos al aire en anuncios propagandísticos con impacto en las intenciones de voto. La influencia política de las empresas de televisión se hizo evidente precisamente en el caso de la ley de medios. Ahora se les prohíbe lucrar con sus preferencias políticas; si toman partido lo deberán hacer gratis, aunque desde luego se ven ya los huecos por los que se cuelan las notas pagadas a favor de Peña Nieto o de Marcel Ebrard.
Pero la nueva legislación electoral está a prueba. Sus virtudes se centran en reducir los requerimientos de dinero de los políticos en campaña para evitar en lo posible que sean los intereses económicos ⎯legales e ilegales⎯ los representados. Empero, puede enfrentarse a la rebeldía de los medios y a la venta ilegal de espacios como concesión ante la pérdida de la antigua rebanada de recursos con los que los aceitaba de manera indirecta el Estado y de forma específica cada partido, en negociaciones opacas donde el precio de los espacios y los beneficios colaterales de la compra se fijaban de acuerdo a los intereses de las empresas.
La arrogancia de las televisoras es una expresión más de la debilidad del Estado mexicano y de la falta de autonomía de los políticos. Es parte de la misma historia del Estado fallido, sólo capaz de estructurar su dominio de manera simulada.